Zapatero y el finiquito de Franc. Por Ignacio Ruiz Quintano

La liquidación del contrato fijo con despido indemnizado viene exigida por la ley de la memoria histórica.

ESPAÑA tiene un problema de fe: los españoles no creen que el país esté en quiebra. Pero lo está. No se encuentra dinero de bolsillo ni poniendo a una señora mayor a llevar la Economía. A cambio, la democracia parece consolidada, y la garantía de su calidad son Rubalcaba en Interior, y en La Moncloa, Zapatero. Ellos son los llamados a arrancar el último pelo al lobo del franquismo.

Zapatero, que abrió la Biblia por vez primera cuando iba a ver al Papa, ya va por el Génesis, 34, donde dice que no podemos vender nuestra libertad por un plato de lentejas. El contrato fijo con despido indemnizado es el último plato de lentejas del franquismo, cuya liquidación viene exigida por la ley de la memoria histórica. El derribo de la estatua ecuestre de Franco en los Nuevos Ministerios no fue sino el ensayo de la batalla por el despido, al fin, libre.

Los Nuevos Ministerios son El Escorial del franquismo en la capital, siquiera por el tiempo que llevó construirlos; de hecho, concluyeron porque en ABC publicó Mingote una viñeta que acabó en las manos de Franco: en la viñeta, el guarda de las obras se ufanaba de tener un trabajo «para toda la vida». Hoy la ley de la memoria histórica establece que los Nuevos Ministerios los levantaron, hombro con hombro, Prieto y Largo Caballero.

Del franquismo, pues, no queda más que el contrato fijo con despido indemnizado, obra de ministros como Arrese y de delegados de Trabajo como don Wenceslao, el papá de Marité, represaliado a mediados de los sesenta, cuando el Régimen pudo quitarse de encima a los falangistas recalcitrantes, que eran los fanáticos de la protección social. Zapatero no veía el momento de liquidar este vestigio franquista, pero el «New York Times» le abrió los ojos el otro día al compararlo con Franco, que tapaba las crisis con el fútbol.

—Con los parados que hemos aportado a la causa del socialismo, los trabajadores que queden deben de ser cuatro franquistas. Decretemos el despido libre, que es el único derecho que nos falta, y si los franquistas se ponen farrucos, los ahogamos con las vuvuzelas de La Roja —se dijo Zapatero, que aún se guarda la carta de la Pajín por la Salgado para fregar hasta el último empleo en España.

Mas llegaron los suizos, con sus relojes de cuco y sus quesos de bola, y se rieron de La Roja en las barbitas de Casillas y Piqué, que no han tenido la vergüenza torera de cortárselas, como Cristian Hernández, ese novillero mexicano que se cortó la coleta en un ataque de pánico.

Con el finiquito de Franco en la mano, Zapatero topa con unos suizos que, además de banqueros, son rojicidas. Que les prohíban venir al desfile gay.

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Gabilondo tiene un plan. Por M. Martín Ferrand

Consciente del paupérrimo nivel de nuestros bachilleres, busca un pacto para una reforma educativa.

THOMAS Otway, un olvidado dramaturgo inglés de la segunda mitad del XVII, gran admirador de su contemporáneo Pedro Calderón de la Barca, vivió siempre en extrema pobreza. Pasaba hambre de la bíblica, de la verdadera. Uno de sus protectores ocasionales, abrumado ante la total necesidad del escritor, le dio una guinea de oro —¡una pasta!— para aliviar su necesidad. El pobre Otway corrió hasta la panadería más próxima y compró una hogaza de pan, pero se atragantó con el primer bocado y murió en el acto, asfixiado. Traigo a cuento tan triste historia para recordar que la escasez es mala; aunque peor puede ser, todavía, la abundancia mal administrada. Una conseja moral y política especialmente útil para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y aquellos de sus ministros que tienen algún contenido sin transferir en sus Ministerios.

Ángel Gabilondo, un gigante por comparación con la mínima talla de muchos de sus compañeros de Gabinete, es de los que andan escasos de función. Dicho en caricatura, a Educación le restan de realidad tangible la Universidad a Distancia y la Menéndez Pelayo de Santander, poco grano para tan poblado granero. En consecuencia, el hombre se mueve tratando de buscar un sentido a su gestión y, consciente —supongo— del paupérrimo nivel con que terminan sus estudios nuestros actuales bachilleres, trata de buscar un pacto con las restantes fuerzas parlamentarias para intentar una reforma educativa de mayor calado y más grande ambición que los de nuestra realidad presente. El mayor, en profundidad, de todos los problemas nacionales.

Gabilondo no se rinde y tiene un plan. Insiste, y con razón, en alargar la enseñanza hasta los 18 años, mejorar e impulsar la Formación Profesional, perfeccionar los idiomas y elevar el rigor y el nivel y, sin razón, en una mayor implicación de los padres en el proceso educativo. Muy avanzada está ya la legislatura para una intentona de esa naturaleza en el ámbito nacional y muchos son los afanes taifales de los gabilondosautonómicos; pero bueno sería que, contra lo establecido, nuestros nietos llegaran a la Universidad con parecida formación con la que llegaron nuestros padres. Tampoco servirá para mucho si Educación insiste en consensuar su plan con la comunidad educativa, un vago concepto que incluye profesores, alumnos, administrativos y señoras de la limpieza. Algo que convierte en rectores a personajes como Carlos Berzosa, incapaces de administrar con pulcritud y eficacia una población y un presupuesto superiores al de muchas capitales de provincia. Después de tanta hambre, Gabilondo puede atragantarse con un mendrugo.

