Una selección para la Historia

Con su triunfo –España ya es la campeona del mundo– por fin la selección española ha zanjado el derrotismo y el victimismo que nos acompañaba en el Mundial, donde siempre acudíamos con el fantasma de no pasar de los cuartos de final, ya fuera por nuestro mal juego, por errores arbitrales o jugadas desgraciadas. Estas situaciones que siempre dejaban un gusto amargo ya forman parte de la historia. Ya, desde la Eurocopa, el combinado nacional ha demostrado que es una selección competitiva, lejos de los complejos de antaño, a la que los rivales admiran y temen, y que se corresponde al nivel de nuestra Liga, considerada una de las mejores del mundo.

Este mayúsculo salto cualitativo ha sido fruto del buen hacer de Luis Aragonés, del acierto de Vicente Del Bosque –que ha mantenido el estilo de juego, al tiempo que ha imprimido su sello estando especialmente acertado en los cambios– y de una generación de jugadores de grandísimo talento desde la portería hasta la delantera. La mayoría de las selecciones sólo tiene un jugador de referencia. Lo que hace distinta y ganadora a España, es que al menos tiene siete jugadores de un nivel sobresaliente. O dicho de otra forma: Argentina tiene a Messi, Portugal a Ronaldo, Inglaterra a Rooney, Brasil a Kaká y España tiene a Xabi, Iniesta, Casillas, Ramos, Piqué, Torres, Villa... En resumen: por primera vez en la historia, España se ha presentado en el Mundial con una selección con mentalidad de equipo, con jugadores competitivos que se conocen desde las selecciones inferiores, que han ganado numerosos títulos internacionales con sus equipos, algunos juegan en el extranjero en ligas tan exigentes como la Premier... Todas estas gratas circunstancias son vitales para entender el éxito actual.

Es lógico que esta selección haya provocado la euforia en toda la sociedad española. Nos ha transmitido valores como la unidad, la solidaridad, priorizar el interés común frente a intereses partidistas, la generosidad y también una extraordinaria capacidad de sacrificio cuando procede. Todos estos rasgos distintivos de nuestra selección deberían extrapolarse al conjunto de la sociedad española, desde los políticos hasta los empresarios pasando por las fuerzas sociales y los ciudadanos. Igual que creemos en el potencial del combinado nacional tenemos que creer en España como nación, por mucho que una minoría pretenda dinamitar ese concepto.

A partir de hoy llega la realidad que no pasa por los campos de juego. Todavía resuena el eco de la manifestación en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, un embrollo político en el que conviene manejarse con templanza y sensatez. El próximo miércoles, el Congreso de los Diputados vivirá un Debate sobre el Estado de la Nación que será singular puesto que nos encontramos en una situación excepcional marcada por la crisis económica y el paro. Sí, el futuro a corto y medio plazo va a exigir lo mejor de nosotros mismos y lo mejor como país. Así, sería deseable desterrar actitudes sectarias, confrontaciones baldías e invertir la tendencia: es mejor sumar que restar. Juntos, podemos.

La Razón - Editorial

Una buena ocasión para gritar "Viva España"

Ojalá la celebración de este tipo de gestas contribuya a que la exhibición de los símbolos nacionales se vuelva más habitual y corriente, especialmente allí donde existe una auténtica represión contra quienes osan manifestarse como españoles.

Sólo cabe comenzar esta editorial felicitando a la selección española de fútbol por haber triunfado en Sudáfrica proclamándose campeona del mundo. Han sido 30 días de fuertes emociones en los que el sueño deportivo ha ido poco a poco cristalizando en un éxito histórico. Gracias por vuestro excelente juego, por vuestro infatigable esfuerzo y por vuestra constante dedicación para llevar el nombre de España a lo más alto.

Décadas de decepciones, de arbitrajes injustos, de mala suerte han sido dejados a un lado por una selección que ha sabido sobreponerse a todo, a las presiones, al juego sucio del rival... y levantar bien alto un trofeo por el que los españoles, aficionados al fútbol por encima de todo, llevábamos suspirando desde siempre.

Los españoles, si bien a menudo enfrentados entre sí, si bien más divididos de lo recomendable en cuitas políticas e identitarias, se han unido para respaldar y celebrar las victorias del equipo nacional en una de las mayores manifestaciones de orgullo colectivo que podemos recordar. Todos han estado apoyando y sufriendo cada minuto de cada partido con un equipo que al final ha logrado coronar un más que justo triunfo.

Desde luego, podemos lamentar que las banderas, los himnos y los vítores a España sólo se escuchen en ocasiones como ésta y no más a menudo como corresponde a un Estado moderno donde los símbolos de la nación son la representación de la soberanía popular, de las libertades y de las instituciones democráticas. Pero al menos el fútbol constituye una espita por donde se exteriorizan sin complejos los sentimientos de españolidad que como es natural albergan la inmensa mayoría de españoles.

Porque, por muchas campañas de intoxicación y adoctrinamiento que se hayan perpetrado desde los poderes públicos para erradicar la idea de España en algunas partes de nuestro territorio, ésta perdura y emerge con fuerza incluso allí donde algunos la creían extinta. Ojalá la celebración de este tipo de gestas contribuya a que en lo venidero la exhibición de los símbolos nacionales se vuelva más habitual y corriente, especialmente en aquellas regiones donde existe una auténtica represión social y política contra quienes osan manifestarse como españoles.

Ojalá todos aquellos que sienten la necesidad de gritar con más frecuencia un sencillo "¡Viva España!" no tengan que encontrar refugio en estas más que lógicas mareas de euforia nacional sino que puedan incorporar esta práctica en su quehacer cotidiano sin miedos a ulteriores represalias. Quizá el poder asociar nuestros símbolos con el recuerdo de días tan felices como este 11 de julio de 2010 lo haga posible. Por nuestra parte, sin duda, y como corresponde en una hazaña como ésta, no dudamos en proclamar un merecido ¡Viva España!

Libertad Digital - Editorial

Metáfora para una nación

La selección es una metáfora de lo que España puede llegar a ser, siempre que estemos dispuestos a aplicar los mismos criterios que han fundamentado sus éxitos.

LA selección española conquistó ayer el Campeonato del Mundo de fútbol al ganar en la final al equipo holandés. Se trata del mayor éxito en la historia del fútbol español, un título que, sumado a otros triunfos no menos relevantes, sitúa a España en la vanguardia de los grandes deportes mundiales, como baloncesto, tenis, ciclismo o motor. El resultado obtenido por el conjunto de Vicente del Bosque no ha sido fruto de la suerte en el cruce de eliminatorias, o de una circunstancia meramente coyuntural: arrancó con la Eurocopa de 2008, cuando Luis Aragonés armó un equipo sólido, con jugadores jóvenes e inigualables en sus demarcaciones, y ha culminado en el Mundial de Sudáfrica, doctorándose con Vicente del Bosque en la más importante competición deportiva, después de los Juegos Olímpicos. Hace tiempo que se agotaron los adjetivos para calificar a un conjunto de deportistas que dan ejemplo por sus resultados, pero principalmente por sus virtudes como equipo. Se ha dicho que son solidarios entre ellos, amigos que confían unos en otros, profesionales que saben lo que tienen que hacer. Entonces su éxito se entiende mucho mejor. Este extraordinario factor humano ha sido dirigido con inteligencia y mano izquierda. La selección española lleva años acreditando que su buen juego responde a una buena planificación, a la elección de los mejores, a la subordinación del individualismo al bien general, al seguimiento de unos excelentes directores y al compromiso colectivo con unos objetivos que ayer, de forma espectacular, fueron coronados con el Mundial 2010.

Durante estas semanas, las victorias de la selección española y la progresión de su juego desde la derrota ante Suiza han servido para establecer paralelismos entre la buena gestión del combinado nacional y el estado general de España. Es una reacción inevitable, porque, en un momento de crisis, la selección española regala unas horas de euforia y autoestima para los que no hay muchos motivos antes y después de cada partido. Sin embargo, y siendo legítimo preguntarse por qué España no funciona como la selección, por qué sus valores no son los del país en su conjunto, los de su clase política, incluso los de la sociedad, más valdría reconvertir tanto juicio comparativo con el Gobierno en un mensaje para los ciudadanos. Porque el mensaje de la solidaridad, del trabajo en equipo, de la sana ambición, de las ideas claras, incumbe principalmente a la sociedad española. La selección es una metáfora de lo que España puede llegar a ser, siempre que estemos dispuestos a aplicar los mismos criterios que han fundamentado los éxitos del combinado nacional. Sería bueno que el entusiasmo colectivo por la selección fuera un estímulo para la sociedad española ante las dificultades del momento e incluso un motivo para exigir que nuestro país se parezca y trabaje como ese grupo de jóvenes —incluidos los Gasol, Nadal, Pedrosa, Alonso, Contador...— que están obligando a todo el mundo, en sentido literal, a hablar de España con admiración.

