EL Parlamento Europeo ha escogido mal la ocasión para empezar a ejercer sus nuevas prerrogativas. El veto al acuerdo sobre cesión de la información sobre transferencias bancarias a las autoridades de seguridad de Estados Unidos no sólo perjudica a la lucha antiterrorista -lo cual es extremadamente grave- sino que puede dañar en el peor momento las necesarias relaciones entre Washington y la Unión Europea como tal. A pesar de todos los argumentos que han salido a relucir en el pleno de Estrasburgo, el debate sobre el límite entre seguridad y libertades es algo que no estaba siendo discutido. Lo que se proponía a los eurodiputados no era que ratificasen un texto en el que hay mucho que mejorar en lo que se refiere al respeto a las leyes europeas de protección de datos, sino que aceptasen aplazar el voto para mantener en vigor este acuerdo provisional, de modo que hubiera habido una continuidad en la labor de las fuerzas de seguridad, sin interrumpir el proceso de negociación de un nuevo acuerdo en el que se pudieran recoger sus aspiraciones.
Con su actitud intransigente, sin embargo, los eurodiputados que han tumbado el acuerdo sobre la transferencia de los datos de SWIFT han debilitado las posibilidades de negociación de un futuro acuerdo y -mucho peor aún- han abierto la puerta a que Estados Unidos ignore deliberadamente a la UE y opte por volver a la política de tratados bilaterales con los 27 países por separado o sólo con algunos, lo que no puede considerarse una opción europeísta en ningún caso.
Censurar en el Parlamento Europeo este acuerdo de cooperación policial no es un gesto de rebeldía antinorteamericana como muchos han querido entender, sino, al contrario, se trata de un ataque contra un documento que -con sus indiscutibles defectos- había sido aceptado por la totalidad de los gobiernos de los países miembros, ante los que muchos diputados deberían tener que rendir cuentas. A fuerza de acostumbrarse a pronunciamientos estériles cuando carecían de poder real, se diría que algunos eurodiputados no han medido adecuadamente el alcance de una decisión que sólo puede beneficiar a los terroristas.
Censurar en el Parlamento Europeo este acuerdo de cooperación policial no es un gesto de rebeldía antinorteamericana como muchos han querido entender, sino, al contrario, se trata de un ataque contra un documento que -con sus indiscutibles defectos- había sido aceptado por la totalidad de los gobiernos de los países miembros, ante los que muchos diputados deberían tener que rendir cuentas. A fuerza de acostumbrarse a pronunciamientos estériles cuando carecían de poder real, se diría que algunos eurodiputados no han medido adecuadamente el alcance de una decisión que sólo puede beneficiar a los terroristas.
ABC- Editorial
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