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Paro. La otra reforma. Por José T. Raga

El dato de un veinte por ciento de desempleados tras más de treinta años de lo que lo que se denomina sindicalismo libre y negociación colectiva, debería hacer pensar a propios y extraños sobre la ineficiencia del modelo en el que estamos atrapados.

Dirán que nunca estoy contento con nada de lo que ocurre y, por la experiencia más reciente, menos aún cuando se trata de iniciativas falaces del gobierno de turno; no tanto de turno europeo como de turno nacional, que está más próximo y por tanto es capaz de producir mayores estragos sobre la sufrida población.

Ya iremos desgranando los aspectos que se recogen en el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, publicado en el día de ayer, 17 de junio de 2010, en el Boletín Oficial del Estado y, según reza el número 1 de la disposición final octava, en vigor desde hoy día dieciocho, siguiente al de su publicación. No me pregunten qué ocurrirá si en ese trámite de proceso parlamentario que ha anunciado el presidente del Gobierno se modifican disposiciones a cuya luz se hayan tomado decisiones por parte de los agentes económicos. Eso lo dejamos para otra ocasión. Pero mucha confianza, no infunde.

La otra reforma que me habría gustado ver, y que no figura en el Real Decreto-Ley de referencia, es aquella que se hubiera dirigido a combatir una enfermedad endémica del mercado laboral, que no se resuelve administrando un antibiótico para rebajar la fiebre del paciente. La norma publicada ayer pretende resolver con más regulación la ya excesiva regulación del mercado de trabajo. Su minuciosidad y virtuosismo, contemplando situaciones y particularidades de un asunto de tan amplia complejidad, hace vislumbrar unos resultados bien contrarios a los que se pretendían conseguir. El acercamiento entre oferta y demanda de trabajo, es decir la eliminación de la bolsa de desempleo, si se produce, lo será por la flexibilidad y no por la regulación, y menos aún por una regulación pormenorizada como la que aparece en la cacareada norma, anunciada como la gran reforma laboral que necesitaba España.

Pero, en fin, volvamos a lo que era mi intención en este momento, y que concreto en una pregunta al presidente: ¿para cuándo la reforma del sindicalismo amamantado? La cosa, además, señor presidente, se las han puesto muy fácil los propios sindicatos, pues al manifestar públicamente que viven de las cuotas de sus afiliados, lo que me llena de gozo, es el momento de suprimir las partidas presupuestarias a ellos dirigidas, precisamente por innecesarias. En el mismo cajón debe usted incluir a las centrales empresariales, que tampoco encuentro justificación alguna para que se nutran de los presupuestos públicos.

Debería usted reconocer que la actual estructura sindical, sus fuentes de renta, la institución de los liberados sindicales en las plantillas empresariales, y el fenómeno de la negociación colectiva, en la que participan también las organizaciones empresariales que detentan, análogamente, fuentes de renta difícilmente explicables, son una enfermedad grave de nuestro mercado de trabajo. Más allá del drenaje de recursos que suponen para el presupuesto público, que tiene fines sociales más prioritarios, configuran una superestructura de intereses propios que, en contra de sus proclamas, distan mucho de los objetivos de un mercado laboral que, ante todo, debe ser la consecución del pleno empleo.

Su representatividad, tanto en el lado sindical como en el empresarial, es más que dudosa, por lo que, lejos de sus teóricos representados, la superestructura se justifica en sí misma y se desenvuelve en torno a sus representantes que, a macha martillo, tratarán de mantener su propio estatus y las prebendas que le son propias. Introducir elementos disgregadores en la relación trabajador–empresario no puede conducir más que a un alejamiento entre ambos que redundará en perjuicio del primero; quizá también del segundo, pero desde luego, quien tristemente no se librará del daño es el primero.

El dato de un veinte por ciento de desempleados en la economía española, con una cifra de parados por el momento próxima a los cinco millones, y ello tras más de treinta años de lo que lo que se denomina sindicalismo libre y negociación colectiva, debería hacer pensar a propios y extraños sobre la ineficiencia del modelo en el que estamos atrapados. Ineficiencia, siempre que se suponga que el fin de toda la actividad de los llamados agentes sociales –aunque se trata de agentes sin relación de agencia– sea el pleno empleo, cosa que es más que dudosa, a juzgar por sus preferencias.

La negociación colectiva, que se mantiene como regla general –yo temo que en la practica seguirá siendo regla única– en el Real Decreto-Ley publicado ayer, es perversa en sí misma. La presunción de que todas las empresas, incluso todas las de un mismo sector, son iguales en solidez, en productividad, o si se quiere en dificultades, no pasa de ser una presunción necia que, cuando se aplica como norma general, conduce a la quiebra de las más débiles, que habrían podido subsistir con el esfuerzo de los más interesados: los trabajadores y los empresarios, no los sindicatos que nada se juegan. Suponer que la alternativa del paro es mejor que la del salario inferior es una tesis que sólo puede defender quien no ha estado nunca parado o quien trata de mantener un liderazgo hegemónico a costa de lo que sea.

El discurso sindicalista está hoy fuera de lugar. El incremento tan sustantivo de la inversión en capital fijo por trabajador, que confiere al trabajador la llave del rendimiento de esos medios de producción, hace que las proclamas de la izquierda sindical de principios del siglo XX suenen a retrógradas y extravagantes en la primera década del siglo XXI. ¿Por qué se mantienen? Seguramente los sindicatos tienen la respuesta; yo no la tengo, o si la tengo, prefiero silenciarla. Y en esa respuesta, la comparsa de las centrales empresariales no está tampoco exenta de responsabilidad.

