Crisis. ¿Qué nos ocultan sobre las cajas de ahorros?. Por Emilio J. González

Aquí alguien tendría que empezar a dar explicaciones y alguien a pedirlas. Por desgracia, como todos los partidos controlan cajas de ahorros, se impone la ley del silencio mientras los responsables de este desastre se van de rositas.

Estos días hay bastantes nervios en el Ministerio de Economía y en el Banco de España a causa de las cajas de ahorros. Prueba de ello es, por ejemplo, la decisión de ampliar el FROB, el fondo de rescate de entidades financieras, más allá de su vencimiento el próximo 31 de diciembre, o la agobiante insistencia del supervisor bancario de que las cajas culminen sus procesos de fusión antes de Nochebuena. ¿Por qué tantas prisas? ¿Por qué seguir manteniendo el instrumento de salvación financiera de las cajas si, por lo que parecía, ya nadie lo necesitaba? "Algo huele a podrido en Dinamarca", como diría Hamlet, solo que en España.

Ahora a todo el mundo le entran las prisas para que culminen las fusiones de cajas de ahorros que ya estaban en marcha. Es más, el Banco de España está urgiendo a las entidades embarcadas en este tipo de proyectos, en especial a todas aquellas –la mayoría– embarcadas en las llamadas fusiones frías, a que adelanten en varios años –o sea, a que lo hagan ya–, la puesta en común de sus resultados, que es lo que debe servir para que las pérdidas de unas sean absorbidas por los beneficios de otras. En consecuencia, algo ha cambiado en el escenario para que haya que adelantar, y tanto, lo que estaba planificado para un periodo de tiempo más largo. En parte, la causa reside en los anuncios que empiezan a hacer las agencias de calificación acerca de una nueva rebaja del ‘rating’ de España. Y es que por mucho que Zapatero se empeñe en ampliar la edad de jubilación, la cuestión de las pensiones es el problema presupuestario de mañana, no el de hoy, el cual sigue sin atajarse. Si esa degradación de la nota de nuestra deuda pública se produce, las cajas, como los bancos y las empresas, pagarán las consecuencias porque su financiación será más cara y tendrán más dificultades para obtener recursos en los mercados. Al final, el desgobierno de nuestra economía va a terminar por hundir a todos.

No obstante, lo de la rebaja del rating no es suficiente para explicar los nervios que, de repente, les han entrado a unos y a otros en relación con las cajas de ahorros y sus fusiones. Aunque haya empezado a manifestarse en las últimas semanas, lo de la nueva rebaja del ‘rating’ a España es algo que ya viene de lejos, porque las agencias de calificación dejaron la puerta abierta en este sentido y porque en la política española contra la crisis, ajuste presupuestario incluido, no ha cambiado nada sustancial. Así es que esto es algo que no debe de coger por sorpresa a nadie, lo cual lleva a pensar que hay algo más detrás en todo este feo asunto de las cajas.

Lo que se empieza a comentar es que los agujeros que muchas de ellas tienen dentro son mucho más importantes de lo que, en principio, se había estimado y ahora empiezan a salir a la luz, justo en vísperas de que las cajas de ahorros tengan que refinanciar una cantidad muy importante de la deuda que han emitido en los últimos años. Y la pregunta es cómo ha podido pasar esto. Porque se supone que tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía están encima de ellas para evitar su crisis y, por tanto, hace tiempo que deberían de haber sabido cuál es su verdadera situación. Sin embargo, parece que les ha cogido por sorpresa, lo cual resulta bastante inexplicable excepto si los dirigentes de las entidades en dificultades no han dicho toda la verdad acerca de las mismas y ahora ya no les queda más remedio que comenzar a aflorar toda la podredumbre que han atesorado en los últimos años.

Dadas las circunstancias, aquí alguien tendría que empezar a dar explicaciones y alguien a pedirlas. Por desgracia, como todos los partidos controlan cajas de ahorros, se impone la ley del silencio mientras los responsables de este desastre se van de rositas. No debería de ser así porque si las cosas están peor de lo que se ha dicho, el crédito a empresas y familias se va a restringir todavía más y, con ello, cualquier atisbo de recuperación económica se va a cortar en seco. El Gobierno decía recientemente que la situación de España no tiene nada que ver con la de Irlanda. Ahora hay que empezar a dudarlo.

Libertad Digital - Opinión

¿Será posible acabar con el régimen socialista andaluz?. Por Federico Quevedo

Desde hace meses, distintos sondeos de opinión vienen apuntando un importante cambio de tendencia en la elección de los ciudadanos andaluces de cara a los próximos comicios autonómicos, a celebrar, en principio, en marzo de 2012. Ayer, sin embargo, fue la encuesta del IESA, algo así como el CIS andaluz -es decir, un instituto oficial- el que ofreció unos datos muy reveladores, según los cuales si hoy hubiera elecciones anticipadas en Andalucía el PP las ganaría con una distancia sobre el PSOE de más de 9 puntos, y se quedaría muy cerca de la mayoría absoluta. Es verdad que se trata de un sondeo, y hay que darle el valor que tiene: el de marcar una tendencia que luego puede verse reflejada en las urnas, o no. Pero también lo es que el estudio ofrece algunos aspectos interesantes más allá del mero hecho de adelantar un posible escenario post electoral. Aspectos como el de que más de un 70% de los andaluces quieren que se produzca un cambio de Gobierno, y que son más los andaluces que quieren que gane el PP que los que quieren que gane el PSOE. Pero aún más significativo es el hecho de que más de siete de cada diez andaluces consideran muy negativa la situación de su comunidad, porcentaje que se eleva a más del 80% cuando se les pregunta de manera específica por la situación económica. Así, no es extraño que siete de cada diez andaluces desapruebe la gestión de Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno.

Esos son los datos, fríos, objetivos e incuestionables. Ahora cabe hacer la oportuna reflexión, en la que ustedes podrán estar o no de acuerdo, pero creo que es un hecho bastante evidente que, en primer lugar, el sondeo coincide con la percepción global de que en las próximas citas electorales se puede producir un tsunami de cambio a favor del Partido Popular. Un cambio que lleve al Partido Socialista a perder el poder en feudos tan tradicionales y arraigados como son Andalucía o el municipio de Barcelona. ¿Por qué? Es evidente que la situación general de España le está pasando una factura muy importante al PSOE, y ese es el temor que ahora mismo invade a los principales barones socialistas los cuales, tras lo ocurrido en Cataluña, están poniendo sus barbas a remojar. Ahora bien, ¿se trata solo de un castigo por la situación económica? Yo creo que no, y esto sí que es una opinión subjetiva, pero tengo la impresión de que, además de la influencia que tiene en la opinión del ciudadano la negativa situación económica, también influye un hartazgo considerable de los modos y maneras de gobernar del partido socialista y, en definitiva, los ciudadanos quieren abrir algunas ventanas para que entre un poco de aire fresco en sus vidas. Y en el caso de Andalucía esto es especialmente sintomático, porque allí el PSOE ha gobernado como si fuera su particular cortijo, con una prepotencia y un abuso de poder muy notables, con un sectarismo que roza la intransigencia, y con un mecanismo de compra de votos -el PER- que en cualquier democracia que se precie no pasaría la prueba del algodón del Estado de Derecho.

«Todo apunta a que, como ya ocurriera una vez de la mano de Soledad Becerril, la derecha pueda volver al poder en el Ayuntamiento de Sevilla, lo que supondría un duro golpe para los socialistas, dado que la capital andaluza es uno de sus ‘feudos sagrados’.»

Los ‘no críticos’ con el régimen socialista andaluz se agarran a que casi ninguna de las denuncias que se han hecho sobre la corrupción en aquella comunidad ha fructificado. Y es cierto. Pero también lo es que eso ha sido posible gracias a un entramado perfectamente dirigido y diseñado para evitar que las denuncias prosperen, y que hasta el poder judicial forma parte del sistema. Es incomprensible, por ejemplo, que la justicia haya archivado las denuncias sobre el trato de favor a la empresa de la que era empleada la hija de Manuel Chaves. Ejemplos de una justicia entregada al poder político tenemos para dar y tomar, y ayer mismo el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, y la secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal, denunciaron ante el CGPJ a la juez que quiso llevar a prisión a Soria con un asunto que resultó ser todo un montaje de principio a fin, del que la magistrada formó parte esencial. El hecho, por tanto, de que la corrupción socialista en Andalucía no aflore no significa, en absoluto, que no exista: la gente de allí lo sabe, lo vive como algo cotidiano, pero ha llegado un momento en el que incluso hasta quienes lo toleraban ahora lo rechazan. ¿Por qué? En eso si tiene que ver, y mucho, la crisis económica, porque hace que el trapicheo, el despilfarro y la corrupción brillen con luz propia como agravio comparativo para quienes se han quedado sin su puesto de trabajo y no tienen qué llevarse a la boca para comer.

