sábado, 18 de junio de 2011

Indignados. El cuento de las lecheras. Por Maite Nolla

Rubalcaba ha autorizado una manifestación en Madrid que nadie duda de que acabará como lo de Barcelona; así que Rubalcaba, como con lo de Bildu, tendrá la vergüenza y ningún resultado que le sirva.

Visto lo de Sol, la lógica y los precedentes nos deberían haber hecho sospechar que era cuestión de horas que en Barcelona a un ciego le intentaran robar el perro, porque, aunque ciego, era convergente y diputado. Es decir, la misma violencia, que cuando desemboca en Barcelona se descontrola porque aquí nuestros indignados están como los toros de las fiestas populares: resabiados.

Nunca pensó nuestra querida clase política que el enemigo estuviera en casa. Mucho advertir de los ataques de Madrid contra Cataluña y, al final, las lecheras de los mossos han tenido que salvar al Parlament de los que querían saquearlo al grito de "¡os habéis cargado ochenta leyes de un plumazo!". Ése era el grito de guerra de una de las que empaitaba al angustiado diputado de CiU que pedía auxilio. Otra cosa es que la sujeta supiera explicarlo; aunque ciertamente le daba igual, porque de lo que se trataba era de pluridelinquir contra los diputados.


El periodismo nacionalista moderado ha cerrado filas, incluso contra las directoras de cine que han justificado las agresiones a los que le pagaron el miguelito. Lo que pasa es que para demostrar que han aprendido la lección es de esperar que nadie vuelva a reír la gracia de llamar a Boadella "feixista" o de echar estiércol ante las sedes del PP. Poca solidaridad encontramos algunas y algunos cuando en Manresa o en Lérida se celebraban actos de Ciudadanos con más mossos que oyentes, o cuando en Gerona intentaron agredir a Victoria Prego y a Arcadi Espada. Superado el trauma, no se exige un perdón, pero sí un propósito de enmienda de cara al futuro. Nadie entendería bromitas sobre el parlamenticidio, como se hicieron en el pasado.

Lo que sucede es que el golpe del miércoles no desvirtúa la idea de que detrás de la mecha está Rubalcaba. Rubalcaba ha querido hacer de esto su particular cuento de la lechera para intentar que el PP no se lo lleve por delante en 2012 y sigue en ello. Indicios sobran; y si no, recuperen los vídeos sobre el tratamiento que TVE dio a la toma de posesión de los alcaldes, y comprueben la insoportable cobertura y el indecente amparo a cualquiera que llevara un cartel e insultara a un concejal. Y los miembros del Gobierno –los que están grogui y los que no– y los dirigentes del PSOE siempre han querido guiñar el ojo a esta gente. Como Tomás Gómez. Si escucharon ustedes con atención la propuesta del derrotado candidato, éste pedía abrir un "proceso de diálogo" con estos amigos de la humanidad. Como con ETA; con la diferencia de que los indignados no han necesitado cuarenta años de delincuencia, sino un mes y unas tiendas de campaña para que algún socialista decida rendirse. Por no recordar a la que podía haber sido presidenta del Gobierno, la señora Chacón. Cuando aún creía que tenía alguna posibilidad, pedía escuchar a esta gente y aceptar sus propuestas. Es de suponer que la señora Tura le pasará la factura de la gabardina. Pero la prueba definitiva de lo que digo es que, después de todo, Rubalcaba ha autorizado una manifestación en Madrid que nadie duda de que acabará como lo de Barcelona; así que Rubalcaba, como con lo de Bildu, tendrá la vergüenza y ningún resultado que le sirva. Vamos, que tendrá su cuento, pero el de las lecheras; las lecheras de la policía.


Libertad Digital - Opinión

En directo, no en vivo. Por M. Martín Ferrand

La muerte convertida en espectáculo es un síntoma evidente de una generalizada corrupción ética y estética.

EN uno de mis tránsitos callejeros por el Madrid mesocrático en el que compiten la suciedad horizontal de las basuras con la vertical del graffiti, me asaltan dos muchachitas de tatuaje y piercing—contemporáneas— para que sume mi nombre a un pretendido manifiesto a favor de la eutanasia y de la muerte digna. ¿Tan mala cara me ven ustedes?, les pregunté. No, me respondieron con la sonoridad sincronizada y el estilo antiguo del Dúo Pimpinela; es que más vale prevenir que curar. Gran sistema asistencial es ese en el que, para evitar males mayores, te privan de la mínima y última esperanza de seguir viviendo. A mayor abundamiento, las jovencitas invocaron la ejemplaridad de la BBC y su reciente —e indignante— transmisión del suicidio asistido del empresario hostelero Peter Smedley.

