Los Mossos d'Esquadra desalojaron ayer por orden judicial a los okupas que habitaban el inmueble de Can Ricart en Barcelona. El juez se había negado la semana pasada a dar la orden de desalojo por un defecto de forma, lo que suscitó una notable polémica, pero cambió de criterio. Él mismo justificó su nueva decisión por «la trompetería» de los okupas, que había suscitado una profunda «alarma social».
El desalojo se produce al día siguiente de la decisión de la Generalitat de Cataluña de impulsar un proyecto de ley para expropiar los pisos que permanezcan vacíos durante más de dos años. La Generalitat pretende obligar a sus dueños a un alquiler forzoso. En caso de negarse, el inmueble sería expropiado y alquilado durante un plazo máximo de seis años.
En primer lugar, no hay que ser un experto constitucionalista para darse cuenta de que la iniciativa atenta contra el derecho fundamental a la propiedad. Si se argumenta la expropiación por razones de interés social, habría que aceptar de igual manera la incautación de una suma depositada en el banco a largo plazo o de un automóvil que no se usa.
En segundo lugar, existen obstáculos técnicos insalvables para aplicar esa expropiación temporal. El primero de ellos es determinar cuándo un piso no está ocupado. El Ayuntamiento de Madrid quiso gravar las viviendas vacías y tuvo que dar marcha atrás porque resultó imposible definir el concepto, por la variedad de causas -a veces de fuerza mayor- que motivan que un inmueble no se habite.
La iniciativa que respalda la Generalitat es puramente demagógica y es muy posible que jamás vea la luz. El propio Artur Mas fue ayer durísimo con la medida, sugiriendo que es inconstitucional.
Es lógico, sin embargo, que la Generalitat no haya reparado en algo tan evidente, ya que algunos de sus dirigentes son entusiastas defensores del movimiento okupa. La simpatía les ha cegado su buen juicio. Es el caso de Joan Saura, consejero de Gobernación, que intentó hace años sin ningún éxito que el Congreso de los Diputados legalizara las ocupaciones de inmuebles.
Más preocupante es la frivolidad de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, que declaró anteayer que los okupas reflejan «un estilo de vida». ¿Qué diría si ocupasen su residencia en Cáceres? Habría que recordar a la ministra que fueron los okupas y asimilados quienes boicotearon la cumbre comunitaria de la vivienda en Barcelona hace varios meses.
Si Montilla quiere seguir por la misma senda de sectarismo e intervencionismo que el anterior Gobierno tripartito, que elaboró un proyecto muy parecido, no tiene más que sacar adelante esta iniciativa. Puede que logre atraer los votos okupas y de los movimientos radicales juveniles, pero, desde luego, no les va a hacer ninguna gracia a los inversores y a los empresarios.
Tras la desafortunada aprobación del Estatuto, sólo faltaba que Cataluña también tuviera un régimen de propiedad distinto del vigente en el resto del Estado. Es un disparate de unos políticos irresponsables que no saben medir las consecuencias de sus decisiones.
Editorial de El Mundo, 14-12-2006
0 comentarios:
Publicar un comentario