Golpismo mediático y callejero. Por Miguel Bernad

Garzón se defiende con argumentos espurios, torticeros y lanzando todo tipo de falsedades contra el querellante y contra el instructor en un intento último de "morir matando".

Se ha utilizado el enjuiciamiento del juez Garzón para iniciar una ofensiva contra nuestro sistema constitucional y para cambiar la monarquía parlamentaria por una república.

A las manifestaciones dentro y fuera de España con las banderas republicanas, el "no pasarán" de los sindicatos de clase, indignos y subvencionados, incluidos los titiriteros de la ceja, se han sumado los independentistas, la izquierda sectaria, radical, los pseudointelectuales y los politicastros de ínfimo nivel cultural y jurídico. Los actos vergonzosos en la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Barcelona, los medios de comunicación prensa, radio, televisiones afines al lobby garzoniano, han montado una campaña de falsedades, haciendo ver a la opinión pública nacional e internacional que Garzón es una víctima para perseguir los desaparecidos del franquismo. Pero la realidad es que a Garzón se le va a enjuiciar por cometer un delito de prevaricación.

La petición de la Fiscalía de que se aplique la doctrina Botín, en lugar de la de Atutxa, es el último intento torticero, desleal, indigno del Ministerio Público para que un hecho punible (la prevaricación de Garzón) quede impune. Se utiliza políticamente al Ministerio Público para cargarse la acción popular.

Dentro de los herederos del franquismo y como máximo exponente se encuentra la figura del Rey, legitimado y propuesto por Franco, como sucesor del tránsito de un régimen a otro de monarquía parlamentaria. De lo que se deduce que la táctica de toda la izquierda española es la de socavar el actual sistema constitucional y legitimar una nueva república que tenga como referente al régimen del 31.

Por lo visto, a estos sectarios no les basta con el perdón de la Ley de Amnistía, con los beneficios morales y económicos que les concede la Ley de Memoria Histórica, ésa que debería llamarse Ley de Memoria de resentidos, vengativos y desagradecidos históricos.

Garzón se defiende con argumentos espurios, torticeros y lanzando todo tipo de falsedades contra el querellante y contra el instructor en un intento último de "morir matando".

Libertad Digital - Opinión

Un mal consustancial. Por M. Martín Ferrand

LA singular y pertinaz Esperanza Aguirre, gran animadora de un partido sesteante -el único que nos queda sin trocear-, ha dicho, sin que le tiemblen las carnes ni los pulsos, que «la corrupción es algo consustancial a todas las instituciones».

Dentro del ámbito matritense hay que remontarse, por lo menos, a los tiempos de Enrique Tierno Galván para recordar dichos tan oportunistas, provocadores e inexactos. ¿Las instituciones, alguna de ellas, son de la misma sustancia que la corrupción? ¿El bien lo es de la misma que el mal? No es que yo sienta un respeto insuperable por las instituciones -muchas, ¿demasiadas?- que nos rodean y sostenemos con nuestros impuestos; pero aceptar que en ellas reside la corrupción, tal y como el alma habita en el cuerpo, me parece una pasada excesiva.

Las instituciones, para merecer la condición de respetables, tienen que estar dotadas de mecanismos de vigilancia constante y depuración permanente. Si, aquí y ahora, no hubiéramos debilitado instituciones como el Tribunal de Cuentas y funcionaran, al viejo y tradicional modo administrativo, los servicios de Intervención de Hacienda la corrupción podría, incluso, ser frecuente; pero no «consustancial». La mayoría de las personas, incluso en la vida pública, tienden a ser honradas y sólo la provocación insistente, como la que significa la falta de sistemas de control, puede desviarlos de su recta trayectoria. Una afirmación tan liviana podría esperarse de Leire Pajín, la planetaria; pero resulta sorprendente, e inquietante, en boca de quien por procedencia, formación y experiencia debiera ser más respetuosa, por lo menos, con el Diccionario.

Alberto Ruiz-Gallardón, que, con el frío y el viento de la más cruel primavera madrileña, inauguró ayer la glorieta de Jaime Campmany, en la que concluye la avenida de Camilo José Cela, sí podría haber pronunciado con toda propiedad la palabra consustancial. El maestro Campmany, como su ahora vecino Cela, son consustanciales con el brillo del idioma castellano; pero quiero pensar que lo de los protagonistas del «caso Gürtel», a quien -supongo- Aguirre trata de defender con su machada, son sólo accidentales en el delito, no consustanciales con él. Convendría que quienes usan el lenguaje en público y revestidos de autoridad lo hagan con mayor prudencia que Aguirre. Más en el estilo, inteligente, delicado y cariñoso, con que ayer lo hizo Gallardón.

ABC - Opinión

35 céntimos. Por José García Domínguez

El llamado Plan de Racionalización del Sector Público Empresarial Estatal, ése que el Gobierno acaba de aprobar con el preceptivo estruendo de bombos y platillos, implicará un ahorro de... 35 céntimos por cabeza. Ni más ni menos.

Contra lo que aquí sentencian las barras de los bares, el estrago peor de la Gran Recesión de 2008 no ha de ser la bancarrota griega que ahora toca pagar a escote, sino la quiebra de los fundamentos mismos de eso que con pretenciosa arrogancia llaman ciencia económica. Y es que se requiere algo más que una dosis cósmica de ingenuidad para conceder que todo el orden capitalista tiemble por mor de unas cuantas hipotecas fallidas en Alabama. Porque lo en verdad inquietante no es la insolvencia de Papandreu, sino la propia del canon, su definitiva incapacidad a fin de explicar un colapso sistémico como el que sufre Occidente, muy secundario epifenómeno heleno incluido.

Así, la economía lograría pisar, al fin, las alfombras de la respetabilidad civil, marcando distancias con la plebeya grey de las otras disciplinas sociales, al albur todas de charlatanes, demagogos y sofistas, cuando, hacia 1874, Léon Walras adoptó para ella idéntico instrumental matemático que la física de la época. Luego, ya a mediados del siglo XX, el refinamiento de las técnicas econométricas la afianzaría entre la aristocracia académica. Pero lo malo no es que las ciencias experimentales, las duras, ya hayan desechado –por inanes y obsoletas– esas herramientas aún tan suyas, sino que ninguno de los hechos importantes que surgen sobre el terreno se compadece con cuanto la teoría prescribe cierto, indubitado y seguro. Ninguno. Desde hace décadas.

Y aunque la modestia socrática siga sin figurar en los planes de estudios, al margen de la fatua jerigonza de los "expertos", tras las políticas económicas de los gobiernos poco más hay que prosaico sentido común, una mercancía al alcance de cualquiera. Por ejemplo, la ecuménica certeza de que a nadie, ni siquiera a Zapatero, le ha sido concedido endeudarse hasta el infinito. Mas no nos inquietemos. A día de hoy, la Deuda Pública del Reino de España sólo asciende a 10.575 euros por cada uno de los cuarenta y seis millones de habitantes del Estado, que diría Montilla. Frente a esa cifra, un llamado Plan de Racionalización del Sector Público Empresarial Estatal, ése que el Gobierno acaba de aprobar con el preceptivo estruendo de bombos y platillos, implicará un ahorro de... 35 céntimos por cabeza. Ni más ni menos. Tranquilos, pues.

Libertad Digital - Opinión

Parecidos razonables. Por Ignacio Camacho

QUE España no es Grecia resulta un hecho objetivo que constituye una de las pocas verdades de la propaganda gubernamental sobre la crisis.

Además de las obvias hay entre la situación de ambas naciones una diferencia interesante; en Grecia fue un gobierno conservador el que se fundió el presupuesto y camufló las cuentas públicas en una trama de engaños, dejándole a la izquierda la responsabilidad de un ajuste draconiano para salir de la bancarrota. Aquí fueron los socialistas quienes encontraron un amplio superávit heredado de la derecha y lo derrocharon con alegres políticas de despilfarro. Allí se han levantado los sindicatos en una protesta incendiaria contra las inevitables medidas de control de gasto y reducción del déficit, mientras en España jalean al presidente y blasonan de su capacidad de imponerle un generoso dispendio. Los griegos se van a ver obligados por su mala cabeza a recortar los salarios y las pensiones, mientras el sector público español ha incrementado en un trimestre de recesión más de un cuatro por ciento sus gastos de personal. No, España no es Grecia. Pero eso no quiere decir que no pueda empezar a parecerlo.

Para parecerse a Grecia, cuya tasa de paro es por cierto inferior a la española, no hay mejor camino que continuar gastando. Incrementar la deuda a base de proclamar que aún existe mucho margen y negarse a tomar medidas de reforma del mercado de trabajo. Seguir el juego de los sindicatos y subir los impuestos para mantener una hipertrofiada administración y un desmesurado paquete de subsidios. Maquillar con cuatro recortes cosméticos la imprescindible reducción del sector público. Aplazar indefinidamente la remodelación del sector financiero y las cajas de ahorros. Ceder a las pretensiones de las autonomías con una financiación disparatada e impagable. Y prometer, cuando se acerquen las elecciones, más regalías y subvenciones para ganar votos. Todo eso lo ha hecho ya el Gobierno en diversas fases de la crisis. Pero aún no nos parecemos bastante porque nuestras bases de prosperidad y desarrollo eran mucho más sólidas que las griegas. Lo que no evita que, con un poco de perseverancia, se puedan alcanzar pronto inquietantes similitudes.

