El cierre de RCTVI y la obligación de emitir los discursos del presidente provocan protestas en todo el país.
HUGO CHÁVEZ sigue huyendo hacia adelante y cada vez a más velocidad. Tras la devaluación del bolívar, con catastróficas consecuencias para el poder adquisitivo de la población, el presidente venezolano la ha emprendido de nuevo con los medios de comunicación.
Chávez ha adoptado dos medidas que suponen una intolerable agresión contra la libertad de expresión. La primera es el cierre definitivo de Radio Caracas Televisión Internacional (RCTVI), que dejó de emitir el pasado domingo. La cadena ya había sido clausurada por el tirano venezolano en mayo de 2007 con el pretexto de una imaginaria complicidad con el intento fallido de golpe de Estado.
HUGO CHÁVEZ sigue huyendo hacia adelante y cada vez a más velocidad. Tras la devaluación del bolívar, con catastróficas consecuencias para el poder adquisitivo de la población, el presidente venezolano la ha emprendido de nuevo con los medios de comunicación.
Chávez ha adoptado dos medidas que suponen una intolerable agresión contra la libertad de expresión. La primera es el cierre definitivo de Radio Caracas Televisión Internacional (RCTVI), que dejó de emitir el pasado domingo. La cadena ya había sido clausurada por el tirano venezolano en mayo de 2007 con el pretexto de una imaginaria complicidad con el intento fallido de golpe de Estado.
RCTVI, que fue la mayor cadena privada de televisión durante décadas, logró reaparecer como una operadora de cable cuya señal era emitida por otras empresas. A pesar de esta limitación, había llegado a obtener un 14% de share, convirtiéndose en una de las plataformas de la oposición a Chávez. Éste ordenó la pasada semana a esas compañías que dejaran de emitir su señal a partir del domingo, como así sucedió.
La arbitraria decisión del presidente ha dado lugar a una espiral de protestas en todo el país con enfrentamientos con la Policía que produjeron el pasado lunes dos muertos y 30 heridos en la ciudad de Mérida. Ayer, Chávez acusó a Marcel Granier, director de RCTVI, de «irresponsable» y anunció que ha ordenado su detención por desórdenes públicos.
Casi al mismo tiempo que el Gobierno ordenaba el cierre de la cadena, la Comisión de Telecomunicaciones (Conatel) aprobaba una norma en la que exige a todas las emisoras con licencia la transmisión obligatoria de los discursos del presidente y los mensajes del Gobierno. La llamada ley mordaza extiende la obligación a las cadenas de ocio y de retransmisiones deportivas como Sportplus.
Chávez recurrió el pasado sábado a esta prerrogativa para emitir un mensaje de cinco minutos, en los que arremetía contra la oposición y azuzaba a los venezolanos a salir a la calle para acallar las protestas. Los atentados contra la libertad de expresión se han convertido en el hilo conductor del régimen de Chávez. Hace unos meses, sancionó a Globovisión con una multa por informar de un terremoto en Caracas, argumentando que había creado el pánico entre la población. Y desde 2003, ha cerrado emisoras de radio hostiles y no ha dejado de amenazar a los periodistas que se han atrevido a criticarle.
El dictador venezolano se dirige desde hace más de una década todos los domingos por la mañana a los ciudadanos a través de todos los canales públicos en Aló Presidente, programa en el que llegó incluso a ordenar la movilización del Ejército hacia la frontera colombiana.
Chávez está obsesionado con acabar con los medios críticos, pero tiene una buena razón: son su principal oposición en un país donde los partidos han sido desmantelados y gozan de escaso prestigio popular.
El presidente no oculta que quiere perpetuarse en el poder y hacer de Venezuela un país socialista. Pero lo único que está consiguiendo es empobrecer a las clases medias y suscitar una sensación de creciente indignación por sus abusos. Sólo un partido en nuestro país, UPyD, ha reaccionado ante las últimas arbitrariedades de Chávez, pidiendo a Moratinos un giro radical en la relación con Venezuela. La formación de Rosa Díez tiene razón. A estas alturas, resulta incomprensible la benévola actitud del Gobierno de Zapatero hacia Chávez, cuyas decisiones han perjudicado además notablemente los intereses económicos de las empresas españolas.
La arbitraria decisión del presidente ha dado lugar a una espiral de protestas en todo el país con enfrentamientos con la Policía que produjeron el pasado lunes dos muertos y 30 heridos en la ciudad de Mérida. Ayer, Chávez acusó a Marcel Granier, director de RCTVI, de «irresponsable» y anunció que ha ordenado su detención por desórdenes públicos.
Casi al mismo tiempo que el Gobierno ordenaba el cierre de la cadena, la Comisión de Telecomunicaciones (Conatel) aprobaba una norma en la que exige a todas las emisoras con licencia la transmisión obligatoria de los discursos del presidente y los mensajes del Gobierno. La llamada ley mordaza extiende la obligación a las cadenas de ocio y de retransmisiones deportivas como Sportplus.
Chávez recurrió el pasado sábado a esta prerrogativa para emitir un mensaje de cinco minutos, en los que arremetía contra la oposición y azuzaba a los venezolanos a salir a la calle para acallar las protestas. Los atentados contra la libertad de expresión se han convertido en el hilo conductor del régimen de Chávez. Hace unos meses, sancionó a Globovisión con una multa por informar de un terremoto en Caracas, argumentando que había creado el pánico entre la población. Y desde 2003, ha cerrado emisoras de radio hostiles y no ha dejado de amenazar a los periodistas que se han atrevido a criticarle.
El dictador venezolano se dirige desde hace más de una década todos los domingos por la mañana a los ciudadanos a través de todos los canales públicos en Aló Presidente, programa en el que llegó incluso a ordenar la movilización del Ejército hacia la frontera colombiana.
Chávez está obsesionado con acabar con los medios críticos, pero tiene una buena razón: son su principal oposición en un país donde los partidos han sido desmantelados y gozan de escaso prestigio popular.
El presidente no oculta que quiere perpetuarse en el poder y hacer de Venezuela un país socialista. Pero lo único que está consiguiendo es empobrecer a las clases medias y suscitar una sensación de creciente indignación por sus abusos. Sólo un partido en nuestro país, UPyD, ha reaccionado ante las últimas arbitrariedades de Chávez, pidiendo a Moratinos un giro radical en la relación con Venezuela. La formación de Rosa Díez tiene razón. A estas alturas, resulta incomprensible la benévola actitud del Gobierno de Zapatero hacia Chávez, cuyas decisiones han perjudicado además notablemente los intereses económicos de las empresas españolas.
El Mundo - Editorial
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