A los sindicatos les interesa más conservar hoy sus privilegios que asistir dentro de unos años a la bancarrota de la Seguridad Social; no defienden los derechos de los trabajadores, sino sus propias prebendas.
Es un lugar común que los llamados "representantes de los trabajadores" o "agentes sociales" se han convertido simple y llanamente en partidos políticos que no concurren a las elecciones. Su influencia y su poder derivan de sus privilegios legales, de sus presiones sobre los gobiernos de turno y de su capacidad para empujar al país a la parálisis un día mediante la celebración de una huelga general a golpe de piquetes poco informativos.
Es un lugar común que los llamados "representantes de los trabajadores" o "agentes sociales" se han convertido simple y llanamente en partidos políticos que no concurren a las elecciones. Su influencia y su poder derivan de sus privilegios legales, de sus presiones sobre los gobiernos de turno y de su capacidad para empujar al país a la parálisis un día mediante la celebración de una huelga general a golpe de piquetes poco informativos.
Estos privilegios legales sobre los que asientan su potestad sobre los trabajadores, empresarios y, en general, el conjunto de los españoles proceden de ese mito socialista tan extendido de que el bienestar de los proletarios no depende de que durante los últimos cien años hayamos experimentado un crecimiento económico sin parangón en la historia, sino de la dura lucha sindical. Así, los sindicatos se convierten en unos actores idealizados que favorecen el progreso de las clases más desfavorecidas con su continua presión contra unos capitalistas explotadores.
En realidad, los sindicatos deberían ser simples representantes de los trabajadores, del mismo modo en que podría serlo una asesoría jurídica. Aquellas personas que quisieran ser defendidas por profesionales especializados en esta tarea podrían afiliarse voluntariamente y pagar por los servicios prestados. De este modo, los liberados sindicales serían empleados mantenidos sin coacción alguna por los trabajadores que realmente quieren ser representados.
Pero todo parece indicar, a partir de las bajísimas cifras de afiliación actual, que con este modelo basado en las relaciones voluntarias entre trabajador y sindicatos, la riqueza, poder y privilegios de estos últimos serían mucho menores que en la actualidad. De ahí que sea necesario alimentar recurrentemente ese mito de su lucha contra el recorte de "derechos sociales".
Así, ayer viernes los dos principales sindicatos de este país, CCOO y UGT, anunciaron que por primera vez se manifestarían contra el Gobierno ideológicamente afín de Rodríguez Zapatero. El motivo no es que las nefastas decisiones económicas de ZP y su frontal oposición a liberalizar el mercado laboral hayan abocado a este país a padecer unas cifras de parados que los 4,5 millones, sino que Zapatero, por una vez, amagaba con ser mínimamente responsable y reformar un sistema de pensiones insostenible.
Como ya puso de manifiesto en este periódico José Barea, uno de los mayores expertos de España en este tema, el sistema público de pensiones no podrá mantenerse en el tiempo a menos que sea sometido a una drástica reforma que pasa, en esencia, por incrementar la edad de jubilación y ajustar las pensiones al plazo y a la cuantía efectivamente cotizados por cada trabajador.
Obviamente, por mucha simpatía que guarden los sindicatos al PSOE, se hacía necesario algún tipo de reacción contra este ejercicio de realismo. No una huelga general como la que le montaron a Aznar en una situación infinitamente más favorable a la actual, pero sí algún tipo de acto que atrajera a las cámaras y a la prensa. Al fin y al cabo, los sindicatos no pueden permitir que la gente se dé cuenta de que los llamados derechos sociales no dependen de la voluntad de los políticos (configurada por las presiones sindicales), sino de la riqueza de una sociedad. Si, como dice el profesor Rodríguez Braun, un derecho social es aquel que tiene que pagar otro, parece claro que éstos sólo podrán mantenerse mientras haya gente que los pague.
Pero con las pensiones públicas y en un contexto demográfico adverso, no va a ser así, motivo por el cual, si es que el PSOE quiere mantener el sistema de reparto, hay que reformarlas. A los sindicatos, sin embargo, les interesa más conservar hoy sus privilegios que asistir dentro de unos años a la bancarrota de la Seguridad Social; no defienden los derechos de los trabajadores, sino sus propias prebendas.
