Garzón, el inquisidor

Los jaleadores oficiales de Garzón podrían encontrarse en vísperas de un escenario para ellos aterrador en que la actuación del juez se tradujera en la absolución de parte de la trama Gürtel y su carrera judicial cortada por el Tribunal Supremo.

Cada vez resulta más evidente que Baltasar Garzón no instruyó el caso Gürtel con ánimo de que se hiciera Justicia, sino con la intención de dar a los periódicos titulares jugosos y a las televisiones imágenes de dirigentes de la oposición esposados. Por eso ordenó escuchar las conversaciones de los acusados con sus abogados, conversaciones que en muchos casos terminaron en las páginas de El País. Es posible que en su extrema arrogancia creyera que nadie se atrevería a echar abajo estas pruebas, obtenidas ilegalmente. Pero tampoco parece probable que le importara demasiado. Todo apunta a que su objetivo era otro.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto en el que invalida como pruebas las escuchas ordenadas por Garzón a las conversaciones entre los primeros detenidos por la trama Gürtel y sus abogados. Como venimos indicando desde hace meses, para no violar el derecho a la defensa, la ley española sólo permite intervenirlas con una orden judicial y en casos de terrorismo, debido a que se ha comprobado con frecuencia que los letrados pertenecen a la misma organización que el detenido. Unas garantías que se saltó Garzón a la torera, poniendo en riesgo la instrucción y las posibles acciones legales contra los acusados.

Para los magistrados del TSJM, intervenir de forma habitual estas conversaciones podría terminar cumpliendo el mismo papel que "métodos inquisitoriales" como la tortura: violar el derecho de todo detenido a la defensa, derecho cuyo incumplimiento masivo implicaría la destrucción de todo atisbo de Estado de Derecho en nuestro país.

Para colmo de bienes, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado de forma unánime la pretensión de Garzón de que fuera sobreseída la causa por prevaricación que instruye el juez Luciano Varela con motivo de su absurda pretensión de meter entre rejas el cadáver de Franco. "Ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda una posible calificación acusatoria por prevaricación", ha concluido el tribunal. Dado que el juez estrella tuvo que contradecir sus propios autos anteriores denegando la posibilidad de investigar a Carrillo por los mismos crímenes contra la humanidad que sí quería investigar en el caso de notables.

Las garantías jurídicas están en el ordenamiento por una razón: impedir el abuso de poder. Los jueces instructores tienen la posibilidad legal de hacer u ordenar hacer cosas que serían ilegales si cualquier otro ciudadano las hiciera. De ahí que su actuación esté limitada por la ley. Garzón no se enfrenta a un posible procesamiento por "investigar el franquismo", sino porque los procesos penales sólo pueden seguirse contra personas vivas, y las leyes deben seguirse siempre; el juez no puede ignorar la ley de amnistía en este caso cuando la utilizó años antes para evitar perseguir a Carrillo.

Los jaleadores oficiales de Garzón podrían encontrarse así en vísperas de un escenario para ellos aterrador en que la forma clásica de actuación del juez, la arbitrariedad más absoluta, se tradujera en la absolución de parte de la trama Gürtel, y su magistrado preferido fuera de la carrera judicial por la primera de las tres causas que actualmente tiene abiertas en el Tribunal Supremo.

Libertad Digital - Opinión

El juez que no sabía escuchar

NO le han faltado al juez Baltasar Garzón avisos de que caminaba por el filo de la legalidad por culpa de su extravagante forma de entender la ley y ejercer la investigación penal.

Pero llegó a un punto en que se creyó investido del poder suficiente para crear las normas jurídicas que convenían a sus propósitos. Y así está acabando. La confirmación del auto del magistrado Luciano Varela de no archivar la causa por prevaricación en el sumario del franquismo pone a Baltasar Garzón en las puertas del juicio oral y de la suspensión cautelar como juez, medida que el Consejo General del Poder Judicial debe tomar, por imperativo legal y dignidad institucional, de forma inmediata. Aunque su comité de apoyo insista en que a Garzón se le persigue por investigar el franquismo, cosa que nunca ha hecho, lo cierto es que este polémico juez será juzgado por manipular el Derecho para quedarse con un sumario que no le competía y por unos delitos que no existían. Lo demás es pura propaganda de una parte de la izquierda que ve con angustia cómo se desmorona uno de sus mitos más conspicuos y por el que protesta con un contradictorio discurso contra los más elementales principios del Estado de Derecho, como la legalidad penal, el derecho de defensa o el respeto a las libertades individuales.

Esto último es especialmente grave en relación con las grabaciones del «caso Gürtel», anuladas por el Tribunal Superior de Justicia. Nadie debería sorprenderse de que se anulen las grabaciones, sin cobertura legal, de la comunicación entre un preso y su abogado defensor. Ésta es, como bien dice el auto de los jueces madrileños, esencial para ejercer el derecho de defensa. Garzón ordenó unas grabaciones indiscriminadas de los imputados del «caso Gürtel» con sus letrados actuales y futuros, prejuzgando que todos éstos son y serían cómplices o cooperadores de la trama. Este proceder es inaceptable en un Estado de Derecho, que, además, cuenta con medios suficientes para investigar a un abogado sin tener que irrumpir en las conversaciones confidenciales con su defendido. La nulidad de estas grabaciones no es fruto de una conspiración contra Garzón, sino de la vanidad con que este juez ejerce la jurisdicción. No es la primera vez que unos delincuentes salen beneficiados por la mala instrucción de Garzón. Pero Baltasar Garzón es un juez que ha demostrado no saber escuchar.

ABC - Editorial

Feijóo y la derecha gélida. Por Cristina Losada

Núñez Feijóo ha sido fiel a una vieja tradición de la derecha. Una tradición de tecnócratas que detestan involucrarse en asuntos que desaten controversia ideológica.

El cubano Javier Fernández ha dejado la huelga de hambre que mantenía en Santiago de Compostela. Había comenzado su ayuno el 26 de febrero en señal de protesta por la muerte del albañil Orlando Zapata en las cárceles castristas y con la intención de despertar el apoyo hacia la causa de la libertad y los derechos humanos en Cuba. Lo segundo, reconoce, no lo ha conseguido con la amplitud que esperaba y merecía. Fernández se ha dado de bruces con el silencio.

Buena parte de la prensa ha sido cicatera, por no decir hostil. Hace dos semanas, una nota de Europa Press se abría con un escéptico "dice llevar 13 días en huelga de hambre". Un disidente del comunismo siempre es sospechoso. De partidos como el PSdG y el BNG supongo que no esperaba nada. Aún se recuerda la alegre excursión a La Habana que organizaron cuando gobernaban. Se bebieron cuatrocientos mojitos y ni así tuvieron agallas para mencionar la terrible situación de los presos políticos. Bromeo. Ni se les pasó por la cabeza.

Fernández sólo podía mirar hacia el Partido Popular de Galicia y el Partido Popular de Galicia decidió no mirarle. "Ha pasado por delante de mí todos los días y ni siquiera me miró", ha dicho de Feijóo, presidente del partido y del Gobierno gallego. Era razonable confiar en un respaldo explícito cuando la dirección nacional mantiene una posición firme contra la dictadura de Castro. Pero, ay, la autonomía es muy suya. Sólo el portavoz compostelano del PP se dignó a prestarle atención. En los 25 días de la huelga de hambre no hubo forma de que la Xunta tuviera un gesto. Bueno, sí, el de mirar para otra parte.

Típico. Núñez Feijóo ha sido fiel a una vieja tradición de la derecha. Una tradición de tecnócratas que detestan involucrarse en asuntos que desaten controversia ideológica. De gestores que se sienten incómodos en la formulación de ideales y rehúyen expresar la dimensión moral e intelectual de los principios que representan. No extrañe, así, que sea la izquierda la que se haga cargo de ese capítulo. La que aparezca como patrona natural de los derechos humanos, la libertad, la igualdad y la justicia. En relación con Cuba, la derecha está, en España, sola en la defensa de tales causas. Pero con Javier Fernández se impuso la frialdad de las almas de contable.

Libertad Digital - Opinión

Las razones de ETA y los demás. Por Hermann Tertsch

DICE don Jaime Mayor Oreja, ese hombre que ha visto morir a casi todos sus compañeros de UCD en los años ochenta, que vio cómo se liquidó a su partido en aquellos años en nuestras provincias Vascongadas y morían uno tras otro los miembros de la Guardia Civil y la Policía, que el Gobierno español vuelve a embarcarse en una negociación que dejará en la calle a centenares de asesinos de casi un millar de compatriotas nuestros. Volvemos a las andadas. Nuestro gobierno, angustiado por las miserias que ha causado, busca árnica. Y la busca entre nosotros. Quiere una vez más bizcar la confraternización con los asesinos. Mal asunto.

La depravación moral que bajo Zapatero iniciaron los socialistas nada tiene que ver con la miseria encauzada por Felipe González. Es peor porque tiene menos inteligencia. Matar es casi menos malo al final que engañar siempre. Porque es menos sofisticada la solución frente al enemigo. Porque es en realidad mucho más paleta. Si hubiéramos tenido a un Winston Churchill joven lo habríamos comprobado. Y con la seguridad, lo dicen todos los que saben de ello, que lo peor que se puede ser no es malo, sino paleto, no perverso, sino idiota, menos canalla que imbécil. Pero tan tóxico nadie ha podido ser en nuestra historia moderna. Peor casi que el crimen es la complicidad. Y la complicidad existe. Nadie que se haya acercado a este eterno adolescente, dependido de él, ha salido impune ni decente. Si hubiéramos tenido a un Churchilll y no al vallisoletano leonés, hubiéramos tenido una salida digna de nuestras cuitas.