POR si fuera poco el efecto ejemplarizante, los éxitos de la selección han quitado el velo que tapaba el deseo de expresar algo tan elemental como el orgullo de ser españoles. Nada más erróneo que transformar este sentimiento en una suerte de nacionalismo español oponible a los nacionalismos periféricos. Pero tampoco sería razonable que este tiempo de exhibición de banderas y colores nacionales quedara clausurado a partir de mañana, como si realmente la roja y amarilla fuera la bandera de la selección y no de España. Se trataría de recuperar un patriotismo positivo y constructivo, que es imposible si los ciudadanos se avergüenzan de su bandera, como símbolo de la unión nacional y de su identidad española. Esta explosión cívica de españolidad debería ser bien entendida por la sociedad como un valor enriquecedor, en un momento en que España necesita bases firmes para una recuperación que no solo es económica. Y también debería ser interpretada correctamente por la clase política, a derecha e izquierda, como la exhibición de una España que si no da más la cara, es decir, si no se muestra más a menudo con esta alegría, esta autoestima y esta convicción, se debe a que no tiene los liderazgos que merece.

Hemos tenido que esperar a un Mundial de fútbol para que se genere un estado de ánimo frente a la adversidad, un sentimiento de patriotismo integrador. Pues sí, ha tenido que ser la selección de fútbol la que enseñe a los españoles que, como Nación, no hay más límites que los que se imponga a sí misma.

ABC - Editorial

España existe. Por José María Carrascal

Los españoles hemos vuelto a nuestros peores hábitos y mucho me temo que esta sentencia no haga más que azuzarlos.

MENOS mal que nos queda el fútbol porque el resto es para volverse loco. Nadie está conforme con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán. Unos la juzgan demasiado estricta; otros, demasiado floja, e incluso hay quien considera las dos cosas al mismo tiempo, Que la critiquen ambos extremos ideológicos debería ser prueba de que no es mala, al buscar el punto medio. Pero eso ocurre en las democracias asentadas, donde la política está guiada por el consenso, no por la imposición de un bando sobre otro. Ese fue el espíritu de la Transición y el que impregnó la Constitución del 78. Pero de un tiempo a esta parte, los españoles hemos vuelto a nuestros peores hábitos y mucho me temo que esta sentencia no haga más que azuzarlos.

Personalmente, considero que, tal como se estaban poniendo las cosas, es la mejor de las posibles. De entrada, deja meridianamente claro, no una vez, sino una docena, que la única nación que hay en este país es España. Cataluña, y cualquier otra comunidad, puede autodenominarse nación, estado o imperio, como yo puedo llamarme Napoleón, Einstein o Leonardo da Vinci. Pero jurídica y constitucionalmente, Cataluña es una nacionalidad, como yo soy José María Carrascal. El segundo punto clarificado es que no puede descentralizarse la Justicia, cuyo órgano de gobierno es el CGPJ, y su última instancia, el Tribunal Supremo. Por último, la sentencia rechaza toda bilateralidad entre Cataluña y el Estado, estableciendo claramente la subordinación de la parte al todo. Tal vez debería haber sido más específica en algunas competencias, pero, repito, los puntos fundamentales quedan a salvo, al salvarse la unidad nacional, la prioridad jurídica y el orden legislativo.

Los catalanes pueden protestar, indignarse, decir incluso cosas tan peregrinas como que es «imprudente», como si las sentencias judiciales fueran normas de etiqueta. Cuando si de algo peca es de exceso de prudencia. Imprudente es la reacción de la clase política catalana echándose a la calle tras, primero, haber creído a Zapatero cuando le dijo que le daría lo que le pidiese. Luego, al haber hecho un estatuto claramente anticonstitucional. Y por último, no aceptando la poda de lo más anticonstitucional del mismo, Contemplando el comportamiento de esa clase política, uno comprende por qué Cataluña nunca ha llegado a ser un Estado-nación. No por imposición ajena, sino por incapacidad de sus dirigentes.

Aunque peor es decir que se trata de una derrota del PP. Si tachar 14 artículos y enderezar 27 es una derrota, no sé qué será una victoria. Aparte de que, de no haber sido por el PP, posiblemente no podríamos hablar hoy de una nación llamada España.

ABC - Opinión

El problema no es Montilla, es el PSOE

Zapatero no estuvo físicamente ayer junto a su compañero de partido José Montilla pero tampoco era necesario, porque los españoles saben que si el cordobés protagonizó este sábado esa peligrosa astracanada es porque cuenta con la aprobación de su jefe.

Por más que se quiera confundir a los españoles con el juego de siglas del socialismo según los territorios donde opera, lo cierto es que el PSOE, actualmente al frente del Gobierno de España y de la Generalidad, ha sido el organizador de la manifestación en contra del orden constitucional y el estado de Derecho celebrada ayer por las calles de Barcelona.

José Montilla es miembro del PSOE, ha sido ministro del Gobierno de la Nación, representa en Cataluña la principal autoridad del Estado y en calidad de tal ha instigado a las terminales separatistas para echarse a la calle reclamando lo que de sobra sabe, o debería saber, no cabe en la Constitución a pesar de la terrible andanada que le ha dirigido esta semana precisamente el órgano que debe velar por su vigencia.

A la manifestación de ayer acudió lo más granado del separatismo subvencionado, cuya principal razón de ser es precisamente actuar de agitador del sentimiento antiespañol de una minoría de catalanes. No es extraño, porque los varios cientos de entidades sedicentemente culturales, profusamente subvencionadas desde todos los órganos de la Generalidad, se limitan a cumplir con el papel que exige su vasallaje, pero lo que resulta asombroso es que en el centro de esta operación, ilegal en el fondo y grotesca en las formas, aparezca un partido político, el PSOE, cuyos cargos electos han jurado cumplir y hacer cumplir la norma contra la cual se rebelan sin el menor recato.

Ni siquiera la cercanía de las elecciones en Cataluña puede disculpar el hecho de que un partido con la más alta responsabilidad de gobierno en aquella región y el resto de España se subleve contra el actual ordenamiento jurídico, porque la Historia acredita que las derivas revolucionarias que se inician con apoyo de las instituciones tienen terribles resultados y muy difícil marcha atrás.

José Luis Rodríguez Zapatero es, en tanto que Secretario General del PSOE, el principal culpable de que su partido haya alentado una operación que busca sin disimulo acabar con la unidad de la Nación española, cuya existencia es el fundamento mismo de nuestro sistema democrático. Suya es la principal responsabilidad de que este golpe de estado difuso por institucional haya adquirido carta de naturaleza en las calles de Barcelona sin que quepa la menor matización, por más que los miembros de su gobierno intenten aparentar que lo normal en un país serio es que el partido que gobierna organice manifestaciones en contra del orden constituido que tiene la obligación de defender.

Zapatero no estuvo físicamente ayer junto a su compañero de partido José Montilla pero tampoco era necesario, porque los españoles saben que si el cordobés protagonizó este sábado esa peligrosa astracanada es porque cuenta con la aprobación de su jefe. Como ocurre desde hace seis largos años, el problema no es el nacionalismo; es el Partido Socialista Obrero "Español". El PSOE de Zapatero.

Libertad Digital - Editorial

Impostura y oportunismo

Los socialistas catalanes van a lo suyo y se incorporan a regañadientes a un planteamiento independentista que no les va a servir para mejorar sus expectativas electorales.

LA manifestación de ayer en Barcelona contra la sentencia del TC sobre el Estatuto catalán es fiel reflejo de las maniobras oportunistas de un amplio sector de la clase política en vísperas de las elecciones autonómicas. Es falso, en efecto, que exista una unidad de acción entre los partidos y asociaciones convocantes, como demuestran las graves dificultades para alcanzar un acuerdo sobre símbolos y lemas y la ausencia de un comunicado conjunto. Los mismos líderes que ayer escenificaban una unidad ficticia se van a enfrentar sin tregua durante los próximos meses al servicio de sus intereses particulares y partidistas en unas elecciones que prometen tensión en Cataluña. El PSC ha sido incapaz de tomar una postura coherente: José Montilla encabezaba la marcha, aceptando las proclamas independentistas de otros grupos —que en teoría el PSC no asume— y refugiándose en la bandera regional como símbolo institucional. Aunque ha desempeñado su papel con escasa convicción, es inaceptable que Montilla asuma el derecho a decidir y el principio de autodeterminación, rechazado nítidamente por la sentencia. A su vez, Rodríguez Zapatero mira para otro lado y el PSOE pretende echar la culpa de todo al supuesto «anticatalanismo» del PP. El caso es que los socialistas catalanes van a lo suyo y se incorporan a regañadientes a un planteamiento independentista que no les va a servir para mejorar sus escasas expectativas electorales.

