Es una buena noticia que los sindicatos hayan renunciado a convocar a corto plazo otra huelga general y que se haya restablecido la confianza en el diálogo con el Gobierno. Pero sería todavía mejor que cristalizara ese embrión de gran pacto de Estado que se ha planteado en las últimas horas con la participación de empresarios, sindicalistas, Gobierno y oposición. Tal vez sea el momento tan anhelado por la mayoría de los españoles para que los agentes políticos y sociales envainen las espadas y asuman su responsabilidad ante la crítica encrucijada de nuestra economía. Después de algunos intentos fallidos, el último de los cuales fue el fiasco de la Comisión Zurbano, y de una huelga general, se dan ahora condiciones más idóneas para sentarse a la mesa y negociar una reforma económica profunda para los próximos cinco años que reactive el tejido productivo, cree empleo y recupere la confianza de los inversores. También los actores son ahora más conscientes del desafío, desde una CEOE que ha superado con éxito su proceso de renovación interna, hasta unos sindicatos más pragmáticos tras el severo desgaste sufrido, pasando por un PP más proclive al acuerdo. En cuanto al Gobierno, parece que Zapatero y Rubalcaba ya se han convencido de que es mejor un gran pacto global que ir parcheando agujeros al ritmo que marcan los mercados. Por tanto, y al margen de que el Ejecutivo cumpla su promesa de reformar las pensiones antes de que termine el mes, se hace imprescindible consensuar la culminación de la reforma laboral, de la negociación colectiva y de las políticas activas de empleo. Con rigor y seriedad, con auténtica voluntad de cambio y no sólo como escenificación para calmar la ansiedad de nuestros socios comunitarios. Resulta sorprendente y poco fiable, por ejemplo, que el Gobierno diga ahora que va a eliminar como causa objetiva de despido las pérdidas temporales de la empresa. Si esta marcha atrás es el peaje que Moncloa debe pagar a los sindicatos para no romper la baraja, así debería consignarse para no contaminar con sospechas el resto de la reforma laboral. Europa y los clientes de nuestra deuda soberana no deben albergar la más mínima duda de que las reformas estructurales van en serio y son a largo plazo. De lo contrario, subastas como la de ayer se encarecerán aún más y pondrán en grave aprieto a un país que necesita colocar este año 2011 más de 40.000 millones de euros. Pero el pacto de Estado no sólo es necesario por razones de credibilidad externa, sino también de eficacia interna. En este sentido, merece la pena intentar ampliarlo, como han pedido CC OO y UGT, a la política energética, para que las empresas no pierdan competitividad, y a la reactivación industrial para impulsar la creación de empleo. El reto es ambicioso y concierne a todos los dirigentes políticos y sociales. La oportunidad es propicia, tal vez la última, y sería sumamente grave que se malversara por atender a intereses ideológicos o partidistas. Por eso, convendría antes que nada blindar las negociaciones de las turbulencias electorales que se avecinan para que no fracasen y para que nadie caiga en la tentación de sacar tajada política de un plato que es de todos los españoles.
La Razón - Editorial
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