A los líderes sindicales les ha faltado preparación económica para entender la complejidad de la situación financiera.
EL repentino ataque de desafecto con que como amantes traicionados los cuadros sindicales —reunidos por miles a las once de la mañana de un día laborable en el que por lo visto no tenían otra ocupación que atender— mostraron esta semana a Zapatero su rechazo por el recorte del gasto y la reforma laboral no va a borrar la responsabilidad de sus dirigentes en la deriva política que ha conducido precisamente a esas medidas de ajuste. Ha sido el irresponsable romance entre sindicatos y Gobierno durante los dos primeros años de la recesión lo que ha provocado el desequilibrio financiero que ha puesto al país al borde de la quiebra. Y aunque Zapatero haya de pagar en costes de apoyo electoral la inevitable factura de esa alianza fallida y su posterior arrepentimiento, la convocatoria de una huelga general supone un perjuicio colectivo que no va a enderezar, sino todo lo contrario, una situación social y económica gravemente deteriorada para todos.
El sindicalismo español se ha abocado a sí mismo a una crisis de modelo que no va a resolver —en todo caso puede agudizar— el paro del día 29. Su pacto neoperonista con un presidente habituado a alquilar respaldo político a base de sinecuras clientelares ha subvertido el papel de las organizaciones sindicales al convertirlas en redes de intereses de casta. A los líderes de Comisiones Obreras y UGT les ha faltado preparación económica y les ha sobrado sectarismo para entender las complejidades del mercado financiero y laboral. Apegados al viejo sistema de las correas de transmisión se han limitado a exprimir con comodidad la compraventa de favores y han acabado quedando fuera de juego cuando la presión internacional ha obligado a Zapatero a dar un volantazo de emergencia para salvar in extremis sus propias posibilidades de supervivencia en un poder que creía blindado por la alianza con las centrales.
Las medidas gubernamentales de ajuste son insuficientes e inadecuadas, y la reforma laboral es fruto de una improvisada chapuza. Pero unas y otra suponen el mínimo imprescindible de sensatez requerida para estabilizar una economía en riesgo de hundimiento. Es ahora y no antes cuando el zapaterismo se aproxima, sin brújula ni criterio y probablemente contra sus propias convicciones, al rumbo correcto. El momento de ajustar cuentas con la incoherencia presidencial, sus abultados errores de percepción y su embustera retórica llegará el día de las elecciones generales. La huelga no es sino un intento, brusco, destemplado y tardío, de presionar al poder en la dirección equivocada para salvaguardar inaceptables privilegios de casta que comprometen el propio futuro de unos sindicatos cuya imprescindible función social está en serio entredicho por la trasnochada contumacia de sus responsables. Y si algo no necesita este Gobierno —ni menos este país— es que le ayuden a equivocarse aún más de lo que acostumbra por sí solo.
Las medidas gubernamentales de ajuste son insuficientes e inadecuadas, y la reforma laboral es fruto de una improvisada chapuza. Pero unas y otra suponen el mínimo imprescindible de sensatez requerida para estabilizar una economía en riesgo de hundimiento. Es ahora y no antes cuando el zapaterismo se aproxima, sin brújula ni criterio y probablemente contra sus propias convicciones, al rumbo correcto. El momento de ajustar cuentas con la incoherencia presidencial, sus abultados errores de percepción y su embustera retórica llegará el día de las elecciones generales. La huelga no es sino un intento, brusco, destemplado y tardío, de presionar al poder en la dirección equivocada para salvaguardar inaceptables privilegios de casta que comprometen el propio futuro de unos sindicatos cuya imprescindible función social está en serio entredicho por la trasnochada contumacia de sus responsables. Y si algo no necesita este Gobierno —ni menos este país— es que le ayuden a equivocarse aún más de lo que acostumbra por sí solo.
ABC - Opinión
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