El Congreso vota hoy el Decreto Ley del Gobierno con las medidas para reducir el déficit público que suponen un profundo recorte social.
Algunas iniciativas incluidas en el decreto nos parecen convenientes si queremos sentar las bases de la recuperación, pero otras resultan improvisadas y facilonas. La desnortada política económica del Gobierno no pueden pagarla los sectores más desfavorecidos de la sociedad como jubilados o dependientes. La pérdida de poder adquisitivo de los mayores es un grave error, pues en un porcentaje muy amplio hablamos de pensiones mínimas. Tampoco nos parece ajustado el recorte a las nóminas de los funcionarios que prevé el decretazo. Se nos olvida que empleados públicos son también policías, guardias civiles, bomberos, profesores, funcionarios de prisiones, médicos, enfermeros, auxiliares..., cuyos sueldos no son para tirar cohetes. La congelación de sus prestaciones era la decisión más correcta.
El equipo económico del Ejecutivo es el primer responsable de esta situación y sólo las imposiciones de Europa y Estados Unidos han propiciado el abandono de una política que nos empujaba al precipicio. Su ineficacia ha derivado en una ausencia de credibilidad y en un desprestigio internacional. Lo más inquietante es que no hay previsión de cambios.
Hemos defendido en varios editoriales que existían otros capítulos a recortar y soluciones más sólidas, aunque más complejas, antes que sacrificar a los que menos tienen para que el Gobierno salve la cara ante nuestros socios. El país debe recuperar la disciplina presupuestaria y afrontar una severa reducción de los gastos corrientes y el ajuste de una administración sobredimensionada. Un tijeretazo a las subvenciones y partidas superfluas, que las hay, y medidas como la congelación de los sueldos de los empleados públicos o el copago marcan el camino.
El ajuste es imprescindible porque el déficit y la deuda nos asfixian, pero sin crecimiento económico y creación de empleo, valdrá de poco. España debe afrontar reformas estructurales que devuelvan a la economía la competitividad. Hablamos de la reforma laboral, una política energética que evite el cierre del parque nuclear, la reorganización del sistema financiero, un paquete de liberalizaciones, la reforma del sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad, un programa de privatización de empresas públicas y una reforma fiscal que estimule el consumo y la inversión y no que las disuada. Los impuestos populistas, como el anunciado para «los que más tienen», aportarán poco en el capítulo de ingresos y complican la entrada de capitales.
Entendemos que el decretazo del Gobierno no puede ser respaldado hoy en el Congreso en su actual redacción y que hay razones para rechazarlo. Si se cumple lo previsto, será convalidado por un voto de diferencia. La retirada de la congelación de las pensiones sería un gesto que reforzaría una posible abstención por sentido de Estado y ante la situación de extrema dificultad del país. En definitiva, no es posible suscribir avales políticos a un Gobierno que ha fracasado y cuyo tiempo ha expirado.
Hemos defendido en varios editoriales que existían otros capítulos a recortar y soluciones más sólidas, aunque más complejas, antes que sacrificar a los que menos tienen para que el Gobierno salve la cara ante nuestros socios. El país debe recuperar la disciplina presupuestaria y afrontar una severa reducción de los gastos corrientes y el ajuste de una administración sobredimensionada. Un tijeretazo a las subvenciones y partidas superfluas, que las hay, y medidas como la congelación de los sueldos de los empleados públicos o el copago marcan el camino.
El ajuste es imprescindible porque el déficit y la deuda nos asfixian, pero sin crecimiento económico y creación de empleo, valdrá de poco. España debe afrontar reformas estructurales que devuelvan a la economía la competitividad. Hablamos de la reforma laboral, una política energética que evite el cierre del parque nuclear, la reorganización del sistema financiero, un paquete de liberalizaciones, la reforma del sistema de pensiones que garantice su sostenibilidad, un programa de privatización de empresas públicas y una reforma fiscal que estimule el consumo y la inversión y no que las disuada. Los impuestos populistas, como el anunciado para «los que más tienen», aportarán poco en el capítulo de ingresos y complican la entrada de capitales.
Entendemos que el decretazo del Gobierno no puede ser respaldado hoy en el Congreso en su actual redacción y que hay razones para rechazarlo. Si se cumple lo previsto, será convalidado por un voto de diferencia. La retirada de la congelación de las pensiones sería un gesto que reforzaría una posible abstención por sentido de Estado y ante la situación de extrema dificultad del país. En definitiva, no es posible suscribir avales políticos a un Gobierno que ha fracasado y cuyo tiempo ha expirado.
La Razón - Editorial
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