Aun cuando Zapatero aprobara una buena reforma laboral este viernes, sería una vergüenza que hubiera esperado a que la cifra de parados en nuestro país se duplicara para plantear unas reformas que ya eran necesarias antes del estallido de la crisis.
A la vista está que con Zapatero no existen límites para el deterioro. Después de perder más de ocho cientos mil puestos de trabajo el año pasado, acabamos de estrenar el 2010 con 124.890 parados más, según los datos hechos públicos por los Servicios Públicos de Empleo. De este modo, el desempleo sube por sexto mes consecutivo y encadena los tres peores meses de enero desde que se realizan estadísticas. Aunque este mes suele ser un periodo de subidas, nunca había sido tan negativo como en los últimos ejercicios. En 2008 se incrementó en 132.000 personas y el año pasado en 198.838, el peor dato registrado nunca.
A la vista está que con Zapatero no existen límites para el deterioro. Después de perder más de ocho cientos mil puestos de trabajo el año pasado, acabamos de estrenar el 2010 con 124.890 parados más, según los datos hechos públicos por los Servicios Públicos de Empleo. De este modo, el desempleo sube por sexto mes consecutivo y encadena los tres peores meses de enero desde que se realizan estadísticas. Aunque este mes suele ser un periodo de subidas, nunca había sido tan negativo como en los últimos ejercicios. En 2008 se incrementó en 132.000 personas y el año pasado en 198.838, el peor dato registrado nunca.
Con el aumento del mes pasado, el número total de parados supera los cuatro millones, en concreto 4.048.493, la mayor cifra desde la que existen datos comparables. Eso, sin contar con los 455.845 parados –los llamados Demandantes de Empleo no Ocupados y los Demandantes de Empleo Especiales con disponibilidad habitual– que, como es habitual, el Ministerio de Corbacho arteramente contabiliza aparte.
No vamos a dedicar un minuto a las declaraciones con las que los miembros del Gobierno tratan de maquillar la extrema y al tiempo creciente gravedad de la situación. Más importancia tiene comentar las propuestas para la reforma laboral que el Ejecutivo tiene previsto presentar en el Consejo de Ministros de este viernes y que tendrá que negociar con patronal y sindicatos. A la espera de conocer las medidas concretas, ya podemos afirmar que, en el mejor de los casos, la propuesta de reforma laboral del Gobierno llega tarde. Es una auténtica vergüenza que el Gobierno de Zapatero haya esperado a que la cifra de parados en nuestro país se haya duplicado respecto a la que había hace dos años y medio para acometer unas reformas que ya eran necesarias desde mucho antes. Para colmo, nada garantiza que las propuestas del Ejecutivo de Zapatero vayan en la buena dirección, tal y como lo sería una liberalización profunda de nuestro mercado laboral.
Es evidente que llegado a este nivel de deterioro, los salarios deben ajustarse a la productividad para recuperar competitividad, tal y como sin tapujos acaba de recomendar para España el responsable del FMI, Olivier Blanchard. El Gobierno debería así mismo dotar de mayor flexibilidad para reubicar geográfica y funcionalmente a los trabajadores, así como enterrar su oposición a la contratación con menor indemnización por despido. Estas y otras reformas destinadas a la liberalización del mercado laboral, unidas a una reducción de la presión impositiva y una drástica contención del gasto público, constituyen la vía correcta para evitar la destrucción de empleo y lograr la recuperación... tal y como ya sucedía hace tres años.
Sin embargo, de un Gobierno que se ha negado sistemáticamente a plantear soluciones para no tener que admitir la existencia misma del problema; que lo deja todo –incluida su propia acción de Gobierno– al consenso de los agentes sociales, para no tener que enfrentarse a la rémora que suponen los sindicatos; y que lo único que ha hecho es agravar la situación tratando de evadirse de ella a través del gasto y el endeudamiento público, nada cabe esperar que no sea seguir malgastando el tiempo y el dinero de los contribuyentes bajo la excusa del diálogo social.
Lo malo es que, a la vista está, ese tiempo perdido se seguirá traduciendo en una mayor destrucción de empleo y en un serio deterioro de la situación financiera de nuestras familias, empresas y administraciones públicas.
No vamos a dedicar un minuto a las declaraciones con las que los miembros del Gobierno tratan de maquillar la extrema y al tiempo creciente gravedad de la situación. Más importancia tiene comentar las propuestas para la reforma laboral que el Ejecutivo tiene previsto presentar en el Consejo de Ministros de este viernes y que tendrá que negociar con patronal y sindicatos. A la espera de conocer las medidas concretas, ya podemos afirmar que, en el mejor de los casos, la propuesta de reforma laboral del Gobierno llega tarde. Es una auténtica vergüenza que el Gobierno de Zapatero haya esperado a que la cifra de parados en nuestro país se haya duplicado respecto a la que había hace dos años y medio para acometer unas reformas que ya eran necesarias desde mucho antes. Para colmo, nada garantiza que las propuestas del Ejecutivo de Zapatero vayan en la buena dirección, tal y como lo sería una liberalización profunda de nuestro mercado laboral.