Ante el paro y más paro, la actitud responsable exige un cambio radical en estos extremos, que no veo en la gran reforma publicada en el Boletín Oficial del Estado. ¿Para cuándo, señor presidente, esa reforma? ¡Ande, póngase manos a la obra!

Libertad Digital - Opinión

Un consejo en la chistera. Por Tomás Cuesta

El charlatán de La Moncloa no es sólo una figura bufa. Es el duro empeño de durar a costa de lo que sea, de quien sea.

TODOS mienten. No hay novedad en eso. La política es el arte de la mentira. Maquiavelo lo vio quintaesenciado en el gran Alejandro VI, que «jamás hizo otra cosa ni pensó en otra cosa que en engañar a los hombres, y siempre encontró el modo de hacerlo con éxito». Todos mienten. Claro que mienten. ¿Y qué otra cosa podrían hacer que no fuera mentir convincentemente? Miente Merkel, que conoce en qué abismo de ruina ha naufragado la incompetencia socialista española, pero que sabe también hasta qué punto dejar caer a esa gente arrastraría a la UE al fondo del desastre. Miente el director del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, cuando alaba las medidas puestas en marcha por el Presidente de un país al cual él ha venido para ir preparando la inminente supervisión que convertirá a España —por fortuna para todos— en un protectorado franco- alemán…

Hay uno que no miente, sin embargo. Mentir es arte que exige un milimétrico conocimiento de la verdad que el engaño oculta. El único que no miente es el estólido sujeto para el cual ni hay criterio de verdad ni de mentira; lo que vale por decir que todo es verdad y todo mentira, conforme al antojo de cada jornada. Pascal escribió que la existencia de un sujeto que mintiera siempre daría un fantástico árbitro de conocimiento, un criterio infalible frente al cual contrastar nuestros enunciados. Zapatero es la antifigura postmoderna del mentiroso omnisciente de Pascal. Él jamás miente. Para mentir es necesario poseer un criterio de verdad que pueda ser violado. Él no tiene eso. Sencillamente se inventa a cada instante el criterio que mejor le encaje. Y ningún problema de incoherencia o contradicción puede planteársele nunca, porque cada criterio es igual de arbitrario que cuantos lo precedieron, e idéntico en fugacidad a los que lo irán siguiendo en el tiempo. Si alguien tiene paciencia y biblioteca, puede verlo escrito de su pluma en el Prólogo que escribió, en 2003, a un libro del entonces fiel Jordi Sevilla: «Ideología significa idea lógica y en política no hay ideas lógicas». Eso hace al Mr. Chance español hipérbole de una política postmoderna que ni siquiera es cínica en ningún sentido; es descerebrada, y, como tal, eficacísima. Hasta el delirio de dar sesudo consejo económico al premier británico Cameron. No es chiste, es la chistera de la cual, ya que no un conejo, siempre habrá algún consejo que extraer sonriente.

San Agustín antepone a cualquier otra perversidad la mentira que se ejerce sin función, por el placer puro de engañar; en ella cifran el Mal Las confesiones. El charlatán de La Moncloa no es sólo una figura bufa. Es el duro empeño de durar a costa de lo que sea, de quien sea: eso es el mal en política. Quienes lo dan por muerto, se equivocan. Está a punto de enterrar a los sindicatos. Va a blindarse en la retórica del respaldo europeo. Luego vendrá la de la paz en el País Vasco. Keynes ironizaba sobre los largos plazos en economía: a largo plazo…, todos muertos. Zapatero traslada eso a la política: cortoplacismo letal. Si llega hasta el otoño, todo será impredecible. Mala cosa es darlo por muerto. Hasta el rabo, todo es lobo. Y la sabiduría popular sostiene que el lobo pierde los dientes, pero no las mientes.

ABC - Opinión

Nerea Alzola. A ver cómo explican esto. Por Maite Nolla

Es inevitable recordar que el partido sí ha pagado el abogado de algún tesorero millonario que está acusado de aprovecharse del partido para hacerse, eso, millonario, y que a Nerea Alzola la zurraron por pegar carteles del PP.

Recordarán que en 2007 Nerea Alzola y otra militante del PP fueron agredidas mientras pegaban carteles del PP en el País Vasco. Pese a lo que se haya podido publicar, lo cierto es que la abogada de Nerea Alzola renunció a defenderla y por parte del juzgado le dieron plazo para que designara a otro abogado. Es decir, ni ella renunció, ni llegó a un acuerdo ni nada de eso. Hasta la fecha era el partido el que les pagaba los gastos judiciales, pero, sin previo aviso, respecto a Nerea Alzola lo han dejado de hacer. Y para justificarlo, desde el PP no han dudado en mentir, dándose ellos mismos versiones contradictorias. Al final, dicen que la renuncia de la abogada –que previamente se había desmentido– es por desavenencias respecto a la estrategia procesal, que no deja de ser un bonito eufemismo.

