La estabilidad del euro exige que Dublín olvide el celo soberanista y acepte el rescate europeo.
El colapso de la banca irlandesa ha disparado el déficit del país por encima del 30% del PIB, ha provocado una tormenta financiera que ha arrastrado a Portugal y complicado (aún más) la vida financiera de Grecia y ha puesto en jaque la estabilidad de la zona euro. De no mediar una apelación rápida a la facilidad de financiación europea, creada en mayo para proteger las deudas soberanas de la eurozona, el riesgo de contagio es elevado. El acuerdo de mínimos alcanzado por los ministros europeos de Finanzas, por el cual las autoridades europeas (Comisión y BCE) y el FMI examinarán en Dublín los costes de esa crisis bancaria, se interpreta como un primer paso en el plan de rescate. Una especie de rodeo para vencer las reticencias a la intervención que exhibe Dublín.
La estabilidad financiera de la eurozona requiere que Irlanda deje a un lado los escrúpulos soberanistas y acceda al fondo de rescate. Es verdad que si acepta los recursos de la UE y del FMI tendrá que asumir las condiciones que ambos impongan; pero peor es seguir sangrando puntos de diferencial en el coste de su deuda y sembrar el desorden económico en el país y en el euro. La prioridad del Gobierno de Cowen, cuya estabilidad política está en entredicho, debe centrarse en evitar pérdidas de bienestar entre sus ciudadanos.
La estabilidad financiera de la eurozona requiere que Irlanda deje a un lado los escrúpulos soberanistas y acceda al fondo de rescate. Es verdad que si acepta los recursos de la UE y del FMI tendrá que asumir las condiciones que ambos impongan; pero peor es seguir sangrando puntos de diferencial en el coste de su deuda y sembrar el desorden económico en el país y en el euro. La prioridad del Gobierno de Cowen, cuya estabilidad política está en entredicho, debe centrarse en evitar pérdidas de bienestar entre sus ciudadanos.
Las instituciones europeas deben facilitar esa financiación de Irlanda y el BCE debe hacer lo mismo con un sistema bancario precario. Aunque este ha requerido del BCE financiación barata equivalente al 80% de su PIB, no es el momento de cuestionar esas facilidades excepcionales, ni de retirarlas de forma precipitada. La otra lección para Europa es la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación entre Gobiernos en la gestión de la crisis. Por ejemplo, la canciller alemana Angela Merkel ha vuelto a olvidarse de la prudencia del gobernante cuando sugirió que los inversores privados de bonos irlandeses también paguen el coste de la crisis. Hay cosas que se dicen, pero no se hacen; otras, como la quita privada de la deuda irlandesa, que se hacen pero no se dicen.
El estribillo de que "España no es Irlanda" no explica las dificultades de la economía española ni conjura los peligros de un empeoramiento de las condiciones de su deuda. Cierto, el sistema bancario español es quizá el más solvente de Europa y el Gobierno de Zapatero se ha comprometido con un plan de ajuste. Pero la economía española está estancada, como demuestra la variación intertrimestral cero durante el tercer trimestre difundida ayer por el INE, circunstancia que aumenta las dudas sobre su capacidad de ajuste fiscal. Y mantiene en la indefinición ámbitos esenciales de la política económica. La financiación autonómica y la reestructuración parcial del sistema bancario son las que más preocupan a los inversores. Hay que insistir en que el Gobierno y el Partido Popular tienen que negociar ámbitos de colaboración política (el de la austeridad autonómica es prioritario) para frenar la desconfianza exterior en la economía española.
El estribillo de que "España no es Irlanda" no explica las dificultades de la economía española ni conjura los peligros de un empeoramiento de las condiciones de su deuda. Cierto, el sistema bancario español es quizá el más solvente de Europa y el Gobierno de Zapatero se ha comprometido con un plan de ajuste. Pero la economía española está estancada, como demuestra la variación intertrimestral cero durante el tercer trimestre difundida ayer por el INE, circunstancia que aumenta las dudas sobre su capacidad de ajuste fiscal. Y mantiene en la indefinición ámbitos esenciales de la política económica. La financiación autonómica y la reestructuración parcial del sistema bancario son las que más preocupan a los inversores. Hay que insistir en que el Gobierno y el Partido Popular tienen que negociar ámbitos de colaboración política (el de la austeridad autonómica es prioritario) para frenar la desconfianza exterior en la economía española.
El País - Editorial
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