UNA operación de la Ertzaintza, ordenada por el juez Grande Marlaska, ha permitido la detención en Hernani de Gurutz Agirresarobe y de otra presunta terrorista. De acuerdo con el consejero vasco de Interior, el detenido es, «con toda probabilidad», el asesino de Joseba Pagazaurtundua, antiguo jefe de la Policía Municipal de Andoaín, cuya familia —que se declaraba ayer «emocionada»— mantiene desde entonces un notable protagonismo en la reacción social contra el terror totalitario. Cabe también la posibilidad de que el mismo individuo cometiera el atentado contra Manuel Giménez Abad, presidente del PP en Aragón, puesto que ambos asesinatos se realizaron con la misma arma. Es una excelente noticia que la Ertzaintza actúe —por fin— de forma decidida y sin ambigüedades contra la banda de asesinos que desafía al Estado de Derecho. El Ejecutivo que preside Patxi López, con el decisivo apoyo parlamentario del PP, ha introducido una nueva dinámica en el País Vasco, demostrando que los nacionalistas no tienen derechos exclusivos y que la democracia es capaz de vencer al chantaje terrorista y a la ideología identitaria.
En la etapa anterior, la falta de voluntad política impidió a los agentes de la Policía vasca desplegar una actividad eficaz en un ámbito al que pueden aportar no sólo su preparación técnica, sino también su decisiva cercanía al terreno. Los etarras detenidos formaban parte de un comando «legal», en espera de órdenes para cometer nuevos crímenes. Por ello, queda claro una vez más que la vía de las detenciones y el reconocimiento debido a las víctimas son la clave en la lucha contra el terror. La eficacia policial y la rigurosa aplicación de la ley son el fundamento para la derrota definitiva de ETA, al margen de veleidades oportunistas sobre negociaciones más o menos disfrazadas.
ABC - Editorial
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