Porque aquel británico enorgullecía a todo aquél que con él trabajara. Mientras este emponzoña todo lo que toca. Nadie que haya visitado la basura intelectual de este presidente del Gobierno ha vuelto a ser una persona con mediana probidad. El veneno de la mentira está tan perfectamente inoculado en todo lo que atraviesa su camino que no hay dignidad después de un almuerzo en la actual Moncloa.

Este hombre que nos ha caído en el Gobierno de la Nación española, en su cúpula, por la gracia ya no de Dios, sino de algún enemigo indescriptible de los intereses de nuestro país y una constelación maldita, ha resultado ser una maldición. Pero además una maldición perfectamente ridícula. Mayor Oreja lo sabe. Ha visto muchos muertos. Sabe quién es el amigo, sabe quién es el enemigo y sabe muy bien quiénes son los cómplices. Aquí hay mucho miserable que cree que nuestros logros contra quienes asesinaron a Javier Ybarra Bergé -¿se acuerda alguien? Yo sí, casi todos los días, como del suicidio de Primo Levi, todos los días pienso en quienes hicieron y vivieron por nosotros- y por supuesto de todos nuestros servidores del Estado, de quienes mataron a Miguel Ángel Blanco.

De quienes han matado a lo mejor de los servidores de una democracia emergente y una sociedad que quería quererse, que supo hacerlo y hoy ha perdido su ilusión en montar una sociedad con esa dignidad que una comunidad de seres honestos y dispuestos, enhiestos y emocionados por la gesta de la convivencia se conceden.

ETA es, sin duda, una basura asesina residual. Pero ETA tiene un plan. Y quienes en el País Vasco viven de ETA no son ETA en sí. Pero no son pocos. Y quienes tenemos unas vidas que sí dependen de ETA, porque nos ha marcado de por vida, sabemos que cualquier acuerdo de este Gobierno con ETA, que lo está labrando, supone una infamia y un insulto a nuestros muertos, que son muchos. Pero también una amenaza para quienes vivos sabemos que la profunda inmoralidad del gentucismo nacional, es decir, de la secta de Zapatero, nos pone siempre en peligro aunque le solvente a él mayorías. Quienes hemos vivido la tragedia nacional del terrorismo, sabemos que Mayor Oreja tiene razón. Los asesinos están en ETA. Sus cómplices necesarios están en nuestro Gobierno y en todas las alianzas miserables que partidos nacionales han hecho.

ABC - Opinión

Mayor Oreja. Por José García Domínguez

Al ex ministro del Interior le asiste la íntima convicción de que aquel Zapatero perito en identificar hombres de paz en las zahúrdas no ha dejado de ser igual a sí mismo tras el cambio de legislatura.

Resulta enternecedor el llanto inconsolable de ese coro de vírgenes impolutas, las plañideras del Gobierno, ante la muy intolerable afrenta a que acaba de someterlas Jaime Mayor; enternecedor e inopinado, por cierto. Y es que en buena lógica cartesiana debiera llenarlas de gozo, cuando no de legítimo orgullo, que Mayor barrunte para sí que aún andan en lo suyo de siempre, o sea, en el "final dialogado de la violencia" tan caro a sus oídos. A esos efectos puramente estimulantes, que el vasco yerre o no habría de ser lo de menos. ¿O acaso no sentenciaron ellas mismas en solemne y ominosa declaración parlamentaria que la política está llamada a finiquitar el terrorismo? La política, no la Guardia Civil; la política, no la Gendarmería. ¿A qué viene entonces tanto crujir de dientes y tanta lágrima de cocodrilo?

Cierto es que las pruebas de cargo ofrecidas por Mayor son puro calco milimétrico de las que aportó Cospedal a cuenta de su célebre espionaje dizque telefónico; esto es, ni más sólidas, ni menos líquidas e igual de gaseosas. Ocurre, simplemente, que al ex ministro del Interior le asiste la íntima convicción de que aquel Zapatero perito en identificar hombres de paz en las zahúrdas no ha dejado de ser igual a sí mismo tras el cambio de legislatura. Certeza que no hace de él ni un miserable ni un desvergonzado, tal como se han apresurado a descalificarlo Blanco, De la Vega, Alonso y demás apologetas amnésicos del "proceso". Que ya apenas falta ver a la Nierga saltando a escena, iracunda, para tildarlo de felón y rastrero por pretender que los socialistas pudiesen andar en algún dialogo con ETA.

Y, sin embargo, desbarra Mayor en la premisa moral sobre la que se sustenta su argumentación toda; es decir, en el supuesto implícito de que el proceder de Zapatero obedecería a algún imperativo que fuese más allá del puro y simple oportunismo inmediatista. En su recta candidez, quiere creer el hombre que la dirección del PSOE aún alberga algo lejanamente parecido a aquello que los antiguos llamaban convicciones, por siniestras que fuesen. Como tantos, no concibe que el gran, supremo peligro de Zapatero reside en que dentro de su cabeza no hay nada. Ni siquiera una conjura.

Libertad Digital - Opinión

Más revolcones a Garzón

LA más que probable invalidación de la mayoría de las grabaciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón con conversaciones mantenidas en prisión entre varios imputados del «caso Gürtel» y sus respectivos abogados no supondrá la anulación de este proceso ni tampoco su sobreseimiento inmediato.

Sin embargo, representa un doble varapalo: primero, para el propio Garzón, cuya inicial investigación de este asunto en la Audiencia Nacional -después pasó a ser competencia del Tribunal Superior de Madrid- ha quedado seriamente desautorizada; y segundo, para la propia Fiscalía, que pierde algunas de sus principales bazas para sostener sus tesis acusatorias contra algunos imputados. Una vez que el TSJM dicte oficialmente el auto de invalidación de las escuchas, el «caso Gürtel» tendrá que ser necesariamente sometido a un nuevo enfoque jurídico por parte del magistrado instructor, el Ministerio Público y las defensas. De hecho, a partir de ahora se abre un periodo de incertidumbre jurídica sobre la validez, por ejemplo, de todas las declaraciones prestadas ante el juez en comparecencias posteriores a las escuchas que ya no serán válidas, lo que seguramente obligue al actual instructor a repetir muchas diligencias.

Probablemente tengan razón quienes desde el Gobierno y el PSOE se afanaron ayer en asegurar que el futuro judicial del «caso Gürtel» no está comprometido por una actuación, la de Garzón, que se ha revelado vulneradora de derechos. Si, más allá, esa conducta fue también imprudente o prevaricadora tendrá que decidirlo el Tribunal Supremo, que en febrero admitió a trámite otra querella contra Garzón por estas escuchas. Pero con su actuación, Garzón puede llegar a convertirse paradójicamente en el mejor abogado defensor de algunos acusados, porque su personal forma de entender y administrar la justicia se ha terminado convirtiendo en una trampa para sí mismo y en una ventaja para presuntos delincuentes. En este caso, no se trataba sólo de una cuestión de principios, sino también de legalidad. Un instrumento como el de las escuchas jamás debe utilizarse arbitrariamente, sin la debida justificación y control, y sin garantías de que no se producirá vulneración alguna de derechos. Con tres querellas en su contra admitidas a trámite por el Supremo -una de ellas en la fase previa al juicio oral- y con el revolcón que le ha dado el TSJM, la permanencia de Garzón en la Audiencia se antoja un ejercicio de supervivencia. Sencillamente, resulta insostenible, por muy legitimado que esté hasta que vaya a ser juzgado por el TS o el CGPJ se decida a suspenderlo.

ABC - Editorial

Seis años después. Por Gabriel Moris

A nosotros las víctimas sólo nos queda el dolor por la pérdida de nuestros seres queridos y las heridas físicas y psicológicas de los que seguimos vivos. No hay médico que nos pueda curar las heridas que dejó en nosotros el once de marzo de 2004.

Coloquialmente se dice que "después de la tempestad viene la calma". Y en ello parecen confiar los representantes del pueblo y sus fieles medios de comunicación. Hace unos días vivimos una tormenta de informaciones y de actos del estilo más variopinto que podríamos imaginar. Me refiero a los actos organizados en torno al aniversario del 11-M. El objeto de todos ellos no tendría que ser otro que el recuerdo y el homenaje a los que perdimos y a los que, a duras penas, hacemos por vivir y contribuir a que nuestra sociedad recupere la dignidad perdida desde aquellos luctuosos atentados. La exigencia de aclarar y hacer justicia a los que los cometieron no debía estar ausente en las conmemoraciones.

Por citar algunos de los actos, hemos de resaltar la audiencia que SM el Rey concedió a algunos representantes de las asociaciones de víctimas. Si mi información es correcta, creo que es la primera que la concede a las víctimas de los trenes de cercanías. Vaya por delante mi agradecimiento. No puedo por menos que manifestar mi deseo de haber podido participar en la audiencia. Creo que las víctimas cursaron al jefe del Estado algunas peticiones que suscribo: la continuidad de las investigaciones para esclarecer totalmente los atentados, la no prescripción de las responsabilidades en materia de terrorismo y el cumplimiento íntegro de las penas. Según mis conocimientos sobre la Constitución, creo que el monarca carece de atribuciones para dar respuesta práctica a dichas peticiones; no obstante, y acogiéndonos a su papel moderador, sí podría instar al resto de los poderes del Estado a que iniciaran las acciones oportunas para dar respuesta a las peticiones de las víctimas de la peor masacre que han sufrido los españoles.