Claro que también cabe la posibilidad de parecerse a Portugal, que está más cerca. El primer ministro portugués y el jefe de la oposición se reunieron al día siguiente de que las agencias de rating rebajaran la calidad de su deuda, presentaron un razonable plan de ajuste y lo refrendaron en una rueda de prensa conjunta. Ésta sería una buena fórmula para copiar en la reunión que Rajoy y Zapatero van a mantener el miércoles. Claro que nuestros vecinos, como los griegos, han celebrado recientes elecciones y cuentan con un Gobierno investido de legitimidad para tomar medidas desagradables. Es cuestión de elegir semejanzas; al final, a partir de una cierta madurez, todo el mundo acaba pareciendo lo que realmente es.

ABC - Opinión

Así es la Rosa. Por Cristina Losada

El exceso verbal de Díez corona un triste episodio que muestra cuán fácil es el contagio. Ni siquiera un partido recién nacido escapa a los males que aquejan a los antiguos, y eso que se fundó con el propósito de regenerar la democracia.

Perpleja me dejaron, días atrás, unas líneas que Rosa Díez plasmó en un chat realizado en el diario La Razón. Explicaba allí los motivos por los que había llamado "batasunos" a los miembros de su partido que presentaron una candidatura alternativa en el primer Congreso. La acusación, desde luego, era gravísima. Batasuna es indisociable del terrorismo. ¿Qué actos de violencia extrema habían cometido los militantes revoltosos? "Son comportamientos batasunos", escribía Díez, "los de aquellos que creen que si amenazan con bronca o chantaje se les permitirá que se salten las normas". Inquietante. Con tal definición, meteríamos en el mismo saco proetarra a quien le monta un cirio a un guardia de tráfico para que no le ponga una multa.

De las palabras de Díez se infería que las normas contra las que se rebelaron los facciosos eran las fijadas para el Congreso de su partido. A un observador puede parecerle poca cosa, pero cuestionar esos reglamentos constituye el peor de los atentados posibles a ojos del aparato partidario. En cuanto al chantaje, habría consistido en que los taimados "batasunos" ofrecieron deponer las armas si les daban unos puestos en la candidatura oficial, extremo que desmintieron los aludidos. En cualquier caso, un incidente que debería ser habitual en un partido, como un desacuerdo sobre las reglas internas, lo presentaba la líder de UPyD cual si fuera un acto filoterrorista, una coacción similar a las que ejercen Otegui y compañía desde la connivencia con los que matan. Caramba.

El exceso verbal de Díez corona un triste episodio que muestra cuán fácil es el contagio. Ni siquiera un partido recién nacido escapa a los males que aquejan a los antiguos, y eso que se fundó con el propósito de regenerar la democracia. Una barrunta, desde hace tiempo, que la democracia interna es incompatible con nuestros partidos y el concepto mismo, un oxímoron. Figura en la Carta Magna, pero habrá que incluir ese precepto en la lista de los principios constitucionales que se incumplen. Y es que las condiciones objetivas, como antaño se decía, no favorecen la virtud, sino el vicio. No tenemos una partitocracia por casualidad, sino por obra del sistema electoral y lacras parejas. Dejar el funcionamiento democrático de los partidos en manos de la buena voluntad de sus dirigentes es no conocer la humana naturaleza.

Libertad Digital - Opinión

Miserias. Por Hermann Tertsch

NUNCA en las grandes civilizaciones se ha dictado que la pobreza fuera la peor de las miserias.

La pobreza, la que acosa a tantos españoles decentes hoy por obra y gracia de otros españoles que acumulan pisos y casas en la costa, en el interior y el exterior, no es una vergüenza ni una miseria. Es un drama. Una tragedia griega, que diríamos ahora. Grecia ha sido siempre, desde que el Imperio Otomano dejó aquellos lares, una gran mentira. Lo lamento decir exclusivamente por la Reina Doña Sofía, una gran alemana y patriota griega. Y por todos esos valientes griegos que han luchado durante dos siglos contra diferentes enemigos con una gallardía y valentía que evoca a la de los españoles del Dos de Mayo. Mi profundo respeto a los griegos está, creo pensar, fuera de duda. Sus muestras de coraje durante la Segunda Guerra Mundial son emocionantes y conmovedoras. Pero la mentira nacional que ha perseguido a los griegos desde su independencia es también indudable. Es el problema de los países de cultura fundamentalmente sentimental. Los intentos de crear una continuidad entre la Grecia helénica y la fundamentalmente eslava helenizada, balcánica, tras la ocupación otomana, crearon esa gran mentira historicista que ha tenido a ese pueblo siempre preso de lo que sabe que no es pero pretende.

El sentimentalismo es probablemente una de las grandes tragedias de toda sociedad aquejada por él -probablemente también de los individuos- porque hace persistir por una especie de código de honor imaginado que las ancla en los errores más profundos. Grecia los tiene desde que se convirtió tras la ocupación turca en un país imaginado por sus propios habitantes y manipulada por sus gobernantes. Nada los diferencia de los nacionalismos tristes y combativos que tenemos aquí en la península y ponen todos los días en cuestión la existencia de esta gran nación que ha sido España. Turquía, que perdió más del sesenta por ciento de su territorio entre 1820 y 1918 no tiene esos problemas. Por supuesto tiene otros. Pero nunca tendrá problemas existenciales porque sabe sufrir. Y porque su vitalidad le impide radicalmente la melancolía. Por eso, los turcos, mucho más maltratados en este último siglo que los griegos, perseveran, trabajan y se entusiasman. Todos los días salen de casa pensando en lo que deben hacer para mayor felicidad de sus seres queridos y no a llorar por lo que consideran es un maltrato del Estado o el destino.

¿Y los españoles? Está claro que no somos griegos. Pero tampoco turcos. La autocomplacencia de las últimas generaciones se ha convertido en un auténtico baldón para la reacción ante la miseria que avanza. La indolencia en el Gobierno y en la oposición, pero también la falta de reacción civil de una sociedad que en principio creíamos ya estructurada y homologable a las avanzadas de Europa, nos han convertido en una perfecta anomalía que pudiera llevarnos, esperemos que no, a una nueva marginalidad en nuestro continente. Nuestra miseria entonces sería magrebí. Y no es una broma. Tenemos un Estado gobernado por casi lo peor que tenemos. Y eso no es poco. Porque las generaciones que nos van a suceder están peor preparadas, tienen menos compromiso con el Estado y el bien común que las de la Transición y en parte están profundamente intoxicadas por la ponzoña de una revancha que nuestras generaciones adultas habían rechazado rotundamente, conscientes de que nuestra historia nos comprometía a una convivencia abierta y tolerante. Por racionalidad y sin esos sentimentalismos que, por necesidad, acaban llevándote a un duelo al amanecer. Por patriotismo bien entendido, no por lloriqueos victimistas, somos muchos los que creíamos haber llegado a la sociedad abierta que nos merecíamos. Una sociedad capaz de hacer frente a los tiempos duros sin agitar fantasmas ni pedir víctimas que compensaran de forma primitiva los sufrimientos. Parece que son muchos otra vez los que quieren frustrarnos este sueño. La exsecretaria de Estado norteamericana Magdaleine Albreith le dijo hace poco a Ana Palacio que nuestros últimos treinta años de lealtad constitucional y convivencia habían sido un espejismo y que España volvía a las andadas de siempre. No dejemos que ocurra.

ABC - Opinión

Atando los cabos de una nueva negociación

Rosa Díez parece sospechar que el Gobierno, nuevamente, miente. Pero para alertar a la población española de la infamia que puede estar en curso, no debería quedarse en minoría. El PP debería escuchar más a Mayor Oreja y menos a Rubalcaba.

Mentir se encuentra en el ADN de este Gobierno. Lo ha acreditado con contumacia a lo largo de más de seis años en muy diversos frentes: desde la política exterior a la economía, pasando obviamente por la lucha antiterrorista. Su palabra ha quedado descalificada por completo y de nada sirve que nos prometa que ya ha dejado de negociar con ETA. Serán más bien los hechos y los indicios los que permitirán formarnos una opinión sobre las actuaciones del Ejecutivo y, en este sentido, como en tantas otras veces, las evidencias parecen llevarles la contraria a Zapatero y Rubalcaba.

No se trata sólo de que la autorización parlamentaria para negociar con ETA no haya sido derogada por el Congreso o de que ANV siga en los ayuntamientos vascos y navarros nutriéndose de los impuestos ciudadanos. Tampoco de que Mayor Oreja, uno de los políticos que con más acierto y clarividencia ha combatido el terrorismo etarra y ha anticipado los tejemanejes del PSOE contra el Estado de Derecho, anunciara hace pocas semanas que el Gobierno socialista había vuelto a las andadas.

A todo ello hay que añadir el generoso trato que Interior está otorgando a algunos de los terroristas más sanguinarios de la banda. Por un lado, de acuerdo con diversas fuentes entre las que se encuentra Rosa Díez, Josu Ternera se encuentra perfectamente localizado en Europa sin que hasta el momento se haya movido un dedo para cursar la Euroorden y detenerlo. Por otro, a Rafael Díez Usabiaga le fue concedida por Garzón la libertad bajo fianza con el argumento de que su madre se encontraba en una situación de dependencia, cuando la semana pasada fue vista paseando junto a su hermana gemela sin ningún problema de salud.

Dejando de lado los casos de Iñaki de Rentería y de Iñaki de Juana Chaos, cuyo paradero parece deliberadamente oscurecido por las autoridades, también destacan las concesiones hechas a Otegi, el "hombre de paz" de Zapatero, quien lleva más de 15 días en la cárcel donostiarra de Martutene donde fue trasladado para una estancia de sólo tres días desde la madrileña de Navalcarnero.

