
Pero una cosa es gestionar alquileres y políticas del suelo transferidas a las Comunidades Autónomas, y otra bien distinta mandar a los Ejércitos y planificar la Defensa Nacional. Es verdad que entró en el Ministerio con paso firme, no se dejo achantar por las críticas y supo hacer frente a los recelos que despertaba el hecho de ser la primera mujer ministra de Defensa, pero poco a poco se ha ido viendo que el cargo le viene demasiado grande. Lo ha hecho mal en Afganistán, donde nuestros soldados han muerto, entre otras cosas, por culpa de su incompetencia; se tuvo que ‘comer’ el escándalo del director del CNI -de quien todavía esperamos una investigación de la Fiscalía-; casi provoca una crisis en nuestra relación con la OTAN; demostró una absoluta incapacidad para gestionar la información de los brotes de gripe A en los cuarteles; y ahora se ha visto superada por los acontecimientos en el secuestro del Alakrana, hasta el punto de haber caído en la misma torpeza política que el PSOE tanto le echó en cara a Trillo cuando el Yak-42: ha pasado olímpicamente de los familiares de los pescadores secuestrados. Es más, les ha mentido y les ha censurado sus declaraciones.
Nadie sabe lo que va a ocurrir con el secuestro del Alakrana, y ojalá no sea lo peor, pero lo cierto es que sea cual sea el desenlace, la ministra no tendrá más remedio que dar explicaciones en el Parlamento, y en el peor de los casos asumir su responsabilidad política, es decir, dimitir. ¿Por qué? Pues porque no solo no ha sabido gestionar la respuesta a este suceso, sino que además en las últimas horas la política de su ministerio ha puesto en grave riesgo la vida de los secuestrados. Con la inestimable colaboración del siempre solícito juez Garzón, que a veces va mucho más allá de lo que se le pide, y a buenas horas se le ocurrió mandar el traslado a España de los dos piratas detenidos, cuando se les podía haber dejado en Kenia -país que la comunidad internacional reconoce como sede judicial- sin crearnos un problema nosotros solitos. Y ahora, ¿qué hacemos, además de anunciarles a los piratas que les vamos a atacar? (También podríamos haberles dicho el día, la hora y el número de efectivos a utilizar en el asalto).
Ni Chacón ni Rubalcaba, la casa sin barrer
Lo malo para Chacón es que, esta vez, no puede echar mano de los buenos oficios de su padrino y mentor, porque tampoco Rubalcaba atraviesa su mejor momento político, acosado por el ‘caso Faisán’, primero, y por el asunto Sitel, después. Alguien próximo al Gobierno me dijo el otro día que el ‘caso Faisán’ se llevaría por delante a Rubalcaba, y tiene toda la pinta de que va a ser así. El PP, Caja Madrid mediante, ha encontrado en este asunto un arma muy efectiva para desgastar al Gobierno, pues pocas cosas puede haber más graves en una democracia que el hecho de que la policía, cumpliendo órdenes políticas, se chive a los malos cuando los van a detener dando al traste con una operación clave para desmontar el entramado financiero terrorista. El hecho en sí es de una gravedad comparable a la del Golpe de Estado del 23-F, entre otras cosas porque implica la total aniquilación de la naturaleza garantista del Estado de Derecho. Y detrás de ese enorme caso de corrupción del sistema policial y judicial se encuentra Rubalcaba.
Como se encuentra detrás, también, del segundo asunto grave que afecta, también, a la naturaleza garantista del Estado de Derecho hasta hacerlo absolutamente vulnerable a la arbitrariedad del poder político: la utilización del sistema de escuchas Sitel. Esto, si me apuran, conlleva un elemento terrible de miedo, porque es para estar aterrorizados al pensar que de un modo absolutamente arbitrario y absolutamente fuera del cualquier tipo de control, el Gobierno no solo nos escucha, sino que además sabe en cada momento dónde estamos, lo que hacemos, lo que hablamos, lo que escribimos y hasta lo que compramos en una tienda o pedimos en un restaurante e, incluso, el dinero que sacamos de un cajero, hasta poder llegar a hacer un perfil psicológico de cada uno de nosotros que puede ser utilizado sin que haya nadie que lo impida. El otro día en la COPE, en un tono absolutamente insultante y sectario a más no poder, el portavoz del PSOE -y responsable de poner esto en marcha siendo ministro del Interior-, José Antonio Alonso, puso el grito en el cielo por el simple hecho de plantear esa sospecha, pero en ningún caso nos dijo qué garantías jurídicas había para evitarla, salvo la de la ‘fe ciega’ en un Gobierno que no pocas veces ha demostrado su obsesión por controlar las instituciones y utilizarlas a su antojo.
Si además resulta que detrás de estos asuntos, de las escuchas, sino ilegales, sí al menos al margen de la legalidad, del ‘caso Faisán’, de la utilización de la policía contra el principal partido de la oposición, etcétera, se encuentra el mismo ministro que en tiempos de Felipe González negaba la existencia de los GAL en rueda de prensa, cuando aquel Gobierno amparaba y daba cobertura al crimen de Estado, el asunto es para ponerle a cualquiera los pelos de punta. Porque lo cierto es que detrás de todos estos asuntos se encuentra la misma estructura de información, control y manejo policial que dio nombre a los GAL con todo lo que aquello conllevaba. Pero esta vez parece que a Rubalcaba se le ha pillado con las manos en la masa, y su habilidad para sortear el acoso de la oposición empieza a flaquear. Tanto él como Chacón se están jugando su futuro político, y esto se puede sustanciar en un corto espacio de tiempo: llegaron juntos al Gobierno de Rodríguez, y juntos parecen destinados a abandonarlo.
El confidencial - Opinión
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