Aceptando incluso esta última versión, lo que no se entiende es que el PP no ofrezca a Nerea la posibilidad de que designe a otro abogado, lo cual nos lleva a pensar que las cosas son como parecen y que lo único que ha querido el PP es culminar un proceso que empezó hace cosa de un año. La identificación de Nerea Alzola como perteneciente a ese grupo peligroso de políticos que algunos han calificado de forma despectiva como el "sangilismo", la llevó a no poderse presentar como candidata a presidir el partido en su provincia, luego fue expedientada y ahora se queda sin abogado. Y no sólo eso, sino que tiene que aguantar que mientan y que la dejen sola. Es inevitable recordar que el partido sí ha pagado el abogado de algún tesorero millonario que está acusado de aprovecharse del partido para hacerse, eso, millonario, y que a Nerea Alzola la zurraron por pegar carteles del PP.

Todo ello, en las mismas fechas en las que Regina Otaola anuncia que se retira de la política y se va del País Vasco para poder trabajar, porque a ninguna de las dos les crecen jaguars en el garaje, ni tienen casas en Baqueira.

Como decía Federico esta semana, el PP del País Vasco ha pasado de ser un motivo suficiente para votar al PP, a ser uno de los motivos para no hacerlo. También es verdad que tal y como está España, cuando hasta Toxo pide un cambio de gobierno, cada día que pasa es más necesario que se vaya Zapatero y que le sustituya cualquiera que pase por ahí, aunque éste sea Mariano Rajoy y su partido. Eso no les quitará la mancha de ser los responsables de que María San Gil, Nerea Alzola y Regina Otaola se hayan ido –o las hayan echado– y de la vergüenza que eso supone. Y es que no creo que ninguna de las tres entrara en política y se presentara para ser concejal, arriesgando su vida, preocupada por la deuda española o por la reforma laboral. A ver cómo explican esto en la blogosfera pepera.

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El justiciero de las mujeres. Por Edurne Uriarte

Además de rojo, Zapatero se definió hace algún tiempo como «el justiciero de las mujeres».

Así le habían llamado en los pasillos de la ONU y lo contó con orgullo a su vuelta a España. Al margen del desorbitado concepto de sí mismo que la historia delata, lo cierto es que Zapatero ha demostrado una genuina preocupación por la igualdad de las mujeres. Y un trabajo respetable en ese campo, a pesar de sus muchas equivocaciones. Por eso resulta tan difícil de sostener su renuencia a ser el justiciero de las mujeres… musulmanas. Todo son excusas en la izquierda española, empezando por él mismo, para no abordar de una vez la prohibición del burka o del niqab. Han tenido que tomar la iniciativa los ayuntamientos catalanes para forzar una implicación a regañadientes del Gobierno.

Una implicación de la que no cabe esperar demasiado porque el Gobierno insiste en sus tres habituales trampas en la materia. La de su consideración como un problema religioso, lo que le sirve para poner al Islam al mismo nivel que el catolicismo y para confundir creencias con discriminación. O aquello de que es un problema menor pues son pocas las mujeres con burka o nikab, lo que convierte los derechos humanos en una cuestión de número. ¿Qué los discriminados son pocos? Pues que se aguanten, que lo suyo es un problema menor. Y, en fin, la agitación del fantasma del populismo y la xenofobia, o la deliberada asociación de la prohibición del burka y del niqab con la intolerancia hacia el Islam y con la ideología de movimientos antiinmigración.

Cuando el dilema ideológico que hay que resolver es el de este llamativo tic antiigualitario de parte de la izquierda europea. Su aceptación para las musulmanas de lo que cree intolerable para las occidentales. ¿Por qué esa excepción musulmana de la igualdad? ¿Quizá por la fuerza creciente del islamoizquierdismo?

ABC - Opinión

Cambio de Gobierno. Otro sueldo para Pajín. Por Pablo Molina

ECon esta decisión Zapatero demostraría de nuevo que no quiere en su Gobierno a nadie más inteligente que él, una medida muy razonable que evita siempre penosas escenas de celos entre los miembros de un Gabinete y quien lo dirige.

La entrada de Leire Pajín en el Gobierno de "este país" supondrá esa inyección de optimismo que los ciudadanos necesitamos para sobrellevar los rigores de la recesión económica. Seguiremos pasando dificultades de todo tipo pero nos reiremos un montón, vaya una cosa por la otra.

Con esta decisión Zapatero demostraría de nuevo que no quiere en su Gobierno a nadie más inteligente que él, una medida muy razonable que evita siempre penosas escenas de celos entre los miembros de un Gabinete y quien lo dirige. Sólo falta conocer en qué ministerio va aterrizar finalmente la estadista alicantina, aunque a tenor de sus capacidades tal vez la cartera de educación sería el destino más oportuno.

La asignatura de educación para la sodomía –¿o era para la ciudadanía?– pretende modelar a nuestros niños precisamente para que se conviertan en pajines, adultos tan relativistas en asuntos de ética como absolutistas a la hora de trincar del presupuesto durante toda una vida escalando puestos en la administración o la política. Con Leire como ministra tendrían un ejemplo muy cercano de lo que se espera de ellos en el futuro, ejercicio pedagógico muy notable que evitaría a los profesores de la asignatura la utilización de modelos abstractos.

En Asuntos Exteriores también tendría excelente acomodo una mujer de estado como nuestra Leire, que ya hizo sus pinitos en la capital de Mozambique, Maputo, de nombre tan peliagudo como el apellido de la propia protagonista, desfilando con el traje regional junto a Fernández de la Vega, otra posible damnificada en la presunta remodelación ministerial que planea ZP. Además ha trabajado al lado de Miguel Ángel Moratinos, el Metternich del siglo XXI, y eso imprime el carácter necesario para imponer respeto en todas las chancillerías y gestionar con solvencia nuestros asuntos de ultramar.