De tratarse de casos aislados, podríamos atribuirlo a la mera incompetencia del Gobierno a la hora de preocuparse por hacer cumplir las leyes. Sin embargo, la acumulación de todos estos tratos de favor coincidentes unida a la nula determinación demostrada hasta el momento para cerrar todas las puertas a la negociación nos debe llevar a sospechar muy seriamente que como mínimo el PSOE, tal y como denunciara Mayor, está tratando de recomponer relaciones con ETA, si es que no lo ha hecho ya.

A estas alturas no cabrá atribuirles a los socialistas ni siquiera una ingenuidad buenista de creer que "hablando se entiende la gente". No, en su primera legislatura traspasaron todos los límites morales y legales (ahí está bloqueada la instrucción del caso Faisán para dar constancia de ello) con tal de lograr su presunto objetivo y sólo consiguieron revitalizar a la banda en una de las fases más debilitadas de su historia.

Pese a que la clase política se las ha arreglado para desactivar la rebelión cívica de las víctimas, no deberíamos permitir que Zapatero reiniciara un proceso de claudicación frente a los terroristas que sólo serviría para darles un nuevo aliento de seguir asesinando a españoles con la esperanza de establecer su dictadura en el País Vasco. Rosa Díez parece sospechar que el Gobierno, nuevamente, miente: ve mucho "cabo suelto" con los etarras. Pero para tener éxito en su denuncia, para alertar a la población española de la infamia que puede estar en curso, no debería quedarse en una minoría clamando en el desierto. El PP debería escuchar más a Mayor Oreja y menos a Rubalcaba: el primero nunca les ha fallado, el segundo nunca les ha dejado de traicionar.

Libertad Digital - Editorial

Zapatero se acuerda ahora de Rajoy

MAÑANA, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibirá a Mariano Rajoy para hablar de la crisis económica y del rescate financiero de Grecia.

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Como es obvio, no cabe poner objeción alguna a encuentros de este tipo, a los que Rajoy siempre ha acudido puntualmente y para los que siempre se ha ofrecido sin condiciones. En un sistema parlamentario, el diálogo Gobierno-oposición debería ser un capítulo normalizado, sin imposturas ni falseamiento, dentro de una política de Estado asumida por ambas partes. Ahora bien, los antecedentes no permiten ser ingenuos cuando el anfitrión es Rodríguez Zapatero. El historial de reuniones con Rajoy demuestra que el jefe del Ejecutivo convoca al líder de la oposición siempre que la situación política le es adversa, buscando con estas citas una excusa para transferir al PP la responsabilidad política de la falta de acuerdos y, en definitiva, de los males de la nación. Casualmente, en su última cita la crisis económica y el Tribunal Constitucional constituyeron el orden del día y, como hoy se comprueba, nada se resolvió entonces.

El nuevo «abrazo» de Zapatero a Rajoy no va a ser un reflejo de la foto entre el jefe del Gobierno de Portugal, José Sócrates, y el líder de la oposición conservadora, Pedro Passos Coelho, unidos en defensa de su país frente a la crisis. La diferencia estriba en que el Gobierno español entrega todas sus opciones políticas a los pactos con los nacionalistas y otras minorías, descartando la única opción realmente válida para un país en crisis como España, que no es otra que el acuerdo de Estado entre PP y PSOE. La estrategia de los socialistas hasta hoy ha sido utilizar estas reuniones para preconstituir dos mensajes: el de que Rodríguez Zapatero hace todo lo que puede para tender puentes y luego, tras hacer imposible el acuerdo con la oposición, el de que Rajoy es un desleal que sólo quiere que las cosas vayan a peor. Nada sería más oportuno que una nueva etapa a partir de mañana, pero el encuentro más parece un balón de oxígeno que un gesto de responsabilidad institucional. Mejor que Zapatero se hubiera acordado de Rajoy cuando lo despachaba con descalificaciones de antipatriota porque le advertía de la crisis. Ha pasado año y medio desde la última reunión y la de mañana se convoca después de que la EPA revele un escalofriante 20,05 por ciento de paro y de que el Gobierno anunciara que va a poner 9.800 millones de euros del rescate a Grecia, cuando hace poco más de una semana el Ejecutivo cifró la aportación española en 3.675 millones de euros. Al menos, Rajoy ya está advertido.

ABC - Editorial

Méndez & Toxo S.L.. Por José García Domínguez

Hoy como ayer, las aguerridas falanges del tercio sindical cumplen su cometido decorativo a cambio de una discreta soldada. Y contra lo que barrunta alguna derecha miope, resultan del todo inocuas.

Cuando el Imperio, en las Cortes sentaban a unos saharauis muy vistosos, con sus chilabas y sus turbantes, que daban el muy preciso contrapunto de variedad cromática al monocorde azul mahón del resto del atrezo. Y a partir de idéntico móvil ornamental, igual desparramaban por el hemiciclo a otros que hacían de obreros, o de productores, que es como había que decirles por entonces a los currantes. Al punto de que hasta tenían jefe, un procurador que salía en el No-Do expresando su más inquebrantable adhesión al Caudillo en un rincón del palco del Bernabeu, el día de San José Artesano, durante la demostración sindical, que caía el primero de mayo.

Desde aquello algo ha llovido, aunque no tanto. De hecho, si Cándido Méndez no gastara esa ostentórea panza suya, el sábado podría haberse marcado una tabla de gimnasia en loor de Zapatero y Sonsoles, y ya nadie hubiera notado la menor diferencia con lo de antes. Así, ante el siniestro total del empleo en España, los probos funcionarios de Comisiones y UGT se echaron a las calles con tal de transmitirnos su íntima, desgarradora angustia por el devenir procesal de cierto prevaricador presunto; y para expresar el más decidido repudio a la política económica de... Angela Merkel. Que se vayan preparando, pues, Sarkozy y Berlusconi: en la próxima EPA ya irán a por ellos sin más contemplaciones.

Lo dicho, sólo faltaron unos colchones de espuma sobre el asfalto, los precisos con tal de que los compañeros dieran unas rítmicas volteretas en agradecimiento al benefactor del proletariado que mora en esa tierra de nadie que media entre el Limbo y La Moncloa. Por lo demás, hoy como ayer, las aguerridas falanges del tercio sindical cumplen su cometido decorativo a cambio de una discreta soldada. Y contra lo que barrunta alguna derecha miope, resultan del todo inocuas. Cándido y Toxo son dóciles tigres de papel, serviciales cancerberos al servicio del poder constituido que jamás habrían de incordiar a la mano que les da de comer. Frente a lo que sostiene la doctrina apocalíptica al uso, encarnan la principal garantía, que no la suprema barrera, para iniciar ese plan de ajuste que Zapatero se niega a emprender. Y es que no somos Grecia: allí hay sindicatos.

Libertad Digital - Opinión

Dolorosa cura para Grecia

DESPUÉS de un interminable debate, los países miembros del euro han acordado poner en marcha el mecanismo de salvación de la economía griega.

Es de esperar que la iniciativa se materialice, porque hasta ahora las autoridades europeas y de los grandes países como Francia y Alemania han hecho todo lo posible por disimular una gangrena que está amenazando el prestigio de la moneda única. Las previsiones sobre las necesidades de Grecia han ido empeorando día tras día, y lo que los ministros de Economía de la «zona euro» acordaron ayer en Bruselas representa el último paso antes de que la moneda única se asome al abismo, porque ni siquiera un esfuerzo financiero de este tamaño -alrededor de 110.000 millones de euros- garantiza que el desastre no se produzca y que la Unión Europea salga ilesa de una crisis que supondría un colapso de la moneda única.

El principal interrogante lo constituye saber si Grecia será capaz de cumplir el plan de recorte de gastos al que se ha comprometido, sin precedentes en la historia reciente en tiempos de paz. Con bruscas subidas de impuestos y brutales recortes en la Administración, la cura amenaza con ser -al menos al principio- muy dolorosa, porque hará que la economía se hunda un poco más, aunque con la esperanza lejana de que, dentro de cuatro o cinco años, los griegos puedan volver a respirar. En cierto modo, y a cambio del crédito, Grecia ha perdido su soberanía, pero bastaría una espiral de protestas para hacer la situación incontrolable, lo que terminaría por afectar también a los que firman este préstamo y a la UE.

Para los griegos se ha terminado el espejismo festivo que provocó en muchos países la llegada del euro, que hizo ricos de repente a economías nacionales cuya falta de productividad se escondía con devaluaciones periódicas y en las que nunca llegaba la hora de introducir reformas que habrían sido mil veces menos traumáticas que los recortes que impone ahora la emergencia de la crisis. España no es Grecia, pero se encuentra entre los países que necesitan ajustar su economía hacia una mayor productividad con reformas profundas, antes de que sea demasiado tarde.

ABC - Editorial

Camarada García. Por César Vidal

Las imágenes se han convertido en un verdadero éxito en Youtube. Su protagonista es la concejala delegada de acción social y familia, fomento, promoción, desarrollo económico y empleo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Carmen García.