El debate sobre la eutanasia y su colección de eufemismos embellecedores tiene escaso recorrido para quienes, sin recurrir a argumentos confesionales, anteponemos el derecho a la vida a cualquier otro y, además, sospechamos con cierto fundamento que cualquier circunstancia vital, por adversa y dolorosa que parezca, tiene añadidos sus gozos específicos y reparadores. Lo que resulta nuevo es que un argumento para defender el suicidio asistido, un negocio en auge para el turismo helvético, resida en el hecho de una trasgresión ética, pretendidamente informativa, en una televisión que, como la BBC, es de titularidad pública y tiene como justificación el servicio a los ciudadanos que la financian a través de una tasa específica de obligada aportación.

Aquello tan pragmático y tan grosero de que «el muerto, al hoyo y el vivo, al bollo» ha pasado a ser un manual de conducta internacional. Ha perdido su españolísima esencia y, en aras de la globalización, justifica como función propia del Estado en el Reino Unido la divulgación pública, con cargo al Presupuesto, de los métodos posibles para el mutis definitivo de los ciudadanos. La muerte convertida en espectáculo es un síntoma evidente de una generalizada corrupción ética y estética que, si no hemos perdido la sensibilidad, constituye todo un clarín anunciador de lo que nos espera. Nunca habían utilizado la eutanasia, su propaganda, como elemento en contra de la existencia, independientemente ya de sus contenidos, en las televisiones públicas; pero es, por mortuorio, un argumento total que exige respuestas igualmente drásticas y rotundas. La BBC, durante décadas pionera y modelo, ha sido capaz de convertir en «culturales» programas como La Noriay otros engendros equivalentes. ¿Tiene algún sentido, ya en el XXI, la existencia de televisiones públicas?


ABC - Opinión

El paleto. Por Alfonso Ussía

Se inauguraba en Barcelona el nuevo edificio de AGBAR, un intrépido, estético y majestuoso rascacielos apepinado. Tiempos del Tripartito. Era Presidente de la Generalidad de Cataluña Pascual Maragall, y Carod Rovira el que mandaba. Tomaban un refrigerio o un cava –prohibido lo del «vino español»– después del acto cuando el señor Maragall preguntó a uno de los aparejadores de la gran obra. –¿Qué idioma usaban ustedes para dar las instrucciones?–; El aparejador, para no defraudar al Presidente, piadosamente mentiroso, le respondió:–El catalán–. Y a Maragall y Carod les rodaron dos límpidas lágrimas de emoción por las mejillas. El ingenio arquitectónico de AGBAR pasó a un segundo plano. El que fuera miembro del Consejo General del Poder Judicial, el extravagante independentista Alfons López Tena, hoy enrolado en el grupo de Laporta, sufrió como todos los parlamentarios catalanes toda suerte de insultos y vejaciones por parte de los llamados «indignados». López Tena no respondió a los exabruptos de los antisistema porque éstos le insultaron en español y él no acostumbra rebajarse a contestar en ese idioma.

López Tena no respondió a los insultos porque corría como un conejo, no le llegaba la camisa al cuerpo y los dídimos por corbata le impedían la emisión de cualquier sonido, lo cual es natural y comprensible, porque fue víctima de un ataque violento. Pero escudarse en la paletería del idioma se me antoja una necedad malintencionada. Lo que ha querido decir López con el Tena después, es que los violentos no eran catalanes de pro, sino «españolistas» –como ellos dicen– infiltrados. Lo que no ha dicho es en qué idioma, español o catalán, hablaron los empujones, las pintadas, los agarrones y los escupitajos. Como era de esperar, el diario «Avui» ha tomado buena nota de la inteligente reflexión del señor López Tena, don Alfons, de niño Alfonsito López. Todo responde a esa manía de los independentistas de intentar molestar hasta en los detalles más insignificantes. Para él, lo grave no fue que unos desalmados violentos usurparan la voluntad popular y el ejercicio de la soberanía nacido de las urnas. Para él lo grave no fue que unos desalmados violentos incurrieran en un grave delito contra la Carta Magna impidiendo la reunión de un parlamento autonómico. Para él lo grave no fue que lo insultaran, zarandearan y vejaran. Para López Tena, don Alfons, de niño Alfonsito López, es que lo insultaran en español, porque en tal caso la grosería triplica la gravedad y la importancia del insulto. Y si así lo piensa y lo siente, es muy dueño de hacerlo y manifestarlo, pero no puede pretender, después de emitir tan exótica afirmación, que la voz «paleto» no se caiga de nuestra boca. Gratuito, absurdo, aldeano y hasta divertido, si se interpreta desde el sobrevuelo que concede el sentido del humor, ese sentido tan lejano al dogmatismo del jurista separatista. Lamento, como en todos los parlamentarios catalanes, las humillaciones sufridas. Y los insultos. Y las pintadas, y las agresiones. Y me sitúo, sin duda alguna, del lado de López Tena, que ha sido elegido por los catalanes en las urnas. Le envío desde estas líneas mi plena y total solidaridad, sea lo que sea y piense lo que piense. Sus ideas no son las mías, pero las respeto y defiendo como si fueran coincidentes. Sólo espero que no se sienta insultado con mis palabras por escribírselas en español. Lo hago con mi mejor voluntad. Alguien sabrá traducírselas.