De hecho, si los sindicatos estuvieran realmente preocupados por promover el bienestar general de la sociedad y muy particularmente el de las clases trabajadoras, haría tiempo que habrían reivindicado la transición hacia un sistema de capitalización, mucho más provechoso y rentable a largo plazo que el de pensiones.
Pero no, dado que la posición y las rentas que obtienen estas centrales sindicales no dependen del bienestar efectivo de aquellos a quienes dicen representar sino de preservar el mito del "buen salvaje sindical", seguirán alimentando a este último aun cuando atenten contra el primero. El próximo 23 de febrero volverán a hacerlo.
En realidad, los sindicatos deberían ser simples representantes de los trabajadores, del mismo modo en que podría serlo una asesoría jurídica. Aquellas personas que quisieran ser defendidas por profesionales especializados en esta tarea podrían afiliarse voluntariamente y pagar por los servicios prestados. De este modo, los liberados sindicales serían empleados mantenidos sin coacción alguna por los trabajadores que realmente quieren ser representados.
Pero todo parece indicar, a partir de las bajísimas cifras de afiliación actual, que con este modelo basado en las relaciones voluntarias entre trabajador y sindicatos, la riqueza, poder y privilegios de estos últimos serían mucho menores que en la actualidad. De ahí que sea necesario alimentar recurrentemente ese mito de su lucha contra el recorte de "derechos sociales".
Así, ayer viernes los dos principales sindicatos de este país, CCOO y UGT, anunciaron que por primera vez se manifestarían contra el Gobierno ideológicamente afín de Rodríguez Zapatero. El motivo no es que las nefastas decisiones económicas de ZP y su frontal oposición a liberalizar el mercado laboral hayan abocado a este país a padecer unas cifras de parados que los 4,5 millones, sino que Zapatero, por una vez, amagaba con ser mínimamente responsable y reformar un sistema de pensiones insostenible.
Como ya puso de manifiesto en este periódico José Barea, uno de los mayores expertos de España en este tema, el sistema público de pensiones no podrá mantenerse en el tiempo a menos que sea sometido a una drástica reforma que pasa, en esencia, por incrementar la edad de jubilación y ajustar las pensiones al plazo y a la cuantía efectivamente cotizados por cada trabajador.
Obviamente, por mucha simpatía que guarden los sindicatos al PSOE, se hacía necesario algún tipo de reacción contra este ejercicio de realismo. No una huelga general como la que le montaron a Aznar en una situación infinitamente más favorable a la actual, pero sí algún tipo de acto que atrajera a las cámaras y a la prensa. Al fin y al cabo, los sindicatos no pueden permitir que la gente se dé cuenta de que los llamados derechos sociales no dependen de la voluntad de los políticos (configurada por las presiones sindicales), sino de la riqueza de una sociedad. Si, como dice el profesor Rodríguez Braun, un derecho social es aquel que tiene que pagar otro, parece claro que éstos sólo podrán mantenerse mientras haya gente que los pague.
Pero con las pensiones públicas y en un contexto demográfico adverso, no va a ser así, motivo por el cual, si es que el PSOE quiere mantener el sistema de reparto, hay que reformarlas. A los sindicatos, sin embargo, les interesa más conservar hoy sus privilegios que asistir dentro de unos años a la bancarrota de la Seguridad Social; no defienden los derechos de los trabajadores, sino sus propias prebendas.
De hecho, si los sindicatos estuvieran realmente preocupados por promover el bienestar general de la sociedad y muy particularmente el de las clases trabajadoras, haría tiempo que habrían reivindicado la transición hacia un sistema de capitalización, mucho más provechoso y rentable a largo plazo que el de pensiones.
Pero no, dado que la posición y las rentas que obtienen estas centrales sindicales no dependen del bienestar efectivo de aquellos a quienes dicen representar sino de preservar el mito del "buen salvaje sindical", seguirán alimentando a este último aun cuando atenten contra el primero. El próximo 23 de febrero volverán a hacerlo.
Libertad Digital - Editorial
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