Al factor rechazo hay que sumar una oposición que, por fin, ha encontrado su camino en el complejo cruce de vías andaluz. El PP ha pasado por todo y por toda clase de manos en Andalucía, pero nunca conseguía librarse de las etiquetas de partido de señoritos y de ‘fachas’ que les había colgado la izquierda con mucho éxito… Hasta que Javier Arenas se ha puesto manos a la obra y, junto a Antonio Sanz, han hecho un trabajo memorable por llevar el mensaje del PP a cada rincón de Andalucía, y se ha notado. Vaya si se ha notado. Arenas ha conseguido conjurar el factor rechazo que hasta impedía a su partido romper su techo electoral, al menos en las encuestas, y ya veremos en las próximas municipales si también lo ha conseguido en las urnas, pero todo apunta a que sí y a que, como ya ocurriera una vez de la mano de Soledad Becerril, la derecha pueda volver al poder en el Ayuntamiento de Sevilla, lo que supondría un duro golpe para las aspiraciones socialistas dado que la capital andaluza es uno de sus ‘feudos sagrados’.

Es difícil saber si lo que anuncian las encuestas se va a cumplir. Puede ser que mucha gente ‘castigue’ a los socialistas en las encuestas pero luego no lo hagan en el momento de depositar el voto y ocurra lo mismo que ocurrió en 1996 -a eso aspira el PSOE-, y puede ser también que haya todavía más gente que no diga en las encuestas lo que de verdad piensa hacer en el momento de ir a votar, y pase lo mismo que en el año 2000 -eso espera el PP- e incluso se vaya más allá. Lo que si es cierto, y eso no es una opinión sino la constatación de la realidad, es que el PSOE está acumulando unos niveles de rechazo desconocidos hasta ahora en estos treinta años de democracia, y no es fácil hacer una lectura de lo que finalmente puede suponer eso en un resultado electoral. Hoy, por de pronto, anuncia una debacle.

El Confidencial - Opinión

Propaganda. La reforma socialdemócrata de las pensiones. Por Guillermo Dupuy

No diré yo que la transición a un sistema de capitalización esté exenta de obstáculos; pero para "amarga", la medicina que nos van a hacer tragar a trabajadores y pensionistas en pro de la salud del liberticida e ineficiente sistema que padecemos.

Algunos podrán ridiculizar al secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, por defender como "medida socialdemócrata" la propuesta de retrasar la edad de jubilación y la de reducir el importe medio de las pensiones mediante una ampliación del periodo de contribución para el cálculo de las mismas. También algunos podrán criticar al PSOE, en general, por telefonear a sus tertulianos afines para que "vendan" la necesidad de acometer dichas reformas y para que hagan "pedagogía" a favor de ellas.

Sin embargo, nada debería tener de extraño que, en una democracia –sistema que se basa consustancialmente en la opinión pública–, los políticos socialdemócratas salgan en defensa de un modelo esencialmente socialdemócrata, como es el sistema colectivista y estatalizado de reparto que nos ocupa, ni tampoco que traten de que los ciudadanos asuman como necesarios los enormes perjuicios a los que, ciertamente, nos obliga su sostenibilidad. Y es que, por mucho que el introductor de este ineficiente y liberticida sistema de previsión para la vejez fuera Bismarck –en España fue Franco–, en tiempos en que la esperanza de vida apenas superaba los 65 años de edad, este sistema se adecua a esos modelos de planificación centralizada característicos de los "socialistas de todos los partidos", que diría Hayek.

Lo que no tiene, desde luego, sentido alguno es que formaciones supuestamente liberales, como el PP, se muestren partidarias de un sistema de pensiones que nada tiene de liberal, y cuya única forma de evitar la quiebra total es la introducir progresivas quiebras parciales, que se disfrazan como reformas, pero que no son otra cosa que paulatinos perjuicios en contra de los supuestos beneficiarios del sistema. Y eso, en el mejor de los casos, porque no faltan en el PP quienes, al igual que los sindicatos, se instalan en el más irresponsable de los inmovilismos.

La auténtica disyuntiva, sin embargo, no debería consistir entre no hacer nada o hacer reformas que no tienen más objetivo que hacer sostenible una estafa en perjuicio de los ciudadanos. La auténtica alternativa debería ser transitar a un sistema de capitalización individual, en el que los ciudadanos tuvieran soberanía sobre su retiro del mercado laboral y sobre esa parte de su renta que les confisca la Seguridad Social; un sistema en el que ellos pudieran tener la libertad de elegir como y donde se invierte sus ahorros. El objetivo, pues, no debería ser la sostenibilidad del sistema público de pensiones sino la posibilidad de huir de él.

Sin embargo, ni la derecha política ni incluso la mediática se atreven a abogar por un cambio auténticamente sostenible y beneficioso para los pensionistas como sería el sistema de capitalización privado. Son muy pocos los medios de comunicación que, como libertad digital, hacen auténtica pedagogía y se atreven a denunciar "las mentiras de la reforma de las pensiones".

Movidos por el prejuicio de la "medicina amarga", la mayoría de los medios de comunicación creen que su sentido de la responsabilidad pasa por defender unas perjudiciales reformas dentro del sistema que nos abocan, en el mejor de los casos, a un retraso forzoso de la jubilación a los 70 años y cobrando un 30 por ciento menos. No diré yo que la transición a un sistema de capitalización esté exenta de obstáculos; pero para "amarga", la medicina que nos van a hacer tragar a los trabajadores y pensionistas en pro de la salud del liberticida e ineficiente sistema de reparto que padecemos.

Libertad Digital - Opinión

La servidumbre de la delación. Por Hermann Tertsch

Aquellos que confiaronque con Zapatero llegaba el fin de la alternancia han quemado mucha nave.

EN todas las dictaduras son un elemento fundamental, tan imprescindible como el dictador o el aparato de represión del mismo. También lo son para todas las ideologías enemigas de la libertad y que valoran a la persona por su cercanía o lealtad a la causa. Los necesitan para identificar a los individuos que no están dispuestos a someterse, a los abiertamente rebeldes y a quienes dudan. Pero son aún más necesarios para difundir el miedo. Para generar ese clima generalizado de miedo que impide a las personas expresar su opinión libremente. Son los delatores, los que a cambio de mayor o menor prebenda denuncian ante el poder a quienes son o pudieran serle desleales. El chivato, el delator, el eterno, «denunziant» bajo los nazis y los comunistas pero también de aparatos supuestamente democráticos que tachan de enemigo al discrepante y tienen por ello clara vocación totalitaria. Ahora que la crisis general, la incapacidad e ineptitud propias, su desenmascaramiento en el exterior y el fracaso de su soberbia e impostura convierten al Partido Socialista en una maqueta del paisaje general en que han convertido España, es decir, en una escombrera, el aparato ya no atina a disimular. Y recurre sin pudor a sus instrumentos más felones. Y por supuesto ahí está la figura del chivato. Los tienen activos en todas las profesiones. Véase en la Policía, donde las camarillas políticas del Ministro para Todo imponen el silencio y el miedo en lo que se antoja una «omertá al Faisán» general. O entre los jueces o los diplomáticos. O en esas universidades donde sistemáticamente mandan los peores en una implacable selección negativa que se impuso primero en el PSOE y ahora parece ser ley en la administración del Estado. Chivatos y obedientes arriba, los independientes o meramente críticos al sótano. No existe ya otro criterio en esa tropa de sectarios acosados por la realidad y sus propias mentiras.

