HAY pancartas que, más que un grito en la calle, son denuncia de la intención oculta de quienes las portan. Quien escribe, aunque sólo sea una frase, se retrata.
Incluso se radiografía y, quizá por eso, los malvados ágrafos son más difíciles de detectar que los grafómanos. Ayer, 1º de Mayo, asistimos a una auténtica «demostración sindical», tal y como las que organizaban José Antonio Girón, Fermín Sanz-Orrio, Jesús Romeo Gorría o Licinio de la Fuente; pero sin danzas ni gimnasia en el Bernabéu. ¿Cabe mayor demostración que una pancarta «por el empleo con derechos y la garantía de nuestras pensiones»? El empleo ha de tener derechos, no necesariamente obligaciones, y las pensiones a defender son las «nuestras», en ningún caso las ajenas.
Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, «compañeros del metal» y líderes por advenimiento de las mayores centrales sindicales españolas, reclamaban ayer un acuerdo para la reforma laboral entre el Gobierno y los «agentes sociales». Al hacerlo, se atribuían así mismos una representatividad que no tienen y le otorgaban a la patronal la que tampoco les corresponde. Una cosa es que, por miedo a una huelga, José Luis Rodríguez Zapatero trate de escurrir el bulto con la pretensión de que esos «agentes sociales» -¿quién les habrá dado tan equívoca titulación?- acuerden el marco para las relaciones entre empleados y empleadores y otra muy distinta que ello sea posible o, incluso, conveniente. El esqueleto, y buena parte de la chicha, de nuestra normativa laboral vigente es preconstitucional, arranca del sindicalismo vertical que ampararon los ministros franquistas citados más arriba. ¿Es eso lo que se quiere perpetuar?
La porción económica y social de la grave crisis que padecemos es, también, responsabilidad directa del Gobierno. Le corresponde tomar la iniciativa y someterla al Parlamento, no a los «agentes sociales», un estrambote del sistema cuya representatividad es escasa y que, a juzgar por los hechos y según pueden testificar cuatro millones y medio de parados, están más animados por el servicio político que por el interés de los trabajadores, con o sin puesto de trabajo, y de los empresarios, grandes, pequeños o autónomos en apuros. Los supuestos de nuestro presente laboral son insostenibles en lo público y en lo privado. Habrá que cambiarlos digan lo que digan las pancartas y sus portadores.
La porción económica y social de la grave crisis que padecemos es, también, responsabilidad directa del Gobierno. Le corresponde tomar la iniciativa y someterla al Parlamento, no a los «agentes sociales», un estrambote del sistema cuya representatividad es escasa y que, a juzgar por los hechos y según pueden testificar cuatro millones y medio de parados, están más animados por el servicio político que por el interés de los trabajadores, con o sin puesto de trabajo, y de los empresarios, grandes, pequeños o autónomos en apuros. Los supuestos de nuestro presente laboral son insostenibles en lo público y en lo privado. Habrá que cambiarlos digan lo que digan las pancartas y sus portadores.
ABC - Opinión
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