Con micrófonos y cámaras delante, la camarada García comenzó a realizar afirmaciones como que «no hay peor desgraciado, no solamente no tener dinero, sino votar a la derecha»; o que a la derecha le «importa una puñetera mierda absolutamente todo». El asunto tenía su aquel porque toda la cólera de la camarada García procedía del intento de los concejales del PP de que se aclarara un asunto de enchufismo en el municipio. Ni corta ni perezosa, la camarada García señaló ante las cámaras que «me entran ganas de darle dos galletas en la cara y ponerle la cara morá» añadiendo: «Me parece mentira que tengan todavía algo y no le escupan en la calle en la cara». Naturalmente, consciente de su papel de portavoz de una visión progresista de la política, la camarada García aprovechó para arremeter contra los causantes de la crisis económica que no son otros que los empresarios, la banca y Aznar ya que ahora están llegando a su final los contratos que se firmaron en su época.

Puede entenderse que con semejante bagaje político y, sobre todo, con semejantes declaraciones, la oposición solicitara a la camarada García que pidiera disculpas. La reacción de la camarada García no pudo ser más inequívoca: «No me disculpo porque no me sale del coño». Se puede decir que la camarada García es una excepción en la política nacional. Yo, sin embargo, pienso lo contrario. A decir verdad, creo que la camarada García está hecha de la misma pasta que los dirigentes sindicales y políticos que se manifestaron el primero de mayo. Obsérvese que no digo los sindicalistas, porque sería injusto. De hecho, UGT y CCOO no han logrado ni movilizar para las manifestaciones a todos sus liberados. Pero volvamos a lo nuestro. El mensaje de la camarada García es obvio. Primero, la derecha – a la que vota media nación– es malvada y no siente el menor interés por nadie. Segundo, es incomprensible que la gente no los escupa por la calle. Tercero, lo menos que se merecen son un par de guantazos por cuestionar los trinques de la izquierda. Cuarto, la culpa de todo lo que sucede no tiene nada que ver con la izquierda sino que es cosa de los empresarios, la banca y Aznar que, al parecer, firmó unos contratos laborales que, por razones desconocidas, se han terminado en la época de ZP. Sonroja, pero así es, por desgracia, la izquierda española: prepotente, ignorante e incapaz de asumir las responsabilidades propias. La realidad objetiva no es, sin embargo, para llegar a esas conclusiones. Por ejemplo, en los últimos treinta años, los periodos de gobierno del partido socialista han ido siempre acompañados de unas tasas de desempleo espectaculares que han condenado a la indigencia a millones de españoles o los sindicatos UGT y CC OO no han dejado de ver aumentados sus presupuestos sobre la base no de sus afiliados sino de nuestros impuestos sin que por ello hayan avanzado medidas que sirvan para acabar con el desempleo o el aumento del empleo y del bienestar sólo se ha dado de la mano de gobiernos de derechas que siguieran además recetas liberales. Esa es la realidad indiscutible. Lo demás es demagogia, pero ¡a ver quién se arriesga a decírselo a la camarada García!

La Razón - Opinión

Los políticos despilfarran, los ciudadanos pagan

Mucho se ha hablado en los últimos años de hiperregular las actividades de los bancos para evitar que en el futuro volvieran a tener que ser rescatados. No estaría de más que ahora se propusieran medidas similares para el sector público.

Decía José María Aznar, cuando todavía era líder de la oposición ante una de las administraciones más despilfarradoras de nuestra historia, que "cuando los gobiernos son austeros, las sociedades son prósperas". En realidad, habría sido posible invertir los términos para decir que cuando los gobiernos son manirrotos, las sociedades tienden a hundirse en la miseria.

Esta triste verdad la han ido descubriendo con crudeza los países hispanoamericanos y africanos a lo largo de los últimos 60 años. Gobernados por oligarquías populistas y corruptas que sólo aspiraban a esquilmar a sus ciudadanos para mantener y sufragar sus privilegios, en algún momento alcanzaron un endeudamiento público de tal cuantía que sólo les quedaron dos alternativas que ayer resumió perfectamente el primer ministro griego: o catástrofe o sacrificios.

La vía catastrófica está representada por la quiebra del Estado. Las naciones bananeras a cuyos gobiernos no les importa nada el futuro de sus ciudadanos han recurrido a ella con frecuencia. Es la manera fácil de resolver un exceso de endeudamiento –no pagar– pero las consecuencias se dejan sentir durante décadas. En concreto, los inversores internacionales dejan de comprar la deuda pública y privada de esa nación salvo a tipos de interés estratosféricos, es decir, el país pasa a convertirse en una autarquía financiera. Durante tanto tiempo dejan sentirse los efectos de una suspensión de pagos que la Rusia postsoviética tuvo que amortizar las deudas que Lenin había impagado 80 años antes para que los mercados financieros internacionales le volvieran a abrir las puertas.

La alternativa a la catástrofe pasa por los sacrificios. Lo habitual es un duro plan de ajuste redactado por el FMI para consolidar el presupuesto aumentando impuestos y recortando los servicios públicos y para congelar o rebajar salarios. De ahí que el FMI haya tenido tan mala prensa en todo el mundo: siempre que era necesario introducir un poco de racionalidad a unas finanzas emponzoñadas por los políticos locales, llegaba el Fondo con un proyecto muy duro en el que tenía que hacerse en dos o tres años lo que debería haberse hecho en lustros. El cortoplacismo del electorado –perjudicado de inmediato por los mayores impuestos, las menores dádivas estatales y los sueldos estancados– se volvía contra el FMI cuando, en realidad, debería haberse dirigido contra sus mandatarios.

Grecia, de la mano de los socialistas, está sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de mantener unos presupuestos desequilibrados y falsificados durante más de diez años. Los políticos se volvieron adictos al gasto y a la deuda y ahora les toca a los helenos pagar la factura. De momento no han optado por impagar, pero la alternativa no va a ser fácil de soportar con una clase política y sindical que sólo compite en irresponsabilidad con la española. Papandréu ha presentado el plan que le exigía Merkel para contar con unas mínimas garantías de que el país podía salir adelante y devolver los 110.000 millones del plan de rescate: reducción drástica del gasto corriente en funcionarios, congelación de los salarios en el sector privado, rebaja de las pensiones y aumento de impuestos indirectos.

Todo lo cual significa que durante muchos años los griegos van a tener que trabajar no para consumir, ni para amasar un mayor patrimonio, sino para devolver el dinero que dilapidaron sus políticos. Es decir, los griegos sufrirán una reducción muy apreciable en su calidad de vida como consecuencia directa de las desmedidas capacidades de gasto con las que contaron sus gobernantes.

Mucho se ha hablado en los últimos años de hiperregular las actividades de los bancos para evitar que en el futuro volvieran a tener que ser rescatados. No estaría de más que los mismos que pretenden controlar hasta el último rincón del sector privado propongan ahora medidas similares para el público. Por ejemplo, podríamos empezar por restablecer la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada durante la segunda legislatura de Aznar y que Zapatero rápidamente derogó. Sería un primer paso que, al menos en España, necesitamos con urgencia. En caso contrario, podemos empezar a tomar nota de los padecimientos de los griegos.

Libertad Digital - Editorial

Austeridad de boquilla

EL recorte de altos cargos y empresas públicas decidido en el último Consejo de Ministros ha sido un espejismo de austeridad para compensar el descontrol del gasto en personal público que se está acumulando desde principios de año.

El Gobierno suprimió varias direcciones generales; incluso alguna vacante desde hacía semanas, y otros puestos, pero el ahorro de esta medida rondará sólo los dieciséis millones de euros. Además, en muchos casos eran puestos ocupados por funcionarios de carrera, que siguen, como es obvio, al servicio de la Administración. El problema, sin embargo, reside en los gastos discrecionales relativos a la contratación de personal eventual y a los incentivos. En el mes de marzo se ha producido un desfase presupuestario del 8,6 por ciento. Es decir, se está gastando en esas partidas mucho más de lo previsto. En total, 161 millones de euros.

Estos datos demuestran que el Gobierno no tiene una voluntad real de aplicar un recorte drástico a los gastos de personal, sobre todo cuando es posible hacerlo sin tener que alterar la situación de los funcionarios de carrera. El debate sobre la función pública, como uno de los agujeros del déficit, debe contar con datos reales, más allá de la demagogia y el populismo.

El descontrol presupuestario se centra en los gastos que el Gobierno puede evitar perfectamente, simplemente decidiendo no contratar más personal eventual y estableciendo reglas de eficiencia en el trabajo de los funcionarios. Lo mismo, y con igual rigor, cabe decir de las administraciones autonómicas, emplazadas a asumir su cuota de responsabilidad en la contención del gasto no productivo.

El Gobierno está jugando irresponsablemente con la situación del déficit. Habría estado más justificada la supresión de ciertos ministerios -como le ha demandado el Parlamento en más de una ocasión- que la de algunas direcciones generales eliminadas el pasado viernes. Es inútil recortar el gasto de personal en dieciséis millones cuando, al mismo tiempo, se siguen contratando eventuales. La gestión interna de la Administración Central del Estado y de las administraciones autonómicas debe basarse en los funcionarios, y si se quiere realmente contribuir al control del gasto público hay que empezar por suprimir las legiones de asesores y gabinetes que pueblan los edificios públicos y supervisar el destino de cada céntimo. Mientras no se afronte esta hemorragia de los gastos corrientes, decisiones como la del Consejo de Ministros del pasado viernes quedarán reducidas a un brindis al sol.

ABC - Editorial

Zapatero, desbordado. Por José María Carrascal

ESTO, señoras y señores, no da más de sí. Me refiero a la era Zapatero. Nuestro presidente se encuentra desbordado por todos los flancos, el doméstico y el internacional, el económico y el político.