Es notorio que ayer se sumaron a la manifestación múltiples entidades que configuran la parte del tejido social catalán que vive de subvenciones públicas y paga en especie la deuda contraída con los partidos que controlan las instituciones. Muchos miles de personas respondieron en las calles de Barcelona al llamamiento del tripartito; pero también muchos otros miles han preferido disfrutar del fin de semana y aguardan con ilusión la final del Mundial, dejando al margen a unos líderes partidistas a quienes se reprocha —con razón— que actúan con impostura. Una vez que se ha pronunciado el supremo intérprete de la Constitución, la sentencia debe ser acatada por todos. Por tanto, no valen los atajos ni las artimañas jurídicas para eludir los principios esenciales confirmados por el TC. El presidente del Gobierno puso en marcha un proceso de reforma constitucional encubierta que ahora deja secuelas en forma de actitudes radicales y deterioro de las instituciones. En todo caso, hay que cumplir las reglas del juego y nada justifica una protesta, por ruidosa que fuera, para reclamar el incumplimiento de una sentencia y deslegitimar al Tribunal Constitucional.

ABC - Editorial

Estatut. Del barco de Chanquete. Por Maite Nolla

Yo creo que los que se manifestarán el sábado tendrían que pedir responsabilidades a los que no les avisaron de que el Constitucional tenía todo el derecho del mundo a decidir sobre el estatuto, por más que lo hubieran votado y revotado.

Realmente, lo grave de la manifestación del sábado es lo de Montilla. Que los demás se pongan a desfilar es normal y yo diría que casi obligatorio. Entiéndanme, cuando te dan una subvención la ley te obliga a que dediques el dinero a la finalidad de la ayuda. Es más, hasta pueden revocar la subvención si se demuestra que el dinero se destina a otros fines. Así que las asociaciones, fundaciones y demás entidades presuntamente culturales si no trabajan en estos eventos, ya me dirán cuándo van a poder justificar su existencia. Y lo mismo se puede decir del resto de insumisos de coche oficial. Desde luego, es muy subjetivo agraviarse o no por una sentencia que en lo esencial y en lo que no es esencial considera que el estatuto es, como dice la señora Chacón, muy mayoritariamente constitucional. Es más complicado relacionar la dignidad de todo un pueblo con la sentencia, por el detalle sin importancia de que cuando se refieren a "pueblo", incluyen al cincuenta por ciento del censo que no fue a votar, a las personas que votaron "no" y a los que, como Chacón, votaron "sí", pero que ya les está bien la sentencia. Y eso sin entrar en la discusión de que es posible que los que tienen dignidad sean los humanos y no el pueblo entero, que en este caso es parcial o, mejor dicho rebajado. De todas formas, me parece muy bien que se manifiesten si no tienen otra cosa que hacer, aunque me da que han escogido mal día.

Pero como les decía lo que es grave es lo de Montilla. Finalmente ha decidido llevar a la calle el discurso de hace unos meses en el Senado. De aquel día se recordará el absurdo de la traducción entre andaluces, pero los que escucharon a Montilla y lograron entenderle recordarán que centró su discurso en una amenaza al Estado y en un aviso de insumisión en toda regla. Supongo que es un tópico decir que en Estados Unidos el Montilla de allí que hiciera lo que el de aquí, vestiría un bonito mono naranja y hubiera tenido que comparecer ante doce o trece grandes y pequeños jurados que le hubieran puesto de vuelta y media. El problema es hasta cuándo en España se va a tolerar que una autoridad del Estado no cumpla las leyes que nos obligan a cumplir a los demás y que estas cuestiones se queden en el limbo del debate político.

Yo creo que los que se manifestarán el sábado tendrían que pedir responsabilidades a los que no les avisaron de que el Constitucional tenía todo el derecho del mundo a decidir sobre el estatuto, por más que lo hubieran votado y revotado. De verdad, compatriotas, os engañaron. Ahora Montilla dice eso de que es la primera vez que el Tribunal Constitucional desprestigiado anula una ley aprobada en referéndum –desprestigiado y cubierto de mierda, le ha faltado decir, como la frase de Camilo José Cela referida al Cervantes–, pero todo se sabía desde el principio. Así son los políticos en Cataluña: crean el problema, lo agravan y lo mantienen vivo porque no saben hacer otra cosa.

Libertad Digital - Opinión

De heroísmo y miserias. Por Hermann Tertsch

Jamás olvidaremos la gesta heroica de Orlando Zapata, muerto después de 86 días de huelga de hambre.

Muchos se habrán olvidado, otros no quieren acordarse desde el mismo día de su muerte. Pero son millones en todo el mundo los que jamás olvidaremos la gesta heroica de Orlando Zapata, muerto el 23 de febrero después de 86 días de huelga de hambre. Han sido su fuerza y su lucha las que han salvado in extremis la vida a quien decidió emularlo, Guillermo Fariñas, que ha concluido su propia huelga de hambre de 130 días.

Juntos, estos dos cubanos, uno medio vivo, el otro ya muerto, han arrancado a la dictadura un gesto al que ésta no estaba dispuesta hace semanas. La decisión de Fariñas de seguir a Zapata por la senda de la muerte en caso de que no se sacara de la cárcel a los presos políticos más enfermos era irrevocable. Al final lo entendieron los hermanos Castro. Su muerte habría supuesto un endurecimiento del trato tanto a Cuba de Estados Unidos y de Europa. Así las cosas, la Iglesia Católica cubana, y tras ella el Vaticano, le hicieron saber al régimen comunista que podían buscar juntos una fórmula para evitar la muerte de Fariñas. Y la Iglesia logró convencer a la mafia político- militar cubana de que le interesaba soltar a un número indeterminado de estos presos, todos en prisión tras ridículos juicios farsa. De no haber estado la Iglesia en esta mediación, el régimen no habría actuado como lo ha hecho. Porque no podía permitir al agonizante Fariñas, como el gran hombre de principios y valor que es, erigirse en triunfador sobre un régimen mentiroso, corrupto y cruel. La muerte de Fariñas se habría convertido en una pesadilla para los Castro. Por la presión exterior. Y porque saben como respiran los cubanos. Había miedo a cien Fariñas y Zapatas.

Triste es que las mentiras del castrismo, tras un proceso de asueto para limpiarlas de la sal gruesa ideológica, gocen hoy de mayor credibilidad en las democracias occidentales que en Cuba. Allí todos saben de qué va la vaina. Es feliz el hecho de que decenas de presos salgan de las infames cárceles castristas. Pero quede claro que no se otorga la libertad a nadie. Serán deportados al exterior. El régimen no ha cambiado en nada. Comercia con seres humanos inocentes para buscar ventajas o evitar daños. Nada cambia en su naturaleza dictatorial ni en sus leyes. Pronto, si cree necesaria una ración de terror añadido al miedo cotidiano, puede volver a llenar las cárceles.

La presencia del ministro Moratinos, más activo como canciller de la dictadura cubana que en el cargo que le pagamos, es una muestra más de la felonía de quienes se sienten aliados de la satrapía castrista. Llega a La Habana cuando la deportación está acordada para presentarla como éxito propio. Vuelve a humillar a los disidentes y en especial a Fariñas a quien se niega a ver. Y en pleno delirio prepotente conmina a las democracias europeas a premiar al régimen por su «generosidad». Dicen que el exceso de celo de Moratinos como defensor de la dictadura despierta ya sospechas entre disidentes y políticos europeos. Aquí, la falta de dignidad, el oportunismo y el desprecio a los demócratas cubanos produce náuseas.

ABC - Opinión

Estatut. ¿Irá María Emilia a la manifa de Montilla?. Por Pablo Molina

Puesto que la popularidad de María Emilia Casas entre el resto de los españoles no va a recuperarse jamás después de esta tropelía, la única opción que le queda para acabar airosa su mandato es redimirse este sábado.

El texto final de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de Cataluña, lejos de aclarar las ambigüedades que contenía el auto preliminar, incide en ellas de forma asombrosa hasta convertirlo en un engendro ininteligible, cuya única finalidad es actuar como atenuante de las ilegalidades que el documento estatutario consagra de manera palmaria. La deposición del TC sobre el estatuto de Cataluña es exactamente igual que esas otras sentencias que periódicamente producen algunos jueces, rebajando la sanción a un agresor sexual por el hecho de que la víctima del acoso suele ir muy descocada. Sí, el nuevo estatuto es inconstitucional, pero es que la constitución española viste como una golfa y es normal que una región se sobrepase con ella en un momento de calentura jurídico-política.

Que estamos ante un enjuague político de muy bajo nivel disfrazado de acto jurídico es evidente para cualquiera que lea la sentencia y la compare con la constitución, en cuyo espíritu tiene el alto tribunal el deber de interpretar cualquier norma legal sujeta a discrepancia. El estatuto de Cataluña dinamita los principios básicos del orden constitucional otorgando carta de naturaleza a la existencia de una nueva nación, que actuará en plano de igualdad con la única que la carta magna reconoce expresamente en su artículo segundo. Esa evidencia hace innecesaria cualquier otra consideración sobre la nulidad del texto sometido a examen, pero lejos de actuar con lealtad a la función que tiene encomendada, los miembros del TC han preferido acomodarse a las necesidades políticas del presidente del gobierno, cuyo puesto en La Moncloa depende directamente del voto de los partidos impulsores del estatuto.

