Los controladores no tienen derecho a convertir el abuso en una costumbre y su profesión en un arma con la que secuestrar a la ciudadanía.
AL margen de cualquier razón política o laboral que pudiera asistirles, los controladores aéreos merecen una condena y un castigo severo por el chantaje organizado que obligó ayer a cerrar el espacio aéreo español a la hora clave para la salida del «puente» festivo. La tarde noche en los principales aeropuertos españoles fue caótica. Es justa y lógica la indignación de cientos de miles de ciudadanos, atrapados en los aeropuertos y convertidos en rehenes de un conflicto laboral al que son ajenos. Una huelga salvaje es una actitud inasumible, impropia de profesionales cualificados, pero incapaces de conjugar sus legítimos intereses laborales con su obligado deber —avalado por unas abultadas nóminas— hacia la prestación de un servicio público esencial. No se trata sólo de que hayan podido incurrir en responsabilidad disciplinaria, y seguramente penal, por paralizar caprichosamente el cielo español, generar serias perturbaciones en el tráfico aéreo y hasta delinquir. Se trata de la falta de dignidad que los controladores demuestran coaccionando a ciudadanos a los que obligan a perder su tiempo y su dinero mientras se dedican a pisotear la imagen de una profesión que ellos mismos —nadie más— han deteriorado hasta causarle un daño irreparable. Es hora de que la Justicia ponga manos a la obra y castigue ejemplarmente a todos responsables.
Tampoco el Gobierno tiene motivos para presumir de la solución a estos gravísimos acontecimientos. Elogiado en su día por su firmeza ante los órdagos planteados por los controladores, el Ejecutivo ha dejado transcurrir los meses dejando los deberes a medias. La «militarización por decreto» de la gestión del trabajo de estos enfermos imaginarios probablemente será una medida eficaz, pero ayer se demostró que, dada la permanente amenaza, debió entrar en vigor hace meses. Al problema de los controladores se suman las anunciadas movilizaciones de los pilotos y de los trabajadores de Aena, a causa de la reciente privatización de la gestión de algunos aeropuertos. Por este camino, pronto se colgará en los aeropuertos españoles el cartel de «Prohibido volar». No se puede jugar al límite en materias que afectan al desarrollo normal del transporte aéreo y a la seguridad de los pasajeros. Los controladores tienen derecho a negociar sus condiciones laborales. A lo que no tienen derecho es a convertir el abuso en una costumbre y su profesión en un arma con la que secuestrar a la ciudadanía.
ABC - Editorial
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