Pero incluso entre los profesionales de la delación y la mentira por encargo hay categorías. En el mundo periodístico se ven cosas muy graciosas si nos instalamos, como parece tocar, en el humor negro. Los más hiperactivos propagadores del argumentario del Gran Timonel —respuestas y posiciones que reciben diariamente los fieles contertulios para que sepan que contestar lealmente— están confundidos. Aquellos que confiaron que con Zapatero llegaba el fin de la alternancia —Pacto el Tinell general y definitivo— y que el Partido Popular no volvería al poder, han quemado mucha nave. Tendrán dificultades para volver a ser implacables críticos contra la oposición. Y denunciantes de colegas, incansables fustigadores del periodismo crítico con sus amos. Muchos han logrado estar siempre con el que manda, ser adulador de González, después de Mayor Oreja y ahora mamporrero del zapaterismo. Algunos lo conseguirán. Hay quien pide ahora a Rubalcaba que imponga su contrato a empresas que no lo quieren. Como antes lograron anular su despido gracias a la Moncloa. Otros creen que han sido lo suficientemente melifluos como para caer en gracia al nuevo Gobierno. Hay quien lleva haciéndolo desde Franco. Pero también están ahí los delatores vocacionales. Los de la barricada. Alguno tiene insólita guarida en un periódico otrora serio. Allí ha instalado una sección igual que la que firma en el diario proetarra Gara una «Maite Soroa». Ésta se dedica desde hace años a señalar los objetivos periodísticos a etarras y simpatizantes. Éste tiene clientela más amplia y señala a los periodistas críticos a los que todo progresista debe odiar e insultar. Si a alguno le pasara algo, lo suyo es como lo de su hermano Wyoming, todo humor y desenfado.

ABC - Opinión

Cataluña. El derecho a decidir. Por José García Domínguez

Si posee tal derecho precisamente por tratarse ya de una nación antes de que nadie haya decidido nada, ¿qué valor tendría el resultado de un referéndum al respecto?

"¿A qué demócrata le da miedo el derecho a decidir?", acaba de preguntarse Artur Mas justo antes de anunciar que, de grado o a la fuerza, todos los púberes catalanes irán derechitos a la inmersión preceptiva tal como acontecía con el difunto tripartito. A ese propósito, el del libre albedrío nacional, alguna otra vez se ha insistido aquí en lo errado de creer que el catalanismo canónico pretenda la independencia de Cataluña. Muy al contrario, lo que en verdad postula no es la independencia sino el independentismo, que, en el fondo, viene a ser la condición necesaria y suficiente con tal de que la efectiva secesión real no se llegue a consumar nunca.

A fin de cuentas, una Cataluña separada de España supondría, de entrada, la ruina económica cierta para sus filantrópicos promotores. Eventual quebranto metafísico del que la recua de Garibaldis de salón que rodea a Mas resulta ser perfectamente consciente. Pues, aunque en ocasiones semeje cosa distinta, la condición de probo nacionalista ni mucho menos lleva asociada la tara de la idiocia. Así las cosas, al catalanismo ortodoxo solo le resta continuar recitando ad aeternum la dichosa copla del derecho a decidir. De ahí, por cierto, la rutinaria solemnidad con que Mas se ha aprestado a seguir dándole vueltas a la noria de la "transición nacional" durante el discurso de investidura.

Tediosa tautología, ésa del derecho presunto a decidir, que, una vez desnuda de la quincalla retórica al uso, remite a un bucle semántico. A saber, el puro absurdo de que a Cataluña le asiste la prerrogativa de verse soberana porque es una nación. Y es que si posee tal derecho precisamente por tratarse ya de una nación antes de que nadie haya decidido nada, ¿qué valor tendría el resultado de un referéndum al respecto? ¿O acaso el etéreo espectro que responde por Cataluña dejaría de constituir una nación solo porque los vulgares mortales llamados a consulta optasen por mantenerla unida al resto de España, tal como hicieron al ratificar la Constitución de 1978? En fin, collonadas bizantinas al margen, sépase que a día de hoy el titular único del derecho a decidir no es otro que el Partido Popular, en cuyas manos reside la coronación del hereu. Poncio Pilatos, entonces, tiene la palabra.

Libertad Digital - Opinión

El terremoto andaluz. Por Ignacio Camacho

Con los resultados de Cataluña y las perspectivas de Andalucía, Rajoy tiene franco el camino de La Moncloa.

CUANDO Aznar ganó por mayoría absoluta, en el año 2000, el PP no logró superar al PSOE en Andalucía. Ahora que le saca nueve puntos en una encuesta semioficial y que en Cataluña es la tercera fuerza política, Rajoy sólo puede perder las elecciones si se enreda en una conspiración contra sí mismo. La sideral distancia de los actuales sondeos se acabará estrechando a medida que se aproximen las urnas, pero los socialistas van a llegar tarde a la remontada incluso aunque cambien de candidato. El vuelco que pronostica la demoscopia ya no es una tendencia sino un estado de opinión consolidado y constante.

Para el socialismo andaluz, el peligro no viene tanto de la intención de voto, siempre sujeta a la cocina de la proyección de resultados, como de un dato demoledor que cuestiona la larga hegemonía de su principal feudo autonómico: el setenta por ciento de los ciudadanos desea un cambio de gobierno al cabo de treinta años monocolores. Ésa es la fotografía del hartazgo, el retrato de un régimen cuarteado que se desmorona por la sensación de fracaso del zapaterismo y el cansancio de largos años de inmovilismo histórico. La maniobra de sustituir a Chaves por Griñán no funciona porque ha coincidido con el desmoronamiento de la imagen de Zapatero y ha dejado a la izquierda sin referente. La única posibilidad del presidente de la Junta pasa por evitar in extremis la mayoría absoluta de un Javier Arenas que en menos de dos años ha transformado diez puntos en contra en nueve a favor. Es decir: pasa por echarse en brazos de Izquierda Unida para compartir un poder que siempre ha considerado patrimonio propio. Eso sí, al lado del presidente de la nación, Griñán es todavía el rey del mambo: sólolo suspende un 40 por ciento de los andaluces, por el 68 largo que desaprueba al jefe del Gobierno.

Acaso Arenas, a cuyo trabajo paciente y tenaz habrá que hacerle una justicia que le escatiman incluso algunos correligionarios que jamás se han enfrentado a un régimen tan sólido, acabe naufragando otra vez en la orilla de un éxito insuficiente, pero sus resultados son zancos para que Rajoy alcance La Moncloa. La clave estará en las tripas de las próximas elecciones locales, en el número de votos que incremente el PP en los municipios de la Andalucía profunda, el último granero socialista. Ahí es donde se está desmoronando una socialdemocracia que ya no tiene respuestas clientelares porque se ha acabado el dinero para repartir recursos. Esa geografía rural del Sur y el cinturón laboral e inmigrante de Barcelona son los ejes por los que se está partiendo el Partido Socialista, abierto como una falla ante un terremoto. Si continúa perdiendo respaldo en ellos nada podrá evitar no ya la derrota, sino el descalabro. Y de momento son una sangría.

ABC - Opinión

Pensiones y mercados

La OCDE ha irrumpido con fuerza en el debate español sobre las pensiones que enfrenta al Gobierno con el resto de las fuerzas políticas y con los sindicatos. El diagnóstico del organismo internacional no difiere del de otras instituciones económicas, desde el FMI hasta el Banco de España, y se puede resumir en esta aseveración: el sistema público de pensiones quebrará inexorablemente si no se alarga la edad de jubilación al menos hasta los 67 años y no se amplía el periodo de cotización para calcular la percepción. En resumen, o se bajan las cuantías y se estira la vida laboral, o en quince años el sistema se colapsa. Así lo cree también el Gobierno de Zapatero, que ha reiterado su voluntad de empezar la reforma el 28 de enero, haya o no acuerdo del Pacto de Toledo. Por el contrario, los sindicatos y la izquierda se oponen frontalmente, hasta el punto de que amenazan con convocar otra huelga general. Como tampoco los partidos de centroderecha parecen dispuestos a avalar íntegramente la reforma, cabe preguntarse si se trata de un empecinamiento del Gobierno y si es tan urgente abordar un cambio que produce honda preocupación social. Es evidente que si los mercados y las instituciones internacionales no le hubieran presionado de manera implacable, el socialdemócrata Zapatero no se habría embarcado en un recorte social tan opuesto a la tradición socialista. Pero eso no quita, sino todo lo contrario, para que se le reconozca su sentido de la responsabilidad y su compromiso con los pensionistas del futuro. A ningún gobernante, sea del color que sea, se le ocurriría meter la tijera en el avispero de las jubilaciones si no fuera de todo punto imprescindible. Y nos tememos que en España lo sea, además de urgente. Cuando todos los analistas y centros de investigación coinciden en que el aumento de la esperanza de vida, sumado a una incorporación cada vez más tardía de los jóvenes al mercado de trabajo, condena a muerte el actual sistema de pensiones, lo responsable es adelantarse a la debacle y corregir el rumbo. Los partidos de centroderecha, empezando por el PP, están de acuerdo en el diagnóstico, pero discrepan de que sea necesario retrasar dos años la jubilación, pues bastaría con que se cumpliera estrictamente la edad de los 65 años, no menos. La propuesta es razonable, pero no es incompatible con la del Gobierno y parece más una excusa para no apoyar a Zapatero, por más que en el fondo compartan su reforma. Tampoco tienen razón los sindicatos cuando vinculan el alargamiento de la vida laboral a más paro juvenil, tesis que resulta poco verosímil cuando hoy el 43% de los jóvenes ya está desempleado. Si alguna censura merece el Gobierno es que se ha visto abocado a esta reforma por su propia debilidad y su nula fiabilidad. Si hubiera hecho antes las reformas profundas necesarias, como la del mercado de trabajo, la fiscal y la del gasto público, hoy no estaría España en el ojo del huracán y sus gobernantes asediados para que den más garantías de futuro a los mercados. Un Gobierno fuerte y con credibilidad habría gestionado sus propios tiempos, en vez de ir a rebufo de quienes desde el extranjero le dictan lo que tiene que hacer.

