El manoseo del Poder Judicial

Si el Gobierno cree que el atajo de reformar la Ley del Poder Judicial para obviar al TC es astuto y eficaz, se equivoca. No pasa de ser un burda trampa a la Constitución.

EL Consejo de Ministros ya ha recibido un informe del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, sobre las reformas legislativas que serían necesarias para, en palabras de José Montilla, «reparar los daños» causados por la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló e interpretó cerca de cuarenta artículos del Estatuto catalán. El Gobierno se muestra así perseverante en buscar sucedá-neos a los apartados inconstitucionales del Estatuto, con el único fin de dar un bálsamo a las relaciones con el Ejecutivo autonómico y, especialmente, con su presidente, José Montilla. Entre tales reformas se encuentra la del Poder Judicial, una de las materias más corregidas por el TC. Y no era para menos, porque el Estatuto pactado por Zapatero y el líder convergente, Artur Mas, creaba un Poder Judicial propio de Cataluña y sometido a su organización autonómica. La culminación de esta intentona segregadora era el Consejo de Justicia de Cataluña, un órgano político previsto para suplantar al Consejo General del Poder Judicial y eliminar la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, formada sólo por magistrados.

La coartada del Gobierno socialista es que el TC sólo puso reparos de forma y que bastará con reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para entregar al frente social-nacionalista el último territorio que le queda al Estado central. Este objetivo ya fue intentado durante el mandato de Juan Fernando López Aguilar, aunque entonces —año 2006— los Consejos Autonómicos de Justicia eran definidos como órganos «subordinados» al CGPJ. En este segundo asalto al Poder Judicial que planea el Gobierno de Zapatero, de común acuerdo con el tripartito catalán, ya existe una doctrina constitucional específica al respecto. Y no es compatible con la pretensión de Zapatero y Montilla de burlar la sentencia del TC mediante la manipulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que ha dicho el TC es que, conforme a la Constitución, el Poder Judicial sólo tiene un órgano de gobierno que es el Consejo General. Tal afirmación excluye la creación de otros órganos de gobiernos judicial no sólo por vía estatutaria, sino también mediante la reforma de la LOPJ. El TC ha dejado claro en su sentencia que el Estado de las autonomías, a diferencia de lo que sucede con los Poderes Legislativo y Ejecutivo, no alcanza al Poder Judicial, el cual es único para todo el Estado. Por tanto, si el Gobierno cree que el atajo de reformar la LOPJ para obviar al TC es astuto y eficaz, se equivoca. No pasa de ser un burda trampa a la Constitución.

ABC - Editorial