lunes, 11 de abril de 2011

La Fiscalía, en el proceso «de paz»

El problema no está en los fiscales. El problema fue el alineamiento del Ministerio Fiscal con un proceso de negociación.

LA pasada semana, los fiscales de la Audiencia Nacional aprobaron por unanimidad un comunicado en el que rechazaban las críticas que había recibido la Fiscalía por su actuación durante el proceso de negociación política entre ETA y el Gobierno en 2005-2007. La reacción de estos fiscales no resulta acertada, porque no se corresponde con los fundamentos de las críticas que pretenden rebatir, las cuales se dirigen contra los superiores jerárquicos que impartieron instrucciones para trasladar a los tribunales la estrategia negociadora del Gobierno con ETA. Además, bastaría comparar la actual plantilla de la Fiscalía de la Audiencia Nacional con la vigente durante el proceso de 2005-2007 para apreciar las significativas ausencias que se han producido por cambios de destino y abandono de la carrera fiscal. Y las razones son evidentes.

No son los fiscales los que deben darse por aludidos en unas críticas que recuerdan cómo, desde el cese de Fungairiño, las jefaturas de la Fiscalía ejecutaron un plan de cobertura legal del proceso de negociación. Así fue como dejaron de pedir medidas cautelares contra dirigentes batasunos, privando de eficacia a la ilegalización de Batasuna. También declinaron la defensa de sus propias acusaciones, llegando al extremo del juicio a Arnaldo Otegui por enaltecimiento de la etarra Olaia Castresana, en el que, según consta en la sentencia absolutoria, hicieron «acto de presencia, de forma conjunta, el representante del Ministerio Fiscal como la letrada del acusado, ambos sin toga», escenificación muy reveladora de lo que estaba pasando.

Las directrices de estos y otros muchos episodios del mismo tenor —«kale borroka», De Juana Chaos, Egunkaria— estaban resumidas en algunas frases célebres del Fiscal General del Estado, Conde-Pumpido. Frases en ocasiones metafóricas —«el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino»—; en otras, sugerentes —«la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos»—; o muy directas, como cuando se preguntó públicamente «si no hemos demasiado allá», al ilegalizar la mitad de las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca. El problema no está en los fiscales sometidos al principio de jerarquía, aunque su Estatuto Orgánico prevea mecanismos para no acatar, sin más, órdenes ilegales. El problema, más bien el escándalo, fue el alineamiento del Ministerio Fiscal con un proceso de negociación incompatible con el Estado de Derecho.


ABC - Editorial

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