Todos sus planes se han venido abajo: las medidas anticrisis, la negociación con ETA, la presidencia europea, el estatuto catalán. Incluso cuantas más mujeres mete en el gabinete, más mujeres son asesinadas por sus parejas y hasta su equipo, el Barça, pincha en la Liga de Campeones. ¿Qué está haciendo ante el problema griego? Absolutamente nada. Todo el protagonismo se lo llevan Ángela Merkel, Van Rompuy, Sarkozy o cualquiera que pase por allí. Él bastante tiene con repetirnos que no somos Grecia y que la recuperación está a la vuelta de la esquina. Patético. El último ridículo, pues ha perdido hasta ese sentido, es ese anuncio de reducir altos cargos y empresas públicas, que supondrá un ahorro de 16 millones de euros. ¿Saben ustedes cuánta es la deuda española que caduca este año? Pues nada más y nada menos que 225.000 millones de euros. No han leído mal, doscientos veinticinco mil millones de euros. ¡Y quieren refinanciarlo ahorrando dieciséis! O creen que los demás son tontos o los tontos son ellos. Claro que, acostumbrados a que los españoles nos creamos todas sus mentiras, tal vez esperan que las crean los extranjeros. ¡Pero menudos son los inversores! Esos las ven venir y refinanciar esa deuda va a costarnos un ojo de la cara, como a los griegos les cuestan los dos refinanciar la suya.

¿Qué va a hacer este hombre, más sólo que Gary Cooper en la famosa película? Pues lo de la recuperación en puertas no se lo cree ni él, ya han visto que cambió «el mes que viene» por «los próximos meses» y que cifra su mayor logro en que «el 80 por ciento de los parados tienen cobertura». Si todo cuanto hace frente a la crisis se reduce a pagar el seguro de desempleo, ¿qué va a hacer cuando todos estemos en el paro menos él?

Tiene ante sí dos caminos: o seguir instalado en la ilusión y la mentira en espera del milagro o dar un giro de 180 grados a su política económica -si puede llamarse política económica a lo que viene haciendo- y se pone a hacer lo que le recomiendan todos los expertos y organismos nacionales e internacionales: recorte a fondo del gasto público, incluido el social, reformas del mercado laboral, congelación de sueldos y salarios, retraso de la edad de jubilación y otros malos tragos por el estilo.

Conociéndole, sabemos que elegirá la primera opción. No porque desconozca que la segunda es la correcta -hasta ese punto no llega su ignorancia-, sino por ser una de esas personas incapaces de admitir que se ha equivocado. Como la mayoría de los incapaces. Así que, señoras y señores, abróchense los cinturones de seguridad.

ABC - Opinión

Batasunos en libertad

En los últimos días hemos asistido a una secuencia de acontecimientos relacionados con el mundo de ETA y de Batasuna que han provocado estupor y que han despertado la lógica inquietud en la sociedad y, muy especialmente, en las víctimas del terrorismo.

Que se atribuya a la casualidad la puesta en libertad de 22 miembros destacados de Batasuna, el esperpéntico episodio de la salida de prisión de Rafael Díez Usabiaga, la no menos chocante liberación del ex cabecilla terrorista Iñaki de Rentería o la insólita desaparición del asesino múltiple Ignacio de Juana Chaos es una interpretación que algunos asumirán con rapidez para no dar crédito a otros escenarios mucho más desasosegantes. La cascada de responsables del brazo político de ETA que han abandonado las prisiones en los últimos cuatro meses, adelantada el sábado por LA RAZÓN, se llevó a cabo con la oposición de la Fiscalía y de las acusaciones en la mayoría de las ocasiones. Hablamos de personas encausadas por delitos importantes relacionados con los distintos intentos de sucesión de la formación ilegalizada Batasuna, organización, no lo olvidemos, integrada en la banda terrorista.

Algunos colectivos cívicos, como Dignidad y Justicia, han denunciado que se trata de una estrategia y un montaje para que un sucedáneo batasuno se pueda presentar a las próximas elecciones municipales y se escenifique en la calle la ruptura entre ese colectivo y la banda que tantos años nos han vendido como inminente y que nunca se ha producido. Es una lectura probable, que sólo el tiempo demostrará si es acertada o no. Sin embargo, creemos que con seguridad los proetarras intentarán de nuevo «colar» una de las denominadas listas blancas en los próximos comicios, porque el coste económico y político para la estrategia de ese mundo de quedarse fuera de las instituciones podría ser definitivo en su creciente aislamiento.

El Gobierno y el Estado de Derecho se enfrentarán en los próximos meses a otra reválida sobre su compromiso con la exitosa política antiterrorista actual. Que se repitieran escenas como las de hace cuatro años con candidaturas proetarras admitidas prácticamente «a dedo» o años antes cuando se hizo la vista gorda con el Partido Comunista de las Tierras Vascas representaría un paso atrás grave. Esperamos que no sea así y que el principio de legalidad se imponga con rigor sin atajos ni medias verdades. Porque, de momento, no hemos oído a nadie de Batasuna, a ninguno de esos 22 dirigentes puestos en libertad contra el criterio del Ministerio Público, expresar su rechazo y su condena de la violencia terrorista.

Entendemos y compartimos la inseguridad y el desconcierto de los ciudadanos y de las víctimas ante las noticias de los últimos días. Nos parece un acto de responsabilidad que Mariano Rajoy pidiera explicaciones al Gobierno por la fuga de De Juana y la excarcelación de Usabiaga. Que el Ejecutivo lo desoyera e incluso dudara del apoyo del PP a la lucha antiterrorista ha estado fuera de lugar. La unidad política resulta imprescindible en la derrota de ETA, pero eso no significa que el PP deba renunciar a su deber de controlar al Gobierno también en este asunto.

La Razón - Editorial

Demostración sindical. Por M. Martín Ferrand

HAY pancartas que, más que un grito en la calle, son denuncia de la intención oculta de quienes las portan. Quien escribe, aunque sólo sea una frase, se retrata.

Incluso se radiografía y, quizá por eso, los malvados ágrafos son más difíciles de detectar que los grafómanos. Ayer, 1º de Mayo, asistimos a una auténtica «demostración sindical», tal y como las que organizaban José Antonio Girón, Fermín Sanz-Orrio, Jesús Romeo Gorría o Licinio de la Fuente; pero sin danzas ni gimnasia en el Bernabéu. ¿Cabe mayor demostración que una pancarta «por el empleo con derechos y la garantía de nuestras pensiones»? El empleo ha de tener derechos, no necesariamente obligaciones, y las pensiones a defender son las «nuestras», en ningún caso las ajenas.

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, «compañeros del metal» y líderes por advenimiento de las mayores centrales sindicales españolas, reclamaban ayer un acuerdo para la reforma laboral entre el Gobierno y los «agentes sociales». Al hacerlo, se atribuían así mismos una representatividad que no tienen y le otorgaban a la patronal la que tampoco les corresponde. Una cosa es que, por miedo a una huelga, José Luis Rodríguez Zapatero trate de escurrir el bulto con la pretensión de que esos «agentes sociales» -¿quién les habrá dado tan equívoca titulación?- acuerden el marco para las relaciones entre empleados y empleadores y otra muy distinta que ello sea posible o, incluso, conveniente. El esqueleto, y buena parte de la chicha, de nuestra normativa laboral vigente es preconstitucional, arranca del sindicalismo vertical que ampararon los ministros franquistas citados más arriba. ¿Es eso lo que se quiere perpetuar?

La porción económica y social de la grave crisis que padecemos es, también, responsabilidad directa del Gobierno. Le corresponde tomar la iniciativa y someterla al Parlamento, no a los «agentes sociales», un estrambote del sistema cuya representatividad es escasa y que, a juzgar por los hechos y según pueden testificar cuatro millones y medio de parados, están más animados por el servicio político que por el interés de los trabajadores, con o sin puesto de trabajo, y de los empresarios, grandes, pequeños o autónomos en apuros. Los supuestos de nuestro presente laboral son insostenibles en lo público y en lo privado. Habrá que cambiarlos digan lo que digan las pancartas y sus portadores.

ABC - Opinión

Catalina II y el príncipe Potiomkim. Por Jesús Cacho

“Estamos jodidos con mi paisano Zapatero”, escribe un lector de El Confidencial esta misma semana.

“Lo conozco mucho personalmente, porque tomé vinos con él por el Barrio Húmedo leonés y más de una vez viajamos juntos en coche, con otros diputados, desde Benavente a Madrid. Nunca dio la impresión de ser muy listín, pero lo que siempre me admiró fue su condición de gorrón recalcitrante: José Luis ni ponía coche, ni hacía ademán de pagar el peaje, y mucho menos sacar la cartera si teníamos que visitar una gasolinera. Todos pagábamos menos él. Alguno se descaraba y le afeaba la conducta, pero el tío se hacia el distraído y hasta la próxima. Y si te lo encontrabas en el bar del Congreso, se escabullía para no tener que invitarte a un café. Nada de nada. Y nunca. Un caso de libro de no saber andar por la vida. De modo que estamos superjodidos, Jesús, porque si éste tiene que arruinar España para seguir en el machito, lo hará, no te quepa la menor duda”.