La Razón - Editorial

Reforma gradual

La propuesta del Gobierno sobre pensiones es más prudente que el cambio planteado por la OCDE.

La reforma del sistema español de pensiones vivió ayer un cruce intenso de propuestas. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó un informe completo sobre España en el que plantea una reforma radical. Propone que la edad de jubilación vaya dilatándose en función de la esperanza de vida de la población, lo cual equivale a situarla progresivamente más allá de los 67 años, y ampliar el plazo de cotización necesario para obtener la pensión completa. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, explicaba la reforma más gradual que pretende el Gobierno: ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años y aumentar paulatinamente el plazo de cómputo de la pensión desde los 15 últimos años hasta los 20 años primero y después hasta los 25. Los sindicatos, a su vez, amenazaron con una segunda huelga general porque el retraso de la jubilación "marca la frontera entre el acuerdo y el desacuerdo".

Las posiciones en el debate necesitan una interpretación. La OCDE dibuja en el informe un futuro bastante probable en el que todos los servicios públicos (desde el agua hasta la sanidad) se pagan o aumentan de precio. En el caso de las pensiones, defiende la posición de un actuario de seguros; no otra cosa es aproximar lo percibido a lo cotizado. Así debe ser en los manuales, pero la gestión política tiene sus propias reglas. No es prudente pasar desde el sistema actual a otro que fije la edad de jubilación en función de la esperanza de vida sin correr el riesgo de una protesta social. Si de lo que se trata es de afianzar el sistema público, lo más sensato es corregir el sistema de cálculo de las cotizaciones en función de ese déficit e ir revisando periódicamente el balance del sistema en función del empleo, las cotizaciones y la población.

Poco hay que oponer a la OCDE en su reclamación de una reforma laboral que favorezca la creación de empleo cuando haya recuperación. Pero recomienda al Gobierno que suba impuestos para ayudar a corregir el déficit (señala con el dedo el IVA y los impuestos especiales) y pide que se reduzcan el impuesto sobre sociedades y las cotizaciones sociales para favorecer la creación de empleo. Las subidas fiscales son la última carta de un Gobierno cuando han fallado todas las demás. Si según la propia OCDE, en 2010 y 2011 se cumplirán los objetivos de déficit, se entiende que el Gobierno prefiera esperar a que la subida de impuestos sea necesaria. La OCDE se sorprendería si supiera que el tipo efectivo que pagan las empresas por Sociedades en pocas ocasiones supera el 15%.

La obligación y la oportunidad política de los sindicatos es negociar; es decir, asegurar a sus afiliados que las reformas se hacen por razones válidas y cuidar de que se ejecuten de forma justa. Pero se han empeñado en una táctica de confrontación. No es eso lo que quieren sus afiliados; más les gustaría que sus representantes fuesen parte activa de la negociación. Resulta chocante que UGT y CC OO sugieran una segunda huelga general después de los magros resultados de la primera.

El País - Editorial

Pensiones, la agonía de un sistema insostenible

Será doloroso y tendrá un solo culpable: los políticos de izquierda, derecha y centro que, mientras mentían sobre la naturaleza de este sistema de pensiones asocial y enormemente dañino para el bien común, lo han mantenido a base de propaganda.

Las vías de agua abiertas en el casco de nuestro sistema de pensiones son ya tantas que los políticos –principales interesados en que el barco no naufrague– no alcanzan a taponarlas todas. El modelo de reparto, implantado en España durante la dictadura de Franco hace más de cuatro décadas, ha llegado a su previsible conclusión. Por de pronto los españoles podemos ir descontando que, gracias a este sistema injusto, insolidario e ineficiente, tendremos que trabajar muchos más años y cobrar después una cantidad bastante menor.

Y no, no es una consecuencia de la crisis económica tal y como los políticos nos están intentado hacer ver, sino la lógica consecuencia de un modelo que, dejando su injusticia intrínseca al margen, sólo puede funcionar en un escenario de parámetros muy delimitados. Como en todo esquema de Ponzi, nombre técnico de los sistemas piramidales, para que los de arriba puedan obtener rentas, el número de los de abajo tiene que crecer eternamente. Un modelo semejante no puede funcionar a perpetuidad, ni aquí ni en ningún otro sitio.

El descenso en la tasa de natalidad que empezó a registrarse en España a partir de la segunda mitad de la década de los setenta hacía prever que, más tarde o más temprano, el maná que alimentaba el sistema de pensiones se agotaría. Así ocurrió veinte años después, a mediados de los noventa, cuando por vez primera se atisbó la crisis final del sistema. Entonces se produjo una ola inmigratoria de dimensiones desconocidas. Cinco millones de cotizantes, casi todos muy jóvenes, han entrado en España a lo largo de los últimos diez años. Esta imprevista prórroga generó la ilusión de que, a pesar de todo, el sistema podría mantenerse sine die.

Pero no, el flujo migratorio se ha detenido, no así el creciente envejecimiento de la población. Cada año la nómina de la Seguridad Social es mayor y el número de cotizantes menor. La natalidad, por su parte, no ha aumentado, sino todo lo contrario. España tiene una de las tasas de hijos por mujer más bajas de todo el mundo. En un futuro próximo las pensiones serán tan gravosas que los cotizantes dedicarán una parte considerable de su renta a mantener pensionistas con la esperanza puesta en que, llegado el momento, otros trabajen para mantenerlos a ellos.

Es un circulo vicioso insostenible. En lugar de ahorrar para nuestra vejez, nos obligan a dilapidar en ese mismo momento la riqueza recién creada convirtiéndonos en esclavos de un sistema que nos empobrece hoy, nos impide capitalizar las rentas de nuestro trabajo y, para colmo, nos hace dependientes del Estado y de los caprichos de los políticos durante la última etapa de nuestra vida. Entretanto ellos, los políticos, viven separados del sistema con el que nos hacen comulgar al resto. Muy ilustrativo sin duda.

Ante tal estado de cosas, a los artífices del sistema y principales beneficiarios del mismo, sólo les queda estirar tanto como puedan la ficción de una jubilación segura y bien remunerada. En esas están en estos momentos. El hecho es que, aún con eso, llegará un momento en que, rendidos ante la realidad, nos veremos obligados a efectuar la transición del actual sistema de reparto a uno de capitalización, camino que ya han transitado –a la fuerza– otros países como Alemania, donde el tránsito se produjo parcialmente hace diez años pilotado por el Gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder.

Quedarán entonces varios millones de españoles atrapados por edad en la trampa del reparto mientras otros, más jóvenes y afortunados, podrán ser dueños de su retiro desde los inicios de su carrera profesional. Será doloroso y tendrá un solo culpable: los políticos de izquierda, derecha y centro que, mientras mentían incesantemente sobre la naturaleza de este sistema de pensiones asocial y enormemente dañino para el bien común, lo han mantenido a base de propaganda. Esta misma reforma podría haberse hecho hace una década, cuando la entrada de cinco millones de nuevos trabajadores hubiese amortiguado y hecho más llevadera la transición, pero no, los que gobernaban entonces se empeñaron en mantener con vida y acrecentar un modelo del que ya sabían que tenía fecha de caducidad.

