Un acuerdo que no llega

El Ejecutivo necesita ofrecer una imagen creíble ante Bruselas para que los elogios no se conviertan en críticas despiadadas.

TODO apunta —salvo que estemos ante una nueva maniobra de distracción a dos bandas— a un nuevo fracaso en el maratón negociador entre Gobierno y sindicatos sobre la reforma de las pensiones. Las posturas siguen alejadas en cuanto a la edad básica de jubilación, a pesar de la flexibilidad sobre posibles excepciones, y sobre la cuestión decisiva del número de años de cotización. En rigor, el problema no es social o económico, sino estrictamente político. El Ejecutivo necesita ofrecer una imagen creíble ante las exigencias de Bruselas para que los elogios con la boca pequeña sobre el «buen camino» emprendido por Rodríguez Zapatero no se conviertan en críticas despiadadas. A su vez, UGT y CC.OO. tienen que aparentar esa firmeza en defensa de los trabajadores que se echó en falta durante largos años de mansedumbre mientras se consumaba el recorte de derechos sociales. Para unos y para otros es ahora más fácil jugar al desencuentro, por mucho que una nueva huelga más o menos general sea un pésimo horizonte para la maltrecha economía española. Las declaraciones de Pérez Rubalcaba y los líderes sindicales sobre el alejamiento de sus respectivas posiciones están destinadas a reflejar ese planteamiento que ahora les conviene después de tanto consenso oportunista.

Lo cierto es que el tiempo pasa y el acuerdo no llega. El presidente de Gobierno se ha comprometido a aprobar el correspondiente proyecto de ley en el Consejo de Ministros del próximo día 28 y no tiene otro remedio que hacerlo ante las presiones de nuestros socios comunitarios. Mientras tanto, la realidad sigue su camino, de manera que ocho millones y medio de pensionistas tendrán que recibir la paga extra comprometida por la subida del IPC en 2010. En este contexto, el eventual cambio de cromos entre pensiones y centrales nucleares introduce un factor absurdo que produce perplejidad en la opinión pública. La imagen de dos sindicalistas en huelga de hambre en la sede de la CGT tampoco contribuye a la racionalidad del debate. Las cosas mal hechas traen siempre malas consecuencias, y el tiempo perdido pasa ahora factura tanto al Gobierno como a las organizaciones sindicales ante la lógica indignación de muchos ciudadanos.

ABC - Editorial