Otro de los actos oficiales tuvo lugar en el Congreso de los Diputados. En el mismo, celebrado casi a puerta cerrada, se procedió a la lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se recordaron los nombres de todos los fallecidos utilizando las enternecedoras voces de unos niños; y como colofón, el presidente de la Cámara anunció una primicia, el cambio del día de las víctimas del terrorismo al 27 de Junio, fecha en que perdió la vida una niña a manos de ETA. Teniendo en cuenta que el principal derecho humano es el derecho a la vida, echamos en falta una alusión expresa de la Cámara al deseo de esclarecer el mayor atentado contra los derechos humanos cometido en la España democrática y del que muchos de nuestros representantes salieron beneficiados. No podemos olvidar en este capítulo los premios y medallas otorgados a los que no evitaron el atentado y a los que contribuyeron a obstruir la investigación del mismo.

Recuerdo al Sr. presidente del Congreso que el 11 de marzo de 2004 fue declarado día europeo en memoria de las todas las víctimas del terrorismo, precisamente en recuerdo de la masacre de Madrid. Espero y deseo que la coherencia del Parlamento Europeo no se vea truncada por inconfesables deseos de nuestro Parlamento. Ignoro si las asociaciones de víctimas y nuestros representantes legales han previsto presentar alguna petición para impedir que el 11-M pase al olvido de la memoria colectiva. Al menos para varios miles de españoles –y al margen de lo que pretendan nuestros políticos– dicha fecha quedará grabada a sangre y fuego en nuestros corazones y en nuestra memoria.

Aunque no pretendo que esta improvisada crónica del sexto aniversario de los atentados sea un relato exhaustivo de los actos celebrados, no puedo dejar de reseñar los diferentes actos protagonizados por las víctimas. Un año más hemos podido contemplar con dolor y con tristeza que dichos actos han estado marcados por la división. Me atrevería a afirmar que desde el momento del atentado, alguien ya planificó la desunión de las víctimas. Causa tristeza comprobar cómo el carácter eminentemente político del atentado y los hechos posteriores al mismo, tienen más fuerza que la unidad que sin duda debía haber generado el dolor por la pérdida y los sufrimientos de los que de una forma u otra "íbamos en los trenes".

Echando la vista hacia atrás, seis años después, creo que cualquier víctima, por distinta que sea su ideología o su filiación política, no podría encontrar una explicación racional de lo ocurrido si analizamos los resultados de la Comisión Parlamentaria de Investigación, del proceso judicial y de las investigaciones policiales. En cambio, creo que a ninguna de ellas pasa inadvertido el pacto de silencio y el pasar página de todas las instancias del Estado. Parece como si hubieran acordado: "Entre todos podemos tapar el 11-M".

A nosotros las víctimas sólo nos queda el dolor por la pérdida de nuestros seres queridos y las heridas físicas y psicológicas de los que seguimos vivos. No hay médico que nos pueda curar las heridas que dejó en nosotros el once de marzo de 2004. Y para mayor pena, los que podrían haberla evitado, aclarado y castigado, lejos de cumplir con su deber, están consiguiendo la desactivación total de las víctimas en nuestro papel de referente moral de la sociedad, llegando, en ocasiones, a manejarnos como a marionetas.

Cada país y cada pueblo tienen a los dirigentes que se merece. Ellos nos han vencido en todos los terrenos.

Libertad Digital - Opinión

Que recorten ellos. Por José María Carrascal

¿RECUERDAN la fábula? Todos los ratones estaban de acuerdo en que había que poner un cascabel al gato. El problema surgió al decidir quién se lo ponía.

Discutiendo sobre ello, llegó el gato y se los zampó. También doña Elena Salgado y los consejeros de Economía de las distintas Comunidades están de acuerdo en que hay que recortar el gasto para atajar la crisis. Pero al no haber acuerdo sobre quién, cómo ni cuánto se recorta, se ha dejado la decisión a cada uno. Puede suponerse lo que decidirán: que sean los demás quienes recorten. El primero en hacerlo ha sido el que hubiera tenido que dar ejemplo, el Gobierno, que advierte que los gastos sociales se mantendrán. No sólo se mantendrán, sino que aumentarán, al aumentar el paro. El año pasado, los subsidios por desempleo se llevaron 31.000 millones de euros. Este año la suma será mayor al haber más parados. Mientras los ingresos del Estado seguirán disminuyendo debido a la desaceleración de la actividad económica. ¿Cómo va a recortarse el déficit del 11,2 por ciento del PIB al 3 por ciento de aquí al 2013, como pretende el Gobierno? Nada de extraño que Bruselas califique esas cuentas de excesivamente optimistas y los sindicatos, sencillamente, de imposibles.

Pero no es sólo en «gasto social» por donde se le va el dinero al Gobierno. Se le va también en reuniones de alto copete aprovechando que somos presidentes de turno de la Comunidad Europea, en las ONGs más diversas, con tal de que sean de izquierdas, en pagos millonarios de rescates a piratas y terroristas, en la reconstrucción de Haití, en ayudas a Chile, en subvenciones a Andalucía y otros damnificados, etc., etc. Lo que está muy bien. Pero así ni se reduce el gasto ni se da ejemplo. ¿Quién va a reducirlo, sobre todo si es el PP, viendo al Gobierno seguir gastando en faustos viajes, amigos dentro y fuera de casa? «¿Por qué voy a ser yo? ¡Que recorten ellos!», se dirán, como los ratones ante el gato. El fin de la fábula ya lo conocen. El fin de la crisis en España puede vaticinarse que no será muy distinto.

No sé lo que pensarán ustedes, pero yo no creeré los planes económicos del Gobierno hasta que no le vea anunciar un corte draconiano de sueldos, viajes, ministerios, direcciones generales, consejeros áulicos, asesorías externas y demás extras, a las Autonomías hacer otro tanto y los ayuntamientos recortar sus presupuestos de fiestas. Tal vez entonces los españoles podríamos empezar a creer que los sacrificios que exige salir de la crisis no iban a caer sólo sobre nuestras espaldas y bolsillos. Pero no lo veo por ninguna parte. Lo que veo son planes tras planes, comisiones tras comisiones, acuerdos tras acuerdos sin el menor contenido. Mientras el gatazo de la crisis se relame los bigotes. Ni los ratones se lo habían puesto tan fácil.

ABC - Opinión

Mayor Oreja o el deber de desconfiar

Las declaraciones que más alimentan las sospechas de que podemos asistir a "un segundo tiempo", no son las de Mayor Oreja, sino las que han hecho recientemente los propios representantes del Ejecutivo y de la banda terrorista.

Imaginemos que, tras el final de la última tregua de ETA, el Gobierno de Zapatero hubiera derogado la infame resolución parlamentaria aprobada poco antes del comunicado de alto el fuego que permitía formalmente al Ejecutivo negociar con la organización terrorista un eufemístico "final dialogado de la violencia". Imaginemos también que Zapatero se hubiera comprometido públicamente a no volver a circular jamás por la senda que, al margen del Estado de Derecho, le llevó a tener como compañeros de viaje a criminales prófugos de la Justicia y a adquirir compromisos con ellos en favor de "un nuevo marco jurídico-político" en el Pais Vasco, donde "todo tendrá cabida tenga el alcance que tenga" y en el que "se respetará las decisiones que los vascos adopten libremente". Imaginemos que Zapatero hubiera corregido a Rubalcaba cuando éste se refirió a la reactivada lucha policial contra ETA como "fase de confrontación", y hubiera dejado claro que no se trata de una "fase" sino de una voluntad irrevocable y definitiva de lucha contra el terrorismo, que ya no va a volver a admitir diálogo alguno con ETA. Imaginemos, así mismo, que el Gobierno de Zapatero no se hubiera limitado a aplicar la Ley de Partidos a las siglas ya conocidas de los proetarras, sino que también hubiera aplicado la legislación vigente para disolver a los ayuntamientos que aun gobiernan los representantes políticos de la banda gracias a su pasada e infame condescendencia.

Aun entonces, los españoles tendríamos todo el derecho a desconfiar de un Gobierno que ha hecho un uso tan sistemático de la mentira y que ya negociaba con ETA durante la "vigencia" del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, antes y después de la última tregua terrorista. Ese derecho a desconfiar se convierte, sin embargo, en deber cuando el Gobierno de Zapatero no ha dado ninguno de los pasos anteriormente mencionados y que servirían para reducir las dudas sobre si este Gobierno ha vuelto o no a las andadas.

Es cierto que el futuro siempre está abierto, para bien y para mal, y que no hay dique u obstáculo alguno para quien se halla dispuesto a reincidir en el error o en la infamia. Sin embargo, a la vista, no de los diques, sino de las puertas que Zapatero ha dejado abiertas al diálogo con ETA es perfectamente legítimo plantearse la posibilidad, tal y como ha hecho Mayor Oreja, de que ese diálogo entre el Gobierno y sus antiguos compañeros de viaje ya se haya restablecido.

El relativismo y el nihilismo de Zapatero ya han demostrado que son capaces de llegar con ETA a lo que en su día calificamos de "pacto entre la mentira y el crimen", que en el caso de los terroristas suponía acercarse a los objetivos políticos por los que ha venido matando y declarando treguas y que, en el caso de Zapatero no es otro que perpetuarse en el poder como sea, incluida la generación de un anestesiante espejismo de paz que le ayude a ganar las próximas elecciones.

Con todo, las declaraciones que más alimentan las sospechas de que podemos asistir a "un segundo tiempo" en las componendas entre el Gobierno y ETA, no son las de Mayor Oreja, sino las que han hecho recientemente los propios representantes del Ejecutivo y de la banda terrorista. Empezando por estos últimos, ahí están las declaraciones de alguien tan destacado como Arnaldo Otegui favorables a "reanudar el proceso" con el objetivo de que Zapatero cumpla los compromisos adquiridos y a favor de la autodeterminación de Euskal Herria. Ahí esta también el último comunicado de la propia banda terrorista, en la que si bien todavía no se muestra favorable a interrumpir su "lucha armada", sí muestra su "total disposición a dar los pasos que sean necesarios para favorecer el cambio político". No menos relevantes, y preocupantes, son las declaraciones públicas de hace unos días del ministro del Interior que, tras señalar que "no hay duda de que aun queda espacio para que la policía arrincone a ETA", afirmó a renglón seguido que "después se hará un ajuste político, pero eso lo tendrán que decidir los vascos y los españoles".