Más allá del valor de lo meramente anecdótico, el relato pone en evidencia un rasgo definitorio del carácter de un hombre preocupado por sí mismo y su carrera, con desprecio de todo lo demás. Un hombre todo ambición, desde luego, pobremente pertrechado, en lo que a cualificación intelectual y experiencia profesional se refiere, para la tarea de presidir el Gobierno de un país desarrollado, a quien de pronto el edificio se le ha venido encima o tal parece. Y a nosotros con él. Habían repetido hasta la saciedad que nunca llegaríamos a tasas de desempleo del 20% de la población activa. Ya la hemos rebasado. Un país donde 20 de cada 100 personas que quieren trabajar no pueden, es un país enfermo, aquejado por graves problemas estructurales y obligado a movilizarse frente a una situación que cualquier sociedad libre calificaría de emergencia nacional. Ahora, el eslogan oficial que el aparato de agitación y propaganda de Moncloa ha empezado a expender en plaza pública es que nunca llegaremos a los 5 millones de parados. Ojalá acierten, por una vez, aunque todo apunta a que a final de año estaremos por encima de ese nuevo tope. Si el Gobierno Zapatero fuera tan bueno gestionando la economía española como lo es mintiendo y/o enmascarando la realidad, España sería el país más rico del mundo y los españoles nadaríamos en la abundancia.

El mismo miércoles en que se conoció “por error” la EPA del primer trimestre del año, la agencia Standard & Poor's volvió a rebajar el rating de España un grado, desde AA+ hasta AA, manteniendo, además, la perspectiva negativa para la deuda pública de nuestro país, lo que indica que podría haber nuevas rebajas en el futuro, un movimiento que sigue a la decisión de la misma agencia de degradar hasta el nivel de bono basura la deuda griega y portuguesa. El mundo empresarial y financiero español vive desde entonces en una permanente sensación de pánico. “Esto se va a la mierda”, es la expresión más oída estos días en labios de gente muy principal. Sería interesante, por eso, conocer lo que el Banco de España sabe sobre la salida de capitales al exterior, aunque tal vez sea mejor no mentar la cuerda en casa del ahorcado. Como viene ocurriendo con un Gobierno de indigentes como el que preside Rodríguez Zapatero, lo peor es que esto se veía venir. Y también lo que está por llegar.

El Tesoro Público como pozo sin fondo

Lo hemos reiterado en esta columna casi hasta la saciedad. Desprovisto desde la entrada en la UE del mecanismo del tipo de cambio como palanca amortiguadora de los shocks de oferta y de demanda a los que se enfrentaba la economía española tras el estallido de la crisis, el Gobierno tenía que haber acometido de urgencia, ya en 2008, el saneamiento integral del sistema financiero, particularmente en lo que al subsector de Cajas se refiere, como requisito ineludible para que el crédito hubiera vuelto a fluir hacia particulares y empresas. De forma paralela o inmediatamente después, en todo caso en 2009, el Ejecutivo tendría que haber acometido un plan de ajuste drástico del gasto público, enviando a los mercados un mensaje de austeridad imprescindible para seguir contando con su confianza a la hora de financiar un déficit público que se te ha ido de las manos porque, José Luis, siempre pensaste que el Tesoro Público era una especie de pozo sin fondo (de un superávit de las cuentas públicas del 2,7 pasamos en un santiamén a un déficit del 11,4), del que se podía tirar ad aeternum para satisfacer el apetito de subsidios de los grupos que te sostienen en el Poder. Y, finalmente, tendría que haber acometido un plan liberalizador integral, basado en esas reformas estructurales por las que viene clamando cualquier profesional de la Economía desde hace tiempo, entre ellas, pero no solo ella, una reforma laboral que ayude a crear puestos de trabajo, no a destruirlos, asunto, José Luis, al que se opone frontalmente tu ministro de Trabajo en la sombra, el señor Méndez.

Entre refinanciaciones y créditos nuevos, España necesita emitir este año deuda pública por importe de 215.000 millones. ¿Quién la comprará?

Nada se ha hecho en este sentido. Todo sigue pendiente. Al dramatismo de la coyuntura, el Ejecutivo ha respondido con actuaciones populistas, fragmentarias e incoherentes, una política no solo ineficaz para combatir el desplome económico, sino incapaz de insuflar la imprescindible confianza en los agentes económicos sobre una pronta recuperación. El resultado del aumento del binomio gasto/déficit público no solo no ha servido para aminorar la trayectoria bajista del ciclo, sino que ha creado, además, una situación lesiva para la recuperación de la economía, cuya financiación se traducirá en una reducción de los recursos disponibles para el sector privado, lo que a su vez generará un efecto contractivo adicional. Por si esto fuera poco, la acumulación de deuda pública y privada en un entorno de recesión y de restricción crediticia amenaza con cerrar a cal y canto los flujos de crédito internos y externos a la economía española. En ausencia de un giro radical de la política fiscal, España se enfrenta a una crisis de deuda, esto es, a una eventual suspensión de pagos técnica como ya sucedió con el Reino Unido en 1976 y ahora mismo amenaza a Grecia. El dead line está ya muy cerca: el mes de julio,

¿Dónde está el problema? En la desconfianza radical que se ha instalado entre inversores, analistas y mercados en general sobre la capacidad del Gobierno Zapatero para hacer frente a la situación. Le ha costado, cierto, pero el ancho mundo ha terminado por darse cuenta de la calidad del paño que los españoles guardábamos en el arca de Moncloa. Arranque de un artículo aparecido en France-Soir el 14 de marzo pasado: “Han tardado seis años en descubrir que detrás de la sonrisa de Zapatero sólo había un mal gobernante, pero los principales líderes europeos ya conocen al presidente español, al que dan de lado y consideran un político dañino para España y para Europa”. La rebaja del rating de la deuda española significa, de entrada, que va a ser más difícil refinanciar esa deuda, y además a un mayor coste. Y que tanto las Administraciones como las empresas, por no hablar de los particulares, van a tropezar con creciente dificultades para conseguir crédito y van a tener que pagarlo mucho más caro.

Un grado de cinismo difícilmente soportable

Entre refinanciaciones y créditos nuevos, España necesita emitir este año deuda pública por importe de 215.000 millones. ¿Quién la comprará? ¿A qué precio? El Gobierno había anunciado para este viernes un magno plan de recorte del gasto en la Administración del Estado. Era un buen punto de partida para calibrar hasta qué punto el insensato que nos Gobierna estaba concernido por la situación y decidido por fin a tomar medidas drásticas. A la hora del almuerzo, sin embargo, la montaña del Consejo de Ministros parió, por boca de las dos vicepresidentas, un ratón paticorto y bobalicón: suprimir 32 altos cargos y reducir en 29 el número de empresas participadas por el grupo SEPI y los ministerios, todo ello para ahorrar… ¡16 millones de euros al año! Definitivamente esto no tiene remedio. Carente de voluntad política para afrontar el ajuste necesario, prisionero como es del voto más radical y menos dinámico de la sociedad, José Luis Rodríguez Zapatero es incapaz de gestionar una crisis como la que padecemos. Estamos gobernados por un necio, irresponsable y dogmático, y solo cabe esperar el milagro de un adelanto de las generales -cuanto antes mejor-, y pedir a los mercados que se apiaden de nosotros.

Y blindarse ante la sensación creciente de falta de respeto. Cada día resulta más difícilmente soportable el grado de cinismo que exhibe el Ejecutivo a la hora de tratar de enmascarar la situación. “Son medidas rotundas” (De la Vega el viernes, al referirse a los 16 millones de marras). “No es el momento ya de hablar de crisis económica" (Elena Salgado). Es evidente que un Gobierno, cualquiera, está obligado a transmitir serenidad y confianza aun en las condiciones más difíciles, pero de ahí a tratar a los gobernados como tipos obtusos a los que se puede manipular a placer media el abismo que separa la vergüenza torera de la indecencia más absoluta. Todo en este Gobierno es embeleco. Cartón piedra. Propaganda. Herederos de aquel príncipe Potiomkim, capaz de tomar las medidas necesarias para que los territorios que la emperatriz Catalina II visitaba (caso de un célebre viaje a la Crimea recién anexionada en 1787) pareciesen más ricos y poblados de lo que eran en realidad, llegando incluso a construir falsos pueblos. También a nuestra castiza Isabel II le engañaron con algo parecido. En la España del 2010 todos somos tratados como Catalina II por su Grigori Potiomkim. Con Garzones como reclamos y conflictos civiles que ganar setenta años después de perdidos. Y mucha legislación radical: Ley de Igualdad de Trato, Ley de Libertad Religiosa… Es lo que se nos viene encima, lo que nos espera de aquí al final de la Legislatura. Lo que sea necesario para enmascarar su incapacidad para sacar al país del atolladero.

El Confidencial - Opinión

Lo que España tiene que aprender de Grecia. Por Emilio J. González

En España hay donde aplicar la tijera con fruición, por ejemplo, acabando con todos esos derroches que suponen el Plan E, el Plan Renove y demás ocurrencias salidas de esa caldera hirviente donde se cocinan las ideas económicas de Moncloa y sus aledaños.

Grecia es un ejemplo de lo que le puede pasar a España como el Gobierno siga engañando con las estadísticas económicas –véase su intento de maquillar los datos de la EPA que acaba de publicar el INE– y, sobre todo, cómo el Ejecutivo continúe de brazos cruzados frente a la crisis, a la espera de que se produzca una casi imposible recuperación económica de la UE que, como un milagro, nos saque de ésta. Pero lo que no es el país heleno es el ejemplo de las medidas que hay que tomar para resolver los graves problemas financiero-presupuestarios que atraviesa España.

