Garzón puede arruinar el «caso Gürtel»

EL «caso Gürtel» tiene otra sombra.

Primero fueron las grabaciones ilegales de las conversaciones entre abogados y defendidos en centros penitenciarios, flagrante vulneración del derecho a la defensa y a la privacidad de las comunicaciones. Ahora, el Supremo va a ampliar el sumario de las escuchas ilegales a otras posibles ilegalidades no menos graves. Uno de los abogados defensores ha denunciado a las fiscales encargadas del caso de presentar directamente la denuncia del «caso Gürtel» ante Garzón, con la excusa de que una persona mencionada en las investigaciones de esta trama aparecía en el «caso BBVA-Privanza», tramitado por el ahora suspendido juez de la Audiencia Nacional. Además, la ampliación de la querella incluye un hecho sumamente grave si es cierto: los fiscales del caso y Garzón ocultaron que un imputado del «caso Gürtel», Pablo Crespo, había exonerado de culpa a Francisco Camps en el asunto de los trajes.

Por lo pronto, el magistrado que instruye la causa contra Garzón en la Sala Segunda ha admitido la ampliación de la querella y esto supone un salto cualitativo en los hechos. Es insólito que dos fiscales estén siendo investigadas por hechos ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La responsabilidad criminal de los fiscales ha sido siempre una quimera y no hay antecedentes en la jurisprudencia penal. Sólo esta novedad es suficiente para medir la gravedad de la nueva querella admitida. En cuanto a Garzón, las diligencias que se practiquen determinarán si hizo bien o mal en quedarse con el «caso Gürtel», pero será una oportunidad para saber cómo es posible que la mayoría de los asuntos relevantes que pasaban por la Audiencia Nacional cayeran en sus manos inapelablemente. El argumento de la conexión entre ambos casos por una misma persona no justifica la presentación directa de la denuncia de la Fiscalía anticorrupción ante Garzón. Las consecuencias de haber vulnerado las normas de reparto son muy graves, porque la ley lo sanciona con la nulidad de actuaciones. Hay que tener en cuenta que no se habría infringido una mera norma administrativa, sino que se habría vulnerado el principio de juez predeterminado por la ley, que es una garantía constitucional para evitar el juez ad hoc. ¿Fue Garzón el juez de conveniencia de la Fiscalía anticorrupción?

Y, por supuesto, si se ha ocultado una declaración favorable a Francisco Camps, habría quebrado la neutralidad a la que se deben jueces y fiscales en la investigación penal y estaríamos ante un caso escandaloso -y delictivo- de obstrucción a la justicia y de indefensión.

ABC - Editorial