El «caso Malaya» es el paradigma de un mal engendrado en el sustrato del poder local y autonómico durante los últimos años. El urbanismo ha sido el origen de prácticamente todos los episodios de corrupción política descubiertos. Las respuestas de las administraciones y de la Justicia, con el objetivo de trabar la discrecionalidad de los ayuntamientos en los procesos de recalificación y de agudizar los mecanismos de intervención y de supervisión, han permitido aflorar escándalos que han salpicado a gobiernos municipales de todos los colores políticos. Aunque está por dilucidarse si los casos conocidos son los que son o cubren una realidad más preocupante, se han logrado resultados en la lucha contra una lacra que mina la respetabilidad del sistema. Como la mayor causa por corrupción municipal de la historia de España, con 95 procesados, «Malaya» es una prueba y una oportunidad para el Estado de Derecho. Una prueba para demostrar su capacidad ante una instrucción y un proceso de importantes magnitudes y una oportunidad para enviar un mensaje de tolerancia cero con la corrupción, para probar que quien la hace la paga en democracia. «Malaya» tiene claros y oscuros de los que conviene tomar nota. Hay que felicitarse de que los sistemas de control sacaran a la luz la trama que se enriquecía a la sombra del Ayuntamiento de Marbella y a costa de sus vecinos. Que no queden impunes presuntos delitos de blanqueo, malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación es algo positivo. Pero también es obligado reseñar, como un elemento nocivo, la incapacidad del sistema para detectar las irregularidades en su génesis, lo que permitió que la corrupción parasitara las estructuras políticas. Resulta inexplicable que en este proceso las responsabilidades de la Junta de Andalucía no hayan sido depuradas. Por acción u omisión, por connivencia o negligencia, el Gobierno socialista andaluz permitió el atropello económico de Marbella sin mover un dedo. Que se articulen blindajes o impunidades sobre administraciones competentes perjudica la credibilidad del proceso. Otra de las lecciones que nos deja el caso es la consecuencia de ese mal endémico que padece nuestra Justicia. Casi cinco años para sentar en el banquillo a los supuestos responsables de la trama es una rémora y una razón para reflexionar sobre la capacidad de nuestra democracia de actuar con contundencia, pero también con diligencia, a la hora de sustanciar comportamientos que provocan alarma social. Cabe recordar, por ejemplo, que Estados Unidos juzgó y condenó al financiero Bernard Madoff, autor de una de las mayores estafas en la historia, en sólo unos meses. Queda mucho terreno por recorrer y mucho por mejorar en esa carrera por la transparencia en la gestión pública y en el deber de los administradores por desterrar a quienes han llegado para servirse del poder y no para servir al bien común. Hay que aprender de los errores y, desde la confianza absoluta en el trabajo de la Justicia y de las Fuerzas de Seguridad, renovar y profundizar sin descanso los filtros de supervisión con el propósito de que unos pocos no manchen la imagen de esa mayoría de los servidores públicos honrados.
La Razón - Editorial
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