Si la presidenta del Tribunal Constitucional pretendía con este mejunje hacerse merecedora del agradecimiento eterno del nacionalismo nororiental, ya está viendo que los sentimientos de sus dirigentes van en sentido contrario, heridos por la incomprensión de la esposa de un jurista que, a diferencia de ella, sí es partidario "de la fuerza normativa de los hechos".

Puesto que la popularidad de María Emilia Casas entre el resto de los españoles no va a recuperarse jamás después de esta tropelía, la única opción que le queda para acabar airosa su mandato es redimirse este sábado, participando en la manifestación convocada por el Francesc Maciá de Iznájar en contra de la tibieza del tribunal que preside. Que le ayude a portar la pancarta. Prometemos no extraer de esa imagen ninguna "eficacia jurídica interpretativa".

Libertad Digital - Opinión

Octopussy. Por Ignacio Camacho

El pulpo, que venga el pulpo a dilucidar a cara o cruz las aburridas disyuntivas de la gobernación de la patria.

EL pulpo Paul en la apertura de los telediarios. Conexión directa con el acuario de Oberhausen para retransmitir en vivo la predicción del oráculo. El presidente del Gobierno, la vicepresidenta y varios ministros entregados a sosas gracias sobre el octópodo; la flor más granada de la socialdemocracia española seducida por una parodia del pensamiento mágico, no muy distinta de los vaticinios mitológicos de las culturas premodernas. Cábalas nacionales en torno a un mejillón dentro de una cajita, probablemente manipulado por los responsables de la broma, acaso los únicos listos de esta simpática superchería, de este peculiar casinillo en versión germánica. ¿La sentencia del Estatuto catalán? Ufff, novecientos farragosos folios. ¿Los votos particulares? Tediosísima prosa leguleya. ¿El decreto de reforma de las cajas de ahorros? Monótona dispositividad para iniciados, que sólo comentan los que no la han leído. El pulpo, que venga el pulpo a dilucidar a cara o cruz las aburridas disyuntivas de la gobernación de la patria. No mucho más criterio muestran los bípedos responsables de aclararlas. Y si se equivoca el molusco, siempre queda la posibilidad de cocinarlo «a feira».

Al menos el pulpo muestra una sintética clarividencia sobre las identidades nacionales que no aparece en la prolija literatura del Tribunal Constitucional, cuyos magistrados discrepan a fondo con extensa argumentación discursiva sobre la simbología y la esencia. A Paul le ponen delante dos mejillones identificados por banderas, y se va derechito al que le parece más apetecible. La cabalística del pronóstico atribuye a cada enseña la propiedad de representar a una nación y a su correspondiente equipo de fútbol, y el animal no entra en disquisiciones identitarias ni se detiene en la efectividad jurídica de los preámbulos. Estatuto mediante, quizá en alguna próxima Copa del Mundo le puedan dar a elegir una cajita envuelta en la cuatribarrada, y las responsabilidades que se las pidan a los cráneos privilegiados que le han dado vía libre a las selecciones catalanas. A ver quién y cómo le explica a Paul el intríngulis de los prefacios, las «nacionalidades» y el Artículo Segundo.

Entregado como está el país entero a esta pasión esotérica y supersticiosa, quizá podría aquilatarse su eficacia sometiendo las candentes cuestiones de Estado al augurio de la hechicería política. Un mejillón representando al Constitucional y otro al Estatuto, y a ver cuál se comía el cefalópodo. ¿Primitivo, irracional, descabellado? Más o menos como la decisión preconcebida de aquilatar una sentencia a los prejuicios del statu quoy a los hechos consumados. Con toda seguridad, el pulpo no tardaría en decidirse cuatro años.

ABC - Opinión

Desterrados, no liberados

Aunque desde hace tiempo ha perdido toda credibilidad, la dictadura castrista es especialista en maquillar la realidad hasta distorsionarla en su propio beneficio. Evidentemente es un motivo de alegría que Guillermo Fariñas haya dejado su huelga de hambre al saber que habrá 52 presos políticos menos –pertenecientes al «Grupo de los 75»– en las cárceles cubanas, pero esta mal llamada liberación no es tal, es un destierro como oportunamente señaló el disidente cubano Oswaldo Paya. El «gesto» del régimen le delata: es una excarcelación con condiciones, puesto que no podrán vivir libremente en la isla y tendrán que exiliarse involuntariamente a otro país si quieren salir de la cárcel. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha visto con muy buenos ojos esta componenda, tanto que se ha convertido en un cómplice de los intereses de la dictadura castrista, ya que ha transigido con que los presos excarcelados que vengan a España lo hagan con un estatuto cubano de inmigrantes y no como lo que son: asilados políticos. De esta forma, también tiene un argumento para convencer a la UE de que ya no existe ninguna razón para que se mantenga la política de «posición común» hacia Cuba, que condiciona las relaciones de la Unión Europea con la dictadura castrista a los avances democráticos y en materia de derechos humanos que se produzcan en la isla. Sin embargo, nuestros socios comunitarios son más prudentes y valoran estas excarcelaciones con más cautela. Rápidamente, la Alta Representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, recordó que la decisión de anular la «posición común» tendría que ser refrendada unánimemente por los 27 y, en estos momentos, no está tan claro que todos los países se conformen con este primer «gesto» si no se emprenden reformas de más calado. En ese sentido cabe recordar que, según los datos de Amnistía Internacional, aún quedan 53 presos de conciencia encarcelados en Cuba de cuyo futuro nada se sabe.

A nadie se le escapa que el anuncio de la excarcelación de los 52 presos políticos y la decisión de Guillermo Fariñas de abandonar su huelga de hambre le da un balón de oxígeno a la dictadura castrista. Lo necesitaba. Desde la muerte de Orlando Zapata, que llevó hasta el final la huelga de hambre, el régimen sabía que estaba contra las cuerdas. Su descrédito internacional aumentó cuantitativa y cualitativamente. Ya no valían las coartadas de un discurso revolucionario y antiimperialista que se diluía mientras emergía con más virulencia que nunca la auténtica naturaleza de la dictadura: inclemente con los disidentes y con un nulo respeto por los derechos humanos. La comunidad internacional lo sabía, pero el fallecimiento de Zapata les abrió aún más los ojos mientras Castro se quedaba sin argumentos.

Lo que sucederá a partir de ahora es una incógnita. Habrá que esperar a que la dictadura cubana cumpla su palabra y envíe al exilio a los 52 excarcelados. Sería el primer paso de los muchos que quedan para que sea una realidad palpable un proceso profundo de reformas que culmine con la democratización de la isla, aunque el inmovilismo que ha caracterizado a la dictadura castrista no invite al optimismo.

La Razón - Editorial

El Constitucional como cooperador necesario

Esta politizada sentencia difuminará los límites de actuación de la casta política catalana; habituada a vulnerar leyes y sentencias mucho más taxativas, qué no hará con una sentencia "interpretativa" que llega al extremo de alterar el lenguaje.

Las constituciones en un principio se redactaron para reconocer los derechos de los individuos y miembros de una comunidad política. En el siglo XIX la mayoría de ellas ni siquiera suponían obligaciones jurídicas vinculantes para los poderes públicos porque se asumía que, escritos o no, los derechos de los individuos sólo podían ser respetados en un estado de derecho.

Sin embargo, la creciente intromisión de los poderes públicos y las cada vez más variadas artimañas destinadas a violentar esos derechos hicieron recomendable no sólo dejar constancia expresa e indubitada de cuáles eran esos derechos ciudadanos, sino, en algunas partes, encargar su protección y vigilancia a un tribunal especialmente constituido para ello. La función de un tribunal constitucional debería ser, por consiguiente, conceder amparo ante la violación de esos derechos, ya sea de hecho o de derecho, por parte de los poderes públicos.

En España, sin embargo, hace demasiado tiempo que nuestro Tribunal Constitucional ha hecho dejación de sus funciones. No es de extrañar: un órgano que debía proteger a los ciudadanos de los políticos ha sido copado por cargos electos por los políticos. Se ha pervertido una institución jurídica y se ha terminado transformando en un apéndice político que, como consecuencia, genera sentencias igualmente políticas.

El caso del Estatut no es el primero, pero sí probablemente el más grave por su dilatado proceso de "deliberación" y, sobre todo, por lo escandaloso de la resolución jurídica y lo desastrosas de sus consecuencias futuras. El Constitucional tardó cuatro años en aprobar una sentencia sobre una ley que a todas luces resultaba incompatible con nuestra Carta Magna. Sólo por este simple hecho, ya cabía anticipar que se estaba cocinando una sentencia de tipo político, en la que las amenazas de la De la Vega a la presidenta del tribunal sirvieran para anular las poderosas razones de tipo jurídico que constataban esta incompatibilidad.

