Los datos proporcionados ayer por el delegado del Gobierno para la violencia de género son estremecedores y obligan a replantearse de manera realista si la política y la estrategia gubernamentales son las adecuadas para combatir esta lacra. Pese a las campañas publicitarias y a los recursos empleados, los resultados no acompañan al esfuerzo, y durante el primer semestre de este año son peores que los de 2009. Así, el número de mujeres asesinadas por sus parejas asciende a 42, lo que supone un aumento del 26%. Si se tiene en cuenta que lo peor está por llegar, pues está comprobado que la segunda quincena de agosto es la que registra más homicidios de todo el año, es muy probable que las cifras de 2010 se disparen a cotas sin precedentes. Al analizar los datos más en detalle se aprecia que, de manera inopinada, se han producido ciertos cambios en las pautas estadísticas, de modo que en estos seis meses ha caído el volumen de denuncias, hay menos solicitudes de protección, los homicidios con órdenes de alejamiento han descendido y ha aumentado el número de víctimas que no habían presentado denuncia. Es decir, los datos apuntan a que se ha difuminado la percepción del riesgo entre las mujeres amenazadas, lo que las convierte en mucho más vulnerables. Aunque no conviene sacar conclusiones apresuradas sobre estos cambios de tendencia, pues las estadísticas hay que analizarlas a través de periodos de tiempo más dilatados, lo cierto es que no pueden caer en saco roto ni archivarse a beneficio de inventario con la esperanza de que el segundo semestre sea menos trágico y «salve» el ejercicio, que es lo que parece preocuparle a determinados responsables del Gobierno. Por el contrario, el pésimo balance publicado ayer obliga a todos los sectores implicados en esta lucha a revisar sus estrategias. Empezando por el Ministerio de Igualdad, cuyas iniciativas, campañas y actividades se han revelado insuficientes y, a veces, más orientadas a la propaganda que a la eficacia. Nadie le exige que haga milagros, porque combatir un fenómeno en el que intervienen multitud de factores requiere la acción combinada de diferentes agentes e instituciones, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hasta los jueces y fiscales, desde los colegios hasta los medios de comunicación, pasando por el papel insustituible de las familias y del entorno vecinal. Precisamente porque es imprescindible el concurso de tantos y tan diferentes actores, el Ministerio de Igualdad, como responsable que debe liderar la lucha, no puede caer en improvisaciones, ni ocurrencias, ni frivolidades. Especialmente dañina resulta esa «ideología de género» que inspira algunos de los planes ministeriales, en virtud de la cual sólo son aceptables aquellos postulados feministas y de izquierda. Al politizar e ideologizar el problema se generan polémicas estériles y se pierde credibilidad, pues se transmite a los ciudadanos, y sobre todo a las mujeres, que la lucha contra la violencia doméstica está contaminada por intereses partidistas. Este combate será muy difícil de ganar, sin duda, pero lo será aún más si se mezcla con ideologías de género y se provoca la división de fuerzas.
La Razón - Editorial
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