Libertad Digital - Editorial

Seis años de fracaso

Zapatero ofreció expectativas de seguridad a las mujeres amenazadas, sin más instrumento que una ley bienintencionada, pretenciosa e ineficaz.

LA imparable cascada de homicidios y asesinatos de mujeres va a convertir 2010 en un año negro por la violencia de género, que contabiliza más de setenta casos. Más allá de las campañas gestuales y simbólicas del extinto Ministerio de Igualdad, es necesario afrontar el fracaso de la política del Gobierno en esta materia, fracaso que no implica, en modo alguno, la responsabilidad del Ejecutivo por estas muertes, porque ningún Gobierno es responsable de tales delitos. Es el fracaso de un discurso político que, enarbolado como vanguardia de la agenda social del nuevo socialismo de Zapatero, ofreció expectativas de seguridad y protección a las mujeres amenazadas, sin más instrumento que una ley bienintencionada y pretenciosa, pero poco eficaz. No basta con colocar en el BOE una ley pluscuamperfecta para atajar conflictos de raíz mucho más compleja que la mera ausencia de una respuesta legal, que, además, se apoya en una discriminación punitiva por razón de sexo, salvada in extremis por el Constitucional, pero con amplio escepticismo entre muchos de los jueces que la aplican.

Al final, en España hay tantas o más mujeres muertas que cuando no había ley integral, y las denuncias de maltrato aumentan constantemente, lo que el Gobierno valora como un éxito, cuando lo que demuestra es que no ha podido aplicar políticas de prevención. Porque no hay que engañarse: cuando un juez interviene, suele ser tarde. Además, tampoco ha habido una dotación de medios y personas en grado suficiente para hacer efectivas las ambiciosas previsiones de la ley. Los avances que se han conseguido están en el haber del encomiable esfuerzo de jueces, fiscales y policías, que han suplido las carencias materiales con una dedicación ejemplar. Pero la acción judicial y policial no puede llegar a las raíces del problema, que no se limitan sólo al machismo que se presume a toda agresión contra la mujer. No siempre hay un problema de desigualdad en el origen de esta violencia. Faltan formación en valores y respeto, consideración a la dignidad humana y estabilidad de las relaciones de pareja. Por supuesto, alguien debería responder políticamente por estos años de propaganda incesante, que sólo ha puesto el acento en medidas penales y en ideología de género. Una responsabilidad que debe estar a la altura de las promesas socialistas a las mujeres maltratadas y amenazadas.

ABC - Editorial

¿Nos vamos al garete?. Por César Alonso de los Ríos

Para todo el mundo la esperanza de vida es un hecho indiscutible. Menos para los dirigentes sindicales. Para todo el mundo las autonomías son una trampa mortal de nuestra economía. Menos para los partidos políticos. Y, sin embargo, la superación de la crisis y la salvación del sistema dependen de esta doble batalla que, necesariamente, deberán dar, y ganar, los propios partidos. Porque en esto consiste la grandeza del sistema democrático. Implica un necesario ejercicio de desdoblamiento de los partidos. De lo contrario se abre la sima, entra en quiebra el sistema, amenaza el caos y la posibilidad del golpe.

Respecto al sistema de pensiones nadie puede ser tan ignorante o tan malvado como para no convenir que una persona de 65 años era un anciano hace veinte, no hoy. Quizá Toxo considere «indecente» a quienes opinamos así, incluido el Gobierno. Toxo y Méndez amenazan de nuevo con la huelga general porque pretenden que el sistema de pensiones puede seguir funcionando con una edad laboral máxima de sesenta y cinco años. Toxo y Méndez quieren simplemente seguir al frente de su ejército de funcionarios. De «clase». Así que nos veremos en la huelga. General.

El régimen de Autonomías es la peste. Más allá de la buena fe de los propios dirigentes en aquellos casos en que hay buena fe. Las autonomías fueron el café para todos por la incapacidad para contener las aspiraciones de los nacionalistas. Fueron cargos, sueldos, ejercicios de vanidad… a costa del sistema, cada vez menos productivo, cada vez más caciquil, corruptible por naturaleza, las diecisiete Españas, los diecisiete defensores del pueblo, los diecisiete Parlamentos… Conseguimos superar el 23 F que fue la burda respuesta a la transición en relación con este problema, y con ello entramos en lo que ha terminado como una peste. Que atajamos o nos vamos al garete.

ABC - Opinión

PSOE. Manda Zapatero. Por Agapito Maestre

Según las declaraciones de Arenas en el Diario de Sevilla, parece que el PP cambia sus políticas de liberalización por las de intervención. Esto parece el mundo al revés. Sospecho que esto terminará pasándole factura al partido de Rajoy.

Es bueno no confundir los deseos con la realidad. La política tiene mucho de deseo, pero el analista político que confunde sus preferencias políticas con lo real, suele acabar de ideólogo, o peor, haciendo negocios sucios para sobrevivir. Seamos claros: Zapatero no está agotado ni mucho menos amortizado. A pesar de las múltiples voces que lo deslegitiman como cabeza de cartel de los socialistas para las próximas elecciones, hay todavía un largo partido que jugar. De momento, pierde y por goleada Zapatero; pero es menester dejar dos o tres cosas claritas para que nadie se llame luego a engaño.

Primero y principal: la gente no es tan tonta como creen los políticos del PP. No se puede hacer oposición "enfrentándose" a todo lo que propone el Gobierno, especialmente la actitud del PP ante la reforma del sistema público de pensiones no tiene nombre. Creen que el común de los mortales ha perdido el sentido sencillo y elemental de las cosas; creen los del PP que la gente no reacciona cuando una medida, como es la reforma del sistema público de pensiones, que debería estar abanderada por el PP se esconde en retóricas infumables. Por otro lado, según las declaraciones de Arenas en el Diario de Sevilla, parece que el PP cambia sus políticas de liberalización por las de intervención. Esto parece el mundo al revés. Sospecho que esto terminará pasándole factura al partido de Rajoy.

El segundo asunto importante es que Zapatero empieza a recibir caricias por toda Europa. No entro ahora sin son interesadas o afectivas, simuladas o ideológicas, entre otras cosas porque en el ámbito político lo que no es interesado es negociable. Lo cierto es que está recibiendo elogios tanto de von Rompui como de Merkel; por no decir nada de las declaraciones de Sarkozy que considera las medidas adoptadas por Zapatero, entre todos los socialistas europeos, las más cercanas a su programa. Zapatero, pues, se rehace; tarde, sí, pero está adoptando las medidas que exigen en Europa. Así las cosas, yo no tengo demasiada fe, por no decir ninguna en Elena Salgado, pero no puedo decir lo mismo de Campa. Ese señor me merece bastante más respeto, como economista y hombre de Estado, que otros muchos que han pasado por ese Ministerio. Y parece que ahora Campa está mandando como nunca antes lo había en su cargo.

El tercer factor, y quizá más decisivo de todos ellos, se refiere al propio Zapatero. Frente a quienes lo dan por muerto, yo mantengo que Zapatero está actuando ahora como un serio centrocampista que reparte juego por todas partes. La prueba fue que asistió al Parlamento a ver el debate sobre la prórroga del estado de alarma. No sonreía, no, porque la cosa era seria, pero estaba disfrutando enormemente en su interior. Le dio la palabra a Jáuregui, un político de toda la vida, para que defendiera la prórroga y lo hizo aseadamente. Y, además, ganó la votación por mayoría casi absoluta; el ridículo del PP fue de antología: se opuso con poderosas razones a la prórroga pero en la votación se abstuvo, quizá algún imbécil le llame a eso lógica democrática.

Ayer, Zapatero mandó a Pérez Rubalcaba a Afganistán. Oportuno en una época tan señalada darle cariño a quienes se juegan la vida por la libertad. Y, por supuesto, mañana seguirá mandando a quien haga falta a otro sitio; de modo parecido mueve el banquillo e, incluso, se trae a Madrid un político de la periferia para que sea el portavoz del partido. Nadie puede poner en duda que Zapatero todavía sigue mandando. Repartiendo juego. Nadie lo dé por muerto. Pérez Rubalcaba no hace nada sin consultar con el jefe. Pero, en cualquier caso, si alguien cierra los ojos y no quieren levantar acta de lo que digo, compare el nivel de confianza interna en el PSOE con la del PP. ¿Quién cuestiona a Zapatero? Pocos. Hay algunos, pero, en general, sus "críticas" son más por pose que por convicción; por ejemplo, el candidato de Castilla-La Mancha se trae, hace mucho tiempo, ese juego de sí, pero no... Nadie le da importancia. ¿Qué decir del PP? Nada, entre otros motivos, porque Álvarez Cascos aún espera cómo resuelve el asunto el gran líder.