Al final, una vez desvelada la sentencia, el resultado ha sido todavía más escandaloso de lo que cabía prever. Como bien han apuntado los magistrados del Constitucional, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata, la sentencia sólo es capaz de aceptar la constitucionalidad del Estatut mutando el significado y el espíritu de ese Estatut. Es decir, la sentencia reconoce y argumenta por qué el Estatut es inconstitucional, pero como políticamente se ve obligado a buscarle un encaje en nuestro ordenamiento, modifica el significado de su articulado hasta hacerle decir lo contrario de lo que realmente dice.

Por ejemplo, el artículo 6.2 del Estatut contiene el "deber de conocer el catalán"; el Constitucional interpreta que se trata de un "deber individualizado y exigible", pero sólo "en el ámbito específico de la educación y de las relaciones de sujeción especial a la Administración catalana con sus funcionarios", si bien al mismo tiempo considera que "el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza". El deber, pues, queda diluido e irreconocible. ¿Por qué razón, entonces, el Constitucional no ha anulado simple y llanamente ese precepto? La respuesta debería resultar evidente a todo el mundo: por hipotecas políticas.

Pero la función del Constitucional no es ni puede ser la de redactar estatutos u otras leyes orgánicas, sino juzgar si éstas, tal cual han sido publicadas en los respectivos boletines oficiales, contradicen o no la Constitución. Como dice Vicente Conde:

Salvar la constitucionalidad de una Ley recurrida, negando lo que la misma dice, sobre la base de hacerla decir lo que no dice, más que un error, supone, a mi juicio, simultáneamente un modo de abdicación de la estricta función jurisdiccional y de ejercicio de una potestad constitucional que al Tribunal no le corresponde.

Pero no se trata, sólo, de que el Constitucional se extralimite en sus competencias por conveniencias e intereses meramente políticos (salvar a Zapatero de un descrédito todavía mayor). El problema de fondo es que con esta técnica se subvierte la propia Constitución, pues ésta se vuelve en la práctica incapaz de lograr su cometido: que prevalezcan los derechos de los individuos frente a las injerencias de los poderes públicos.

La defensa efectiva de los ciudadanos catalanes (y españoles) estará subordinada al más que previsible colapso que sufrirá el Constitucional ante la avalancha de peticiones de nuevas interpretaciones de leyes y de situaciones de desprotección que se sucederán a esta sentencia política. Pero además, esta enmarañada sentencia difuminará los límites de actuación de la casta política catalana; habituada a vulnerar leyes y sentencias con un mensaje mucho más taxativo, qué no hará con una sentencia "interpretativa" que llega al extremo de trastocar la lógica misma del lenguaje.

A la postre, pues, los políticos consiguen lo que querían: una Constitución y un Estatuto que no suponga un freno a sus ataques a las libertades individuales. Aquí, el politizado Constitucional ha cumplido perfectamente su papel de cooperador necesario en la demolición del estado de derecho.

Libertad Digital - Editorial

Los peligros del «Estatuto bis»

La cuestión política principal es saber si esta sentencia da coartadas al Gobierno para poner en marcha un plan B que dé al Ejecutivo de Cataluña lo que esta resolución impide o condiciona.

Es cierto que la sentencia sobre el Estatuto catalán que el Tribunal Constitucional dio ayer a conocer representa un golpe a la columna vertebral del texto original y, políticamente, no deja de ser una desautorización a una norma que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no se ha cansado de tildar de «plenamente constitucional»; sin embargo, también lo es que abonará nuevos conflictos, al pretender un equilibrismo ilusorio entre la Constitución y un texto estatutario cuya inconstitucionalidad es mucho mayor que la declarada por el TC. Los magistrados de la mayoría han aprobado una sentencia que realmente ejecuta un mecanismo de sustitución del legislador y no un juicio jurisdiccional. En efecto, el Estatuto vigente en Cataluña ya no es el aprobado y publicado oficialmente, sino el que la mayoría del TC ha reconstruido interpretativamente para rechazar en parte un recurso de inconstitucionalidad que, si no hubiera mediado esa interpretación, habría sido estimado más ampliamente. Este ejercicio abusivo de la «sentencia interpretativa de rechazo» es lo que ha fracturado internamente al TC, hasta el extremo de ser el objeto de la primera crítica que realizan cuatro magistrados discrepantes —Rodríguez Arribas, Conde Martín de Hijas, Rodríguez Zapata y Delgado Barrio— porque entienden que el Tribunal ha asumido funciones de legislador encubierto. Si la constitucionalidad de una ley depende de la confrontación de su texto con la Constitución, la mayoría del TC ha optado por contrastar el Estatuto con un elenco de interpretaciones propias, elaboradas a partir de una reescritura de los preceptos impugnados. Es más, queriendo salvar artículos cuya formulación era inconstitucional, llegan a cambiar el sentido de las proposiciones, para hacer que un «en todo caso» signifique un «en su caso», o que «la lengua vehicular» quiera decir «una lengua vehicular».

Desde la perspectiva del recurrente, el Partido Popular, esta sentencia es, en buena medida, una emboscada a sus argumentos de impugnación, porque son rechazados por la interpretación sobrevenida que realiza el TC, no porque el Estatuto se ajustara a la Constitución. El resultado de este diabólico método de enjuiciamiento interpretativo es una sentencia contradictoria, que establece límites razonables a los estatutos de autonomía, pero renuncia a extraer todas las consecuencias de su planteamiento, que en este caso habrían sido muchas más declaraciones de inconstitucionalidad que las recogidas en el fallo.

En efecto, la sentencia parte de que no hay más nación que la española y que esta es única e indivisible. Igualmente, declara que «los Estatutos de Autonomía son normas subordinadas a la Constitución» y que la Constitución «no admite igual ni superior». No puede haber, por tanto, competencia a la norma constitucional procedente de una norma estatutaria, ni legitimidad superior o equivalente a la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Asimismo, recuerda el TC que los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas y que, en tal condición, están subordinados a la Constitución y deben respetar la reserva de materias a otras leyes orgánicas. Tales principios se expresan con claridad, ciertamente, pero el TC ha optado por intentar la conciliación de normas antagónicas a base de poner en el texto estatutario proposiciones interpretativas que ni son propias de un tribunal de Derecho ni se corresponden con la función protectora que le incumbe. En este momento, el Estatuto de Cataluña es un foco de inseguridad jurídica y una fuente de conflictos.

También es cierto que la sentencia aborda las grandes claves del proyecto soberanista que animaba el Estatuto de 2006 y las reconvierte en buenistas declaraciones de principios que deberán esperar a la concreción que resulte de la aprobación de leyes estatales. Este resultado se consigue no pocas veces desfigurando los preceptos analizados, pero dejándolos incomprensiblemente vigentes. La cuestión política principal a partir de la publicación de la sentencia es saber si da coartadas al Gobierno para poner en marcha un plan B que dé al Ejecutivo de Cataluña lo que esta resolución impide o condiciona. Si existiera lealtad constitucional, los gobiernos central y catalán sabrían que el Estatuto ha sido reconducido interpretativamente a un estatuto autonómico común, con serias restricciones a cualquier veleidad soberanista. Pero como no va a ser el TC el que se encargue de aplicar su propia doctrina, sino ambos gobiernos, es previsible que estos urdan una réplica interpretativa a la decisión del TC para crear atajos que lleven a un «Estatuto bis». Sin embargo, si la vía va a ser un conjunto de leyes estatales, que es lo que sugiere el TC, entonces la solución acabará con el «hecho diferencial» catalán, porque lo que se reconozca a Cataluña se reconocerá a todas las comunidades autónomas, y el efecto disgregador será generalizado. A pesar de la sentencia —con sus luces y sus sospechosas sombras—, el Estatuto catalán, tal y como fue aprobado, es un juguete roto en manos de gobernantes irresponsables.

ABC - Editorial

Caso Ripoll. El pulpo Freddy. Por Emilio Campmany

Paul y Freddy se parecen como dos gotas de agua, pues ambos son poco agradables a la vista, tienen una fuerza extraordinaria en proporción a su tamaño, poseen largos tentáculos con los que llegar a todas partes y se ocultan tras una cortina de tinta.

El pulpo Freddy, como el pulpo Paul, sabe siempre lo que va a pasar. Paul pronostica quién ganará los partidos de fútbol, mientras que Freddy adivina qué gerifalte del PP va a ser detenido. Es verdad que Freddy juega con la ventaja de que va a ser él quién dé la orden de detención, así que no tiene mucho mérito saber con antelación lo que va ocurrir a una orden suya. Pero, por lo demás, Paul y Freddy se parecen como dos gotas de agua, pues ambos son poco agradables a la vista, tienen una fuerza extraordinaria en proporción a su tamaño, se camuflan mimetizándose con el entorno, poseen largos y pegajosos tentáculos con los que llegar a todas partes y, cuando se ven atacados, se ocultan tras una cortina de tinta. Admito que mientras Paul es capaz de producir su propia tinta, Freddy se ve obligado a recurrir a la de El País, pero no creo que esto implique una diferencia sustancial.