El único puesto que le está vedado es el de vicepresidenta económica. No por falta de méritos para ser la segunda de Zapatero, sino porque la materia objeto de su gestión no es el fuerte de nuestra protagonista. El día que afirmó que el principal problema de nuestra economía era que el PIB es masculino, la "piba" perdió cualquier posibilidad de ser ministra del ramo. En todo caso, sabiendo que va a tener cuatro o cinco sueldazos a su disposición, estamos seguros de que si llora lo hará lo justito.

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Templando gaitas. Por Hermann Tertsch

Ahora nos vienen todos los paniaguados del evento interplanetario que jamás existió a decirnos que Angela Merkel y Nicolas Sarkozy han dado la razón a nuestro Gran Timonel. No es ya que nos crean imbéciles. Nos tratan como imbéciles. Y quizás lo merezcamos por esta patológica falta de indignación que mostramos. Pastueños o cainitas feroces. Pero nunca surge en la masa crítica de la sociedad española la dosis lógica de crítica y entendimiento de lo que sucede en el exterior. Por eso algunos aquí se permiten repetir la obscena mentira de que aquí pasa lo mismo que en el resto de Europa. Pues sepan que no es así.

Cierto es que tanto Merkel como Sarkozy o Strauss-Kahn prefieren unas tiritas a los aplausos a la hemorragia. Que era —los aplausos— exactamente lo que Zapatero y su tropa viene haciendo desde que le dijeron desde todos los rincones del mundo que su economía clientelista e ideologizada llevaba a España al desastre a muy corto plazo. Y cierto es también que ninguno de los tres quiere un desplome de España. Primero porque nos quieren bien. Mejor que muchos protagonistas de esta historia sórdida a la vez de patética en la que nos han metido los chicos del cheque, nuestros sindicalistas y montillas. Y segundo, porque saben que ellos tendrían que pagar gran parte de la factura. La irresponsabilidad no es patrimonio español. Eso lo sabemos. Pero también se ha constatado que cuando nos lanzamos a ella somos estupendos.

Por eso el trío citado, alarmado por la incapacidad del equipo de Gobierno español, templa gaitas. Saben que las tiritas no van a salvar a los españoles de una crisis de caballo y larga como un maratón. Pero esperan que al menos les salven a ellos de tener que pagar un precio demasiado alto.

ABC - Opinión

Casas. Por Alfonso Ussía

Señora Casas, doña Emilia, presidenta del Tribunal Constitucional, es decir, del Tribunal que ha de velar por el cumplimiento de la Constitución. Se está convirtiendo usted, señora Casas, en una presidenta anticonstitucional del Tribunal Constitucional. Ese desvarío, esa barbaridad, sólo es posible en España.

Señora Casas, doña Emilia. Usted se mueve mejor en la militancia que en la independencia. Nunca ha disimulado ni disfrazado sus preferencias políticas. Usted es de Zapatero. Prueba de ello es que personas influyentes del Gobierno de España se han atrevido a regañarle en público y severamente. Todos recordamos la escena del chorreo que le propinó María Teresa Fernández de la Vega, que no se escondió para hacerlo, mientras esperaban la llegada de los Reyes al desfile militar del Día de la Hispanidad. Utilizando el lenguaje de los soldados, que una vicepresidenta del Gobierno ponga «firme» a la presidenta del Tribunal Constitucional, es tan extravagante como ver a un coronel, que públicamente, amonesta a un general. Y lo que es peor, que el general se traga la amonestación con gesto sumiso y expresión de subalterno.

El lío del Estatuto es consecuencia de la infinita frivolidad y necedad de Zapatero. Él ha sido quien ha abierto la grieta en el muro de España. El muro está herido, pero no derribado. Para que esto suceda, es necesario su golpe definitivo. El que usted pretende dar a la Constitución que ha jurado o prometido defender. No se entiende bien cómo ha llegado usted a la presidencia del Constitucional. El que le escribe, ciudadano de a pie de España, nada ha tenido que ver en su nombramiento. Es más; cuarenta millones de españoles no hemos tenido nada que ver en su nombramiento. Usted, cuyo poder es consecuencia de una añagaza política, no nos representa. Y menos aún, cuando lo que usted pretende es aprobar un estatuto autonómico soberanista, reconocer a Cataluña como una nación, cuando la Constitución de 1978 sólo admite la Nación Española. Que una señora que no se sabe por qué ha llegado hasta no se sabe dónde por no se sabe qué componendas y pactos, se proponga derribar el edificio de la Constitución –después del muro caerá todo lo demás–, se me antoja tan injusto como vergonzoso. Nos quieren agrietar nuestra casa, nuestro suelo, nuestro amor compartido, unos señores puestos ahí que nadie nos ha consultado para que estén ahí, presididos por una señora que también está ahí sin que nos lo hayan explicado bien y que además tiene un voto de doble valor que el resto de sus compañeros. Y no se trata de sentenciar, sin recurso posible, una expropiación, una apropiación indebida o una estafa. Se trata de arrebatarnos a los españoles lo que nos pertenece a todos los españoles con carácter irrevocable.

Espero que medite y se vaya con anterioridad a la culminación de su despropósito. Carezco de lenguaje jurídico. Me sobra con el habla de la calle para recordarle que será usted la primera víctima de su perversión anticonstitucional. No soportará la carga de su conciencia, señora Casas, doña Emilia, presidenta del Tribunal Constitucional que pugna por humillar a nuestra Constitución. Váyase, y perdónese a sí misma.