Los griegos han optado por elevar drásticamente los impuestos y recortar el sueldo de los funcionarios. Lo primero tiene toda su lógica en un país en el que el fraude y la evasión fiscal han sido una constante a lo largo de las últimas décadas. Es un caso muy parecido al de los países latinoamericanos con peor comportamiento presupuestario, en especial Argentina, en los que el Estado gasta sin tener recursos para ello porque todo el que puede evita el pago de impuestos como sea. Claro que, todo sea dicho, esto ocurre en naciones en las que los líderes políticos merecen poca o ninguna confianza al contribuyente que, como es lógico, trata de evitar que le metan la mano en la cartera para que su dinero termine en la cuenta corriente en Suiza, Bahamas o las Islas Caimán de cualquier miembro del Gobierno o de la Administración. Que también ha pasado en Grecia, dicho sea de paso, con lo cual el país heleno tiene que tirar por el camino de incrementar los ingresos, aunque la verdad es que la mejor forma de hacerlo sería perseguir el fraude fiscal y la corrupción y no tanto el aumento de la presión fiscal. En cuanto al sueldo de los funcionarios, probablemente los griegos no tengan mucho más margen para recortar el gasto público, tal y como les ha recomendado el FMI.

Con España, sin embargo, la cosa es distinta. Yo, desde luego, en una agenda de recorte del gasto público no daría prioridad al sueldo de los funcionarios, al menos de los del Estado, por varias razones. En primer término, porque aquí hay donde aplicar la tijera con fruición, por ejemplo, acabando con todos esos derroches que suponen el Plan E, el Plan Renove y demás ocurrencias salidas de esa caldera hirviente donde se cocinan las ideas económicas de Moncloa y sus aledaños. Por ejemplo, también, en el dineral que Zapatero está dedicando a promocionarse por el mundo como gran líder internacional, dando ayudas para construir el metro de Hanoi, repoblar de árboles zonas de Afganistan, ayudar a las asociaciones homosexuales de Zimbawe, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez hecho esto, la segunda prioridad sería embridar a las autonomías, auténticas fuentes de derroche de los dineros públicos, empezando por reducirles drásticamente las transferencias de recursos desde el Estado para obligarlas a apretarse el cinturón, o a subir los impuestos si quieren seguir gastando como lo vienen haciendo hasta ahora y hacerlas responsables directos ante los ciudadanos de sus políticas de derroche. Y, por último, pero no menos importante, acabaría de un plumazo no solo con los miles de asesores que pueblan el Estado y las administraciones territoriales, cuya finalidad es, sobre todo, la de proporcionar puestos de trabajo bien remunerados a los amigos del partido y afines, sino también con aquellos departamentos inútiles, como los ministerios de Igualdad y Vivienda o la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, ya saben, la de Chaves.

Lo que desde luego trataría de evitar por todos los medios es tocar el sueldo de los funcionarios y ello por varios motivos. En primer término, porque muchos de ellos, sobre todo los del Estado, tienen retribuciones más bien escuetas. Es verdad que disfrutan de un empleo garantizado de por vida y que también tienen que asumir su parte en los sacrificios que tenemos que hacer los españoles para salir de la grave situación en que nos ha metido el Gobierno. Pero también resulta igualmente cierto que muchos de ellos apenas sobrepasan los mil euros mensuales. En segundo lugar, una de las cosas que necesita España para salir de la crisis es aumentar el consumo. Si alguien puede hacerlo en estos momentos son los funcionarios, que no se enfrentan a las incertidumbres laborales del resto de los trabajadores y, por tanto, no necesitan incrementar su nivel de ahorro por lo que pueda venir en el futuro, ya que para ellos el futuro económico está asegurado. En consecuencia, yo no tocaría esta partida salvo que fuera estrictamente necesario.

En cuanto a los impuestos, el problema en España es que en los años de la burbuja las Administraciones Públicas han contado con fuertes ingresos extraordinarios, relacionados con la tributación de la vivienda, que han desaparecido de un plumazo en cuanto la situación ha estallado. Dichos ingresos se han utilizado para expandir el gasto sin razón. Pues lo lógico es que la estrategia sea ahora la contraria, es decir, la de acabar con todos esos pagos innecesarios, empezando por los coches oficiales y demás gastos de representación, con el fin de ajustarlos a los verdaderos flujos de entrada de dinero en las arcas públicas y permitir, además, rebajas fiscales que ayuden a las empresas y autónomos a sobrevivir y, posteriormente, crear empleo. En este sentido, resulta del todo punto contraproducente, como ya hemos escrito en repetidas ocasiones los columnistas de Libertad Digital, la subida del IVA que entrará en vigor en julio porque segará de raíz los incipientes brotes verdes que empiezan a asomar en algunas comunidades autónomas bien gestionadas, como la de Madrid, para devolvernos de hoz y coz a la recesión.

En resumen, lo que tenemos que aprender de lo que está sucediendo en Grecia es lo que nos puede ocurrir a nosotros si no hacemos nuestros deberes, pero de lo que tenemos que olvidarnos es de seguir su estrategia de saneamiento porque las cosas son muy distintas y las causas de la crisis muy diferentes. Lo malo es que a más de uno de los que se mueven por el Gobierno y sus aledaños no hay forma de que le entre en la cabeza que la estrategia de más gasto nos está conduciendo al desastre socioeconómico que refleja la última encuesta de población activa y a la catástrofe financiera que temen los mercados y que las subidas de impuestos agravan aún más si cabe nuestros males, de la misma forma que siguen sin entender que como aquí no haya una reforma laboral de verdad, no sólo vamos a tener crisis para largo, sino que nos vamos a cargar definitivamente el ya de por sí endeble sistema público de pensiones. Avisados estamos.

Libertad Digital - Opinión

La culpa es de Ángela. Por Ignacio Camacho

CUANDO el empleo ofrezca algún síntoma razonable de recuperación en España, lo que ocurrirá bastante más tarde de lo que proclama Zapatero, el presidente sacará pecho y blasonará de haber atravesado la recesión sin graves conflictos sociales.

Desde su particular punto de vista confunde problemas sociales con problemas políticos porque éstos son los únicos que realmente le importan. En el discurso zapaterista, la verdadera preocupación de la crisis consiste en minimizar el descontento electoral que provocan casi cinco millones de parados antes que en encontrar una salida para una quiebra de la que el Gobierno no se siente responsable. De ahí el pacto de hierro que ha sellado con los sindicatos, basado en la extensión de los subsidios que garantizan la paz en la calle. Mientras en fechas como el 1 de mayo no se oiga una sola protesta laboral contra el poder -ayer hubo críticas... ¡a Angela Merkel! por su tardanza en ayudar a Grecia: puro internacionalismo proletario-, la estrategia económica gubernamental estará orientada casi exclusivamente hacia la forma de encontrar el dinero para sostener el gigantesco gasto de cobertura. El déficit sólo inquieta en la medida en que pueda comprometer la financiación de esa inmensa red paliativa.

Por eso, frente a una opinión pública que resalta las escandalosas cifras del paro como el retrato de un fracaso social, el Gobierno las interpreta con una relativa tranquilidad respecto a su grado de influencia en la estabilidad política. Confía en que los subsidios y el amplio colchón de economía sumergida sigan amortiguando la caída de la renta disponible de los desempleados y les permitan mantener una cierta capacidad de consumo. Lo urgente para los intereses políticos, pues, no es tanto impulsar las condiciones de contratación como asegurar el flujo de fondos públicos que evitan el descontento y la conflictividad.

La razón de fondo de esta estrategia es la convicción del presidente de que la crisis se irá tan sola como vino. Zapatero nunca ha dejado de considerar la recesión un accidente externo, una especie de tormenta que acabará alejándose por sí misma a remolque de los complejos procesos internacionales que la desencadenaron. Su prioridad continúa siendo la de resistir, y si ahora esboza amagos de reformas en las que de ninguna manera cree es porque de veras piensa que estamos en un punto de inflexión y necesita tranquilizar a los mercados de deuda que le permiten financiar los mecanismos asistenciales. Su esfuerzo actual se centra en la elaboración de una retórica reformista que eluda la contradicción con su tozudas -y tan recientes- proclamas inmovilistas. Va a chirriar la maniobra, pero ésa es su especialidad; siempre ha sido un experto en reinvenciones de sí mismo. Y si no cuelan, sus complacientes aliados sindicales estarán ahí para oponerse con mucha firmeza a la cicatería prestamista de Ángela Merkel.

ABC - Opinión

Lasarte. Por Alfonso Ussía

Buen piso el de la mamá de Usabiaga en Lasarte. Vive con una hija, y linda puerta con puerta con el de la otra hija, la casada. Esta perfectamente atendida.

Además, que de no estarlo, nada pasaría, porque la mamá de Usabiaga sale de paseo, charla con sus vecinos y compra pastelillos para compartirlos en familia los días de fiesta. La mamá de Usabiaga está como un trueno, de sana y fuerte. Leo en un «puntazo» de LA RAZÓN: «La burla de Usabiaga a la Justicia, al descubierto». Hay que matizar el titular. Usabiaga se ha aprovechado de la Justicia, pero no se ha reído de ella. El que se ha reído de la Justicia ha sido Garzón. El juez en su tramo final ha decidido echar por tierra lo más aceptable y meritorio que llevó a cabo durante su carrera. Ni la mamá de Usabiaga está sóla, ni la mamá de Usabiaga esta impedida y necesitada de los cuidados y mimos de su hijo etarra, ni patatín ni patatán. Un magnífico piso en Lasarte, a dos pasos de San Sebastián, y goza de muy buena salud. Formidable trabajo de Cancio para nuestro periódico.