La Razón - Opinión

Las virtudes de la angustia. Por Hermann Tertsch

Muchos serán los que desprecien con cansado mohín las nuevas promesas de apertura y reforma del Rey Mohammed VI.

Muchos serán los que desprecien con cansado mohín las nuevas promesas de apertura y reforma del Rey Mohammed VI. Primero porque en las monarquías absolutistas, y la marroquí lo sigue siendo, las modificaciones en el trato a los súbditos son concesiones y no derechos reclamables. Así ha sido también en Marruecos con este rey como con sus antecesores. Y porque no son pocos los que discuten a este rey la capacidad y autoridad para imponer una voluntad de cambio real, en caso de tenerla. Muchos creen que si vinieran mal dadas y tuviera que enfrentarse a un levantamiento, sería tan reo de su entorno como lo es Bashar Al Asad, ese heredero republicano que lleva meses matando por sobrevivir en Siria.

Y sin embargo, hay motivos para darle crédito a Mohammed VI con esta nueva Constitución que anuncia. De la angustia generada a los poderosos han surgido virtudes inesperadas. Y deberá aplicar con urgencia por la presión que el tsunami emancipador en el mundo árabe ha impuesto a todos. El Rey de Marruecos no es uno mas. No es un arribista golpista ni su heredero, sino la cabeza de una monarquía de tradición centenaria. Quizás por eso le resulte más fácil que a otros dar pasos significativos en forma y contenido sin creer tener que temer una descomposición de su autoridad. Que la persona del Rey deje de ser «sagrada» para ser «inviolable», no es ni mucho menos un paso baladí como pensarán algunos en la descreída Europa. Pero fundamental será en todo caso el trasvase de poder de la Corona al Gobierno, hasta ahora poco menos que un cuerpo administrativo. Si un Gobierno electo pasa a tener poder político estaríamos ante poco menos que una revolución de palacio. Si el Rey renuncia en su favor a la potestad en todos los nombramientos de las autoridades del Estado, el cambio será muy prometedor. Por supuesto que la independencia de la justicia es aun una quimera. Pocas lecciones podremos darles algunos. Y el país será una «monarquía islámica». Pero reconoce por primera vez derechos a su componente amazigh (bereber) así como una referencia expresa al elemento hebreo en Marruecos. Tampoco suena mal que el rey, en su función civil pase a ser «protector de la opción democrática y árbitro entre las instituciones del Estado». Nadie espere milagros y quien se quiera tomar libertades sin esperar los cambios ni guardar las formas comprobará que la voluntad represiva, implacable, sigue intacta. Pero es evidente que el Rey y su entorno han entendido que no basta una declaración de intenciones para desactivar un movimiento histórico que, de ignorarlo ahora, se lo podría llevar por delante no muy tarde.


ABC - Opinión

La factura de Bildu no la puede pagar el PP aunque lo diga San Gil. Por Federico Quevedo

Cuando el fin de semana pasado los proetarras de Bildu amenazaron y acosaron al único concejal del PP en Elorrio, Carlos García, todos –opinión pública y publicada- nos centramos en el hecho en si de los ataques, y pasamos por encima de un hecho esencial que supone un cambio muy notable de la actitud del Partido Popular en el País Vasco, el apoyo que ese mismo concejal del PP en Elorrio dio a la candidata a la Alcaldía del PNV. Dicho de otro modo, para que ustedes me entiendan: eso no habría ocurrido, bajo ninguna circunstancia, en otros tiempos en los que en el PP vasco mandaban otros, tiempos en los que los ‘populares’ se defendían en las trincheras del acoso de lo violentos. Pero desde la llegada de Antonio Basagoiti el PP vasco ha ido orientando su estrategia, ha salido de la trinchera y se dedica a lo que debe dedicarse un partido político: a hacer política, a tener una presencia activa en el País Vasco más allá de la que tenían hasta ahora como víctimas de la violencia. La nueva generación de políticos vascos del PP, encabezada por Basagoiti y que suma en sus filas a gente con Alfonso Alonso, Iñaki Oyarzabal, Arantxa Quiroga y el propio Carlos García, nombres tan dignos de respeto y tan sujetos del derecho a defender sus ideas bajo las siglas del Partido Popular como los que antes dirigían ese partido.