La Razón - Opinión

Déficit. Hay que seguir recortando gastos. Por José Barea

¿Por qué no se han recortado los gastos de los parques móviles de los entes públicos, los gastos de viaje, indemnizaciones por razón del servicio prestado, publicaciones, compras... que precisamente en época de crisis deben ser los primeros en restringir?

Al haber sobrepasado España en 2008 el límite del 3% de déficit público, la Comisión Europea decidió iniciar un procedimiento de déficit excesivo; al finalizar 2009 el déficit ha alcanzado el 11,2% del PIB. La ministra de Economía y Hacienda ha presentado un Plan de Austeridad que pretende reducir el déficit en 52.000 millones de euros, de los que 11.000 millones se obtendrían por mayores ingresos derivados de las medidas tributarias incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2010 y lucha contra el fraude y 41.000 millones por reducción de gastos. El Plan es insuficiente ya que el déficit ha de reducirse en 8,2 puntos del PIB, es decir, 86.000 millones de euros.

La falta de transparencia sobre las partidas presupuestarias a reducir en 2010 y en el trienio siguiente y la cuantificación de las bajas en cada una de ellas ha restado credibilidad al Gobierno ante los mercados financieros, dando lugar a que el diferencial del bono español a 10 años frente al alemán haya sobrepasado los 200 puntos básicos. Tal hecho está repercutiendo en el tipo de interés que los prestatarios españoles, tanto públicos como privados, tienen que pagar al solicitar nuevos préstamos.

El recorte de gastos efectuado por el Gobierno no ha afectado al Capítulo 2º "Gastos corrientes en bienes y servicios" de los Presupuestos Generales del Estado consolidado, cuyo importe asciende a 8.542,91 millones de euros. Este capítulo comprende todos los gastos de funcionamiento de los servicios y representa la cuarta parte de los gastos de personal. ¿Qué razones han existido para dejarlos excluidos del recorte presupuestario cuando aquí se encuentran los gastos de los parques móviles de todos los entes públicos de la Administración del Estado, gastos de viaje, indemnizaciones por razón del servicio prestado, publicaciones, compras... que precisamente en época de crisis deben ser los primeros en ser objeto de restricción presupuestaria?

A pesar del fuerte aumento que en el PIB ha tenido la producción de servicios colectivos y de su mayor coste unitario, en relación con la empresa privada, es evidente el deterioro que en la calidad de bastantes servicios públicos viene padeciendo la sociedad española. Cuando en España la producción de servicios colectivos supone el 16% del PIB y el 15% de la población ocupada, con mucho la empresa más grande del país, parece inconcebible que la actividad productiva de las administraciones públicas no se organice con sentido empresarial.

La producción de servicios colectivos nunca ha sido considerada bajo una óptica de eficiencia. En principio, su escasa cuantía, su consideración por los economistas como una actividad improductiva y su alejamiento del mercado, tanto por el lado de la demanda, como por el de la financiación, podría justificar el tratamiento puramente administrativo y burocrático con que se ha concebido la producción de los servicios públicos. Hoy día, no cabe continuar con la postura de ineficiencia. Por ello la organización que la administración pública debería adoptar para producir los servicios colectivos debe ser análoga a la del sector empresarial productor de bienes y servicios privados, introduciendo en la medida de lo posible criterios de mercado. En otro caso siempre seremos ineficientes.

Libertad Digital - Opinión

El pesimista utópico. Por Ignacio Camacho

Saramago era un «homo eticus»; un pesimista aferrado a su terca conciencia moral frente al relativismo de la posmodernidad.

TENÍA Saramago el alma impregnada de una melancolía existencial, hija de la miseria campesina de su infancia y de una madurez empapada por la lluvia oblicua del estuario del Tajo, esa lluvia de invierno lisboeta que calaba la memoria de Torga y de Pessoa atravesándolas de soledades y nostalgias; y en su escritura reposada, serena, densa y compleja latía también un pesimismo ideológico, doctrinal, fruto del inconformismo con un mundo imperfecto. Desde su propio nombre, apodo familiar de un mundo rural alentejano, de jaramagos y amapolas entreverados en las cunetas, su personalidad apuntaba la identidad del resistente, del hombre forjado a contracorriente del destino y redimido a través de un esfuerzo de rebeldía. Saramago sólo podía ser comunista, el credo al que le conducían desde niño su paisaje social y su aprendizaje humano; pero por encima de sus intransigentes convicciones y de sus ofuscados pronunciamientos políticos brilló la dignidad decente y orgullosa de su sólida estructura moral.

Por eso en sus novelas, planteadas casi siempre a partir de parábolas filosóficas o históricas, golpea la prosa un pulso aleteante de utopía; un espíritu de lucha del individuo contra su degradación ética o social, una sacudida de indisciplina contra la resignación, el adocenamiento o la mediocridad. A Saramago hay que leerlo en primer lugar como el gran creador y el escritor puro que era (es, porque la obra permanece siempre en el tiempo y en la historia), un narrador ambicioso de vocación profética, hondura intuitiva y aliento largo, pero también como un idealista, un honesto y testarudo doctrinario empeñado en proclamar su disidencia frente al designio trivial de una sociedad mercantilizada que no aceptaba ni quería entender.
En cierto modo, esa contumacia metafísica, ese humanismo insurgente, ese denuego agonístico, hacían del Nobel portugués un hombre del pasado, un referente de otra época, un trascendentalista aferrado a su terca conciencia moral frente al relativismo complaciente y frívolo de la posmodernidad, la tecnología y el consumo.