¿Qué "ajuste político" es ese que queda en suspenso en función de lo que hagan o dejen de hacer los terroristas, en función de lo mucho o lo poco que los haya arrinconado la policía?

Hace cuatro años Zapatero descalificó una foto en la que aparecía Rosa Díez con unas víctimas de ETA considerándola una "foto retrasada de quienes todavía no han empezado a salir por la carretera que vamos a transitar". Al tiempo, alababa una instantánea en la que aparecía la diputada socialista Gemma Zabaleta con la batasuna y abogada de ETA, Jone Goiricelaya, considerándola "una foto que se adelantaba a su tiempo".

En lugar de matar al mensajero y dedicar descalificaciones a Mayor Oreja, bien le valdría a este Gobierno asegurar que el futuro será siempre el de estar al lado de las victimas y no volver a transitar por esa infame senda que Mayor Oreja nos ha hecho hoy recordar.

Libertad Digital - Editorial

Sin ideas frente al déficit

LA reducción del enorme déficit de las Administraciones Públicas es un objetivo con el que están de acuerdo el Gobierno y las Comunidades Autónomas, pero la propuesta presentada por el Ministerio de Economía a los gobiernos regionales no ha aprovechado este consenso de partida y ha defraudado las expectativas. Pasar del 11,2 por ciento de déficit actual al 3 por ciento en 2013 requiere unas medidas drásticas y un calendario de ejecución inmediata. El Gobierno no ha ofrecido nada de esto, salvo fijar en 10.000 millones de euros el importe de la reducción del déficit autonómico y crear una comisión que concrete los planes de ajuste en el mes de junio.

Por otro lado, el Gobierno vuelve a demostrar que una de las razones de la gravedad de la crisis económica española es su incapacidad para diseñar una estrategia política que resista más de tres meses o una evaluación externa mínimamente rigurosa. Hace una semana, Bruselas recibía con escepticismo el plan de ajuste remitido por el Gobierno español, destacando la imprecisión de sus medidas y el excesivo optimismo de sus previsiones. Pero es que no han pasado tres meses desde que el Congreso aprobó unos Presupuestos Generales del Estado cuyo cuadro macroeconómico estaba desfasado aún antes de ser votados, y hoy son papel mojado. Ahora, el Gobierno pide a las Comunidades Autónomas que reduzcan su déficit en 10.000 millones de euros, que es el importe que el Gobierno debería aportar para ejecutar el incremento de la financiación autonómica en los próximos años. Porque hay que recordar que el pasado año, en plena crisis y sin posibilidad de esquivarla, el Gobierno de Rodríguez Zapatero pactó un nuevo sistema de financiación autonómica en contra de un elemental sentido común que alertaba de los riesgos de asumir compromisos financieros para un Estado cuyos ingresos estaban cayendo en picado. Ayer mismo, el Ministerio de Economía certificó la mala tendencia de los ingresos públicos en los dos primeros meses de este año. El superávit de la Seguridad Social se redujo en febrero el 16 por ciento, en comparación con el mismo mes de 2009.

La crisis no puede esperar a más comisiones ni pactos de mínimos. El Gobierno, que empieza a jugar con la idea de culpar a las autonomías de la falta de recuperación, intenta eludir decisiones que son severas, pero que antes o después habrá que explicar a los ciudadanos y adoptarlas. La alternativa -seguir como hasta ahora- es mucho peor.

ABC - Editorial

Las cuentas secretas de la imposición. Por Cristina Losada

Por si las moscas, las autonomías correspondientes se resisten a poner negro sobre blanco todas las sumas que dedican a coaccionar a la población para que modifique sus hábitos lingüísticos y abandone la mala costumbre de emplear el idioma común.

El coste de la "normalización lingüística" es un misterio guardado a buen recaudo en los presupuestos autonómicos y en dispersas partidas de las consejerías. Con ingenuidad ocasional, una cree que se oculta porque el contribuyente montaría en cólera si supiera a cuánto le salen los juegos identitarios. Pero ese coste es baladí comparado con su precio en términos cívicos y políticos y, sin embargo, el sentimentalismo tribal hace que uno y otro se asuman con alegría. Paga el estadito, o sea, nadie, como apuntó en su día una ministra, haciéndose eco de un pensamiento mágico muy extendido sobre el origen del dinero del erario.

Por si las moscas, no obstante, las autonomías correspondientes se resisten a poner negro sobre blanco todas las sumas que dedican a coaccionar a la población para que modifique sus hábitos lingüísticos y abandone la mala costumbre de emplear el idioma común. Cuando Touriño, en la cresta entonces, hoy retirado y humillado, pidió a Zapatero un detalle extra por los gastos que supone tener dos idiomas, desconocía a cuánto podían ascender. Aparte de los fondos consignados para el "fomento de la lengua", que rondaron los 20 millones de euros anuales durante su mandato, había más. Pero si un lego en la materia pretende enterarse, ha de estudiar cada día el BOE autonómico, tomar nota y cruzar datos. La lluvia de subvenciones era –y es– constante.

En ABC se acaba de publicar el monto del donativo que socialistas y nacionalistas concedieron a una organización pantalla que cursa como A Mesa pola Normalización Lingüística. Entre 2006 y 2009, recibió del Gobierno autonómico de Galicia la cantidad de 695.309 euros, unos 116 millones de pesetas, hablando en plata. La mayor parte la obtuvo de consejerías en manos del BNG, tutor fáctico de la tal asociación que se dice "independiente, plural y apartidista", valga el sarcasmo. La MNL llegó a disponer de más dinero que la Real Academia de la Lengua Gallega, sin que ello motivara protestas de la institución, que ahora anda quejumbrosa y sableadora por los recortes de la austeridad.

Con los fondos que le obsequió el anterior Gobierno gallego, ese trasunto de comité de defensa de la imposición desempeñó labores dignas de una organización parapolicial en materia lingüística. Así, la intimidación y la amenaza a comerciantes, empresarios y directores de colegio que no mostraban suficiente entusiasmo por erradicar el idioma español de sus negocios y centros. Pues esa persecución existe, aunque el ministro de Educación finja estar en Babia. Y, para remate, la financiamos entre todos.

Libertad Digital - Opinión

El imperio. Por Alfonso Ussía

Joan Laporta quiere hacer de Cataluña un imperio.

Embajadas, Ejército, organización de espías propios y prohibición del uso del español. Medidas inteligentes y austeras. No ha revelado los planes de formación y desarrollo de sus Fuerzas Armadas. Si los primeros oficiales de Tierra, Mar y Aire de Cataluña van a salir de academias especializadas o del dedo. Ignoro qué fecha ha establecido Laporta para la independencia de Cataluña, pero de ser cercana, esos oficiales tendrían que estar estudiando. Además de los sentimientos hay que aportar profesionalidad. Y vocación. Haría bien Laporta en visitar las Academias Militares para conocer a los hombres y mujeres que visten los diferentes uniformes de nuestras Fuerzas Armadas. Se quedaría asombrado al comprobar su preparación, y alguno de ellos le mandaría, muy educadamente, a freír monas en catalán. Lo de los espías es más sencillo. Se compran unas cuantas gabardinas, unos sombreros, diez o doce teléfonos y ya está montado el servicio. Las embajadas tampoco resultarían difíciles de instalar. Se compra un piso –ya lo han hecho–, se nombra a un pariente de alguien –ya lo han hecho–, y adelante con la chirimoya. La prohibición del uso del español es una medida urgente que no entiendo aún como no ha sido adoptada todavía.

Idioma de paletos, dijo alguien por ahí. Y minoritario. Con un idioma de tan reducida implantación en el mundo no se puede hacer nada. Aprenderlo y usarlo es perder el tiempo. Y el mundo lo celebraría. El mundo está harto de alargar las palabras, y desea la sabiduría de la síntesis. En catalán, «campo» se dice «camp» y «pico» «puig», aunque se pronuncia «Puch». El balón es más corto en español. En catalán es «pilota», que en el idioma paleto también puede ser traducido como «mujer al mando de un avión-“avió” en catalán-, o conductora de un coche de Fórmula Uno». No se dan cuenta de nada en Madrid. Casi quinientos millones de personas en el mundo están deseando que, al fin, alguien tenga el coraje suficiente para prohibir el idioma español. ¿Se figuran la delicia de llegar a Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Lima, Miami o Nueva York, y que en lugar del horrible «Bienvenidos» se lea el precioso «Benvinguts»? Me estoy poniendo cachondo sólo con figurármelo.

Los independentistas catalanes han sido siempre contrarios a la existencia de las Fuerzas Armadas y del obligado cumplimiento de un servicio militar. El servicio militar obligatorio ya no existe en el «País vecino», pero siete siglos de Ejército pesan en la tradición. A un marino hay que enseñarle a mandar un barco, a un piloto a llevar a un avión, y a un coronel de Tierra a administrar y entrenar a un Regimiento. No vale inventarse un uniforme azul para poner a una fragata rumbo a Sitges y terminar topándose con la costa de Túnez. En los primeros años de Fuerzas Armadas catalanas habría de ser permitido, para que hubiese entendimiento, el uso del español siempre que la frase se adornara al final con un «Osti tú», «¡No sabía que por el mar estuviera tan lejos Sitges, osti tú!»; «Ni yo que hubiese tantos árabes, osti tú!». No se trata de incordiar, sino de ayudar. Porque unas Fuerzas Armadas no se inventan así como así, como cree Laporta.