Freddy pronostica que José Joaquín Ripoll va a ser detenido y ¡zas! va la Policía y detiene al presidente de la Diputación de Alicante. Como no son cosas para darlas a los cuatro vientos, el pulpo Freddy, que ansía el reconocimiento de su arte adivinatoria tanto como el pulpo Paul, coge el teléfono y avisa a un adversario político, en este caso Mariano Rajoy, para que cuando atestigüe que Freddy le avisó con antelación de lo que ocurriría, nadie dude de su palabra.

Naturalmente, el pulpo Freddy, como Paul, puede con sus ocho tentáculos atender a tantas otras cosas a la vez sin que una pueda distraerle de la otra y mientras escucha las conversaciones telefónicas de sus enemigos por medio de Sitel, se trae a España prisioneros de Guantánamo, ordena el chivatazo a ETA, niega a las víctimas del 11-M las pruebas contra Sánchez Manzano, se entera de las negociaciones de Eguiguren con la banda, desarticula por enésima vez la cúpula de la organización, advierte de la probabilidad de un secuestro y arresta políticos de derechas. No creo que el pulpo Paul, a pesar de disponer también de ocho tentáculos tan pringosos como los de Freddy sea capaz de atender a tantas cosas a la vez.

Y si en alguna de estas hazañas en las que tanto se esfuerza se ve estorbado por los ataques de este político o de aquel periodista, el pulpo Freddy enseguida recurre a ocultarse tras la tinta prisaica que es de una negrura más intensa y profunda que la que emplea el pulpo Paul, que en esto no puede competir el pobre.

En su última fechoría, la detención de Ripoll sin orden judicial, va El País y chorrea un editorial negro como el carbón que omite lo relevante, que la Policía de Freddy ha detenido a un político popular sin orden judicial. Naturalmente, la Policía puede, en determinados casos, hacerlo. Pero no se discute que la detención practicada haya sido legal, pues hasta ahí podíamos llegar. Lo que se discute es si ha sido legítima. Y nada legítima puede ser cuando ni el propio juez, en un asunto que se arrastra desde hace tres años, tiene claro que se haya cometido un delito y mucho menos que uno de sus responsables sea Ripoll. Pero, ya se sabe, por encima de la justicia del fútbol está el pulpo Paul y por encima del Estado de Derecho está el pulpo Freddy.

Libertad Digital - Opinión

Presos molestos. Por José María Carrascal

La liberación de un pequeño grupo de presos políticos no es una concesión de aquel Gobierno. Es un deber.

QUE Moratinos no se ponga medallas por la liberación de presos políticos cubanos porque no las merece. Diría más: de haberse seguido la política de diálogo, entendimiento y levantamiento de sanciones preconizada por el Ministro de Asuntos Exteriores español hacia el régimen castrista, posiblemente no hubiera liberado ningún preso. El único lenguaje que entienden las dictaduras es el que ellas usan: el de la fuerza. Todo lo demás son pamplinas. A los únicos que temen es a aquellos que les hacen frente con todas las consecuencias, la muerte incluida. Quiero decir que los únicos héroes en esta tragedia son los integrantes del «Grupo de los 75», detenidos por el delito de disentir del Gobierno y condenados hasta a 28 años de cárcel. Entre ellos merecen especial distinción Orlando Zapata, albañil de 42 años, fallecido el pasado febrero, tras una huelga de hambre de 85 días, y Guillermo Fariñas, periodista, todavía en esa huelga, en condiciones tan precarias como le hemos visto y oído. Fue el miedo que causó su posible fallecimiento lo que ha empujado a los líderes cubanos a iniciar negociaciones con la Iglesia Católica, con el Ministro español como monaguillo, para quitárselo de encima, junto a unos cuantos como él, y enviarlos lo más lejos posible. Pues saben que gentes que no tienen miedo a morir en defensa de sus convicciones son más peligrosas que todos los ejércitos. También lo sabe Moratinos, que ha tenido la desvergüenza de pedir a Fariñas que deje la huelga de hambre, «ya que la situación está arreglada».

¿Arreglada con el despacho a otros países de 52 presos políticos, cuando Cuba entera es una cárcel? Para empezar, esas personas no deberían estar encarceladas por el hecho de disentir de su Gobierno, y si el Gobierno cubano quiere ser tratado con dignidad, lo primero que tiene que hacer es tratar dignamente a sus ciudadanos. Luego, debe quedar muy claro qué van a hacer las autoridades cubanas con el resto de los disidentes. Pues si siguen practicando la misma política que hasta ahora habremos adelantado muy poco. Es incluso posible que vuelva a encarcelar a algunos de los ahora puestos en libertad o encarcele a otros.

Ni medallas, pues, para Moratinos, ni levantamiento de la Posición Común europea hacia el régimen castrista. La liberación de un pequeño grupo de presos políticos no es una concesión de aquel Gobierno. Es un deber. Y para ser admitido entre las naciones respetables, tiene que comportarse respetablemente. Por fortuna, en Europa hay gobernantes que saben decir estas cosas mejor que nuestro ministro de Exteriores, que a menudo no se sabe a quién quiere ayudar, a los disidentes o el régimen castrista.

ABC - Opinión

El desacato y la marcha catalanista de mañana. Por Antonio Casado

Si lo del sábado en Barcelona no es insumisión institucional se le parece mucho. Un derecho, el de manifestación, frente a un deber, el de cumplir la ley y respetar las reglas del juego. Dos deberes atropellados en este caso.

Más allá de las contrariedades de partido, cada uno las suyas, en función de sus intereses electorales, la doble cabecera de la manifestación de mañana no expresa ni de lejos el debido acatamiento del reciente fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

A las pruebas me remito: “Som una Nació. Nosaltres decidim” (“Somos una nación. Nosotros decidimos”), junto a los presidentes de la Generalitat, José Montilla, y del Parlament, Ernest Benach, envueltos en la senyera. Y todo ello, en “primera cabecera” y “segunda cabecera”, según el difícil acuerdo alcanzado ayer por los representantes de las entidades participantes en la marcha.

Si colgamos el sambenito del desacato a otros gobernantes autonómicos que se declaran incompatibles con la Ley del Aborto, como Valcárcel, Aguirre o Sanz, con la misma vara de medir hemos de analizar el llamamiento de los gobernantes de Cataluña a la protesta popular. Se protesta contra un recorte del Estatut decretado por el alto tribunal en una sentencia que, entre otras cosas, viene a recordarnos que en España solo hay una nación. Un principio constitucional inequívocamente contrariado en el lema elegido para la manifestación.

Organizar la cabecera

Aunque oficialmente está convocada por la plataforma Omnium Cultural, con la expresa adhesión de 500 entidades, la manifestación servirá para que los partidos políticos sigan retratándose en clave electoral, como ya ocurrió con las primeras valoraciones al fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. A este respecto, son muy elocuentes las discrepancias de las últimas horas sobre el modo de organizar la cabecera en función de tres elementos: el abanderado (Montilla, solo o acompañado), la senyera y el lema.

Artur Mas quería mensaje y Montilla no. Montilla quería sólo senyera y Omnium quería lema y senyera. Detrás de la senyera, ¿sólo los representantes institucionales o también los líderes políticos? Alicia Sánchez Camacho (PP) afea la conducta del president por querer encabezar una manifestación en la que, dice, van a predominar las banderas independentistas. Según el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, si sólo hay una senyera abriendo la marcha, “aquello va a parecer una fiesta de pueblo”. Joan Puigcercós (ERC) arremete contra CiU y el PSC porque su lucha por el poder siembra la división en el frente de rechazo a la sentencia.

O sea, que aquí cada cual trata de encontrar la forma de convertir el agravio a la “dignidad de Cataluña” en bonus para las urnas del otoño, ante las que Montilla ha decidido ser más nacionalista que nadie y acusar a su partido, el PSOE, de dejarse comer la moral por el PP. No entiende que un partido cuya ejecutiva se llama “federal” no defienda el federalismo. Bueno, tampoco se entiende que alguien que se llama socialista ejerza de nacionalista. Qué cosas.

El Confidencial - Opinión

Mundial. España está ahí. Por Cristina Losada

El nacionalismo periférico y sus aliados en el centro martillean continuamente, sin tregua ni descanso, por la sencilla razón de que si aflojan un instante su cargante y mediocre tiranía, España rebrota.

La gran celebración que ha acogido el triunfo de la selección española permite constatar ciertos fracasos. Uno es periodístico y político. Nadie grita ¡la Roja! El intento de extender al fútbol el tabú que impide mencionar a España en España no cuaja. La gente sigue apegada al nombre de la nación, erre que erre y dale que dale. Mira que se ha hecho por erradicar la mala costumbre. Pues nada. Ahí estaban decenas de miles de personas la otra noche, desgañitándose al grito de ¡España!, desde Bilbao hasta Cádiz y de Vigo a Barcelona. ¿Milagros del fúrbol?