En su numantinismo casi anacrónico, en esa trinchera arqueológica de principios, en ese irreductible anhelo de justicia y orden moral reside el atractivo que envuelve con un halo de respeto la figura del escritor ibérico más allá de las discrepancias que pueda suscitar su compromiso civil, salpicado de arbitrariedades, sectarismos e intransigencias, y más lejos incluso de su potente, indiscutible gigantismo literario. Saramago era un «homo eticus», un pesimista indómito plantado como un árbol solitario en el horizonte de la banalidad contemporánea. Lo de menos era si llevaba o no razón en sus ideas; importa la coherencia, la lucidez y la integridad con que las defendió en una sociedad que hace tiempo que las ha abandonado. AQUÍ

ABC - Opinión

Autonomías irresponsables

Son de agradecer las palabras balsámicas del director del FMI, quien muy cortésmente afirmó ayer ante Zapatero que la deuda española no es peor que la alemana o la francesa.

La visita de Straus-Kahn a Madrid cierra el círculo de confianza que ha trazado el Consejo Europeo, con Merkel a la cabeza, en torno a España y a sus reformas económicas. Además de este apoyo explícito, el presidente del Gobierno logró en Bruselas su principal objetivo, que estaba erizado de dificultades, de relajar las tensiones que se habían ido acumulando sobre la capacidad de financiación de nuestra banca. Al hacerse públicos los test de resistencia de los bancos europeos y revelarse que los mejor calificados son dos españoles, el Santander y el BBVA, se vino abajo todo el montaje de rumores, insidias y especulaciones interesadas que pusieron en duda la solvencia de nuestro país y la calidad de su Banca. Sería injusto ningunear o minusvalorar la importancia de lo alcanzado el jueves en la UE, pues no sólo supone un espaldarazo a las medidas de ajuste tomadas por Zapatero, sino también el reconocimiento de que la sociedad española posee los recursos suficientes y la fortaleza necesaria, empezando por los bancos, para plantarle cara a la crisis.

Analizar con realismo la coyuntura requiere también apreciar los puntos positivos y no sumirse en el pesimismo antropológico, tan nocivo como su contrario. Dicho lo cual, y siendo cierto que la deuda española es menor que la francesa o la alemana, Strauss-Kahn también sabe que el problema no es tanto el volumen, sino la velocidad del endeudamiento. Y el acelerón que ha sufrido nuestra deuda en los dos años últimos es el más vertiginoso de la UE. Especialmente preocupante es el ritmo que ha adquirido la deuda de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Según los datos publicados ayer por el Banco de España, la deuda de las autonomías se ha disparado un 28,4% en el primer trimestre del año y ha superado los 94.600 millones, la cifra histórica más alta. Pese a los compromisos de estabilidad presupuestaria que anualmente adquieren, los gobernantes autonómicos se han lanzado en los últimos años a una carrera de gastos tan innecesaria como suicida. No parece razonable que Cataluña acumule una deuda de 25.000 millones de euros (el 26,5% del total autonómico) o que Valencia adeude 15.000 millones. Lo mismo cabe decir de los ayuntamientos, que lejos de frenar la sangría de sus arcas, en el primer trimestre la han aumentado un 15%. En este capítulo, el ayuntamiento madrileño se lleva la palma, con una deuda superior a los 7.300 millones. Carece de toda lógica que mientras el Gobierno de la nación ha realizado el mayor tijeretazo social de la democracia y se ha sometido al examen de Bruselas, los gobiernos regionales sigan gastando alegremente como si el drama no fuera con ellos. Es urgente poner fin a este despropósito. Del mismo modo que la UE sancionará severamente a aquellos países que no cumplan con los objetivos del déficit, el Gobierno está obligado a corregir enérgicamente a las comunidades manirrotas e irresponsables que están disparando alocadamente la deuda pública.

La Razón - Editorial

¿Ha muerto un escritor o un comunista?

Si de alabar a una persona o a un escritor se trata, su cercanía con la agitación y la propaganda de una de las más terribles tiranías del planeta, no debería ser un punto a destacar en su biografía.

Si alguien quisiera hacer un auténtico homenaje póstumo a José Saramago, lo primero que debería intentar es ocultar o minimizar su estrechísima vinculación con el totalitarismo comunista. Sin duda, el escritor luso no fue precisamente discreto al exhibir su militancia y su apoyo a la izquierda más radical y, de hecho, dedicó la última parte de su obra literaria a convertir en novela algunos de los más conocidos clichés y prejuicios anticapitalistas de la izquierda más iletrada. Tampoco hace falta echar demasiado la vista atrás para, tras un breve paréntesis tímidamente crítico entre 2003 y 2005, encontrar numerosas muestras de apoyo de Saramago hacia la tiranía castrista.

Pero, pese a las dificultades objetivas que tendría un panegirista para que el público olvidara la estrecha vinculación del portugués con los regímenes autocráticos, bastaría con que el foco de atención se colocara, no en sus desastrosas ideas políticas, sino en valorar la calidad de su obra literaria. En España tenemos sobrada experiencia con esto: al morir Gonzalo Torrente Ballester o Pedro Laín Entralgo, la prensa trató cuidadosamente de no resaltar su antigua militancia con el falangismo.