Por eso es profundamente injusto que una vez pasadas las elecciones del 22-M, en las que se ha hecho evidente que la estrategia del Gobierno para abrirle a ETA las puertas de los ayuntamientos vascos ha superado las propias expectativas de Rubalcaba, haya quienes como la ex presidenta del PP vasco, María San Gil, le eche la culpa al PP. Lo es porque durante todo este tiempo antes de las elecciones, el PP se ha hartado de denunciar que Bildu era ETA y que el Gobierno estaba abriéndole esa puerta a los amigos de los terroristas. Es verdad que Mariano Rajoy no se pasó la campaña hablando de Bildu –lo cual hubiera sido un verdadero filón para el PSOE-, entre otras cosas porque además de en el País Vasco había también elecciones en el resto de España, y probablemente a un ciudadano de La Coruña le preocupe más su situación personal que Bildu, y lo mismo a otro de Jaén, pero aún así Rajoy expresó por dos veces su absoluto rechazo a la presencia de la coalición proetarra en las urnas. Suficiente teniendo en cuenta la capacidad de maniobra que tiene el PP en este asunto estando en la oposición, pero se ve que no para todo el mundo. Hay quienes, por el contrario, creen que el PP debe echarse al monte y romper todos los pactos, todos los acuerdos que le unen a los socialistas y que tienen mucho que ver con la normalidad del país Vasco y con la lucha contra ETA.

Romper el acuerdo de legislatura que une al PP y al PSE significaría, de entrada, volver a poner a los socialistas en manos de los nacionalistas y dar un paso atrás en ese proceso de normalización no nacionalista que ambos partidos están llevando a cabo en el País Vasco. Pero significaría, además, que el PP tendría que volver a las trincheras, que ya no pintaría nada desde el punto de vista político en el País Vasco. Es verdad que en estas últimas elecciones el PP ha perdido 7.000 votos, lo que podría considerarse casi como un empate respecto a 2007, pero sin embargo hoy el PP en el País Vasco tiene considerablemente más presencia institucional que la que tenía hace cuatro años. La única razón para que eso sea así es que, al igual que está ocurriendo en Cataluña donde el proceso es muy parecido, el Partido Popular ha dejado de ser un partido marginal, al que el resto de las fuerzas políticas y, sobre todo, la ciudadanía, trataban con desprecio, para convertirse en una pieza clave con la que los demás unas veces quieren y otras necesitan contar. Decía al principio que en situaciones anteriores hubiera sido inimaginable que el PP le diera su apoyo a un alcalde del PNV, pero ese salto sobre esa línea roja que la anterior dirección del PP se había marcado, era muy importante darlo para que el PP ganara consistencia y crédito en aquella comunidad.

El equilibrio entre el discurso contundente contra ETA y su entorno, y la búsqueda de espacios para hacer política en el País Vasco, es perfectamente posible. El PSE lo ha hecho durante mucho tiempo, aunque a veces –como ha ocurrido ahora- haya ladeado demasiado hacia la orilla de los abertzales y este sea el momento en el que se está arrepintiendo de esa estrategia que le ha dado muy mal resultado y ha puesto en manos de los proetarras instituciones fundamentales para la normalidad del País Vasco, instituciones con las que ahora va a tener que lidiar el lehendakari Patxi López. Pero es evidente que si el constitucionalismo quiere condicionar la política vasca, lo tiene que hacer participando de ella. Hasta ahora eso solo lo hacían los socialistas, porque el PP simplemente estaba en la trinchera. Ahora lo hace también el PP, y no tardará mucho en llegar el momento en el que los ‘populares’ recojan el fruto de esa estrategia con la confianza de muchos más ciudadanos del País Vasco que dejarán de ver al PP como un partido marginal. Y eso debería de requerir el apoyo de todos lo que durante mucho tiempo han tenido que ver en la dirección del PP vasco, porque irá en beneficio de la normalidad y contribuirá al fin de ETA y será el tributo que el propio PP ofrezca a las víctimas de los asesinos. Pero hacerle pagar injustamente la factura de Bildu es un ejercicio de deslealtad y un insulto a la memoria de las víctimas propias y ajenas.


El Confidencial - Opinión

Epidemia griega. Por Ignacio Camacho

El fraude consistía en crear un Estado del bienestar ficticio a cuenta de emitir deuda y ocultarla en los balances.

CASI todo lo que dejaron por inventar los chinos lo inventaron los griegos: el teatro, los juegos olímpicos, la trigonometría, los efebos, las musas, la depilación, el yogur, la democracia. Los griegos antiguos, claro; los clásicos. Sus sucesores modernos son menos afortunados y están a punto de reinventar la bancarrota de Estado. El recorrido histórico que va de Pericles a Karamanlis es el que va de la ciudad-nación al fraude-nación y del brillante estadista al oscuro manipulador de estadísticas. Pericles fue el hijo ilustre de un político, Jantipo, y Karamanlis la oveja negra de otra estirpe de próceres, igual que este torpe Papandreu desciende de un Papandreu algo más listo. La degeneración dinástica no es un invento griego pero hay que reconocer que en los últimos tiempos lo han perfeccionado bastante.