Quienes no residen en lugares donde la condición de español ha de llevarse de forma clandestina, pueden minusvalorar la explosión de patriotismo que el Mundial ha detonado. Pero allí donde se sufre en vivo y en directo la presión nacionalista hay plena conciencia de la transgresión que supone cualquier exhibición de españolidad y de sus costes. Valgan como ejemplos la agresión de que ha sido víctima un "español de mierda" en Pamplona y los ataques contra escaparates y edificios que ostentaban la rojigualda en Galicia. O, en otro registro, la consternación en TV3 ante la fiesta que recorría las calles barcelonesas.

A una, que no es futbolera ni patriotera, le gustaría que el apego a la nación se demostrara en asuntos que apelan más a la razón que a las emociones y más a la política que al deporte. Pero parece mucho pedir tras décadas de constante cuestionamiento de España y un trabajo de ingeniería social destinado a borrar cualquier atisbo de su existencia. Tanto pesa y asfixia esa losa, que la espontánea vindicación de España a la que asistimos sólo podía ser apolítica. Un apoliticismo que sirve de coartada para expresar un sentimiento natural que aquí está vetado y se sabe que lo está.

El nacionalismo periférico y sus aliados en el centro martillean continuamente, sin tregua ni descanso, por la sencilla razón de que si aflojan un instante su cargante y mediocre tiranía, España rebrota. En el caso de que fuera una ficción la nación española, el pesado contencioso que arrastramos podría resolverse al gusto de los secesionistas y los Zapateros de turno. El problema, ay, es que España existe. En cuanto se le deja un respiro, una pizca de tierra, una grieta en el asfalto, vuelve a salir la puñetera.

Libertad Digital - Opinión

España sin fantasmas. Por Ignacio Camacho

Nada queda de aquella vieja angustia, de aquel cansancio histórico que pesaba como un fardo de frustraciones.

TODAVÍA no sabes muy bien qué haces ahí, plantado en medio de la plaza atestada de jóvenes eufóricos con las caras pintadas de rojo y amarillo y las banderas colgadas del cuello y de la espalda, una chavalería exultante que baila y canta a coro «yo soy español, español, español» con el aire remoto de una balalaika. Simplemente te has dejado llevar al oír desde el balcón los claxons rítmicos y el rumor creciente de la marea en la calle; has permitido que tus pies te conduzcan sin rumbo hasta el corazón de una fiesta alborotada, húmeda de cerveza y calimocho, en la que la palabra España domina los cánticos con una satisfecha impronta de orgullo y de victoria. Quizá te hayas sumado a ese carrusel radiante y entusiasta porque nunca lo sentiste así, porque para ti y tu generación España fue siempre un dolor y un problema, un sueño roto, un ideal fracasado, un naufragio moral. Una derrota tan distinta de este clima triunfal, de esta atmósfera impetuosa y alegre que impregna la celebración con la naturalidad desenfadada de un optimismo sin remordimientos ni culpas ni resignaciones.

Nada queda a tu alrededor de aquella vieja angustia dividida por la pesadumbre, de aquel yermo cansancio histórico que pesaba en el alma como un fardo de sufrimientos y frustraciones. Lo sabes cuando te rodea esa multitud desahogada que agita las banderas con un ardor espontáneo, fogoso, pasional; esa dulce marea de rojo que brinca y salta con un ímpetu virgen de decepciones y desencantos. Quizá tus propios hijos estén ahí, confundidos en la montonera disfrutona a la que te asomas como el invitado que acaso de hecho seas: invitado al fin a la fiesta tanto tiempo aplazada de un país sin obsesiones ni trabas ni desengaños.

Todo ese sentimiento de pertenencia ha estallado en una sacudida de júbilo cuando alguien ha trepado hasta la fuente central para anudar en lo alto una enorme bandera rojigualda que desata clamores en la plaza. El estribillo de «yo soy español» atruena la noche como una fluida ola de patriotismo sentimental y desacomplejado. Entonces lo has comprendido: simplemente se trata de una generación sin fantasmas. La tuya quedó inhabilitada por la angustia , secuestrada por el mal fario, minusválida de emociones. Has mirado a tu alrededor las camisetas rojas, los balcones engalanados de enseñas, la muchachada de rostros pintados en los que no se atisba un solo rasgo ni una sola huella de vuestras viejas maldiciones. Sí, están ahí por el fútbol, es verdad, pero no es sólo el fútbol lo que agita este espasmo de identidades amontonadas. Es una vibración, un pálpito, una certeza: la de España como un sentimiento, al fin, satisfactorio. Como una victoria.

ABC - Opinión

¿Estado de Derecho? No, esto es un estado policial. Por Federico Quevedo

ESCRIBE AQUÍ EL ENCABEZAMIENTO

Seguramente muchos de ustedes, la mayoría, tendrán cierta memoria de cómo era la vida, nuestra vida, durante el franquismo. Aquel régimen era una dictadura en la que no existían libertades políticas, y todo aquel que se mostraba contrario al régimen acababa en la cárcel, y los medios de comunicación discrepantes eran silenciados. No existía, por tanto, ni libertad de expresión ni libertad de elección, básicas ambas para poder construir una democracia, y por el contrario lo que sí existía era represión contra los sectores críticos con la dictadura. Eso era así y, sin embargo, la inmensa mayoría de la gente, que no se metía en política ni formaba parte de ningún tipo de oposición mediática al dictador, vivía bastante tranquila: España era una economía en desarrollo, había nacido una clase media importante, se encontraba trabajo y el ciudadano normal que, como digo, estaba alejado de los movimientos de oposición, tenía a su disposición un nivel de vida aceptable, viajes al extranjero incluidos. Era la España que descubría el mundo a través de las largas melenas rubias de aquellas imponentes suecas que venían a disfrutar del sol de nuestras playas, objeto de deseo y sueño erótico del macho ibérico… Era la España en la que se fue Eva María en busca de un rayo de sol mientras algún enamorado escribía su nombre en la arena y de fondo Jeanette cantaba Porqué te vas.

Incluso en las peores circunstancias, bajo las más férreas dictaduras, la ciudadanía busca siempre válvulas de escape, intenta mirar para otro lado y huir de aquello que no le gusta mediante la evasión. Esta España de 2010, más de treinta años después, se empieza a parecer mucho a aquella otra España del tardofranquismo. Una España en la que la gente mira para otro lado, huye de la realidad mientras el Gobierno que preside Rodríguez practica la represión política y convierte el Estado de Derecho en un estado policial. La persecución de la oposición política, el intento de silenciar a los medios discrepantes, empieza a ser una constante en un sistema que ha dejado de ser eso, un sistema democrático, para empezar a convertirse en un régimen, en un modelo caudillista de la peor factura, al más puro estilo del chavismo venezolano.

Algunos venimos advirtiéndolo hace tiempo, pero es ahora cuando el Gobierno, asfixiado por su propia incompetencia, echa mano de sus peores artes para intentar por la vía del comportamiento antidemocrático lo que no puede conseguir por la vía del comportamiento democrático. La utilización de las instituciones en beneficio del interés particular, el debilitamiento de la Justicia y su sustitución por otro tipo de autoridades administrativas a las que en ningún caso la Constitución reconoce ese papel, se ha convertido en la tónica habitual para poder ejercer la presión sobre todos aquellos que discrepan del Pensamiento Único.

La detención de Ripoll

Es este un estado policial a cuyo mando se encuentra quien, probablemente, sea la mente más perversa de cuantas han pululado por la política española: Alfredo Pérez Rubalcaba, el hombre que siempre aparece cuando de las cloacas del Estado fluye la mierda para extenderla por doquier. Lo que está ocurriendo en las últimas horas, como anticipo del Debate del Estado de la Nación, no tiene nombre, ni desperdicio, y debería ser objeto de una acción fulminante de la Fiscalía pero, claro, la Fiscalía también depende del Gobierno. Miren, la denuncia del modo en que ha actuado la Policía en Alicante a la orden de Rubalcaba no justificaría, en ningún caso, el hecho de que las personas implicadas en este asunto hayan podido cometer delitos sancionables por la Justicia, pero debe ser ella, la Justicia, la que establezca si esos delitos existen y cuál es la condena por ellos. Ese papel no le corresponde a la Policía que, sin embargo, ha actuado como juez y como parte. El señor Ripoll, bien lo saben ustedes, y si no se lo digo, no es santo de mi devoción y desde luego esta denuncia que hago poco o nada tiene que ver con su persona, sino con el hecho de que como demócrata me resisto a contemplar impasible la degradación de un país, de mi país, en manos de una pandilla de sectarios aprendices del peor de los fascismos.

