EL Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Economía Sostenible, después de haberlo anunciado hace más de diez meses como el instrumento necesario para provocar ese pretencioso cambio de modelo productivo por el que aboga el Gobierno.
Tan urgente y tan eficaz no será este proyecto cuando el Ejecutivo socialista está tardando tanto en ponerlo en marcha y, sobre todo, cuando tiene a su disposición el Real Decreto-Ley para aquella medidas económicas que considere apremiantes. Quedan dos años de legislatura, en los que no cuentan los últimos seis meses por la proximidad de la disolución de las Cámaras. Este proyecto nace sin consenso y sometido a los cada día más difíciles equilibrios parlamentarios a los que se ve obligado el Gobierno para sacar adelante sus iniciativas. Si la esperanza del PSOE está depositada en los votos nacionalistas, mal futuro se le puede pronosticar a una reforma legal que, si algo podría aportar a la recuperación económica, es un tratamiento homogéneo de los intereses nacionales y la creación de herramientas jurídicas para una política de cohesión. La alternativa debería ser el pacto con el Partido Popular, una opción que el PSOE descarta de antemano, salvo para cuestiones de segundo orden, porque, el trasfondo de estos movimientos de cara a la galería -y una sedicente ley de «economía sostenible» lo es- no es otro que el período electoral que se le viene encima al Gobierno, con dos citas a medio plazo en Cataluña y, después, en 2011.
Es notorio el interés del Ejecutivo por no tomar decisiones incómodas electoralmente, de manera que su directriz política va a seguir guiada por los mensajes populistas sobre los derechos sociales y las medidas de terapia indolora -e ineficaz- frente a la crisis. La reducción de las peonadas para cobrar el desempleo agrícola, acordada también ayer por el Consejo de Ministros, recupera el sesgo del clientelismo más extremo, bajo la apariencia de ayuda económica frente a las inundaciones de los últimos meses, con el efecto perverso añadido de aliviar artificialmente las cifras del paro, aunque no su coste económico.El alumbramiento de la ley de Economía Sostenible reproduce los esquemas ya habituales de la factoría socialista. El objetivo es ilusorio, incluso una defraudación política -un modelo productivo no se cambia por ley y menos cuando la recuperación depende de los sectores tradicionales, como vivienda, turismo y automóvil-, pero el Gobierno está instalado en una estrategia ciega de mera supervivencia que empieza a justificar cualquier medio.
ABC - Editorial
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