El punto de partida de este diagnóstico es la opinión general sobre la economía española. Baste un dato: en octubre de 2007, sólo el 16 por ciento de los encuestados consideraba que la economía estaba mal o muy mal. El sondeo DYM de mayo de 2009 eleva ese porcentaje hasta el 67 por ciento, frente al 4 que juzga el estado económico como bueno o muy bueno. Muchos de los errores del Gobierno se basan en no aceptar que la visión política de los españoles está filtrada por la crisis económica y que ésta representa su principal interés, aunque no el único. El descrédito del Gobierno como gestor de la crisis se está haciendo estructural, porque está entrampado por una estrategia de propaganda y no de acción política y legislativa. No es extraño que los españoles nieguen claramente al Gobierno apoyo en otra medida de política «social», el aborto libre por jóvenes de 16 años. La ampliación del aborto debería estar sirviendo para galvanizar el voto de izquierda y, al mismo tiempo, poner al PP en aprietos, pero resulta que el principal debate sobre este asunto se está produciendo dentro del propio PSOE y se proyecta en sus votantes, siendo más los que están en contra de este aborto adolescente al margen de los padres que los que están a favor.
El estado actual de la opinión pública es heterogéneo y ya no responde claramente a clichés ideológicos. Votantes de PP y PSOE coinciden a partes iguales o parecidas en las prioridades de la crisis y, con diferencias no abismales, comparten críticas al Gobierno en asuntos como el aborto. Es una situación idónea para los liderazgos fuertes y bien definidos, esos que permiten a los ciudadanos sobrellevar con esperanza los tiempos difíciles.
ABC - Editorial
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