Les contaré algo que ustedes no saben, para que vean cómo se las gastan y cómo me asiste la razón en lo que digo. El pasado 8 de junio, coincidiendo con la huelga de funcionarios, la Policía se personó en el despacho del Juez Pedreira, que instruye el Caso Gürtell en Madrid, para solicitarle una orden de detención sobre varios cargos del PP madrileño, entre ellos el actual alcalde de Boadilla del Monte. El magistrado, sin embargo, se negó a hacerlo, primero porque la solicitud no venía de la Fiscalía como debía y, segundo, porque no estaba lo suficientemente fundamentada. La intención de Interior era buscar un titular al día siguiente que ‘tapara’ la huelga, pero esta vez no lo consiguió, aunque fue ‘filtrando’ convenientemente al diario El País el contenido del informe que había servido de base para la solicitud realizada ante Pedreira.

Lo que ha ocurrido en Alicante es aún más grave, porque se ha vulnerado el Estado de Derecho de modo flagrante y se han violado los derechos constitucionales de ciudadanos libres de este país, aunque sean políticos, y ese es el síntoma más grave que pueda imaginarse de la degradación y la descomposición del sistema que nos dimos en 1978. Aunque la gente siga disfrutando del fútbol y bañándose en la playa mientras suenan de fondo los acordes del último éxito de Shakira.

El Confidencial

La Selección como ejemplo

Aunque parezca baladí, la Selección española, y su excelente trayectoria en el Mundial de Suráfrica, se ha convertido en un elemento de cohesión nacional y un estímulo para los españoles en estos tiempos de crisis. Eso se desprende de la encuesta que NC Report ha realizado para LA RAZÓN. Para el 62,3 por ciento de los encuestados, la Selección simboliza la unión de España frente a un 6 por ciento que opina lo contrario. También se ha valorado muy positivamente el trabajo en equipo que despliega el combinado nacional. Un 56,3 por ciento cree que los de Del Bosque, con su unión dentro y fuera del campo en pos de un objetivo común, han dado una lección a los políticos de que juntos podemos alcanzar cualquier meta.

Nadie ignora que el fútbol, el deporte seguido mayoritariamente en nuestro país, y en especial la Selección española es uno de los elementos con los que más se identifican los ciudadanos y en el que se sienten más reconocidos como españoles, por encima de los nacionalismos, salvo en el caso de los más radicales. Sólo hay que ver estos días las calles de numerosas ciudades de España, con los balcones engalanados con nuestra bandera, hecho que, desgraciadamente, ocurre muy pocas veces por complejos heredados que, lejos de beneficiar a nadie, muchas veces, al dejarnos llevar por ellos han contribuido a la división. Cuando juega la Selección, la bandera de España alcanza su verdadera naturaleza, no es patrimonio de ninguna ideología y sí de todos los españoles. Igual sucede con el himno que, salvo en actos castrenses, pocas veces es tan respetado.

Y sí, les convendría a los políticos extraer más de una lección del combinado nacional. La Selección española encandila a los seguidores, no sólo por su estilo de juego, también por su actitud. Desde el triunfo en la Eurocopa, que esperemos que se reedite en el Mundial, los españoles han valorado la comunión que existe entre los jugadores –rivales a lo largo del año al jugar en distintos equipos– que ante una competición tan exigente, priorizan el interés común frente a intereses particulares que puedan entorpecer los logros que se puedan conseguir. También valoran su humildad y su perseverancia. La Selección difícilmente da un partido por perdido. Creen firmemente en sí mismos y en lo que están haciendo, sin caer nunca en la improvisación. Dan sensación de unidad, seguridad y aplomo ante la adversidad, como se pudo ver en la fase inicial del Mundial, que sólo puede llevar a la victoria.

Sin duda, el proceder de los integrantes de la Selección nacional debería ser un ejemplo para los políticos y también para la ciudadanía. Porque la ciudadanía no sólo está cansada de que el Gobierno no tenga, usando un símil futbolístico, un sistema claro de juego; también de que la clase política, ante la crisis que estamos viviendo, no tenga más altura de miras y llegue a acuerdos firmes y duraderos en los que todas las partes cedan por el bien común. La Selección, gane o pierda el Mundial, se ha convertido en una inspiración y en la plasmación más concreta de que, si estamos todos unidos, no hay meta que se nos resista.

La Razón - Editorial

Cuba: el destierro como triunfo

Los disidentes que serán excarcelados en los próximos días y meses –si los Castro cumplen su promesa– no podrán seguir siendo lo que eran: cubanos que viven en Cuba y protestan contra su gobierno.

Ya tenemos los extraordinarios resultados de años de pleitesía del ministro Moratinos a la tiranía castrista: el injusto e inhumano encarcelamiento de decenas de personas por manifestarse en contra de la dictadura se transformará, en algunos casos, en el destierro; los demás seguirán entre rejas.

Aunque siempre sea motivo de alegría que un preso de conciencia salga de las cárceles cubanas, no parece que estemos ante nada más que una operación de propaganda. No hay que olvidar que todos ellos, y algunos más, eran personas libres –todo lo libre que se puede ser en Cuba– antes de 2003. Ni siquiera hemos vuelto a la situación de entonces, pues no todos ellos han sido liberados. Creerse que esto es un "avance" es de una ingenuidad tal que resulta difícil de creer en un político profesional. Y, sin embargo, eso es lo que nos intentan vender los socialistas.

Para Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, el destierro de cinco presos políticos cubanos demuestra que Moratinos tiene razón en su política de claudicación ante los Castro. El argumento es difícil de seguir. Moratinos no ha conseguido su objetivo desde que está en el cargo; después de seis años, ha terminado la presidencia europea de España sin que haya logrado romper la posición común de la UE frente a Cuba. Así pues, esta "liberación" se ha conseguido estando vigente esa política. Aún si nos creyéramos el cuento de que esto es algo más que una operación cosmética por parte de un régimen que no tiene intención alguna de cambiar de rumbo, ¿qué motivos hay para cambiar una política que ha logrado este "éxito"?

Al régimen le viene sin duda muy bien este movimiento: no pierde nada, pues mantiene la condena a sus disidentes limitándose sólo a cambiar su castigo; mientras, en España y otros países, se vende la imagen de que está dispuesto a cambiar. Coste, cero; la rentabilidad dependerá del entusiasmo con que se venda esta operación de propaganda, que en el Gobierno y sus terminales mediáticas será mucho.

Sin embargo, los disidentes que serán excarcelados en los próximos días y meses –si los Castro cumplen su promesa– no podrán seguir siendo lo que eran: cubanos que viven en Cuba y protestan contra su gobierno. Se convertirán en exiliados, en lo que la izquierda más miserable y rastrera califica de "gusanos". La dictadura comunista a la que apoya el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, se habrá librado de su incómoda presencia y, encima, logrado unos cuantos aplausos en el proceso. Esto es lo que Moratinos y los suyos consideran un éxito. Asusta pensar a qué llamarán fracaso.

Libertad Digital - Editorial

Política de detenciones

En España se ha instalado una práctica de la detención gubernativa, en determinadas investigaciones de repercusión política, que resulta preocupante.

LA detención policial o gubernativa ha sido históricamente uno de los mayores riesgos para las libertades de los ciudadanos, y si el Estado de Derecho presenta algún rasgo característico es el de su protección frente a las arbitrariedades del poder ejecutivo. No en vano, la primera garantía fundamental del proceso penal es el «habeas corpus», un procedimiento especial que tiene su origen en la Carta Magna inglesa del siglo XIII y que está previsto por la Constitución española para obtener el amparo del juez por una detención ilegal. La polémica sobre las circunstancias en las que se ha producido la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, obliga a recordar que la legalidad de una detención no depende únicamente de que la Policía esté autorizada a practicarla, como afirma el Gobierno, lo cual es una obviedad que llevaría a dar por buena cualquier detención policial, sino de que dicha detención responda a alguno de los supuestos expresamente previstos por la ley y sea practicada conforme a la ley. También conviene recordar que las garantías del proceso penal son ajenas a la mayor o menor cantidad y calidad de los indicios contra el sospechoso. Se justifican por sí solas en la medida en que representan la primacía del derecho a un proceso justo.

En España se ha instalado una práctica de la detención gubernativa, en determinadas investigaciones de repercusión política, que resulta preocupante, porque, o bien no están basadas en alguno de los casos previstos por la ley, o bien se realizan de forma que lesionan gratuitamente la imagen y la fama del detenido. Por eso, la demanda de explicaciones dirigida por el Partido Popular al Gobierno sobre la detención policial de Ripoll está plenamente justificada, sea cual sea la veracidad de las sospechas o de los indicios contra el presidente de la Diputación alicantina. En todo caso, parece desproporcionada una privación de libertad de ocho horas para entregar una citación judicial; y no es razonable que, estando en trámite una investigación judicial —y no mediando peligro de fuga, de destrucción de pruebas o de inminente comisión de delitos—, el juez que la dirige se entere de pasada de que la Policía ha detenido a varios investigados. Entre la intencionalidad política de una operación policial más propia de la lucha antiterrorista y las dudas más que justificadas sobre la legalidad de la detención de Ripoll, el Gobierno socialista vuelve a demostrar que en la contienda contra el Partido Popular le vale todo.

ABC - Editorial