La encuesta que hoy publica ABC refleja no tanto una crítica al modelo autonómicocomo al desarrollo que ha tenido desde 1978.
LOS españoles no tienen una buena opinión de la situación actual del Estado autonómico y creen que el Gobierno central debería tener más competencias frente a las comunidades autónomas. Este es el resultado de la tercera entrega del sondeo realizado por el Instituto DYM para ABC, en el que el 40 por ciento de los encuestados creen que el Estado central conserva poco poder, y el 46 por ciento consideran que debería gestionar un porcentaje de gasto superior al 20 por ciento actual. Estas opiniones reflejan una crítica no tanto al modelo autonómico sino al desarrollo que ha tenido desde 1978. La Constitución configuró la organización territorial de España en torno al principio autonómico, pero el trasvase de competencias ha transformado el modelo de las autonomías en un sistema federal... sin los mecanismos de corrección existentes en las constituciones federales. Ni el modelo autonómico es un dogma de fe irreversible ni la Constitución trazó un camino federalista sin alternativa. La sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña desmontó buena parte de los tópicos autonomistas que han hecho del Estado y de los intereses nacionales cuerpos extraños en determinadas comunidades autónomas.
Los encuestados creen que las autonomías no gestionan sus recursos con eficiencia y transparencia y que perjudican la convivencia. Lo primero es la factura que pasan al cobro los numerosos casos de corrupción cobijados en ciertos corralitos autonómicos. Lo segundo se lo debemos a los nacionalismos y al efecto contaminante de sus demandas soberanistas en partidos y gobiernos regionales que ni por ideología ni por sentimiento ciudadano tenían motivo para exacerbar pulsiones regionalistas de última hora. Saben bien los ciudadanos, además, cuál es el guión de esta reordenación del Estado, porque mayoritariamente apuestan por mantener o devolver a sus instituciones centrales la Justicia, el empleo, la sanidad, las infraestructuras, la educación y la seguridad, materias imprescindibles para desarrollar políticas dignas de llamarse nacionales, que son las propias de un Estado unitario, organizado autonómicamente y basado en la solidaridad de las regiones y la igualdad de sus ciudadanos. En definitiva, es la percepción de una sociedad que quiere corregir los excesos nacionalistas y federalistas cometidos en aras de un erróneo concepto de la autonomía política territorial.
ABC - Editorial
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