En los últimos días hemos asistido a una secuencia de acontecimientos relacionados con el mundo de ETA y de Batasuna que han provocado estupor y que han despertado la lógica inquietud en la sociedad y, muy especialmente, en las víctimas del terrorismo.
Que se atribuya a la casualidad la puesta en libertad de 22 miembros destacados de Batasuna, el esperpéntico episodio de la salida de prisión de Rafael Díez Usabiaga, la no menos chocante liberación del ex cabecilla terrorista Iñaki de Rentería o la insólita desaparición del asesino múltiple Ignacio de Juana Chaos es una interpretación que algunos asumirán con rapidez para no dar crédito a otros escenarios mucho más desasosegantes. La cascada de responsables del brazo político de ETA que han abandonado las prisiones en los últimos cuatro meses, adelantada el sábado por LA RAZÓN, se llevó a cabo con la oposición de la Fiscalía y de las acusaciones en la mayoría de las ocasiones. Hablamos de personas encausadas por delitos importantes relacionados con los distintos intentos de sucesión de la formación ilegalizada Batasuna, organización, no lo olvidemos, integrada en la banda terrorista.
Algunos colectivos cívicos, como Dignidad y Justicia, han denunciado que se trata de una estrategia y un montaje para que un sucedáneo batasuno se pueda presentar a las próximas elecciones municipales y se escenifique en la calle la ruptura entre ese colectivo y la banda que tantos años nos han vendido como inminente y que nunca se ha producido. Es una lectura probable, que sólo el tiempo demostrará si es acertada o no. Sin embargo, creemos que con seguridad los proetarras intentarán de nuevo «colar» una de las denominadas listas blancas en los próximos comicios, porque el coste económico y político para la estrategia de ese mundo de quedarse fuera de las instituciones podría ser definitivo en su creciente aislamiento.
El Gobierno y el Estado de Derecho se enfrentarán en los próximos meses a otra reválida sobre su compromiso con la exitosa política antiterrorista actual. Que se repitieran escenas como las de hace cuatro años con candidaturas proetarras admitidas prácticamente «a dedo» o años antes cuando se hizo la vista gorda con el Partido Comunista de las Tierras Vascas representaría un paso atrás grave. Esperamos que no sea así y que el principio de legalidad se imponga con rigor sin atajos ni medias verdades. Porque, de momento, no hemos oído a nadie de Batasuna, a ninguno de esos 22 dirigentes puestos en libertad contra el criterio del Ministerio Público, expresar su rechazo y su condena de la violencia terrorista.
Entendemos y compartimos la inseguridad y el desconcierto de los ciudadanos y de las víctimas ante las noticias de los últimos días. Nos parece un acto de responsabilidad que Mariano Rajoy pidiera explicaciones al Gobierno por la fuga de De Juana y la excarcelación de Usabiaga. Que el Ejecutivo lo desoyera e incluso dudara del apoyo del PP a la lucha antiterrorista ha estado fuera de lugar. La unidad política resulta imprescindible en la derrota de ETA, pero eso no significa que el PP deba renunciar a su deber de controlar al Gobierno también en este asunto.
El Gobierno y el Estado de Derecho se enfrentarán en los próximos meses a otra reválida sobre su compromiso con la exitosa política antiterrorista actual. Que se repitieran escenas como las de hace cuatro años con candidaturas proetarras admitidas prácticamente «a dedo» o años antes cuando se hizo la vista gorda con el Partido Comunista de las Tierras Vascas representaría un paso atrás grave. Esperamos que no sea así y que el principio de legalidad se imponga con rigor sin atajos ni medias verdades. Porque, de momento, no hemos oído a nadie de Batasuna, a ninguno de esos 22 dirigentes puestos en libertad contra el criterio del Ministerio Público, expresar su rechazo y su condena de la violencia terrorista.
Entendemos y compartimos la inseguridad y el desconcierto de los ciudadanos y de las víctimas ante las noticias de los últimos días. Nos parece un acto de responsabilidad que Mariano Rajoy pidiera explicaciones al Gobierno por la fuga de De Juana y la excarcelación de Usabiaga. Que el Ejecutivo lo desoyera e incluso dudara del apoyo del PP a la lucha antiterrorista ha estado fuera de lugar. La unidad política resulta imprescindible en la derrota de ETA, pero eso no significa que el PP deba renunciar a su deber de controlar al Gobierno también en este asunto.
La Razón - Editorial
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