LA FALTA de consistencia del proyecto político de Zapatero a la que aludíamos ayer se ha puesto de nuevo en evidencia en el rocambolesco episodio de la confirmación de Alberto Saiz como director del CNI, que, según manifestó la vicepresidenta Fernández de la Vega, seguirá al frente de los servicios secretos pese a que se había filtrado que la ministra de Defensa quería su destitución.Poco antes de la comparecencia de la vicepresidenta, los sindicatos policiales anunciaban la presentación de una querella contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que había acusado a la Policía Nacional de no colaborar en la lucha antiterrorista.Fernández de la Vega realizó grandes elogios sobre la labor de la Policía Nacional, lo que podría ser interpretado como una velada recriminación hacia Conde-Pumpido.
En cuanto al enfentamiento con el Banco de España, la vicepresidenta intentó restar importancia a la polémica, subrayando la independencia del gobernador, pero dejando claro que no comparte sus previsiones sobre las cuentas de la Seguridad Social.
No hay duda de que los encontronazos con el fiscal general del Estado y con el gobernador del Banco de España han perjudicado la imagen de cohesión del Ejecutivo, entre otras razones porque, al margen de quien tenga razón, uno y otro alto cargo son designados por el Gobierno.
Mientras todavía colean estos dos asuntos, las diferencias internas que existen en el Ejecutivo se volvieron ayer a percibir de forma entre pícara y grotesca cuando el diario gubernamental, que en primera edición titulaba que el Ejecutivo había decidido destituir al director del CNI, informaba horas más tarde que el Gobierno iba a ratificarle como jefe del servicio secreto.
Es claro que la ministra Carmen Chacón era partidaria de prescindir de los servicios de Alberto Saiz, pero finalmente alguien que está por encima de la titular de Defensa impuso lo contrario.Todo apunta a que el propio Zapatero y la vicepresidenta Fernández de la Vega impidieron en el último momento el relevo del responsable de los servicios secretos.
El diario gubernamental señalaba que el Gobierno tenía intención de destituir a Saiz, pero que las informaciones «anónimas y sin pruebas» de EL MUNDO sobre sus «supuestas irregularidades» habrían provocado la marcha atrás.
Afirmar que un Gobierno toma una decisión de este calibre para contrariar a un periódico es pueril. No creemos que Zapatero y Fernández de la Vega sean tan frívolos. Pero no es cierto que este diario haya difundido informaciones «anónimas» y «sin pruebas». EL MUNDO ha reproducido las denuncias de personas con nombres y apellidos, pero no ha hecho pública su identidad porque son agentes del CNI. Nadie ha desmentido los hechos publicados por este periódico, ni siquiera el propio Alberto Saiz, que sí difiere en su interpretación. Y, por último, ni le hemos imputado ningún delito ni hemos solicitado su dimisión, como sí hicimos con Mariano Fernández-Bermejo. EL MUNDO sólo pidió al Gobierno que investigara estas denuncias contra Saiz y las cotejara con el interesado para no encontrarse con desagradables sorpresas a posteriori. Damos por hecho que así ha ocurrido.
Lo que en última instancia pone de relieve este episodio es la falta de rigor en los procesos de decisión del Gobierno, que cambia de opinión en unas pocas horas o en función de las circunstancias.Otro ejemplo que corrobora esta actitud es el giro de Elena Salgado, que ahora se quiere cargar el pacto entre el PP y Solbes sobre la reforma de la ley de Cajas en una de esas volteretas que tanto le gustan a Zapatero.
En la última de ellas, Carmen Chacón ha quedado desautorizada de nuevo, como ya sucedió con la retirada de nuestras tropas en Kosovo, lo que coloca en una dificilísima situación a esta ministra que iba a volar muy alto y ya lleva unos cuantos batacazos contra el suelo.
El Mundo - Editorial
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