El colosal fraude heleno se puede llevar por delante el euro y hasta la Unión Europea tal como la conocemos. La técnica del engaño se basaba en crear un Estado del bienestar ficticio a cuenta de emitir deuda y ocultarla en los balances. Un viejo procedimiento socialdemócrata que en Grecia adoptaron también los conservadores. Crearon subsidios, dádivas asistenciales y pensiones vitalicias que seguían cobrando los muertos. Multiplicaron los funcionarios de una administración corrupta y camuflaron el gigantesco déficit con un birlibirloque de ingeniería financiera. Cuando se descubrió el pastel el país estaba en quiebra irreversible, y ya ni urbanizando la Acrópolis podía pagar el rescate con que la UE acudió en defensa de su propia estabilidad monetaria. Los inversores que han prestado dinero en ese agujero sin fondo están a punto de palmar la inversión y empiezan a desconfiar de todo el mundo. En eso consiste el contagio griego: los acreedores son presa del recelo y están empezando a mirarnos a nosotros, los españoles, con cara de muy mala leche.

España no es Grecia, claro, pero convendría además no parecerlo. La sospecha de una deuda autonómica escondida y la dudosa contabilidad de las cajas de ahorros evocan los fantasmas atenienses, y este reciente clamor de indignadoscallejeros tiene un aire —por ahora menos virulento— a la protesta popular de los griegos que se rebelan contra banqueros y políticos. La gente que ha vivido por encima de sus posibilidades no está dispuesta a admitir la dolorosa realidad de un ajuste duro y se rebela contra los recortes que tratan de embridar el dispendio. En Grecia quizá sea ya demasiado tarde; está de hecho en suspensión de pagos y el ministro de Defensa se ha hecho cargo de las finanzas para implantar una economía de guerra. Huele a fracaso-país, a Estado fallido. Aquí aún estamos a tiempo de evitar el barquinazo, pero la terapia va a doler y no hay anestesia. Quizá se trate de elegir entre la indignación y la ruina antes de tener que apechar con las dos cosas al mismo tiempo.


ABC - Opinión

Autonomías. 121.420 millones de razones. Por Pablo Molina

No hay autonomía que se salve del desastre financiero, pues todas en mayor o menor medida son máquinas de consumir la riqueza privada que tanto esfuerzo nos cuesta producir a los ciudadanos.

El mayor error cometido por los políticos españoles en los últimos quinientos años ha sido, sin duda, la creación del Estado autonómico. Sin ningún precedente conocido en la historia de los procesos constitucionales, los trujamanes de la transición endilgaron a los españoles un aborto jurídico-político ante el que no tienen derecho a la disculpa, porque todos ellos, gente con experiencia acreditada, sabían de sobra la desgracia que hacían recaer en sus compatriotas con el Título VIII de la Nicolasa.

El Estado autonómico, que la casta política, con el Rey a la cabeza, sigue defendiendo como la mayor conquista de nuestra democracia, ha servido para exacerbar los delirios separatistas de las regiones con presencia de partidos nacionalistas, para provocar enfrentamientos entre regiones limítrofes, para fraccionar un mercado ya de por sí pequeño convirtiéndolo en una maraña de regulaciones que ahuyenta al inversor extranjero y para multiplicar por varios factores el gasto público que hemos de soportar los contribuyentes actuales y las dos generaciones siguientes como mínimo. Si este es el éxito del que todos debemos felicitarnos, qué considerará la casta gobernante un fracaso colectivo.


Convertidas en corralitos al servicio de los políticos periféricos más desvergonzados, ni siquiera tienen suficiente con los recursos que se les entrega anualmente gracias al esfuerzo de todos los españoles. No les basta. Por eso necesitan pedir prestado en nuestro nombre una cantidad monstruosa de dinero al exterior, que en estos momentos ya supone casi el 12 por ciento de la riqueza nacional.

121.420 millones de euros deben las autonomías de los cuales casi 35.000 millones corresponden a la comunidad catalana, que a pesar de la exclusividad tribal de que hace gala su clase dirigente no van a ser devueltos por los ciudadanos de tan noble región sino por todos los españoles que, además, hemos de soportar los insultos de los Carod de turno. Nos vacían el bolsillo, piden prestado a cargo de todos los españoles un dineral para colocar a los hermanos tontitos y al resto de la esquerrada y no sólo no están contentos sino que acusan a los que financiamos sus francachelas de oprimirlos una barbaridad. Desde luego porque ellos quieren, porque resulta dudoso que el día que declaren la independencia del estat catalá desde la plaza de San Jaime las lágrimas del resto de España lleguen a formar ni un riachuelo. Qué pena que les falten huevos para dar ese paso.

No hay autonomía que se salve del desastre financiero, pues todas en mayor o menor medida son máquinas de consumir la riqueza privada que tanto esfuerzo nos cuesta producir a los ciudadanos, convertidos en víctimas de un sistema territorial inasumible. Hay que acabar con todas ellas y enviar a los políticos autonómicos al paro, no sólo por dignidad nacional, que ya sería motivo de peso, sino por una mera cuestión de supervivencia. La de nuestros hijos.


Libertad Digital - Opinión

España castiga a los disidentes de Cuba. Por Mary Anastasia O'Grady

A pesar del 21 por ciento de parados y de la crisis de la deuda que se avecina, España sigue estando considerada como uno de los grandes destinos de viaje del mundo.

