Falta de respeto al Congreso

LA primera votación del nuevo periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados supuso el pasado martes una derrota para el Gobierno, porque el PSOE se quedó solo al rechazar el recorte de altos cargos exigido por una proposición no de ley del PP, apoyada por CiU, PNV, BNG, CC, ERC y UPyD. Se trata, sin duda, de una medida oportuna en plena crisis económica y un mensaje en la dirección correcta para una sociedad que reclama austeridad a los poderes públicos. Sin embargo, el PSOE sigue a lo suyo, tachando de «oportunista» toda propuesta que no le conviene. La votación de esta iniciativa (175 a favor; 163 en contra, todos del PSOE, y 3 abstenciones) puede marcar la pauta del curso parlamentario, ya que el Gobierno está cada vez más aislado y podría recibir un varapalo tras otro tanto en el Congreso como en el Senado. José Antonio Alonso tendrá que desplegar mucha habilidad para evitar estas derrotas de su grupo, que contribuyen a ofrecer a la opinión pública la imagen de un Ejecutivo superado por las circunstancias. La vieja teoría de un PP aislado -que tanto complacía a Rodríguez Zapatero- podría convertirse ahora en todo lo contrario, con el PSOE mendigando votos y apuntándose a propuestas ajenas para no quedarse solo una y otra vez.

Lo peor de todo es que el Gobierno ha decidido hacer caso omiso a la voluntad del Congreso. Es cierto que las proposiciones no de ley expresan criterios políticos y no son jurídicamente vinculantes, pero la esencia del régimen parlamentario consiste en cumplir el mandato de la mayoría que se configure en cada caso dentro de las Cámaras. Es la tercera vez que el Congreso insta al Ejecutivo a que reduzca sustancialmente el número de altos cargos, pero nadie se ha tomado la molestia de guardar las formas para llevar a la práctica las decisiones de la representación popular. Todo el mundo da por hecho que habrá crisis de Gobierno al final de la presidencia europea, pero no se trata de esperar al momento oportuno para Rodríguez Zapatero, sino de aceptar las competencias de «orientación política» propias de las Cortes generales en su calidad de representantes del pueblo español. Lo contrario supone una falta de respeto que contradice -una vez más- la promesa presidencial de convertir al Congreso de los Diputados en centro y eje de la vida política, lo cual es obligado para cumplir las reglas del juego de nuestros sistema parlamentario.

ABC - Editorial