Lasarte anuncia el viento sur en la costa guipuzcoana. Allí se ubica el complejo industrial de «Lizarriturri y Rezola», que fabrica –o fabricaba–, el conocido “Jabón Lagarto”. Cuando San Sebastián olía a «Lagarto» en la atardecida, se sabía que el día siguiente amanecería tórrido y húmedo. En invierno, el viento sur es una bendición, y en verano, una agonía. También en Lasarte está el Hipódromo. Se construyó por iniciativa del «batasuno y aranista» Alfonso XIII, Rey de España. El Hipódromo es el orgullo de Lasarte, lo que ha salvado a muchos de sus vecinos de la opresión de la aldea. La «batasuna y aranista» Familia Real de España es la causante de muchas de las terribles desgracias sufridas por los guipuzcoanos. Por su culpa, existe el Palacio de Miramar, sobre el Pico del Loro, dominador de las dos playas de La Concha, la del mismo nombre que la bahía y la de Ondarreta.

La Familia Real y los veraneantes de Madrid que arrastraron hasta allí, elevaron a San Sebastián a Capital de España durante el verano. Existen decenas de Reales Sociedades y Reales Clubes por aquella zona, entre ellos la Real Sociedad de Fútbol de San Sebastián, el equipo de todos los guipuzcoanos, auspiciado y realzado por Alfonso XIII. Insisto en el Hipódromo, desde cuyas tribunas se domina la ciudad, antes aldea, de Lasarte. Allí se disputan las más tradicionales carreras de caballos de España, y más aún, desde que los golfos se adueñaron del Hipódromo de La Zarzuela y arruinaron el invento, que no ellos, y de esa época mucho tiene que saber el ex-presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz. Allí en Lasarte se disputa la codiciada «Copa de Oro» en los finales de cada verano, que se instituyó en tiempos del franquismo, y por ende, habrá que suprimirla de acuerdo con la Ley de la Memoría Histórica. Y en Lasarte vive la mamá y la familia de Usabiaga, y hacen muy bien, porque el nivel de vida es alto, las comunicaciones perfectas, y sus entornos, un prodigio de la naturaleza. Bosques de hayas, castaños y robles interminables.

Usabiaga puso la excusa de su madre para salir de la cárcel. Yo hubiera hecho lo mismo. Para recuperar la libertad, el hombre es capaz de inventarse lo que sea. Usabiaga no concretó en su petición al juez en su último tramo, que tenía dos hermanas y que su madre disfrutaba de una salud envidiable. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero Garzón no se esforzó en conocer la situación de la madre del etarra y batasuno, y le abrió las puertas de la prisión. Usabiaga ha hecho lo correcto y lo que se espera de un preso. Garzón no ha cumplido –una vez más– con sus obligaciones y responsabilidades de juez. El que se ha reído de la Justicia ha sido Garzón, no el mentiroso de Usabiaga. A De Juana Chaos le ha sucedido algo parecido. No lo vigilan, pues se ha largado. En este caso, el responsable es el ministro de Interior. En el de Usabiaga, Garzón. O está blindando su seguridad o cumpliendo a rajatabla las indicaciones del Gobierno para alcanzar un acuerdo electoral con las fuerzas etarras. Se puede interpretar así sin caer en la calumnia. Cosas que pasan en Madrid y Lasarte, a un paso de San Sebastián, esplendor de los paisajes del norte de España.

La Razón - Opinión

1 de mayo, sepelio escuálido y triste

Los sindicatos, que son ya inoperantes en todo menos en subsistir como burocracia paraestatal, corren el riesgo de convertirse en algo prescindible e intrascendente, lo cual es una excelente noticia para la sociedad española

Hace unos años nuestro añorado Carlos Semprún Maura decía que las convocatorias sindicales del Primero de mayo se parecían más a un sepelio que a una manifestación propiamente dicha, “con desfiles cada vez más escuálidos, y mítines pocos concurridos”. Aunque hablaba de las que tuvieron lugar por aquella época, año 2004, en Francia, tanto la escualidez como la flojísima entrada de manifestantes eran perfectamente homologables con las españolas.

Hoy, seis años después, sigue siendo así, con la diferencia de que entonces la economía se encontraba en plena onda expansiva y hoy la destrucción de empleo alcanza cotas nunca vistas antes, al menos en lo que toca a España. Los sindicatos siguen retozando en la seguridad que les da saberse blindados a cualquier reforma, aunque luego no representen a casi nadie. Sus líderes, lejos de ejercer el papel que les corresponde, son meras correas transmisoras de las consignas que emite el Palacio de la Moncloa. Su discurso reaccionario, basado en mantener los privilegios laborales de unos pocos, no ha cambiado un ápice desde hace décadas. No concitan adhesión alguna más allá de los liberados y cierta izquierda sociológica cerril y amojamada por el tiempo.

Ante semejante panorama, la casta sindical tiene aún la desvergüenza de levantar el dedo acusador erigiéndose como árbitro moral repartiendo culpas y ofreciendo caducas recetas que lo único que persiguen es apuntalar sus propias prebendas. Llenarse la boca de demagogia antialemana como hicieron Méndez y Toxo durante la jornada de ayer muestra el lamentable nivel al que han llegado la UGT y CCOO, que en otros tiempos convocaron dos huelgas generales contra los Gobiernos de Felipe González. Como en las repúblicas bananeras, la culpa de los males propios se busca fuera, al tiempo que se pide reincidir en las mismas medidas que nos han conducido a esta situación de desempleo, endeudamiento y destrucción de riqueza.

Tales son los mimbres de los dos sindicatos mayoritarios, niños mimados del Gobierno a quien respetan como padre próvido en larguezas y adulaciones. Por eso, aparcando la cuestión laboral, se han lanzado a atacar al PP y, especialmente, a proseguir la interminable campaña de apoyo al juez Garzón. Y esto en pleno Primero de mayo, supuesto día de los trabajadores. La agenda de Zapatero y de las dos centrales es ya, a estas alturas, idéntica hasta el punto de que podría asegurarse que UGT y CCOO son, a efectos prácticos, parte del Gobierno.

Tal vez ese sea el motivo por el que la asistencia a la manifestación en Madrid y otras ciudades de España ha sido tan, digamos, escuálida. Los sindicatos, que son ya inoperantes en todo menos en subsistir como burocracia paraestatal, corren el riesgo de convertirse en algo prescindible e intrascendente, lo cual es una excelente noticia para la sociedad española. Sólo es necesario que esa insignificancia se vea traducida en la eliminación de los cuantiosos fondos que les transfiere el Estado. Así, si quieren existir, que lo hagan con las cuotas de sus socios, pero no con el dinero extraído a la fuerza a todos los contribuyentes, a quienes insultan y maltratan cada vez que alguno de sus portavoces se atreve a abrir la boca.

Libertad Digital - Editorial

Paseo sindical

LOS sindicatos celebraron ayer el Primero de Mayo con una evidente falta de interés político y una notoria voluntad de no incomodar al Ejecutivo socialista.

Después de oír a los líderes sindicales, cabría preguntarse si existe Gobierno en España y si tal Gobierno tiene alguna responsabilidad en el 20,05 por ciento de desempleo, en los 4.600.000 desempleados y en las 1.300.000 familias con todos sus miembros en paro. Aquellos combativos sindicatos que culpaban a los Ejecutivos de turno de todos los males, incluso en tiempos de bonanza, pasearon ayer sus banderas y pancartas con exquisita ocultación de la responsabilidad política del Gobierno de Rodríguez Zapatero, salvo alguna mención crítica de pasada, enseguida compensada con otra aún peor hacia el PP. En lugar de centrarse en la realidad de este país, los dedos acusadores señalaron a los mercados financieros, los mismos que tienen que financiar el déficit público para que los parados españoles sigan cobrando sus subsidios, y los jubilados, sus pensiones.

No deja de ser un sarcasmo que el lema de la convocatoria conjunta de CC.OO. y UGT -«Por el empleo con derechos y la garantía de las pensiones»- no llevara a ambas organizaciones a protestar explícitamente contra el Gobierno que menos derechos da a los trabajadores, porque se están quedando sin su derecho principal, que es trabajar, y que más inquietud ha sembrado sobre el futuro de las pensiones, recomendando unas veces que se cojan planes privados, alertando otras de que en diez años el sistema público puede fallar y confundiendo siempre a todos, incluida Bruselas, sobre lo que el Gobierno quiere realmente hacer con este pilar del Estado de bienestar.

En una sociedad democrática, las instituciones políticas y las organizaciones sociales, empezando por las empresariales, deben asumir su responsabilidad, no sólo para justificar su existencia, sino para permitir que el sistema funcione eficazmente. Si los sindicatos ocupan el espacio de la representación de los trabajadores, con reglas de mejorable calidad democrática y privilegios de dudosa necesidad, es para defender los intereses laborales, sobre todo en tiempo de crisis. Pero en España los sindicatos están conllevando el desplome del mercado laboral como si fueran portavoces del Gobierno. La realidad, sin embargo, está estrechando este margen de coalición entre uno y otros, y ya ayer reconocieron que es posible llegar a los cinco millones de parados. Ante esta expectativa, lo mínimo que cabe esperar de los sindicatos es una respuesta autónoma y no un incomprensible cierre de filas con el Gobierno.

ABC - Editorial