A pesar del 21 por ciento de parados y de la crisis de la deuda que se avecina, España sigue estando considerada como uno de los grandes destinos de viaje del mundo. A menos, claro está, que uno sea un preso de conciencia cubano deportado y soltado en España por la dictadura militar de La Habana. En ese caso, la vida como extranjero en la soleada Península Ibérica es económica y psicológicamente penosa.

A lo largo de los últimos 11 meses, el régimen cubano ha sacado de golpe a 115 presos políticos de sus celdas carcelarias y los ha desterrado a España, denominando a ese exilio «liberación». Muchos de ellos forman parte de un grupo conocido como «los 75», que fueron detenidos en marzo de 2003 por actividades como recoger firmas para una petición de democracia, encabezar manifestaciones pacíficas o escribir para periódicos independientes.

Me he reunido con 10 de ellos en España. Sus historias sobre los años en las mazmorras de Cuba y la represión generalizada en toda la isla son espeluznantes. Uno de ellos me mostró unas fotos clandestinas del interior de la famosa cárcel Combinado del Este, una instalación mugrienta e infecta no apta para animales. Algunos presos de conciencia se han pasado años allí.


Al cabo de tres días de entrevistas, empecé a hundirme bajo el peso de la realidad cubana. Pero el nubarrón que ensombrecía mi espíritu no se debía a nada que estos patriotas hubiesen revelado sobre ese lugar de mala muerte conocido como Cuba. Conozco muy bien el historial de Castro en derechos humanos. La parte verdaderamente alarmante de las historias de los presos es el papel absolutamente amoral que ha desempeñado el Gobierno socialista del presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha ayudado a la dictadura cubana a disfrazar la deportación de «liberación». Es lo que uno podría esperar de los que mandan en Birmania, Corea del Norte o Irán.

Tras siete años de una horrorosa vida en la cárcel, muchos de «los 75», algunos de los cuales cumplían condenas de más de dos décadas, no daban señales de ceder. Orlando Zapata Tamayo inició una huelga de hambre y murió a manos del régimen en febrero de 2010. Las palizas de los matones de Castro a las Damas de Blanco —las esposas, hermanas y madres de los presos políticos— fueron captadas con los teléfonos móviles y se propagaron como un virus por Internet. Otro disidente en huelga de hambre, Guillermo Fariñas, estaba gravemente enfermo.

«Los 75» se habían convertido en un enorme problema de relaciones públicas para el régimen. A medida que los Gobiernos e intelectuales de todo el mundo condenaban la brutalidad sistemática, quedaba claro que más de medio siglo de propaganda cubana promoviendo la imagen de paraíso socialista corría el peligro de irse al garete. Para minimizar el daño, el régimen no solo tenía que sacar a los presos del país anunciándolo como una «liberación», sino que también tenía que asegurarse de que caerían en el olvido. España accedió a ayudar, ¿y por qué no? El entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, mantiene una cordial relación con el Gobierno de Castro y era un invitado vip habitual en la isla.

Los familiares, preocupados por que sus seres queridos pudiesen morir en la cárcel, les pidieron que tomasen la salida española. Una vez en España, se dieron cuenta de que les habían engañado. Eran claramente refugiados políticos, y conforme a la ley española tenían derecho a reclamar esa designación. Pero para España, admitir que eran víctimas de la persecución política equivaldría a negar todo el objetivo de la maniobra, que era presentar a Castro como un gran benefactor que les había liberado. Ésta es la razón por la que muchos de aquellos con los que hablé siguen en un limbo legal.

La transición a la democracia en Cuba depende de dos cosas: nuevos dirigentes en el país y la solidaridad internacional con su lucha por la libertad desde el extranjero. Zapatero ha traicionado al pueblo cubano en ambos frentes.


THE WALL STREET JOURNAL © 2011 DOW JONES & COMPANY, INC.

