Se oscurece el horizonte penal de Francisco Camps, líder del PP valenciano y presidente de la Comunidad.
En pocos días, el Supremo por un lado y el Tribunal Superior de Madrid, por otro, han devuelto al Tribunal Superior de Valencia el dossier judicial que le pone bajo sospecha de haber cometido varios delitos (cohecho propio e impropio, falsedad documental, financiación irregular del PP y fraude fiscal, entre otros) en relación con la carga de trabajo facilitada por la Generalitat y el PP a empresas de Gürtel entre los años 2004 y 2008.
Por tanto, también se oscurece su horizonte político. El suyo personal y el de su equipo en el Consell y en el partido (Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y otros). De eso hablaban ayer los dirigentes nacionales del PP, que echaron la tarde en comentar la jugada. La jugada es el empeño de Camps en atarse al palo mayor e incluso romper la baraja si alguien pretende sacarlo del campo, mientras reclama su nominación como candidato a las elecciones autonómicas de 2011.
Por tanto, también se oscurece su horizonte político. El suyo personal y el de su equipo en el Consell y en el partido (Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y otros). De eso hablaban ayer los dirigentes nacionales del PP, que echaron la tarde en comentar la jugada. La jugada es el empeño de Camps en atarse al palo mayor e incluso romper la baraja si alguien pretende sacarlo del campo, mientras reclama su nominación como candidato a las elecciones autonómicas de 2011.
El síndrome de UPN se instaló ayer tarde en la calle Génova, donde Mariano Rajoy ha decidido darle más hilo a la cometa. Habla de días o semanas, no de meses. O sea, esperar y ver, en nombre de la presunción de inocencia y del cada vez menos sólido alegato del propio Camps contra los fabricantes de un “montaje” que responde a “nada de nada, porque no hay nada”. Hace unos días llegó a mencionar al presidente Zapatero y a la vicepresidenta Fernández de la Vega como los autores intelectuales. Un recurso argumental agotado hace tiempo entre sus compañeros de la dirección nacional, quienes ya han convertido en lugar común la referencia al caso Camps como un problema personal, más que político o judicial.
Margen de maniobra agotado
Cada vez más despegado del suelo, Camps sigue convirtiendo los indicios delictivos apreciados por el juez Pedreira y hace unos días por el Tribunal Supremo en una operación política urdida contra él para evitar que siga ganando elecciones. De su comparecencia como imputado en mayo de 2009 por la cuestión de los trajes, nos queda una muestra de su divorcio con la realidad. Cuando el juez Flors le preguntó si Alvaro Pérez, “El Bigotes”, le debía algo, Camps respondió: “Todos los valencianos me deben mucho. Reconocen mi empuje”. Eso ocurrió en sede judicial, pero no han sido muy distintas sus respuestas cuando le han preguntado en el Parlamento o en los medios sobre el engrudo que pisa por haber dado cobertura a la franquicia valenciana de la trama Gürtel.
Su margen de maniobra está agotado si nos atenemos a los precedentes. En la situación judicial de Camps, otros compañeros suyos han renunciado al cargo y a la militancia, según el listón marcado en su día por Rajoy. Además, está la doctrina Aznar, no derogada por su sucesor: “El PP es incompatible con la corrupción”.
Los hechos detectados en sede judicial son tercos respecto a una trama corrupta creada desde fuera por un tal Correa con la colaboración necesaria de ciertos dirigentes del PP. En la Comunidad de Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre, se firmaron al menos 300 contratos de administraciones del PP con las empresas Gürtel. Y en Valencia, fueron esos 84 contratos concedidos a través de la Presidencia o la Vicepresidencia de la Comunidad que a Camps le parecen una menudencia, según decía ayer.
Margen de maniobra agotado
Cada vez más despegado del suelo, Camps sigue convirtiendo los indicios delictivos apreciados por el juez Pedreira y hace unos días por el Tribunal Supremo en una operación política urdida contra él para evitar que siga ganando elecciones. De su comparecencia como imputado en mayo de 2009 por la cuestión de los trajes, nos queda una muestra de su divorcio con la realidad. Cuando el juez Flors le preguntó si Alvaro Pérez, “El Bigotes”, le debía algo, Camps respondió: “Todos los valencianos me deben mucho. Reconocen mi empuje”. Eso ocurrió en sede judicial, pero no han sido muy distintas sus respuestas cuando le han preguntado en el Parlamento o en los medios sobre el engrudo que pisa por haber dado cobertura a la franquicia valenciana de la trama Gürtel.
Su margen de maniobra está agotado si nos atenemos a los precedentes. En la situación judicial de Camps, otros compañeros suyos han renunciado al cargo y a la militancia, según el listón marcado en su día por Rajoy. Además, está la doctrina Aznar, no derogada por su sucesor: “El PP es incompatible con la corrupción”.
Los hechos detectados en sede judicial son tercos respecto a una trama corrupta creada desde fuera por un tal Correa con la colaboración necesaria de ciertos dirigentes del PP. En la Comunidad de Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre, se firmaron al menos 300 contratos de administraciones del PP con las empresas Gürtel. Y en Valencia, fueron esos 84 contratos concedidos a través de la Presidencia o la Vicepresidencia de la Comunidad que a Camps le parecen una menudencia, según decía ayer.
El Confidencial - Opinión
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