Es legal pero no es ético. Por muchas vueltas que le demos. El compromiso de un gobernante con los intereses generales de su país es vitalicio. O debe serlo. Y, por tanto, el capital acumulado en conocimientos, experiencia, influencia, relaciones, etc., durante sus años de mandato, nunca debería ponerse al servicio de intereses particulares a cambio de una retribución más o menos sustanciosa. La cuantía es lo de menos porque se trata de una cuestión de principios.
Ese es el sentido de la norma legal que regula el estatuto de los ex presidentes del Gobierno (Real Decreto 2102/1983, modificado en 1992 y en 2008), al que se le olvidó fijar un régimen especial de incompatibilidades para los ex presidentes. Se ocupa casi exclusivamente de garantizarles una vida digna mediante la asignación de recursos públicos.
Algunos de esos recursos (automóvil, conductor y escolta) también se extienden, por cierto, “al cónyuge o persona unida con análoga relación de afectividad, en caso de fallecimiento” según la modificación de julio de 2008. De modo que, atención, si un ex presidente fallece, su viuda o la persona a él unida sentimentalmente tiene derecho al automóvil oficial, conductor oficial y escolta oficial.
Ese es el sentido de la norma legal que regula el estatuto de los ex presidentes del Gobierno (Real Decreto 2102/1983, modificado en 1992 y en 2008), al que se le olvidó fijar un régimen especial de incompatibilidades para los ex presidentes. Se ocupa casi exclusivamente de garantizarles una vida digna mediante la asignación de recursos públicos.
Algunos de esos recursos (automóvil, conductor y escolta) también se extienden, por cierto, “al cónyuge o persona unida con análoga relación de afectividad, en caso de fallecimiento” según la modificación de julio de 2008. De modo que, atención, si un ex presidente fallece, su viuda o la persona a él unida sentimentalmente tiene derecho al automóvil oficial, conductor oficial y escolta oficial.
Además de una retribución anual de unos 70.000 euros, dotación para gastos de oficina, coche oficial, chofer, asistente, secretaria y escolta, el ex presidente tiene reservado un lugar en el protocolo, el derecho a disponer de asistencia diplomática en el extranjero, viajes gratis en los medios de transporte públicos, etc. Toda una logística con cargo a los impuestos de los ciudadanos que se acaba poniendo a disposición de intereses particulares. Lo cual es una forma de malversación, si se me permite utilizar ese término una vez despojado de su carga penal.
En esos términos, me parece escandaloso el tránsito de lo general a lo particular. Lo sería menos si ambos renunciasen a la cobertura económica y logística dispuesta por el Estado para garantizarles el respeto y la consideración social que merecen como servidores de lo público. Aún así me seguiría pareciendo moralmente reprobable traficar en el mercado privado con el bagaje de conocimientos e influencias adquiridos en el servicio público.
Es evidente que Gas Natural, o Endesa en su caso, han contratado a González o Aznar como conseguidores, y no como expertos en generación o distribución de energía. Pero el caso es que esas dos compañías tienen competidores, cuyas cuentas de resultados están muy sometidas al poder inversor y regulatorio de los Gobiernos. ¿Por qué aquellos han de jugar con ventaja?
«Es moralmente reprobable traficar en el mercado privado con el bagaje de conocimientos e influencias adquiridos en el servicio público.»Se trata de rodear al ex mandatario de medios públicos necesarios o suficientes para eludir la tentación de venderse a los privados. Ese es el Derecho. Al menos en el espíritu, pues la letra no es explícita al respecto. Los hechos son otros, como acabamos de saber por los recientes y energéticos fichajes de los dos últimos ex presidentes del Gobierno. Felipe González, a Gas Natural, como consejero independiente, con un sueldo anual de 125.000 euros. Y José María Aznar, a Endesa, como asesor externo, con una retribución de 300.000 euros.
En esos términos, me parece escandaloso el tránsito de lo general a lo particular. Lo sería menos si ambos renunciasen a la cobertura económica y logística dispuesta por el Estado para garantizarles el respeto y la consideración social que merecen como servidores de lo público. Aún así me seguiría pareciendo moralmente reprobable traficar en el mercado privado con el bagaje de conocimientos e influencias adquiridos en el servicio público.
Es evidente que Gas Natural, o Endesa en su caso, han contratado a González o Aznar como conseguidores, y no como expertos en generación o distribución de energía. Pero el caso es que esas dos compañías tienen competidores, cuyas cuentas de resultados están muy sometidas al poder inversor y regulatorio de los Gobiernos. ¿Por qué aquellos han de jugar con ventaja?
El Confidencial - Opinión
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