ABC - Opinión

Deuda a excesiva velocidad

Los requerimientos de las instituciones internacionales, como el FMI, o nacionales, como el Banco de España, no surten el efecto deseado en el control financiero de las comunidades autónomas. La deuda de esas administraciones crece imparable y esa tendencia es un serio inconveniente para el proceso de estabilización de las cuentas públicas, no sólo por su volumen, sino por la velocidad a la que aumenta. El primer trimestre del año ha sido otro periodo de explosión de números rojos. La deuda autonómica aumentó un 26,4% hasta marzo y alcanzó los 121.420 millones de euros (el 11,4% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica. Los datos ponen en aprietos a buena parte de los gobiernos regionales. En relación con el ratio deuda/PIB, la Comunidad Valenciana encabeza la lista, con un volumen del 17,4%, seguida de Cataluña (17,2%), Castilla-La Mancha (16,9%) y Baleares (16,3%). La realidad es que el desequilibrio contable no ha parado de crecer a ritmo de récord pese al compromiso de estabilidad presupuestaria de los gobernantes autonómicos, que no parecen dispuestos a cumplir. Pero estos resultados reflejan también el fracaso del Gobierno de la nación en alcanzar el objetivo de que las autonomías cierren el grifo para embridar el déficit público. El Ejecutivo frustró la posibilidad de una respuesta eficiente y real de estas administraciones cuando se les permitieron nuevas emisiones para reestructurar su deuda y hacer caja sin exigirles condiciones tajantes decisivas. El futuro no ofrece mejores perspectivas, pues, con un crecimiento ralentizado como el previsto, habrá menos ingresos y, por tanto, un mayor déficit y más endeudamiento si no existe la determinación de acabar con esta especie de tormenta perfecta de números rojos en que se han transformado las administraciones autonómicas. El discurso de los gobiernos de que carecen de fuentes de financiación para sostener los servicios transferidos y que ello los fuerza a endeudarse tiene parte de razón, pero no puede ser una excusa permanente para no afrontar los ajustes y sacrificios necesarios en una economía de supervivencia. Es preciso demostrar una voluntad férrea de cambiar el guión que nos ha conducido ante la encrucijada actual al convencimiento de que el camino elegido no conduce a salida alguna. Los gobiernos tienen un margen de ajuste suficiente en unos presupuestos excesivos y una desproporcionada estructura administrativa, con múltiples empresas y organismos con su correspondiente volumen de funcionarios y elementos de designación política. Los mercados cuestionan la solvencia española y el descontrol autonómico es un factor que alimenta la desconfianza. España está obligada a tomar decisiones que fortalezcan su credibilidad, pues con una prima de riesgo alta se hace casi imposible la recuperación económica. El Gobierno haría bien en aceptar las propuestas del PP y de Europa, y recuperar los controles que estableció Aznar en 2001 en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, suprimidos por el PSOE. Fijar por ley un techo de gasto y limitar el déficit y la deuda autonómicos también por ley es ya condición necesaria.

La Razón - Editorial

Un respiro vital

El acuerdo de Merkel y Sarkozy sobre la deuda griega aleja el riesgo de una crisis en la zona euro.

Conscientes de que era necesario tomar decisiones rápidas para alejar la catástrofe del impago griego, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy anunciaron ayer a los mercados que Alemania y Francia se han puesto de acuerdo en el modelo de reestructuración de la deuda de Grecia. La participación de las entidades tenedoras de bonos en la quita será voluntaria, de forma que no se trata de un default (impago); cualquier acuerdo será negociado con el Banco Central Europeo y se renueva la deuda griega al vencimiento. Lo más importante del acuerdo, con todo, es que se pone fin al espinoso enfrentamiento entre las instituciones europeas (Alemania y sus aliados, por una parte, y el BCE por otra) que había sembrado el desconcierto entre los inversores y causado la explosión de los diferenciales de deuda de los países periféricos.

Prueba de que la reestructuración voluntaria era lo que esperaban los mercados es que las Bolsas europeas se dispararon como por ensalmo en cuanto Merkel y Sarkozy dieron a conocer la buena nueva y el diferencial de deuda de los países bajo sospecha descendió ligeramente. El triunfo de la tesis del BCE es, aunque le pese a Alemania, el triunfo de la solución más razonable. La quita de la deuda griega ya está en el mercado, porque se sabe que Atenas no puede pagar; que los inversores acepten de forma voluntaria menos dinero por los títulos que poseen evita que las agencias de calificación declaren una incidencia de crédito y salten sucesivamente todas las cláusulas de alarma financiera (por ejemplo, la suspensión inmediata de los créditos cuyo vencimiento está ligado al default de Grecia que incorporan muchas entidades financieras), que hubieran arruinado los mercados europeos, igual que el impago de Lehman detonó el crash global. La concesión de Merkel in extremis, antes de la fecha clave del lunes, ha evitado esa situación límite.


Pero no conviene olvidar que el acuerdo Sarkozy-Merkel es solo un respiro. Muy importante, porque gana tiempo, pero temporal al fin y al cabo. Es la declaración pública de que Grecia no caerá en el impago; pero el acuerdo final todavía no se ha conseguido. La reunión de ministros de Finanzas del lunes debe sancionar el consenso y el BCE y Bruselas tienen que perfilar los detalles del plan de reestructuración. Queda, por añadidura, un nudo que desatar. El acuerdo depende de que el flamante Gobierno de Papandreu presente el nuevo plan de ajuste presupuestario, para que así se transfieran a Grecia los 18.000 millones del quinto tramo previsto en las ayudas europeas.

Y aquí aparece de nuevo la importancia del factor político. La cuestión es si Papandreu y su nuevo Gobierno están en condiciones de respaldar una nueva contracción fiscal en medio de una sociedad en estado de permanente hostilidad a los requerimientos de la Comisión Europea. El acuerdo franco-alemán puede arruinarse si no hay un interlocutor político fiable en Atenas.


El País - Editorial

Bildu entra en la Agencia Tributaria

Si ya debería resultarnos inaceptable que cualquier político pueda acceder a datos tan privados de un ciudadano como son los fiscales, el hecho de que una banda terrorista disponga de ellos supone un escándalo mayúsculo.

