Cuando el estatut se vuelve contra quienes lo apoyaron

Tras la aprobación del Estatuto en el Parlamento catalán y durante la tramitación del mismo en el Congreso, nos cansamos de advertir en estas páginas que el blindaje de competencias que consagraba el nuevo texto no sólo iba a limitar la acción legislativa del Estado en materias básicas sino que además provocaría graves enfrentamientos políticos entre las dos Administraciones. Ambas cosas ya han sucedido.

Cediendo a las presiones de ERC e IC, el Gobierno que preside José Montilla presentó ayer un «requerimiento de incompetencia» -paso previo al recurso de inconstitucionalidad- por entender que el decreto del Ministerio de Educación que obliga a implantar una tercera hora de castellano en la enseñanza primaria en Cataluña invade el ámbito estatutario.

La iniciativa adoptada por Montilla demuestra que ha pesado más la obsesión soberanista de sus socios que la racionalidad de una medida que contaba con el respaldo del consejero de Educación, Ernest Maragall. Montilla ha optado por anteponer el fuero a la cuestión de fondo, que era el reforzamiento de la enseñanza del castellano en Cataluña. En todo caso, la mejor demostración del nivel de disparate al que hemos llegado es que ya ni siquiera se plantea el derecho a recibir enseñanza en castellano, sino la conveniencia de que al menos se dediquen tres horas lectivas ¡a la semana! al aprendizaje del idioma común de todos los españoles.

La Generalitat pide al Gobierno que retire este decreto, ya que entiende que vulnera el artículo 111 del nuevo Estatuto. El artículo señala que, en materia de competencias compartidas como es la educación, las normas estatales han de tener rango de ley aprobada por el Parlamento.

El problema que se le plantea a Zapatero es que el Gobierno aceptó la redacción de ese artículo 111 y la apoyó con diversos argumentos más o menos alambicados. Ahora se encuentra con que la Generalitat hace uso de ese blindaje para impedir que el Ejecutivo pueda dictar normas en materia de competencias compartidas.

¿Qué va a hacer ahora el Gobierno? ¿Va a ceder a la pretensión de Montilla o va a forzar que el Constitucional se pronuncie sobre la cuestión de las competencias compartidas a requerimiento de la Generalitat? En cualquier caso, haga lo que haga Zapatero, el Constitucional tendrá que definirse sobre todo el capítulo de las competencias, que ha sido recurrido por el PP al entender que esos blindajes limitan seriamente la acción legislativa del Estado en Cataluña.

El Constitucional es la única esperanza para millones de españoles de que se ponga coto a los muchos dislates del Estatuto, ya que, si no lo remedia, van a provocar un daño irreparable a la unidad, la cohesión y la solidaridad que establece nuestra Carta Magna.

Editorial de El Mundo, 28-12-2006