En fin, si esos datos no fueran pocos a favor de Zapatero, añadan que ha venido Dios a verlo con el "sistema fiscal común" que prepara la UE. Aquí hay mucho partido que jugar. No está dicha la última palabra.

Libertad Digital - Opinión

Zapatero y Obama. Por José María Carrascal

La principal diferencia entre Zapatero y Obama es que Obama es un hombre de centro, Zapatero es un izquierdista radical.

«OYE —me pregunta un amigo al felicitarme las Navidades—, ese Obama, ¿está tan mal como Zapatero? Pues aquí se dice que va fatal». Me llevó su tiempo explicarle la verdadera situación, y como supongo que serán bastantes los españoles que se hacen la misma pregunta, voy a dedicar esta «postal» al tema, que sin duda interesa, como todo lo que ocurre en Estados Unidos.

Que Obama ha perdido poder y prestigio, no cabe duda, y ahí está el descalabro en las últimas elecciones legislativas para demostrarlo. Pero conviene tener en cuenta, primero, que partió de un nivel de popularidad altísimo y, segundo, que una cosa es ser candidato y otra muy distinta, ser presidente, sobre todo en medio de una gravísima crisis económica y con dos guerra que no se pueden ganar, todo lo más salir de ellas sin ser derrotado, que es lo que Obama pretende. En Irak puede conseguirlo. En Afganistán es mucho más dudoso.

Pero su verdadera batalla es la doméstica y ahí, pese a las apariencias, no le va tan mal. Es más, puede presentar más victorias que derrotas, a diferencia de nuestro presidente. Con lo que llegamos al nudo del asunto. La principal diferencia entre Zapatero y Obama es que Obama es un hombre de centro, de centro izquierda si quieren, pero más de centro que de izquierda. Mientras Zapatero es —o era, pues a estas alturas ya nadie sabe lo que es, él incluido— un izquierdista radical, alguien que venía a cambiar la historia, la sociedad y la estructura territorial de España, a romper con su pasado, no ya conservador, sino de izquierda moderada. De ahí su negociación con ETA, su alianza con los partidos nacionalistas de tinte independentista, su enfrentamiento con la Iglesia, su empeño por excluir al PP, su Alianza de Civilizaciones, el Irán nuclear incluido. De todo ello no queda hoy nada, barrido por la crisis económica, que en su sectarismo se negó a reconocer.

Obama, en cambio, se propuso desde el principio buscar una alianza de centro con los demócratas moderados, para ir solucionando los problemas más importantes del país. Y a la chita callando, lo está consiguiendo. La reforma sanitaria, la salida de Irak y Afganistán, la nueva ley fiscal, la aceptación de los gays en el ejército. Todo ello a base de compromisos, de ceder en algunos aspectos y ganar en otros, de ir soldando esa gran alianza de centro que buscaba. Hoy, su problema son los extremos, el Tea Party en la extrema derecha y la extrema izquierda de su propio partido, que le acusa haber cedido demasiado. Pero recuerden que los extremistas nunca han ganado unas elecciones en Estados Unidos.

Mientras Zapatero ha tenido que tirar por la borda prácticamente todo su programa político, económico y social. Estando hoy enfrentado a todos excepto a los que le deben el cargo, muchos pero no bastantes para ganar unas elecciones. Esa es la gran diferencia.

ABC - Opinión

Crisis política. Bono jetudo. Por Emilio Campmany

¿A qué juega Bono? A ser presidente de Gobierno, por supuesto. Sí, claro, ¿pero cuál es su plan? ¿Espera ser el candidato del PSOE en 2012? ¿Cuenta con que Zapatero dimitirá y que el Rey le propondrá como sucesor al Congreso elegido en 2008?

Si Rafael Alberti, tan poeta y tan comunista como Neruda, todavía viviera, podría escribir: "El Bono confianzudo, calvipelambrudo, cobardicorajudo, lengüisoltudo y velludo, lisonjea, alfilerea, pastelea, alardea, tocapelotea y se pitorrea con un saludo".

¿A qué juega Bono? A ser presidente de Gobierno, por supuesto. Sí, claro, ¿pero cuál es su plan? ¿Espera ser el candidato del PSOE en 2012? ¿Cuenta con que Zapatero dimitirá y que el Rey le propondrá como sucesor al Congreso elegido en 2008? Para una u otra cosa ¿con qué aliados cuenta? No sabemos siquiera que los tenga. Lo que sí tiene, y a calderadas, son enemigos. Los más enconados y acérrimos, en su partido.

Son varios los puñales que el espectador puede ver centellear desde su butaca, pero las sombras que cubren el escenario no permiten distinguir quiénes los empuñan, aunque está claro que todos pretenden hendirlos en el quinto espacio intercostal del César Zapatero. También es posible entrever que algunos de los que enarbolan la daga visten ricas túnicas púrpura mientras otros tan sólo se cubren con un corto sayo, propio de esclavos.

Pero, para Bono, no importa tanto quien aseste la puñalada como ser él quien suceda al César asesinado. Para lograrlo, necesita saber cómo será el esperado óbito. Si fuera fruto de una larga agonía, hasta 2012, necesitaría ser elegido secretario general y candidato a la presidencia del Gobierno por su partido. Ya lo intentó hace diez años y guerristas y felipistas se pusieron de acuerdo en apoyar al aparentemente inofensivo Zapatero con el sólo fin de cerrar el paso al salobreño. ¿Sería ahora diferente? Es imposible saberlo. El partido está abierto en canal y la única consigna que se oye es "sálvese quien pueda".

Si, por el contrario, la muerte del César fuera súbita, caben dos posibilidades, que dimita o que convoque elecciones anticipadas en las que Zapatero ya no sería candidato. Algunos barones socialistas pueden desear un anticipo de las generales a las autonómicas para que la visión de la derechona en el poder movilice a los votantes socialistas cuando llegue el momento de presentarse ellos ante sus electores. Pero, para eso, apenas queda tiempo. Y poca diferencia hay entre que las elecciones sean en otoño de 2011 o la primavera de 2012.

La última opción es la de la dimisión. Si alguno de los muchos asesinos que merodean La Moncloa lograra que Zapatero cometiera suicidio, las opciones de Bono, y de cualquier otro aspirante a ceñir la corona de laurel, habrían de fundarse no tanto en el aparato de Ferraz, como en el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, que es quien ha de votarle en la subsiguiente investidura. Si el grupo estuviera dividido y sus miembros no pudieran ponerse de acuerdo en un nombre, el respaldo definitivo tendría que venir del Rey, a quien corresponde constitucionalmente proponer candidato a la presidencia del Gobierno en caso de dimisión del titular. Si el propuesto fuera Bono, o cualquier otro socialista con nombre, no es previsible que haya diputados socialistas dispuestos a rechazarlo. De hacerlo, se arriesgarían a que, transcurridos dos meses sin obtener nadie la investidura, se convocaran unas elecciones que el PSOE perdería por goleada.

Ya ven, Bono zorrea y culebrea más que nuca, prueba evidente de que el río anda revuelto. No es el único que trata de pescar en él, ni el más listo. Veremos en qué queda.

Libertad Digital - Opinión

Asilo de suicidas. Por Gabriel Albiac

Se acabó. O nos metemos en la cabeza que somos pobres, o nos lo meterána garrotazos.

ASILO de la ignorancia: a eso llamamos azar, suerte, fortuna, nombres pálidos para lo que antaño tuviera uno grandioso: Providencia. La raquítica superstición suplió a la alta liturgia. En ausencia de paraíso, lotería.

Camino del trabajo. Amanece el domingo. Madrid, glacial. La Gran Vía es cansina última Thule de náufragos que, en la madrugada, van rumiando la íntima derrota de volver a casa. Pasada ya la plaza del Callao y las melancólicas fachadas que en mi infancia fueron cines, una cola de gente silenciosa, dando vuelta a la manzana, me sorprende. ¿Alguna institución benéfica que ofrece a quienes duermen al abrigo de los escaparates de la Gran Vía desayuno? Me equivoco. Por supuesto. Cualquier madrileño menos pazguato que yo se hubiera ahorrado la pifia. Todos saben que lo único que moviliza a nuestros conciudadanos ya es Doña Manolita. Cuando todo cálculo racional de futuro da sobre el precipicio, cada cual se busca el consuelo que puede. Pocos logran vivir sin esas mentiras piadosas. Tal vez, ninguno. La lotería es la última metamorfosis popular de la Providencia: si Dios aprieta pero no ahoga, ¿por qué el azar habría de ser menos benévolo?

