«Mi gobierno, desde el primer día, se ha basado en la transparencia», aseguró ayer en Madrid el presidente de la Xunta. La mala memoria traiciona a un Emilio Pérez Touriño que, al frente del ejecutivo gallego, se ha servido de varios resquicios en la Ley de Contratos del Estado para evitar dar publicidad a reformas tan costosas como las tres salas de juntas que, como reveló ABC el lunes, han supuesto a las arcas públicas una factura de cuatro millones de euros.La administración autonómica ha empleado la modalidad de «contratos secretos por motivos de seguridad» para evitar que trascendiera a la luz pública el importe de alguna de estas millonarias obras en la sede del gobierno o la adquisición de vehículos oficiales como el último blindado de Pérez Touriño, cuyo coste -480.000 euros- superó en 150.000 el del Cadillac «Stagecoach» del presidente de los Estados Unidos, según informa José Luis Jiménez en ABC.
Esta modalidad contractual multiplica el margen de discrecionalidad de la Xunta, tanto para la elección de la empresa como para el coste de las obras, ya que le permite acudir a procedimientos negociados sin publicidad o a adjudicaciones directas al contratista. La beneficiaria de las reformas de las tres salas de la planta sótano de la sede oficial de San Catano ha sido Ferrovial.
La Xunta además traza un círculo vicioso. La Ley de Contratos del Estado le obliga a que en el expediente de contratación se incluyan los «motivos de seguridad» por los que una obra se considera secreta o reservada. Dicha declaración deberá además estar sostenida en un informe de la Dirección General de Interior, esto es, la Policía Autonómica -que depende en Galicia de la Consejería de Presidencia, la responsable de las obras-. Pero como el gobierno gallego impide el acceso del Parlamento a esta documentación, y no hay motivos tasados por la ley, su margen de maniobra es ilimitado.
Además, diversas fuentes especializadas en Derecho Administrativo consultadas por ABC estimaron «injustificado» el secretismo de la tramitación, ya que éste «podría afectar a las medidas de seguridad de las salas, pero no al mobiliario o los materiales de construcción». «Hay temas que no pueden ser reservados», apuntaron. De cualquier manera, añadieron, «se declara reservada su tramitación, pero ello no impide que el Parlamento no pueda tener acceso a ese expediente», como de hecho ha ocurrido en el pasado.
«En todo caso», especificaron, «esa declaración tenía razón antes, cuando Fraga era objetivo terrorista y se acometían obras en su residencia oficial o en su coche», pero en ningún caso «al tratarse de unas salas que, a su vez, están dentro de un complejo administrativo que ya tiene seguridad perimetral».
De espaldas al Parlamento
La apelación al secretismo por «motivos de seguridad» ha permitido a Emilio Pérez Touriño hacer opacos algunos de los gastos más abultados de los últimos años, como ya se ha indicado. Pero además, contrariamente a lo que él mismo dijo ayer en Madrid, ha sido la excusa dada por su ejecutivo para negarse a facilitar documentación de los mismos al Parlamento de Galicia, después de que el PP reclamara expedientes, facturas y planos.
Del mismo modo, el control que PSOE y BNG hacen de las comisiones parlamentarias y del pleno de la Cámara hurta a la oposición la posibilidad, bien de demandar el envío de documentos oficiales, bien la creación de un órgano de investigación que depure los gastos en obras suntuarias. Ya ocurrió en el caso del despacho de Touriño y las dependencias de Presidencia, y en el coche oficial. Y no hay dos sin tres.
Periodista Digital
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