LA reducción del enorme déficit de las Administraciones Públicas es un objetivo con el que están de acuerdo el Gobierno y las Comunidades Autónomas, pero la propuesta presentada por el Ministerio de Economía a los gobiernos regionales no ha aprovechado este consenso de partida y ha defraudado las expectativas. Pasar del 11,2 por ciento de déficit actual al 3 por ciento en 2013 requiere unas medidas drásticas y un calendario de ejecución inmediata. El Gobierno no ha ofrecido nada de esto, salvo fijar en 10.000 millones de euros el importe de la reducción del déficit autonómico y crear una comisión que concrete los planes de ajuste en el mes de junio.
Por otro lado, el Gobierno vuelve a demostrar que una de las razones de la gravedad de la crisis económica española es su incapacidad para diseñar una estrategia política que resista más de tres meses o una evaluación externa mínimamente rigurosa. Hace una semana, Bruselas recibía con escepticismo el plan de ajuste remitido por el Gobierno español, destacando la imprecisión de sus medidas y el excesivo optimismo de sus previsiones. Pero es que no han pasado tres meses desde que el Congreso aprobó unos Presupuestos Generales del Estado cuyo cuadro macroeconómico estaba desfasado aún antes de ser votados, y hoy son papel mojado. Ahora, el Gobierno pide a las Comunidades Autónomas que reduzcan su déficit en 10.000 millones de euros, que es el importe que el Gobierno debería aportar para ejecutar el incremento de la financiación autonómica en los próximos años. Porque hay que recordar que el pasado año, en plena crisis y sin posibilidad de esquivarla, el Gobierno de Rodríguez Zapatero pactó un nuevo sistema de financiación autonómica en contra de un elemental sentido común que alertaba de los riesgos de asumir compromisos financieros para un Estado cuyos ingresos estaban cayendo en picado. Ayer mismo, el Ministerio de Economía certificó la mala tendencia de los ingresos públicos en los dos primeros meses de este año. El superávit de la Seguridad Social se redujo en febrero el 16 por ciento, en comparación con el mismo mes de 2009.
La crisis no puede esperar a más comisiones ni pactos de mínimos. El Gobierno, que empieza a jugar con la idea de culpar a las autonomías de la falta de recuperación, intenta eludir decisiones que son severas, pero que antes o después habrá que explicar a los ciudadanos y adoptarlas. La alternativa -seguir como hasta ahora- es mucho peor.
La crisis no puede esperar a más comisiones ni pactos de mínimos. El Gobierno, que empieza a jugar con la idea de culpar a las autonomías de la falta de recuperación, intenta eludir decisiones que son severas, pero que antes o después habrá que explicar a los ciudadanos y adoptarlas. La alternativa -seguir como hasta ahora- es mucho peor.
ABC - Editorial
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