Acaba el año en ruina. En ruina de cada uno. Acaba el año sin gobierno. No porque el Presidente hiberne, tibio bajo el edredón familiar, hasta la primavera y las municipales; ésa, hasta sería una buena noticia. Sin gobernación real. Justo en el momento crítico de un cataclismo económico que aún dista de alcanzar su fondo, la política económica no existe; donde otros gobiernos europeos han tomado medidas de austeridad para amortiguar el golpe, el gobierno español se ha ido volatilizando a la medida misma en que su prodigalidad loca nos sumía en una deuda pública de cuya reparación no se fía nadie. Sacar a la tarima la vieja jerga de los «especuladores» que «conspiran contra España» nos trae, a quienes sufrimos los tiempos duros de la dictadura, recuerdos poco gratos. Es mentira. Si Moody's rebaja la nuestra calificación no es por maldad ni capricho; es por algo que sabe cualquiera que alcance a contar con los dedos: un Estado que reduplica su administración con el adiposo dispendio de las Comunidades Autónomas no es económicamente viable. Ha ido tirando, mientras la euforia permitía exhibiciones dispendiosas. Ahora, hay que pagar por todos esos años. Y no hay dinero. Europa ha cargado con el pago de los derroches absurdos de una España que, en buena parte, vivió de los fondos compensatorios. Se acabó. O nos metemos en la cabeza que somos pobres, o nos lo meterán a garrotazos.

Lo que queda de aquí a la primavera va a ser lo más duro que hayamos vivido desde el final del franquismo. El ultimátum se ha dictado ya en Bruselas. Hay dos opciones: obedecer y constatar que todos hemos perdido en torno a un tercio de lo que pretendíamos valer, o rechazar ese dictado y ser, de una manera u otra, expulsados del euro y arrojados a las tinieblas de la Argentina de los años más oscuros.

No. ¿Quién soportaría abrir los ojos a eso? Mejor la lotería. Ojos cerrados. Abracemos el calor de su sosiego. Ignoremos, muramos ignorando. Aletargados. Es, tal vez, lo que llaman «muerte digna». Festivo suicidio en el manicomio. Para todos.

ABC - Opinión

Políticos catalanes. La casta. Por José García Domínguez

Como en botica, pues, en el Parlament habrá de todo. Excepto, huelga decirlo, juristas de prestigio, catedráticos, economistas más o menos señeros, ingenieros de solvencia acreditada o directivos de empresa.

Con alguna perplejidad, la justa, acuso recibo por la prensa provincial de que el 64 por ciento de los diputados del nuevo Parlament de Cataluña jamás ha trabajado en una empresa privada. Tal que así, 86 de los 135 tribunos que integran la cámara doméstica, una holgada mayoría absoluta, aún ignoran qué es una entrevista laboral. Memorable virginidad en la que destacan los comunistas. Y es que apenas el 10 por ciento de esos benefactores del proletariado se ha mezclado alguna vez con el objeto de sus desvelos en horario de oficina. Una prudencial distancia con la clase obrera que igual han procurado mantener sus pares, los electos del PSC. De ahí que apenas el 18 por ciento de ellos haya pasado por experiencia tan traumática como la de cobrar cada fin de mes en base al efectivo valor del trabajo realizado.

Mas nadie vaya a pensar que les anda a la zaga el cuadro de actores que representa a la célebre burguesía catalana, esa ficción literaria que tanto deslumbra a algunos palurdos de la Meseta. Sépase al respecto que entre los hijos putativos de Jordi Pujol, más de la mitad, en concreto el 63 por ciento, tampoco ha pisado en su vida una sociedad mercantil de las de verdad, de ésas que dependen de la cuenta de resultados con tal de subsistir en el mercado. Por lo demás, y en justa compensación, volveremos a disfrutar, al igual que en la legislatura pasada, de un muy variado surtido de directivos en tinglados solidarios con las causas más estupefacientes que imaginar quepa.

Nada nos ha de faltar en el Hemiciclo, desde promotores de oenegés comprometidas con los derechos de inciertas tribus del Congo, a entusiastas defensores de las ricas variantes lingüísticas que imperan en la selva amazónica. Como en botica, pues, en el Parlament habrá de todo. Excepto, huelga decirlo, juristas de prestigio, catedráticos, economistas más o menos señeros, ingenieros de solvencia acreditada, directivos de empresa, o cualquiera cuyo currículum no remita a los eslabones funcionariales de acceso restringido. Esto es, al retrato robot del apparatchik pedáneo de anémica formación técnica, parca inquietud académica y contrastada obediencia al mando. Suerte que Artur Mas encarna la excepción: durante años, fue empleado y mano derecha de Prenafeta en la quebrada Typel.

Libertad Digital - Opinión

Vergara. Por Ignacio Camacho

La expectativa de un comunicado etarra es por sí misma una cesión de poder que otorga ventaja al terrorismo.

NO deja de ser triste la constatación de un Estado a la expectativa de un comunicado prenavideño de ETA. Esa cierta esperanza sotto voce, esos off the record ministeriales, esas idas y venidas de intermediarios, esos tejemanejes de Txusito, esas miradas de soslayo al móvil, esos reporteros americanos de safari étnico en el País Vasco, esos intentos más o menos camuflados de obtener la inclusión en la prosa terrorista de tal palabra o cual concepto. Todo ese ajetreo oficioso de inminencias y rumores constituye en sí mismo un éxito político del terrorismo, convertido en interlocutor razonable de una esperanza por más que el lenguaje oficial disimule su desazón con la retórica preventiva del escepticismo. El Gobierno, el nacionalismo y los independentistas llevan semanas pendientes del oráculo etarra, y esa escucha proactiva otorga a los encapuchados la solemnidad de un reconocimiento que legitima como un éxito incluso su eventual anuncio de disolución o retirada. Los vuelve a convertir en protagonistas de un proceso en el que no deben ni pueden tener otro papel que el de, en el mejor de los casos, prófugos de la justicia.

Asfixiado por la crisis económica y financiera, el zapaterismo sueña con un nuevo abrazo de Vergara que no sería sino una victoria política del terrorismo. Incluso en la hipótesis de una capitulación si ésta fuese acompañada del desistimiento de la acción judicial pendiente, de la acomodación de las penas, del establecimiento de una cierta impunidad a cambio del final del delirio aventurero de la sangre. De todo lo que, de un modo u otro, explícita o implícitamente, forma parte de esta especie de no-negociaciónen la que se ultima la conversión de ETA en un partido legal. Un presunto final feliz en el que quedaría pendiente la exigencia de responsabilidades y, por tanto, el único resarcimiento posible de las víctimas que han soportado con su sufrimiento intransferible la lucha moral y física de todos estos años de plomo.

Llegue o no llegue ese momento, su simple expectativa representa una derrota del Estado y un éxito de ETA, que ahora no necesita matar porque ha recibido el privilegio de elegir el momento en que dejar de hacerlo. Aunque el Gobierno no cometa ya los errores tácticos de la primera legislatura y cumpla con celo su obligación de apretar el cerco policial, el mero debate sobre la posibilidad de reconversión política del terrorismo constituye un logro que fortalece su estrategia de erigirse en núcleo de la vida vasca. Se le ha concedido la prerrogativa de decidir sobre su propio futuro, y se le amplía con esta alerta oficiosa de su próxima entrega discursiva, a la que seguirá un minucioso escrutinio de su farragosa terminología. Esa tensa espera del comunicado es por sí misma una claudicación, una cesión de poder que le da ventaja incluso en la improbable hora de su desistimiento.