Se entiende que Madrid y Valencia le hayan tomado la medida a la poderosa y rica Cataluña. Los territorios prosperan o se empobrecen como consecuencia del trabajo de sus dirigentes. Las últimas encuestas demuestran que los catalanes son infinitamente más trabajadores e inteligentes que sus gobernantes. Siempre ha sido así. Viven, en su mayoría, al margen de estas gansadas. Y lo dejarán claro muy pronto, a la primera oportunidad. Ese día Laporta, en su casa, jugará con sus soldaditos de plomo.

La Razón - Opinión

El despilfarro autonómico tapa el despilfarro estatal

Lo que pretenden es descargar toda la responsabilidad del ajuste en las autonomías. Entre unos y otros la casa se queda sin barrer: las autonomías gastan lo que no recaudan y, con ese pretexto, el Gobierno deja de ajustar su despilfarro a los ingresos.

Que el déficit público de nuestras manirrotas Administraciones Públicas es uno de los grandes problemas que aquejan a nuestra economía es algo de lo que son conscientes analistas e inversores nacionales e internacionales. El año pasado el conjunto de nuestras administraciones tuvo que financiar alrededor de 110.000 millones de gastos por encima de sus ingresos, el 11,2% del PIB. Es urgente eliminar este agujero, no sólo porque reconducirlo al 3% sea un imperativo legal europeo (y que por el Protocolo de Déficit Excesivo podría costarnos cerca de 10.000 millones de euros en concepto de sanción), sino porque la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas y, en definitiva, nuestra solvencia como país frente al exterior depende de que logremos ubicar nuestro gasto a niveles compatibles con nuestros ingresos: una situación de la que, por desgracia, estamos hoy muy lejos.

Nuestros políticos han aprovechado la crisis económica –en la que la austeridad y la moderación debería ser la norma– para gastar más de lo que habrían soñado en tiempos de prosperidad. Pese a que pueda sonar absurdo, justo en el momento en el que los ciudadanos veían perder su empleo, reducir sus fuentes de ingresos y ahogarse en sus deudas, el Gobierno les obligaba a gastar un dinero que no tenían y que en el futuro cercano se iba a cobrar (ya se está haciendo) con subidas de impuestos.

Como es obvio, todo el foco de atención se está concentrando en el Gobierno central, por cuanto él es quien cuenta con un mayor déficit (alrededor del 10%), quien capitanea la retórica sobre la necesidad de incrementar el gasto y quien está acometiendo las subidas de impuestos. Sin embargo, no convendría olvidar que nuestro caótico sistema autonómico genera perversos incentivos para que las comunidades autónomas también estén gastando sin freno y sean en parte responsables del abultado déficit de la Administración central.

Al fin y al cabo, la ventaja que tiene para los políticos autonómicos que los ingresos fiscales estén centralizados y el gasto descentralizado es que son ellos quienes inauguran las faraónicas obras públicas y quienes crean redes clientelares con las que consolidar su poder, pero es el Gobierno central quien al final debe sufrir el desgaste de aumentar los impuestos. Asimismo, en caso de que España fuera en el futuro sancionada por la Unión Europea como consecuencia de su excesivo déficit, también sería el Gobierno central quien soportaría la reprimenda política y económica, eximiéndose las autonomías de todo coste.

Y por si lo anterior fuera poco, tampoco conviene olvidar que parte del déficit estatal procede de garantizarles a las ejecutivos autonómicos unos niveles de ingresos que superan en mucho la recaudación actual y gracias a los cuales las comunidades pueden exhibir unas cuentas públicas sustancialmente mejores que las del Ejecutivo de Zapatero.

Se vuelve imprescindible, pues, que todo este exceso de gasto público se reduzca y para ello es necesario forzar a las comunidades autónomas a que hagan lo propio dentro de su presupuesto. El problema es que fijar compromisos genéricos que prometan reducir el déficit de aquí a 2013 hasta niveles conformes con la legalidad europea no sirve de mucho si no se establecen objetivos intermedios entre 2010 y 2013. Al fin y al cabo, hasta después de pasadas las elecciones autonómicas y generales no se podrá fiscalizar el comportamiento de los gobiernos regionales para reprenderles si siguen gastando aquello que no tienen. Los próximos años bien pueden convertirse en el festín de unos políticos irresponsables que piensan legarles los problemas presupuestarios a sus sucesores. Desde luego, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera no lo impide.

Ahora bien, lo cierto es que resulta un poco ridículo que Salgado inste a las autonomías a que presenten un plan de austeridad presupuestaria cuando el Gobierno central no ha hecho todavía lo propio (a menos que entendamos una simple declaración de buenas intenciones como tal). El esfuerzo esencial, por volumen de ingresos y gastos, corresponde al Estado y éste, de momento, sólo ha mostrado su lado más demagógico y populista. Parece que lo que pretenden los socialistas es descargar toda la responsabilidad del ajuste o de la falta del mismo en las autonomías. Así, entre unos y otros la casa se queda sin barrer: las autonomías gastan lo que no recaudan y, con ese pretexto, el Gobierno deja de ajustar su despilfarro a los ingresos. Nada que inspire demasiada confianza a los inversores extranjeros: si no saben del juego de intereses autonómico, malo; si lo conocen, mucho peor.

Libertad Digital - Editorial

Rebelión contra Garzón. Por Hermann Tertsch

DICE el ejército de defensores de nuestro juez gladiador y viajante que es Baltasar Garzón que no hay derecho a criticar a un juez.

Por eso llaman miserables, canallas, fascistas y prevaricadores a todos los jueces que desde el Supremo o el Consejo General del Poder Judicial ponen simplemente en duda las muy dudosas, dudosísimas prácticas del juez campeador, ese que ve siempre amanecer. En este país se ha perdido definitivamente la medida. Nadie en un país medianamente civilizado, salvo algún guerrillero enajenado, pondría en solfa a las máximas instituciones del Estado por defender de forma obviamente partidista a un juez que, todos sabemos, ha utilizado la política para la justicia y la justicia para la política.

Resulta inenarrable que un padre de la Constitución Española que nos dio en su día la libertad a los ciudadanos se una a la campaña contra quienes quieren saber simplemente la verdad sobre lo que este ególatra enfermizo que baila entre secretarías de Estado y judicatura pretende hacer nada menos que con la justicia de España. Con la justicia de un país en enormes problemas, en gran parte causados por sus gobernantes actuales, y que se enfrenta a un futuro de precariedad e inseguridad como nunca desde su terrible guerra civil. ¿Cómo es posible que juristas en su día aplaudidos por todos los españoles de todo el espectro político se presten a tan infame y pedestre ataque a las instituciones de la Constitución que crearon por defender lo indefendible?

¿Cuánta coacción hay en esas posturas perfectamente inexplicables de personas que hemos tenido durante décadas por honorables y hoy se han convertido en consumados sicarios de la secta que todo lo copa, sobre todo el Gobierno, pero también los medios, instituciones bancarias o cajas, ayuntamientos y demás repartidores? ¿Cuánta presión han resistido o ha vencido a hombres cabales que hoy están defendiendo públicamente lo peor y más intolerable de nuestro país? ¿Se imagina alguno de ustedes a Garzón, con su biografía, en el Tribunal Supremo o en el Constitucional de Alemania?

Todo resulta al final de una ridiculez grotesca. Aquí ilustres juristas defendiendo a quien esta imputado de tres delitos. Allí en Sevilla reciben a Rodríguez Zapatero como si fuera el Caudillo -lo es probablemente- con banderas y soflamas y callan que su ex presidentes le dio diez millones de euros a la empresa que gestionaba en esas cuestiones su hija. Imagínense que Esperanza Aguirre hubiera dado diez millones de euros, o diez mil tan solo, a una empresa de un hijo suyo. ¿Qué andarían ladrando todos los de la secta todos los días, cada minuto, en todas las cadenas y emisoras? Zapatero, el caudillo que cuida a sus hijas del daño que su propia imagen les puede producir, no tiene pegas en que sus amigos, de alguna cadena financiada por todos nosotros a través de Televisión Española, difame a padres cuyos hijos se ven agredidos a diario por la infamias que el Gobierno, a través del ministerio del Interior o delegaciones propias, despliega por los medios.

Siempre, desde la dictadura en la que tantos estaban cómodos y otros se jugaban la piel, he pensado que este país tiene remedio. Porque está lleno de personas de buena fe y mucho coraje. Porque lo han reconducido varias veces hacia la dignidad desde la ignominia. Sigo pensando lo mismo. Creo que podemos salir de la bancarrota y de la vileza, de la inseguridad y la zafiedad. Pero también creo que la nación española necesita una rebelión. Una rebelión ante todo en la justicia y en la educación. Una masiva respuesta de resistencia contra todo lo que nos quiere convertir en mansos, sumisos, ignorantes y obedientes. Y creo sinceramente que ha llegado el momento de dar una señal clara e inequívoca de que estamos en ese rumbo, y consiste en apartar definitivamente al juez Garzón de la judicatura. Ningún país serio puede permitirse a un personaje así decidiendo sobre la libertad, la vida y la hacienda de sus ciudadanos.

ABC - Opinión

Zapatero también necesita dos tardes de matemáticas

A menos que nos encontremos en una economía cuasi-soviética, suena ridículo que el sector privado sólo gaste el 40% de la electricidad del país. O Zapatero miente o ni siquiera sabe realizar una sencilla regla de tres.

Suele ser recomendable que cualquier persona que quiera arreglar la casa de los demás ponga antes en orden la suya propia. Un gestor que demuestre pocas facultades para gobernarse a sí mismo, difícilmente estará capacitado para gobernar a los demás. Máxime cuando la información que puede tener sobre el resto de personas será muy inferior a la que pueda tener sobre sí.

