La reforma del sector se está haciendo en unas condiciones de inseguridad que van a llevar a estas entidades a un callejón sin salida.
EL Gobierno socialista ha decidido exigir a las Cajas de ahorros unas condiciones con las que hace imposible la subsistencia de algunas de ellas. Finalmente, el Ejecutivo impondrá un 10 por ciento de capital básico, frente al 8 por ciento previsto para los bancos. Las Cajas solo podrían acogerse a este segundo porcentaje si antes de septiembre salieran a Bolsa o captaran un 20 por ciento de capital privado. Sin embargo, tampoco esta alternativa es factible para muchas de estas entidades. La pregunta lógica que se deriva de estas expectativas es por qué el Gobierno fija unas condiciones financieras que de antemano sabe que no se podrán cumplir y que abocarán a las Cajas a una declaración de quiebra, a una nacionalización o su venta al mejor de los postores bancarios. Si esto es lo que quiere el Ejecutivo, lo responsable sería proponerlo y ejecutarlo de la manera más ordenada y rápida posible, sin tapujos, porque estos procesos de transformación de cumplimiento improbable sólo consiguen sembrar dudas sobre la situación real del sistema bancario.
En este capítulo de la crisis, el Gobierno ha vuelto a demostrar sus peores recursos. Sus mensajes han sido contradictorios, defendiendo unas veces la fortaleza del sistema financiero español —con aquellos inverosímiles buenos resultados de los «test de estrés» europeos— y en otras impulsando, como ahora, su desmantelamiento parcial o total. Y, sobre todo, parece llegar de nuevo a deshora para inspirar la confianza que necesita España ante los mercados y los socios europeos. La reforma de las Cajas es necesaria, principalmente para que dejen de ser cultivos de intereses partidistas y caprichos autonómicos, pero esta iniciativa se está haciendo en condiciones de inseguridad jurídica y confusión, que van a llevar a estas entidades a un callejón sin salida, cuyo desenlace más probable será la absorción de algunas por el mejor postor. El desacuerdo de la Confederación Española de Cajas de Ahorros con las condiciones impuestas por el Gobierno suma un factor más de gravedad a la mala gestión de este proceso por parte del Ejecutivo socialista, que no ha tenido un guión definido, estable y coherente sobre lo que debía hacer con unas entidades a las que primero «invitó» a fusionarse para garantizarsu supervivencia y ahora conduce a su desaparición con condiciones de imposible cumplimiento.
ABC - Editorial
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