ABC - Opinión

Europa contra sí misma

Es notorio que el auge del radicalismo islámico ha acentuado la persecución contra los practicantes de otras religiones, especialmente la cristiana. Desde Marruecos hasta Indonesia apenas si hay un país musulmán donde no se produzca cada semana un episodio de intolerancia, acoso y hasta de asesinato por practicar el cristianismo. Casos como el de Asia Bibi o los atentados sangrientos contra los coptos egipcios y los maronitas iraquíes han causado horror en todo el mundo por su extremada violencia. Con toda razón alarma e indigna la intransigencia de los Estados islámicos en materia religiosa, que prescinde del más elemental respeto a los derechos humanos. Sin embargo, esta oleada de acoso a los cristianos no es privativa de países fanatizados. También en la vieja Europa, que no se explica sin el cristianismo porque en él hunde sus raíces culturales, morales y espirituales, se están registrando episodios de intolerancia que repugnan a su naturaleza democrática. Según el informe de un observatorio con sede en Viena que analiza este tipo de actos, en los últimos años se han documentado hasta 130 agresiones contra personas o bienes motivadas por su carácter cristiano, desde incendios hasta palizas, pasando por amenazas y discriminaciones más o menos solapadas. Naturalmente, no es comparable la situación europea, donde los derechos religiosos y la libertad de culto están garantizados por las leyes, con la del mundo islámico. Pero no por ello deja de ser un síntoma preocupante de cómo se está erosionando el basamento espiritual de nuestro continente. Al devaluar irresponsablemente la argamasa cristiana que ha fraguado, tras veinte siglos de evolución, en la actual organización democrática del Estado, el sistema inmunitario de las sociedades europeas queda expuesto a la agresión de los fanáticos, que se aprovechan precisamente de las conquistas logradas por la cultura judeo-cristiana para imponer sus dogmas excluyentes. No cabe duda de que todos los creyentes, cualquiera que sea su fe, son iguales ante la ley, pero eso no significa que todos los sistemas religiosos sean equiparables e igualmente respetables. No es aceptable, por ejemplo, lapidar, mutilar o asesinar amparandose en motivos religiosos; tampoco son admisibles la sumisión, el maltrato y la discriminación legal de la mujer basados en preceptos religiosos. A los europeos que menosprecian el legado cristiano o que tratan de diluirlo en el supermercado de las religiones no debería escapárseles este simple detalle: sólo existe democracia real en los países con raíces cristianas, salvo alguna excepción que confirma la regla. No es una casualidad, desde luego. Pese a los esfuerzos de esa izquierda aturdida por la caída del Muro, cuyo único legado intelectual parece centrarse en la fobia contra lo cristiano, lo cierto es que el andamiaje ético, espiritual y social de la fe cristiana es hoy el único dique de contención contra el avance de quienes, impulsados por un supuesto y oscuro mandato divino, tratan de destruir el sistema democrático que nos hemos dado con mucho esfuerzo para imponer su propia fe y su propio sistema de valores fundamentalistas y excluyentes.

La Razón - Editorial

Balance provisional

Resulta urgente una explicación pública de lo que los papeles de Wikileaks revelan de España.

Miembros del Gobierno español mantuvieron un discurso diferente en público y en privado sobre los vuelos secretos de la CIA, las torturas a ciudadanos españoles en Guantánamo, la muerte de José Couso o las relaciones con Marruecos. Algunos de ellos, por otra parte, dejaron patente ante el embajador de EE UU las querellas internas del Ejecutivo, ofreciendo en busca de beneficios políticos y de imagen personal informaciones que podían debilitar la defensa de los intereses generales del país. Todo ello forma parte del balance aún provisional de las revelaciones sobre España contenidas en los documentos filtrados por Wikileaks.

Ante los datos anteriores no puede seguir imponiéndose el silencio, ni entre el Gobierno ni entre la oposición. Los documentos del Departamento de Estado norteamericano ahora conocidos ponen de manifiesto hechos graves e influencias indebidas de Estados Unidos que en última instancia suponen un deterioro del espacio público.

El pacto que parece haberse establecido entre Gobierno y oposición para no pedirse cuentas por los hechos que se describen en esos documentos es una manera de seguir degradando ese espacio, hurtando a los ciudadanos las explicaciones que merecen y evitando depurar las responsabilidades políticas que en última instancia puedan corresponder. Algunas de las dobleces y falsedades de las que dan cuenta los documentos fueron sostenidas en el Parlamento.

No pocos de los hechos relatados agotaron sus efectos en el pasado, por más que continúen pendientes la explicación y la asunción de responsabilidades. Otros siguen proyectándose sobre el presente, y el Gobierno está obligado a aclarar cuál es su posición actual ante ellos. Las recientes tensiones con Marruecos se entienden mejor tras conocer la apuesta de la diplomacia española por la solución autonomista para el Sáhara, por más que en su día se negara en público. La ruptura de la neutralidad en el conflicto acarreó como primer resultado un brusco enfriamiento de las relaciones con Argelia; después, un recrudecimiento de la tensión con Marruecos y, en definitiva, el completo desmantelamiento de una política coherente con el Magreb, ya gravemente deteriorada por la diplomacia de Aznar.

Producen rubor las comprometidas confesiones de algunos responsables políticos ante el embajador de Estados Unidos. La legación diplomática de la primera potencia mundial no es el lugar para solventar las luchas en el seno del Ejecutivo. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tendido a evitar la homogeneidad de sus equipos, en muchas ocasiones interviniendo en el nombramiento de segundos escalones gubernamentales por encima de la voluntad de los ministros. Más allá de la ya conocida descoordinación que esto ha supuesto en ocasiones clave, los documentos revelan ahora nuevos efectos indeseados de esta forma de gobernar.

El País - Editorial

El insultante despilfarro autonómico

El cambio que necesita España para sobrevivir económicamente pasa por acabar con los injustificables privilegios de un estamento político que se ha llegado a creer, no ya que el dinero público no es de nadie, sino que es suyo.

La semana pasada conocimos que por primera vez en nuestra historia la deuda de las comunidades autónomas superaba el 10% del PIB: en concreto, 107.624 millones de euros. La cifra podrá no parecerles a muchos demasiado espectacular, teniendo en cuenta que el déficit anual del conjunto del Estado se situó en 2009 en el 11,2% del PIB. Sin embargo, el dato adquiere tintes mucho más preocupantes al matizar que el 50% de toda de esa deuda se generó en los últimos dos años y que el despilfarro autonómico, lejos de moderarse, se está acelerando: en los nueve primeros meses de 2010, las autonomías ya se han endeudado casi un 20% más que en todo el ejercicio anterior.

Se trata, qué duda cabe, de una onerosa carga para nuestra solvencia: además de que los esfuerzos de la Administración central por cuadrar sus cuentas casi brillan por su ausencia, los jerarcas autonómicos parecen empecinados en competir por ver quién es el que más gasta. Si Zapatero ha hecho poco caso a la austeridad que le han exigido desde Bruselas, el resto de administraciones no se han sentido en absoluto aludidas a tal llamamiento.

Y no será precisamente porque los presupuestos autonómicos no tengan partidas superfluas, redundantes o innecesarias que puedan suprimirse de un plumazo. Sin ir demasiado lejos, la Fundación UPyD calculó hace unos meses que el gasto de las autonomías podría minorarse cada año en 26.000 millones de euros simplemente si todas ellas se dedicaran a mejorar la eficiencia con la que prestan sus servicios. En otras palabras, esa muy considerable reducción de 26.000 millones anuales ni siquiera contemplaba eliminar partidas de gasto, únicamente proponía racionalizarlo.

Pero lo cierto es que sí hay numerosas partidas que tanto por austeridad como por higiene democrática deberían suprimirse por entero. Resulta incomprensible cómo, mientras el país vive sometido a un continuo riesgo de suspender pagos, nuestros caciques regionales siguen dilapidando nuestro dinero a manos llenas: museos de la boina, intérpretes catalán-español, deficitarias televisiones públicas, sobresueldos y coches oficiales... Sea mucha o poca la cuantía total de estos gastos, no puede admitirse que mientras se están pidiendo sacrificios duros pero necesarios a todos los españoles, la casta política siga disfrutando de insultantes prebendas a cargo de un contribuyente cada vez más asfixiado.

El cambio que necesita España para sobrevivir económicamente pasa por acabar con los injustificables privilegios de un estamento político que se ha llegado a creer, no ya que el dinero público no es de nadie, sino que es suyo. Si el PP aspira a liderar ese cambio, debería empezar por dar ejemplo en las autonomías donde gobierna, y de momento sólo Madrid y Castilla y León están manteniendo a raya el déficit. Es hora de ponerle el cascabel al gato y de mostrar si el PP realmente alternativa o sólo una continuidad turnista del manirroto régimen socialista en que se ha convertido nuestro país.

Libertad Digital - Editorial