El Ejecutivo español, con Zapatero a la cabeza, ha aprovechado la crisis para extender sus ansias dirigistas sobre el resto de los españoles. Pregona la necesidad de alcanzar un nuevo "modelo productivo" que nacerá de su planificación central para decidir qué sectores deben desarrollarse (como el de las ineficientes energías renovables) y cuáles reducirse a su mínima expresión.

Sin embargo, Zapatero se ha encontrado con un problema a la hora de implementar su agenda intervencionista: las dramáticas cifras de paro y el muy preocupante déficit público han socavado su credibilidad dentro y sobre todo fuera de nuestras fronteras. Tanto ha mentido el presidente del Gobierno, tanto ha demostrado ser un gestor nefasto y desastroso que ni siquiera sus más radicales defensores pueden conceder valor alguno a sus propuestas.

Con tal de revertir esta caída en picado de la confianza, Zapatero prometió dar marcha atrás en su calamitosa política económica reformando las pensiones, el mercado laboral y reconduciendo el déficit público al 3% del PIB exigido por la UE. Para esto último anunció la subida de distintas figuras fiscales (sobre todo el IVA) y un intenso plan de reducción del gasto cifrado en 50.000 millones de euros.

A día de hoy seguimos desconociendo qué partidas serán recortadas casi draconianamente para alcanzar una cifra que representa alrededor de una quinta parte de todo el gasto de 2009. Sin embargo, vamos conociendo algunas ocurrencias que se aproximan más a la política ficción, al maquillaje de las cuentas públicas, que a un auténtico plan de consolidación presupuestaria.

Así, Zapatero ha prometido un gran plan de austeridad energética en los edificios públicos por el cual se logrará ahorrar un 20% de la factura total, lo que según Zapatero asciende a 3.000 millones de euros. Haciendo una simple regla de tres, salta a la vista que el presidente del Gobierno está asumiendo que las Administraciones Públicas gastan cada año en electricidad 15.000 millones de euros, el 1,5% del PIB.

Para que nos hagamos una idea de lo irreales que son estas cifras, basta señalar que en España hay unos 2.000 edificios públicos, de modo que la factura energética anual de cada uno sería de 7,5 millones de euros como media o más de 20.000 euros diarios. Es más, toda la producción energética española tiene un valor anual, dentro de nuestro Producto Interior Bruto, de unos 24.500 millones de euros. Si según Zapatero el consumo de las Administraciones Públicas es de 15.000 millones, estaríamos afirmando que el 60% de todo el consumo eléctrico en España proviene del Estado central y de las autonomías. A menos que nos encontremos en una economía cuasi-soviética, suena ridículo que el sector privado sólo gaste el 40% de la electricidad del país.

Ocurre que, pese a no existir cifras oficiales, sabemos con certeza que el consumo energético de nuestra Administración Pública es muy inferior a 15.000 millones de euros. Lo que también significa que, aún cumpliendo a rajatabla el plan de austeridad energética, el ahorro presupuestario que lograría Zapatero sería una ínfima fracción de los 3.000 millones que se nos han vendido a bombo y platillo.

De nuevo, el PSOE parece decidido a recurrir a la propaganda para retrasar las imprescindibles reformas que necesita nuestro país. Dado que son los únicos que, debido a sus prejuicios socialistas, no quieran darse cuenta de la preocupante situación en que se encuentra nuestra economía, manipulan a los ciudadanos para hacernos creer que se hallan manos a la obra cuando en realidad siguen conduciéndonos hacia el abismo.

O eso o que en el PSOE ni siquieran conocen cómo realizar una sencilla regla de tres para darse cuenta de las absurdas cifras que están manejando. Desde luego, no sabemos cuál de los dos escenarios es más preocupante.

Libertad Digital - Opinión

Los calzoncillos del felipismo. Por Pablo Molina

Durante el felipismo trincaba todo el mundo, dentro del Partido Socialista me refiero, y el que no se enriquecía de la noche a la mañana o trataba de ser honrado era señalado por sus compañeros como un esquirol.

Luis Roldán es una excelente materia de estudio para que las jóvenes generaciones de españoles conozcan cómo funcionaba el Gobierno de nuestro país en los primeros años noventa. Los últimos gabinetes de Felipe González Márquez, líder proletario que ahora anda aconsejando a multimillonarios, construyéndose casoplones en la morisma y dando lecciones de ética, no robaron más porque no tuvieron más dinero público a su alcance. En esa época trincaba todo el mundo, dentro del Partido Socialista me refiero, y el que no se enriquecía de la noche a la mañana o trataba de ser honrado era señalado por sus compañeros como un esquirol y obligado a abandonar la política para no dar mal ejemplo. El principal ministro de Hacienda del felipismo, Carlos Solchaga, llegó a decir que España era el país en el que más rápido podía uno enriquecerse y sus compañeros de partido se emplearon a fondo para no dejarlo por embustero. Mientras tanto, el ministro de infraestructuras, un tal José Borrell, aparecía en la televisión pública suplicando a los empresarios que, por el amor de Dios, no corrompieran más a los altos cargos del partido de los cien años de honradez. Terminó defenestrado, claro.

Al socaire de la Exposición Universal de Sevilla y las olimpiadas de Barcelona en el año 92, hubo fortunas que surgieron espontáneamente y miles de semianalfabetos vinculados a "la pesoe" que a base de cafelitos cambiaron de casa, dejaron a su esposa y se montaron por primera vez en un Jaguar con su camiseta de tirantes y sus chanclas reglamentarias. Uno de ellos fue Luis Roldán, director general de la Guardia Civil con Felipe González Márquez (de profesión actual sus bisuterías), que tuvo la virtud de escenificar en la portada de una revista de gran tirada la perfecta vinculación entre la ética y la estética del felipismo, apareciendo en calzones "turbo" y camiseta de rejilla en un "meublé", mientras celebraba el último sablazo a la caja de la asociación de huérfanos de la Guardia Civil rodeado de puticas.

Condenado a treinta y un años de cárcel por cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, estafa y delito contra la Hacienda Pública, sólo ha cumplido quince, los últimos cinco en régimen abierto. Las estimaciones más modestas calculan que robó a los españoles casi veinte millones de euros, de los cuales sólo se ha podido recuperar poco más de un millón. Del resto se desconoce su paradero. El protagonista dice que fue a su vez robado por otro personaje típico del felipismo, Francisco Paesa, y que vive prácticamente de la caridad. Imaginaciones suyas, claro, pero de ser cierto debería pedirle trabajo a su antiguo jefe. En la mansión de Tánger seguro que andan escasos de mayordomos y jardineros.

Libertad Digital - Opinión

Banderolas. Por Ignacio Camacho

PARA recibir a Zapatero, el alcalde de Sevilla —que está con un pie en la calle y el otro en la puerta— ha mandado colgar banderolas y gallardetes como si se tratase de la boda de Carlos V, que también se celebró, como el Consejo de Ministros, en los Reales Alcázares. Sólo han faltado los arcos triunfales y el Te Deum Laudamus Domine. A los andaluces nos fastidian mucho los tópicos orteguianos, sobre todo los del servilismo y la tendencia a entregarnos en espectáculo al visitante, pero no perdemos ocasión de caer en ellos y ofrecer de nosotros mismos una imagen cortijera, como en esa estampa cruel de «Los santos inocentes» —aunque ésta sucedía en Extremadura— en que llegaban los señoritos a entregar el aguinaldo a la endomingada servidumbre de la finca.

Zapatero traía un limosneo más bien roñica, con el importe de la célebre «deuda histórica» —otra expresión más bien mendicante, que tal parece que el hecho diferencial andaluz es que nos deben dinero-trocado en solares devaluados por la desinflada burbuja inmobiliaria y una calderilla para el PER que solivianta en Madrid a quienes lo confunden con el voto cautivo porque no saben que el verdadero mecanismo clientelar no está en los jornales agrarios sino en los subsidios institucionales.

Pero sobre todo les traía a los socialistas andaluces una especie de socorro de emergencia en forma de operación de propaganda, en un momento en que a tenor de las encuestas el Gobierno bien podría haber declarado zona catastrófica su vivero electoral más querido. Como el zapaterismo ha licuado del todo la política, aventándola de contenidos a beneficio de la apariencia, la ayuda prestada ha sido más bien gestual, escenográfica y vacía de fondos, como si los talones del Estado estuviesen escritos con tinta simpática. Puro marketing: mucha parafernalia y poco dinero. En la pragmática Cataluña se habrían sentido insultados por la maniobra.

En realidad, y dada la caída en picado de la valoración del presidente, el cable se lo tendría que haber echado Griñán a él, que es el que está lastrando con su baja forma la larga hegemonía del régimen andaluz. Pero Griñán no tiene chequera de la que tirar, ni siquiera para firmar en barbecho, y además la gente no lo conoce y aún se pregunta quién es ese señor con barba que antes aparecía al lado de Chaves. Juntos, Zapatero y él parecen dos náufragos tratando de sostenerse mutuamente a flote, a base de trucos virtuales que es lo único que en este momento puede ofrecer la socialdemocracia. El clientelismo se basa en amarrar voluntades con la cuerda del presupuesto, pero cuando éste se queda corto se empiezan a escapar los votos de la gavilla. Entregar suelos baldíos en vez de inversiones contantes equivale a una confesión desesperada de insolvencia que no se puede tapar con las banderolas de Bienvenido míster Marshall porque míster Marshall está en quiebra y debe hasta de callarse.

ABC - Opinión

Roldán, ni tira de la manta ni devuelve lo robado

Ningún corrupto debería salir de prisión hasta que devolviera hasta el dinero robado, porque el aliciente de poder disfrutar de la fortuna amasada ilegalmente tras unos pocos años de cárcel es suficiente para que los casos de corrupción sigan aflorando.