La presencia de Bildu en las instituciones era un asunto central para la ETA, no sólo por el sustento económico que le proporcionaba –alrededor de diez millones de euros–, sino también por esa fuente de información que son los censos municipales y por la plataforma de propaganda que supone hacer apología permanente de la ETA desde los plenos municipales. De ahí que fuera una necesidad de primer orden impedir que la banda concurriera a los comicios y de ahí que, para salvar el proceso de negociación, Rubalcaba tuviera que enmendarles la plana –a través de sus títeres en el Constitucional– a los magistrados del Supremo.

Y por si fueran pocas todas estas facilidades institucionales a la labor terrorista de la ETA, ahora descubrimos que merced a un convenio suscrito el pasado 26 de mayo –cuatro días después de las elecciones municipales– entre la Agencia Tributaria y la Diputación Foral de Guipúzcoa, Bildu podrá acceder sin cortapisa alguna a la información fiscal de todos los españoles.


Si ya debería resultarnos inaceptable que cualquier político pueda acceder a datos tan privados de un ciudadano como son los fiscales, el hecho de que una banda terrorista disponga de ellos supone un escándalo mayúsculo. Pensemos en la muy sensible información que año a año estamos obligados a trasladarle a la Agencia Tributaria: relaciones de bienes, actividades, fuentes de renta, propiedades... La ETA dispondrá de todos estos vitales datos –con los que perfeccionar la planificación de sus atentados o de su actividad de extorsión– simplemente solicitándoselos a un organismo estatal.

Así las cosas, mientras la Ley Orgánica de Protección de Datos oprime a los ciudadanos honrados para que implanten carísimos sistemas que garanticen la privacidad de sus clientes, luego la administración la vulnera de la manera más obscena en favor de los batasunos. Por un lado, exceso de celo contra quienes no tienen por qué hacer mal uso de una información que los ciudadanos les han entregado voluntariamente; por otro, exceso de negligencia a favor de aquellos que sabemos con certeza que van a hacer el peor uso posible de una información que los ciudadanos jamás les habrían transmitido en caso de haberlo podido elegir.


Libertad Digital - Editorial

Deuda autonómica insostenible

Antes de llegar a medidas que entrañen un perjuicio directo a las economías familiares, las administraciones públicas están obligadas a sanear sus estructuras.

AL mismo tiempo que el Fondo Monetario Internacional mejoraba las previsiones de crecimiento en Europa para 2011 y 2012 y rebajaba medio punto porcentual las que el Gobierno de Zapatero ha presentado para la economía española, el Banco de España publicó ayer las cuentas de las administraciones públicas. Por primera vez, la deuda de las comunidades autónomas supera, de media, el 11 por ciento de su producto interior bruto. Este porcentaje queda matizado —pero no pierde su significado alarmante— en cuanto se analizan separadamente las situaciones de cada comunidad autónoma. De esta forma se comprueba que Valencia y Cataluña superan el 17 por ciento; y Baleares y Castilla-La Mancha, el 16 por ciento.

En el conjunto de todas las administraciones públicas, la deuda ha crecido hasta el 63,6 por ciento del PIB. Unida a la deuda privada, la situación de endeudamiento de España sigue siendo determinante para impedir la recuperación económica y obligará a replantearse seriamente y en profundidad la viabilidad del estado actual de los servicios y de las funciones públicas. De las crisis se dice que permiten salir de ellas con más fuerza. Lo que no se dice con tanta frecuencia es que este resultado sólo es posible si se toman las decisiones adecuadas y se asumen los sacrificios asociados a esas decisiones. Hay dos opciones. La primera es pensar que el dinero público, en efecto, no es de nadie y, por tanto, ilimitado. La quiebra está garantizada. La segunda es aceptar que de esta crisis España va a salir empobrecida y que habrá que ajustar los niveles de gasto y de prestaciones a este nuevo nivel de vida. No se trata de desmantelar el Estado de bienestar, como denuncia con hipocresía la izquierda. El Estado de bienestar —cuya financiación tiene mucho que ver con la deuda autonómica—, entendido como el que se sustenta por una constante aportación de dinero público, está técnicamente quebrado y se mantiene, por ejemplo, a costa de no pagar facturas a los proveedores. Se trata de hacerlo viable cambiando aquellas premisas que han sido arrasadas por la crisis, como el principio de «gratis total» para determinadas prestaciones.

Ahora bien, antes de llegar a medidas que entrañen un perjuicio directo a las economías familiares, las administraciones públicas están obligadas a sanear sus estructuras, depurándolas de todo cuanto no sea realmente imprescindible desde el punto de vista del servicio público. Televisiones autonómicas, sociedades públicas paralelas, contratación de asesores y gabinetes y subvenciones prescindibles son focos de endeudamiento contra los que hay que actuar con preferencia a cualquier decisión que traslade al ciudadano el más mínimo coste de los servicios públicos que reciba.


ABC - Editorial