La indeseable situación actual en la televisión de titularidad pública es empeorable.
SEGUIMOS sin conocer las líneas generales, el esqueleto, del plan alternativo del PP para, en el supuesto de una victoria electoral, enmendar los muchos errores y algunos entuertos que ha producido el zapaterismo en sus siete años de Gobierno y fracaso. Para quienes no nos conformamos con votar a una sigla y pretendemos apoyar con nuestra papeleta la idoneidad de un programa, esa ausencia del PP constituye un grave inconveniente. Muchos ciudadanos no se resignan a plantearse la aceptación de un partido por el mero hecho de rechazar a su oponente. El «sí» parece exigir una dosis de lealtad y exclusiva, pero el «no» es pródigo y les cabe a los unos, a los otros y a todos los demás cuantos completan los muestrarios regionales de la oferta política nacional.
En ocasiones el PP, sin llegar a mostrar un programa entero, enseña la patita de algún pequeño proyecto y eso nos orienta unas veces y nos desorienta en otras ocasiones. El grupo del PP en el Congreso, como continuación de los dimes y diretes de algunos de sus líderes, acaba de presentar una proposición de ley para posibilitar que las Comunidades Autónomas hagan algo que, hoy por hoy, les impide la Ley 46/83, la reguladora de los llamados «terceros» canales de la televisión y que, en abuso de la norma, ya son «cuartos» y hasta «quintos» en algunas circunscripciones.
En ocasiones el PP, sin llegar a mostrar un programa entero, enseña la patita de algún pequeño proyecto y eso nos orienta unas veces y nos desorienta en otras ocasiones. El grupo del PP en el Congreso, como continuación de los dimes y diretes de algunos de sus líderes, acaba de presentar una proposición de ley para posibilitar que las Comunidades Autónomas hagan algo que, hoy por hoy, les impide la Ley 46/83, la reguladora de los llamados «terceros» canales de la televisión y que, en abuso de la norma, ya son «cuartos» y hasta «quintos» en algunas circunscripciones.
Supongo que siendo tantos, y tan sutiles, los abogados del Estado que figuran en la cúpula del PP esa proposición será jurídicamente impecable; pero, ¿es políticamente conveniente? Las televisiones autonómicas en funcionamiento no pueden ser «transferidas bajo ninguna forma, total o parcialmente, a terceros». Levantar esa barrera en el Parlamento no conlleva la difuminación de la mucha deuda que todas ellas tienen acumulada ni supone el alivio de la carga laboral que padecen. ¿Se pretende privatizar unas televisiones públicas limpias de deudas y personal? ¿El supuesto privatizador mantendrá la vigencia del artículo 5º de la Ley vigente que no suelen hacer cumplir los Consejos de Administración de las televisiones autonómicas y que serían inasumibles para las privadas?
La indeseable situación actual en la televisión de titularidad pública es empeorable. Ante tal riesgo parecería más prudente, quizás mediante un gran pacto de Estado entre los partidos, buscar un modelo nuevo y no andarse con remiendos y parches en el viejo que, de momento, nos cuesta 3.000 millones de euros al año y no cumple, en lo que se advierte, ningún fin social que no sea la alabanza de los colores políticos triunfantes en cada circunscripción y el denuesto de sus respectivas oposiciones.
La indeseable situación actual en la televisión de titularidad pública es empeorable. Ante tal riesgo parecería más prudente, quizás mediante un gran pacto de Estado entre los partidos, buscar un modelo nuevo y no andarse con remiendos y parches en el viejo que, de momento, nos cuesta 3.000 millones de euros al año y no cumple, en lo que se advierte, ningún fin social que no sea la alabanza de los colores políticos triunfantes en cada circunscripción y el denuesto de sus respectivas oposiciones.
ABC - Opinión