Luis Roldán es el decadente ejemplo de lo que fue el felipismo para España, cuyos últimos años ofrecieron a unos españoles atónitos el mayor cúmulo de escándalos políticos que se recuerdan en la historia de cualquier país. Condenado a treinta y un años de cárcel por los delitos de cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, estafa y delito contra la Hacienda Pública, el exdirector de la Guardia Civil con el PSOE sólo ha cumplido quince, los últimos cinco en régimen abierto. Excesiva generosidad teniendo en cuenta que no ha devuelto voluntariamente ni un solo euro de los varios millones que amasó ilegalmente al amparo de su cargo.

Tras muchas pesquisas de la administración tributaria, a Roldán sólo se le han podido incautar bienes que, en su conjunto, no llegan a cubrir ni el veinte por ciento de la cuantía total que robó de las arcas públicas, incluida la caja destinada a ayudar a los huérfanos de la Guardia Civil. Es difícil entender que alguien pueda saldar su deuda con la Justicia sin restituir lo robado a sus legítimos dueños, que somos todos los españoles, pero los beneficios penitenciarios de un sistema legal ideado para favorecer al delincuente en detrimento de las víctimas producen situaciones tan lamentables como la que hoy comentamos.

No es ocioso recordar, no obstante, que en la época en que Roldán se escondía de la Justicia española en exóticos parajes, para volver a nuestro país de la mano del entonces ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch en uno de los episodios más rocambolescos que se recuerdan, ya había en el Gobierno personajes muy conocidos que Zapatero ha recuperado para su equipo, como si el piélago de corrupción que amparó su partido en los noventa hubiera sido sólo una anécdota. Aquí siguen, por ejemplo, la Secretaria de Estado de Justicia con Belloch, hoy vicepresidenta primera con Zapatero, y el portavoz del Gobierno más corrupto de la historia de la democracia, en la actualidad al frente del Ministerio del Interior.Ninguno de los dos tiene, al parecer, nada que opinar sobre la excarcelación de Luis Roldán sin que se sepa dónde están los muchos millones de euros que se apropió ilegalmente delante de sus narices. En cambio no hay que animarles demasiado para que den lecciones de moral pública al partido rival por un asunto como el caso Gürtel -tan hediondo como el de Roldán, dicho sea de paso-, como si ambos acabaran de aterrizar en la política española.

Ningún condenado por corrupción debería salir de prisión hasta que devolviera hasta el último céntimo robado. En caso contrario, el aliciente de poder disfrutar de la fortuna amasada ilegalmente tras unos pocos años privados de libertad es suficiente para que los casos de corrupción sigan aflorando en la política española. Roldán es un ejemplo, pero lo peor es que con el sistema penitenciario actual no será el último.

Libertad Digital - Opinión

El truco de la Deuda Histórica

LA sorpresa encerrada en los acuerdos alcanzados el pasado viernes en el Alcázar de Sevilla entre el presidente del Gobierno de la Nación y el de la Junta de Andalucía para poner fin al litigio por la Deuda Histórica puede convertirse en el mayor escándalo de la autonomía. Frente a los 509 millones de euros en que se valoraron los activos de Agesa en el acuerdo de pago de la Deuda Histórica entre Rodríguez Zapatero y Griñán, lo cierto es que la página web de esta entidad fija su valor en 155 millones. Estamos hablando, pues, de una sobrevaloración de 354 millones, que ya se veía venir cuando, hace cuatro meses, la Junta valoró Agesa en 200 millones menos de lo que lo hizo el pasado viernes. No contento con desembolsar la Deuda Histórica en solares, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace ahora trampa y sobretasa una empresa pública para hacer creer que está saldando la Deuda.

La Deuda Histórica del Estado con Andalucía se cifró en su día en 1.204 millones de euros, de los que todavía quedaban por pagar 784. El viernes se desbloqueó el acuerdo con el presidente de la Junta de Andalucía, Comunidad que recibirá dos millones en efectivo y el resto en solares y en los activos de Agesa. Éstos son el grueso del pago, por lo que el engaño adquiere proporciones de imprevisibles consecuencias. Mientras España estuvo gobernada por el ejecutivo de José María Aznar, el Gobierno de Manuel Chaves no cesó un minuto de reclamar esta deuda estatutaria. Pero la inesperada victoria electoral del PSOE en 2004 obligó a los socialistas andaluces a dar un volantazo, y de no haber sido por la labor de la oposición, la Deuda Histórica se habría olvidado. Pero este súbito cambio de actitud no ha logrado cerrar el expediente, y ahora que las expectativas electorales del PSOE-A están peor que nunca, con unas encuestas claramente favorables al PP, se intenta dar cerrojazo en falso. José Antonio Griñán no puede escapar sin más de un escándalo de esta naturaleza; debe dar explicaciones contundentes cuanto antes, y asumir su responsabilidad en un trato que una vez más ofende a Andalucía y con el que él sirve a su señor, aunque éste se halle instalado en la improvisación permanente de una demagogia sin límites y sin rubor.

ABC - Editorial

Todavía estamos a tiempo. Por José María Carrascal

Todavía estamos a tiempo de que la crisis no se convierta en desastre para España, pero estamos en el último cuarto de hora para evitarlo.

Si seguimos cerrando los ojos a la realidad y poniéndole meros parches, el desastre es inevitable. Quiero decir que nos convertiremos en otra Grecia, pese a las diferencias entre ambos países. Ya han oído a Ángela Merkel: «Los países que no ajusten sus cuentas deberían salir del euro.» ¿Estamos ajustando las nuestras? No. Y les pongo dos ejemplos:

La otra mañana, en no recuerdo qué tertulia, un oyente de Sevilla expuso su situación: «Trabajaba en una empresa que cerró -dijo-, por lo que tuve que aceptar un trabajo donde gano menos de la mitad que antes. Mientras, mis ex compañeros están en el paro, cobrando más que yo. Cuando les veo de charla al volver del trabajo, me pregunto si no sería mejor que el próximo mes me apuntase también al paro.»

Cuando conté esta anécdota a un vecino, ante mi sorpresa me respondió: «A mi hermana le ha pasado algo parecido. Tenía un buen empleo hasta que la despidieron. Buscó otra cosa, pero todo lo que le ofrecieron era con sueldos muy inferiores, por lo que ha decidido apuntarse, desde el paro, a un curso de capacitación, hasta que encuentre algo mejor.»

Un país no puede funcionar así. Pero es como viene funcionando España desde que se inició la crisis, hace ya más de dos años. Y así nos va. Con un dispararse astronómico del déficit y del paro. La única medida efectiva que ha tomado el Gobierno ante ella es ésa: ayudar a los que van quedándose sin trabajo y esperar a que los demás países se recuperen, para que tiren de nosotros. Pero medidas auténticas, ajustes serios, correcciones reales de las taras de nuestra economía, no se ven por ningún sitio. Lo que es una fórmula segura para el suicidio económico.

Esta no es una crisis como las demás. Ni siquiera es una crisis económica. Es una crisis de valores, una crisis social, una crisis individual y colectiva, basada en el autoengaño. No se puede ganar cada vez más trabajando cada vez menos. No se puede premiar al que está en paro ni al que se jubila prematuramente, ni al mal estudiante, ni al que más se endeuda, y penalizar al que más trabaja, al que más estudia, al que más ahorra. No se puede estar jubilando a gente con cincuenta y pocos años, ni tener uno de los índices de fracaso escolar mayores de Europa, ni más «puentes» que nadie, ni que el presupuesto de festejos sea uno de los mayores en ayuntamientos, autonomías e incluso Estado, ni que se pueda faltar al trabajo un par de días con la simple excusa de «no sentirse bien», ni pasar curso con tres o cuatro asignaturas pendientes, so pena de acabar, como estamos acabando, en el pelotón de los torpes. No se puede, en fin, presumir y actuar como ricos, mundo adelante, como he visto tanto a delegaciones oficiales como a individuos, por la sencilla razón de que no lo somos. España no es un país rico, pese a lo que nos han dicho nuestros políticos, y hemos terminado por creérnoslo. La riqueza de un país viene de sus riquezas naturales o del trabajo de sus habitantes.

Nuestra única riqueza natural es el sol, el turismo. Pero el turismo depende de la coyuntura económica, que hoy es mala, aparte de tener cada vez más competidores. En cuanto al esfuerzo, sí, hubo épocas en que los españoles trabajamos mucho, incluso teníamos varios empleos. Pero últimamente, más que a trabajar, nos dedicamos a disfrutar, lo que no es un pecado. Siempre que se lo haya ganado uno antes. Donde está precisamente nuestro fallo. La riqueza de nuestros padres venía de lo que ahorraban, de lo que no gastaban de sus sueldos. La riqueza actual viene justo de lo contrario: de endeudarse. De comprarse un piso, sin tener dinero, naturalmente, y dejar que el piso se revaluase solo, como si fuera una hucha de cemento, hasta hacernos millonarios. Y eso no fue lo peor. Lo peor fue que los bancos que nos habían dado esas hipotecas las «empaquetaban» como productos financieros de primera calidad y las colocaban en Bolsa como si tuvieran detrás un valor real. Cuando lo que tenían eran miles de hipotecas a pagar a veinte o treinta años, de gentes que dependían de su sueldo. Es decir, que las pagarían o no, según mantuviesen o no su empleo. Aunque, eso sí, los banqueros que nos habían concedido esas hipotecas se cobraban ya ahora sus suculentas primas como si se tratase de dinero contante y sonante. En realidad, se trataba de una estafa tipo «pirámide» a escala mundial y con permiso estatal. El pecado de Madoff fue hacerlo por su cuenta ... y riesgo de los demás. Cuando la «pirámide» se vino abajo, descubrimos lo que suele descubrirse en estos casos: que en vez de tener millones, lo que teníamos eran deudas. Todos sin excepción. Deudas que hay que pagar.

