UNA vez más, la realidad social desmiente el discurso identitario que cierto sector de la clase política se empeña en imponer a los catalanes. En efecto, es muy significativo que 574 salas de cine, lo que representa tres cuartas partes del total, realicen una jornada de huelga contra la norma que les exige programar un 50 por ciento de las películas en catalán, cuando la demanda de los espectadores en ese sentido apenas llega al 20 por ciento. El tripartito acelera por razones electoralistas ciertas medidas que sólo complacen al nacionalismo radical, como las sanciones a los comerciantes que no rotulan en catalán. Son decisiones intolerables en un Estado de Derecho y que ofenden el sentido común de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, José Montilla y sus socios juegan la baza del oportunismo, creando una imagen artificial de conflicto lingüístico en una comunidad donde el bilingüismo social funciona con toda naturalidad frente a las imposiciones oficiales.
De acuerdo con la Constitución, el castellano es la lengua oficial del Estado y, por tanto, resulta inaceptable cualquier prohibición o restricción en su uso, sin perjuicio del respeto y la promoción de las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. Además, la Norma Fundamental reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, vulnerada en este caso por la obligación impuesta a las salas de cine de ofrecer un producto que muchos potenciales espectadores no están dispuestos a adquirir. La Generalitat hace política lingüística a costa del dinero de unos y del legítimo derecho de todos a disfrutar de su tiempo de ocio o de formación cultural en la lengua que prefieran. Pendiente de una sentencia del TC que no llega nunca, el Estatuto alienta estas soluciones extremistas en favor de un futuro monopolio del catalán. Por eso, Rodríguez Zapatero no puede eludir su responsabilidad sobre las decisiones del PSC, que pretende ahora competir con los nacionalistas en una política identitaria que desmiente la condición del PSOE como partido de ámbito nacional. Esta vez les ha tocado a las salas de cine, que reaccionan con razón y de forma contundente en defensa de sus legítimos intereses, que coinciden con los de la mayoría social.
ABC - Editorial
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