Es evidente que llegado a este nivel de deterioro, los salarios deben ajustarse a la productividad para recuperar competitividad, tal y como sin tapujos acaba de recomendar para España el responsable del FMI, Olivier Blanchard. El Gobierno debería así mismo dotar de mayor flexibilidad para reubicar geográfica y funcionalmente a los trabajadores, así como enterrar su oposición a la contratación con menor indemnización por despido. Estas y otras reformas destinadas a la liberalización del mercado laboral, unidas a una reducción de la presión impositiva y una drástica contención del gasto público, constituyen la vía correcta para evitar la destrucción de empleo y lograr la recuperación... tal y como ya sucedía hace tres años.
Sin embargo, de un Gobierno que se ha negado sistemáticamente a plantear soluciones para no tener que admitir la existencia misma del problema; que lo deja todo –incluida su propia acción de Gobierno– al consenso de los agentes sociales, para no tener que enfrentarse a la rémora que suponen los sindicatos; y que lo único que ha hecho es agravar la situación tratando de evadirse de ella a través del gasto y el endeudamiento público, nada cabe esperar que no sea seguir malgastando el tiempo y el dinero de los contribuyentes bajo la excusa del diálogo social.
Lo malo es que, a la vista está, ese tiempo perdido se seguirá traduciendo en una mayor destrucción de empleo y en un serio deterioro de la situación financiera de nuestras familias, empresas y administraciones públicas.
Libertad Digital - Editorial
1 comentarios:
4.048.493 PARADOS VS. 3.065.700 FUNCIONARIOS PÚBLICOS.
Rafael del Barco Carreras
3-02-10. Dos cifras de titular, muy relativas, si consideramos la muy especial CONTABILIDAD NACIONAL Y SUS ESTADÍSTICAS. Afirmar que desde la CRISIS (el estallido de la BURBUJA INMOBILIARIA) o a contar desde que a principios del 2008, cuando Zapatero, en plena campaña para la reelección, afirmaba, insultando a quien se atreviera a nombrar la palabra CRISIS ni menos BURBUJA (la culpa era de los americanos), que se trataba de un reajuste, que los parados hayan subido 2.300.000 y los funcionarios 192.000, no solo no significa nada, sino que es FALSO.
En cuanto a la cifra de parados, en una de esas genialidades españolas, de una tacada se rebajaron los adscritos a cursos de formación que en estos momentos pudieran ascender a no menos de 500.000, preferencia, cursos o “charlas” de informática u ofimática. Y si la crisis también afecta a la economía sumergida, aunque absorba una parte de los parados OFICIALES, la cifra de “con o sin papeles” que pretenden un empleo de limpieza, cuidadores de ancianos, o camarero, chapuzas, agricultura, talleres clandestinos, masajes o prostitución, podría no ser menos de 2.000.000 de personas, que se contabilizarían a poco que las estadísticas incluyeran la actividad de los comedores de beneficencia, Cáritas, parroquias, y similares. No se trataría de un 18 o 22% de los 19 millones de españoles en edad laboral o registrados en el INE Y SS, sino de un problema del 20% de la población GLOBAL, que descontando los 8.000.000 de pensionistas, no baja del 30% quienes subsisten por debajo del umbral de la pobreza o MISERIA, incluidos unos 2.000.000 con pensiones o “ayudas” entre los 300 o 400 euros mensuales.
Y si en cuanto a los parados, una reflexión de simple comentario de taberna, pone en duda la filosofía contable oficial, en cuanto a los FUNCIONARIOS PÚBLICOS, parecidas consideraciones son más que necesarias para conocer un poco la gran mentira en que nos movemos. Si entre el Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, suman 3.065.700, sin los contratados o interinos, ni los de Sindicatos o Partidos Políticos, y mucho menos los de todas las empresas y entes públicos, similares o parecidos, subvencionados al 100% o en menor porcentaje, o facturando en total o mayor parte a cargo de “administraciones”, de inmobiliarias y miles de sociedades directas o del entorno, la total cifra de las actividades “servicios” que de un modo u otro cubren sus nóminas a cargo de presupuestos oficiales o directamente del SISTEMA FINANCIERO, “máquina de imprimir billetes”, en este caso tragando EUROS NUEVOS con gran reticencia europea, la CIFRA que se escapa de cualquier consideración o teoría MACROECONÓMICA es de tal magnitud que podríamos asegurar que el amigocrático y corrupto ESTATISMO es la forma de gobierno de España, engendro surgido de la Dictadura, el liberal-capitalismo y el llamado Socialismo Democrático y Progresista, lejos hasta de la “ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO” que reza la Constitución. ¿Cuántos 3 o 4 millones más? Nadie lo sabe, ni menos cuanto ha crecido o disminuido desde la CRISIS ese sector, que podemos definir como “parapúblico”.
El Estado, de garante de lo SOCIAL de esa peculiar definición constitucional, ha pasado a significar un tan inmenso peso, destruyendo la teoría o leyes de ese MERCADO, que sumado al oligopolio (o simple monopolio) “banca, cajas y Banco de España”, con sus correspondientes inmobiliarias y empresas (preferentes los antiguos monopolios de servicios básicos, que enmascarados siguen siéndolo, copados sus consejos de administración por ejecutivos del Sistema) y sus ilimitadas pólizas de crédito, convierte cualquier teoría micro o macroeconómica, estadísticas o contabilidad oficial o “paraoficial”, en PURA FALACIA.
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