Bancos y Cajas de Ahorro españoles deben devolver 412.000 millones de euros de aquí a agosto de 2012, mientras el Estado debe devolver a plazo más corto 120.000 millones. La deuda de las Autonomías alcanzó el año pasado los 82.000 millones, y la de los particulares es una cifra aún por cuantificar. ¿Cómo se financiará esa deuda teniendo en cuenta que el superávit de que tanto presumíamos se ha volatilizado en un abrir y cerrar de ojos? Pues emitiendo más deuda. ¿Nos la comprarán o sólo la conseguiremos a intereses mayores, por el riesgo que significa para ellos, y la mayor carga correspondiente para nosotros, lo que traería un retraso de la recuperación? Es la pregunta del millón, o millones, que tiene como respuesta: dependerá de la credibilidad que ofrezca el plan de ajuste del Gobierno. Y el Banco Central Europeo acaba de criticar el actual plan por «insuficiente», el propio Almunia considera que las previsiones del Gobierno «pecan de optimistas» y la agencia S&P rebaja la calificación de la banca española. Pero el Gobierno sigue poniendo paños calientes a la crisis, en vez de recortar todos los gastos que no sean imprescindibles e imponer un severo plan de austeridad a las administraciones central, autonómica, municipal e incluso privada, como le piden todos los expertos nacionales e internacionales. Teme más los daños políticos que los económicos, piensa más en las próximas elecciones andaluzas que en el déficit y acusa al PP de «no tirar del carro», sin aceptar sus principales propuestas, lo que no es forma de buscar una colaboración. Algo así como si siguiera pidiéndole respaldo para continuar el diálogo con ETA, después de que ésta hubiera vuelto a asesinar. ¿Busca hacerle cómplice de las duras medidas de ajuste o, simplemente, convertirlo en culpable del desastre que se nos viene encima por no colaborar? Con esta gente que todo lo confunde y nada hace a derechas, es imposible saberlo. Lo único que sabemos es que estamos a mediados de marzo y seguimos discutiendo sobre la naturaleza de la crisis y sobre sus formas de afrontarla, como las liebres sobre los perros perseguidores.

¿Cuáles son las perspectivas? Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, que en 2006 predijo la «crisis de 2010» sin que nadie le tuviera en consideración, hace hoy el presente diagnóstico: «La crisis estallará a partir del próximo verano, cuando la capacidad de endeudamiento español llegará al máximo.» ¿Y entonces? «Entonces el Gobierno legalizará la marihuana para tranquilizar a la población.» Esto último, naturalmente, es una broma. Pero lo primero va completamente en serio. Los planes económicos del Gobierno no son mucho más que opiáceos. Nos queda hasta el verano para cambiar. Y para disfrutar, si uno tiene nervios para ello.

ABC - Opinión

Zapatero se aprovecha de la crisis

Zapatero sabe que lo más importante para asentarse en el poder no es adoptar medidas traumáticas como las que necesita la economía española para iniciar la recuperación, sino seguir comprando votos al tiempo que asume unas competencias cada vez mayores.

Rahm Emmanuel, el asesor presidencial de Obama, le aconsejaba no dejar pasar una crisis económica sin aprovecharse de ella. Desde siempre, los políticos han intentado emplear los tiempos difíciles para expandir y consolidar su poder. Cuando la sociedad atraviesa momentos desesperados, suele mostrarse dispuesta a ceder espacios de su libertad a cambio de promesas de prosperidad.

Así, la estrategia política durante la crisis suele consistir, por un lado, en lograr que cada vez un mayor número de personas dependan de las transferencias de renta del Estado y, por otro, en asumir un creciente número de competencias con las cuales poder controlar las vidas de sus ciudadanos.

El PSOE, siguiendo las consignas de la izquierda más radical que a ambos lados del Atlántico reclama aprovechar la coyuntura para acrecentar la esfera de "lo público", tiene muy bien aprendida la lección. Sabe que lo más importante para asentarse en el poder no es adoptar medidas traumáticas como las que necesita la economía española para iniciar la recuperación, sino seguir comprando votos con el dinero de todos los españoles, al tiempo que asume unas competencias cada vez mayores.

Este viernes los socialistas han vuelto a escenificar de qué forma la crisis supone para ellos una oportunidad a explotar y no un problema a resolver. En las horas más bajas del PSOE andaluz, el Gobierno ha trasladado a Sevilla su Consejo de Ministros para anunciar toda una batería de ayudas y gasto público dirigido a Andalucía: la condonación de la deuda histórica con el Estado, la ampliación del PER y la aprobación del plan Andalucía Sostenible y de un paquete de fondos para paliar los daños del temporal. En total, más de 1.200 millones de euros en una muestra del peor caciquismo que ha caracterizado la historia española.

Y mientras con una mano compraba votos, con la otra incrementaba sus competencias con la excusa de combatir la crisis. Ayer también, el PSOE por fin aprobó su mal llamada Ley de Economía Sostenible, donde en medio de alguna propuesta aislada aparentemente bien encaminada (como la simplificación de los procedimientos administrativos) podemos encontrar todo un despliegue de medidas cuya finalidad es la de seguir orientando la economía en la dirección que desean los políticos socialistas y no los consumidores, ahorradores, empresarios e inversores españoles; a saber, una economía apoyada en unas energías tan caras e ineficientes como son hoy las renovables. La ley apuesta por seguir cebando esta burbuja en la línea marcada por la consigna ecologista radical del llamado "20/20/20": reducir para el año 2020 las emisiones de CO2 un 20% y lograr que el 20% de la energía provenga de las onerosísimas fuentes ‘verdes’. Si algo no necesita la escasamente competitiva economía española es que le coloquen corsés adicionales a los ya padece, encareciendo su energía a costa de un incremento del gasto público que alimente aún más nuestro déficit.

Pero además la Ley de Economía Sostenible también contiene una disposición específica nada relacionada con la crisis pero sí con las restricciones de las libertades de los ciudadanos: la denominada Ley Sinde (que más bien debería llamarse "Ley Zapatero") que habilita el cierre de páginas web a través de una comisión mixta entre políticos y la Audiencia Nacional.

Como si se tratara de un capítulo más dentro de un amplio abanico de planes contra la crisis y a favor de la sostenibilidad de nuestra economía, Zapatero ha sacado adelante una normativa que le permitirá colocar bajo su control internet, cerrando cualquier sitio web que enlace contenidos protegidos por "derechos de autor" (esto es, casi todas las páginas de internet), cuando esto último ni siquiera constituye un delito. Un paso más para introducir al Estado en internet y a partir de ahí ir eliminando ese oasis de libertad que constituía la red.

Vemos, pues, que nuevamente las crisis sirven a nuestros políticos para comprar votos y extender sus tentáculos sobre la sociedad. Al margen de los dramas particulares que puede suponer una depresión económica, lo realmente grave es la oportunidad de oro que representa para que el Estado medre y recorte nuestras libertades. Las crisis tarde o temprano terminan, los regímenes políticos liberticidas tienden a perdurar demasiado tiempo.

Libertad Digital - Editorial

Economía insostenible

EL Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Economía Sostenible, después de haberlo anunciado hace más de diez meses como el instrumento necesario para provocar ese pretencioso cambio de modelo productivo por el que aboga el Gobierno.

Tan urgente y tan eficaz no será este proyecto cuando el Ejecutivo socialista está tardando tanto en ponerlo en marcha y, sobre todo, cuando tiene a su disposición el Real Decreto-Ley para aquella medidas económicas que considere apremiantes. Quedan dos años de legislatura, en los que no cuentan los últimos seis meses por la proximidad de la disolución de las Cámaras. Este proyecto nace sin consenso y sometido a los cada día más difíciles equilibrios parlamentarios a los que se ve obligado el Gobierno para sacar adelante sus iniciativas. Si la esperanza del PSOE está depositada en los votos nacionalistas, mal futuro se le puede pronosticar a una reforma legal que, si algo podría aportar a la recuperación económica, es un tratamiento homogéneo de los intereses nacionales y la creación de herramientas jurídicas para una política de cohesión. La alternativa debería ser el pacto con el Partido Popular, una opción que el PSOE descarta de antemano, salvo para cuestiones de segundo orden, porque, el trasfondo de estos movimientos de cara a la galería -y una sedicente ley de «economía sostenible» lo es- no es otro que el período electoral que se le viene encima al Gobierno, con dos citas a medio plazo en Cataluña y, después, en 2011.

Es notorio el interés del Ejecutivo por no tomar decisiones incómodas electoralmente, de manera que su directriz política va a seguir guiada por los mensajes populistas sobre los derechos sociales y las medidas de terapia indolora -e ineficaz- frente a la crisis. La reducción de las peonadas para cobrar el desempleo agrícola, acordada también ayer por el Consejo de Ministros, recupera el sesgo del clientelismo más extremo, bajo la apariencia de ayuda económica frente a las inundaciones de los últimos meses, con el efecto perverso añadido de aliviar artificialmente las cifras del paro, aunque no su coste económico.El alumbramiento de la ley de Economía Sostenible reproduce los esquemas ya habituales de la factoría socialista. El objetivo es ilusorio, incluso una defraudación política -un modelo productivo no se cambia por ley y menos cuando la recuperación depende de los sectores tradicionales, como vivienda, turismo y automóvil-, pero el Gobierno está instalado en una estrategia ciega de mera supervivencia que empieza a justificar cualquier medio.

ABC - Editorial