Socialistas y populares se embarcan en una absurda carrera de recriminaciones mutuas sobre el uso indebido de bienes públicos.LAMENTABLE es el primer calificativo que se nos ocurre para describir la absurda carrera en la que se han embarcado socialistas y populares para arrojarse mutuamente el supuesto uso indebido que ambos habrían hecho de bienes públicos con fines privados o de partido. El PP ha convertido el uso de Zapatero de un Falcon para acudir a los mítines del PSOE en el centro de su campaña. Sus críticas, pese a tener un fondo de razón, han resultado muy exageradas en tono y forma. Pero no menos ofuscada ha sido la estrategia de respuesta de los socialistas, que se han retrotraído más de un lustro en busca de viajes similares de Aznar o sus ministros. El candidato del PSOE a la Eurocámara, López Aguilar, ha echado mano del «despilfarro de recursos públicos» de la boda de Ana Aznar en El Escorial, y el presidente del PP en Canarias le ha acusado de usar el coche oficial «para ir a la playa a pasear a su perrito» o los escoltas para divertirse «hasta las tantas de la madrugada». El PP ha incurrido incluso en la irresponsabilidad de banalizar los motivos de seguridad alegados por el ministro del Interior en relación a los viajes presidenciales, afirmando que Rubalcaba coloca a España «a la altura de Afganistán». González Pons quizá olvida que, aunque nuestro país no esté en guerra, sigue teniendo un grave problema de terrorismo. Hace poco, ETA daba a conocer que en tres ocasiones intentó atentar con misiles contra Aznar.
El único que puede y debe demostrar un poco de sentido común poniendo freno a este bochornoso espectáculo es Zapatero. El problema no reside en que utilice el avión militar Falcon, que por algo está a su total disposición, sino en que lo haga exclusivamente para actos de su partido sin que el PSOE haga frente a gasto alguno.
Ayer la vicepresidenta anunció que el Gobierno completará la regulación existente de los recursos públicos. Su falta de concreción apunta a que el Ejecutivo sólo intenta salir del paso pero no tiene claro qué va a hacer. Una posible solución sería estipular por ley que sea el partido en el poder el que costee los desplazamientos del presidente del Gobierno siempre y cuando se produzcan para su exclusivo beneficio. Mientras tanto, otra solución más inmediata es que en La Moncloa tomen buena nota de la defensa de Rajoy. El líder del PP argumentó que su utilización de un Falcon cuando era vicepresidente para ir a Baleares en 2003 se produjo con motivo de una reunión del Consejo de Patrimonio Nacional, aunque después acabara acudiendo a un mitin que se celebraba en la misma localidad con motivo de las elecciones autonómicas. ¿No podría el Gobierno tomarse la molestia de organizar algún encuentro institucional en las ciudades donde se celebran los actos del PSOE?
Parecerá una solución un tanto cínica, pero debería acallar a la oposición y, lo que es más importante, serviría para que el Ejecutivo guardase las formas y diera ejemplo. Hasta ahora, el Gobierno se ha escudado en que cumple los protocolos oficiales. Pero ésa es la misma excusa que utilizaron los diputados británicos cuando se destapó el escándalo de sus abusos a costa del erario público: que no se habían saltado las reglas. Al margen de que esas reglas las habían diseñado los propios diputados, resulta deplorable que los políticos utilicen el razonable margen de confianza que dejan los reglamentos para abusar, en beneficio personal o en el de su partido, de los recursos públicos. Al final, el Gobierno británico ha decidido que la única forma de poner freno al fraude es nombrar un regulador independiente y ajeno al Parlamento, lo cual parece acertado pero no deja en muy buen lugar a los representantes de la ciudadanía. El PSOE debería demostrar que no necesita la imposición de un reglamento para pagar los viajes de partido de Zapatero.
El Mundo - Editorial
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