Cuantos más gobernantes autonómicos y municipales sigan el ejemplo de Aguirre y de Cospedal, más motivos de esperanza habrá de cara a creer que el futuro Gobierno de Rajoy también practicará esa austeridad que ahora tan sólo predica.
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Si los compromisos y el discurso de investidura de Esperanza Aguirre han sido dignos de aplauso, no menos lo son los de la nueva presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien parece firmemente decidida a ser también ejemplo de esa trasparencia, austeridad y respeto al dinero del contribuyente que Rajoy predica y la presidenta madrileña viene desde hace años practicando.
Así, consecuente con esos postulados de gobiernos eficaces y austeros, Cospedal ha anunciado la supresión de 22 direcciones generales de las 50 actuales o la reducción de la estructura provincial, de la que saldrán 30 delegados y en donde dejará únicamente un representante de la Junta en cada provincia. El número de altos cargos y trabajadores eventuales se reducirá de 243 a 99, mientras se suprimirá la figura autonómica del defensor del Pueblo. Eso, por no hablar de su valiente determinación de meter la tijera también a las subvenciones a la patronal, a los sindicatos y a los partidos políticos.
Junto a la reducción del gasto corriente, Cospedal ha anunciado la contención en infraestructuras, la privatización de la radiotelevisión autonómica o una nueva ley para autónomos y pymes que elimine trabas burocráticas e incentive fiscalmente el autoempleo y la creación de puestos de trabajo.
Así, consecuente con esos postulados de gobiernos eficaces y austeros, Cospedal ha anunciado la supresión de 22 direcciones generales de las 50 actuales o la reducción de la estructura provincial, de la que saldrán 30 delegados y en donde dejará únicamente un representante de la Junta en cada provincia. El número de altos cargos y trabajadores eventuales se reducirá de 243 a 99, mientras se suprimirá la figura autonómica del defensor del Pueblo. Eso, por no hablar de su valiente determinación de meter la tijera también a las subvenciones a la patronal, a los sindicatos y a los partidos políticos.
Junto a la reducción del gasto corriente, Cospedal ha anunciado la contención en infraestructuras, la privatización de la radiotelevisión autonómica o una nueva ley para autónomos y pymes que elimine trabas burocráticas e incentive fiscalmente el autoempleo y la creación de puestos de trabajo.
Es una pena que la nueva presidenta castellanomanchega no haya propuesto la libertad de elección de centro educativo, cosa que sí que ha hecho en el terreno sanitario con su compromiso de los ciudadanos puedan elegir médico y hospital. La libertad de elección es esencial para fomentar la competencia y, con ella, mejorar la calidad de la educación que Cospedal pretende abordar con medidas, también positivas aunque algo vagas, como un "plan de choque" contra el fracaso escolar, el reconocimiento del profesor como autoridad pública en las aulas o el impulso a la carrera docente.
No menos reconfortante ha sido la apuesta de la nueva presidenta autonómica por "un Plan Hidrológico Nacional que garantice agua para Castilla-La Mancha y para toda España"; más aun, si tenemos en cuenta el pasado y lamentable papel que Cospedal ejerció durante la elaboración del nuevo, aunque felizmente frustrado, estatuto de autonomía castellanomanchego, que a punto estuvo de llevar al PP a traicionar uno de sus compromisos más claros y necesarios para la vertebración de España. Esperemos que Cospedal no vuelva a sentir la tentación de competir en demagogia con los nacionalistas de campanario y no vuelva a abogar por unas sobredimensionadas "reservas estratégicas" que encubran una derogación de facto del trasvase Tajo-Segura, pieza clave de cualquier Plan Hídrico Nacional digno de ese nombre.
El hecho es, en cualquier caso, que el despilfarro autonómico es uno de los principales lastres para la recuperación económica de España y que, desde su arrollador triunfo del 22-M, el PP es ya el principal responsable de cara a ponerle freno. Así que cuantos más gobernantes autonómicos y municipales sigan el ejemplo de Aguirre y de Cospedal, más motivos de esperanza habrá de cara a creer que el futuro Gobierno de Rajoy también practicará esa austeridad que ahora tan sólo predica.
No menos reconfortante ha sido la apuesta de la nueva presidenta autonómica por "un Plan Hidrológico Nacional que garantice agua para Castilla-La Mancha y para toda España"; más aun, si tenemos en cuenta el pasado y lamentable papel que Cospedal ejerció durante la elaboración del nuevo, aunque felizmente frustrado, estatuto de autonomía castellanomanchego, que a punto estuvo de llevar al PP a traicionar uno de sus compromisos más claros y necesarios para la vertebración de España. Esperemos que Cospedal no vuelva a sentir la tentación de competir en demagogia con los nacionalistas de campanario y no vuelva a abogar por unas sobredimensionadas "reservas estratégicas" que encubran una derogación de facto del trasvase Tajo-Segura, pieza clave de cualquier Plan Hídrico Nacional digno de ese nombre.
El hecho es, en cualquier caso, que el despilfarro autonómico es uno de los principales lastres para la recuperación económica de España y que, desde su arrollador triunfo del 22-M, el PP es ya el principal responsable de cara a ponerle freno. Así que cuantos más gobernantes autonómicos y municipales sigan el ejemplo de Aguirre y de Cospedal, más motivos de esperanza habrá de cara a creer que el futuro Gobierno de Rajoy también practicará esa austeridad que ahora tan sólo predica.
Libertad Digital - Opinión