Sin embargo, para la mayoría de medios de comunicación y políticos nacionales parece que uno de los motivos básicos por los que Saramago merece ser recordado y homenajeado es por su "compromiso político y social" con la izquierda. Regresamos, así, a ese maniqueísmo tan del gusto de los socialistas entre "totalitarismo bueno y totalitarismo malo" que tan sabiamente denunció Revel. Parece evidente que la idéntica prosa literaria que hoy lauda la izquierda sería recibida con indiferencia o desprecio si Saramago hubiese sido un "comprometido" defensor de las ideas nacional-socialistas. En cuyo caso, pues, parece claro que lo que valoran los izquierdistas del luso no es su obra, sino la instrumentalización que hicieron de la misma para avanzar su agenda política en muchos casos abiertamente totalitaria.

El propio Saramago, como abajofirmante de cualquier manifiesto socialista que se le colocara delante, contribuyó sin duda alguna a convertirse en un útil más de la izquierda; y, sobre todo desde la concesión del Nobel, no en uno cualquiera. Pero, aún así, si de alabar a una persona o a un escritor se trata, su cercanía con la agitación y la propaganda de una de las más terribles tiranías del planeta, no debería ser un punto a destacar en su biografía.

No, salvo que, como decíamos, se quiera convertir la muerte de Saramago en su última contribución a la causa política de la izquierda más totalitaria. Es decir, salvo que lo pretendido por sus amigos socialistas sea obviar y despreciar todo aquello por lo que debería ser recordado un escritor para reducir su vida a la de un ariete de la extrema izquierda. Es decir, convertir un certamen literario en un mitin político. No es que estemos seguros de que Saramago hubiese aborrecido un funeral de este tipo, pero en todo caso eso sólo nos daría una razón más para resaltar la deshumanización imperante en una izquierda que muta a los individuos en simples peones del Estado, de la política y de su ideología liberticida.

Libertad Digital - Editorial

No más confusión sobre ETA

Bien está el desmentido de Rubalcaba y Patxi López a Eguiguren, pero no estaría de más que Zapatero deje claro que bajo ningún concepto habrá otra negociación con ETA

EL lendakari Patxi López y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, han negado que se esté preparando otro proceso de diálogo con ETA, dejando en mal lugar a Eguiguren, presidente del PSE, que ha vuelto a las andadas con la legalización de Batasuna, lo que supondría el paso previo para retomar la negociación política con ETA. Bien está el doble desmentido y nada sería más positivo que así fuera, pero el problema es que lo que está pasando ya es conocido y no basta con recluir a Eguiguren en el papel de verso suelto del socialismo. La tregua que anunció ETA en 2006 estuvo precedida de cuatro años de preparativos entre el PSE y Batasuna, y desde 2004 por el propio Gobierno socialista. Las evidencias de aquella negociación fueron desmentidas una tras otra por los máximos dirigentes del PSOE y del Gobierno, cuando realmente se estaba negociando no sólo el alto el fuego de ETA, sino la relación de asuntos políticos que se pactarían con los terroristas a cambio, supuestamente, del cese definitivo de la violencia.

Por todo esto cuesta aceptar este cruce de desmentidos como prueba suficiente de que Eguiguren no está hablando por boca de otros, ni ejecutando sacrificadamente la segunda parte del proceso de negociación con ETA. El dato de que algunos de sus principales dirigentes están libres —Josu Ternera, Díez Usabiaga, Iñaki de Rentería— se suma a la libertad y el convencimiento con el que Eguiguren se está conduciendo en este asunto. No resulta verosímil que el principal dirigente del socialismo vasco insista en legalizar a Batasuna sin que cuente con algún tipo de aval superior. Y si no lo tiene, es entonces absolutamente necesario que Zapatero desautorice pública e inequívocamente las gestiones y las propuestas de Eguiguren, que confirme que la derrota incondicional de ETA es el único final admisible para la banda terrorista y que no hay opción a más diálogos y negociaciones. Tras el bienio negro de postración ante ETA entre 2005 y 2007, la sociedad española no acepta más cese de la violencia que el que resulte de la derrota de los terroristas. Y esta derrota implica también la de sus testaferros políticos de Batasuna y del sindicato LAB. El Gobierno tiene el consenso de la sociedad y del Partido Popular para poner a ETA de rodillas ante las víctimas, pero no para sentarla de nuevo en torno a una mesa de negociación. Y el mejor homenaje que se le haría a las víctimas sería el de expresar claramente el compromiso del Ejecutivo de no abrir más mesas de diálogo.

ABC - Editorial

Crisis. Riesgos y miedos. Por Agapito Maestre

Nadie cree en Zapatero, pero son pocos los que se atreven a dar un paso al frente para hacerse cargo de la extrema gravedad de la situación económica y política.

Dicen los ilusos que "el Gobierno se ha puesto a gobernar", pero ya es demasiado tarde. No conseguirá aplacar a nadie. Sindicatos, patronal, oposición, líderes europeos y, en fin, los terribles mercados piden la cabeza de Zapatero. No son suficientes las medidas de ajuste económico ni el decreto sobre el mercado laboral para detener los riesgos, los altos riesgos, que corre Zapatero. El presidente del Gobierno tiene los días contados en esta legislatura: dimite o convoca elecciones anticipadas.

Soy escéptico sobre esa opinión. He ahí dos motivos de mi escepticismo. Primero. El Gobierno sigue tan fuera de juego como hace dos años, pero sigue en el poder, gana tiempo y desconcierta a sus oponentes gracias a las imposiciones de la UE. Segundo. Es cierto que esas acciones llegan tarde para España, seguramente demasiado tarde, pero no para el Gobierno; pues que son esas medidas las que están dándole vida al propio Ejecutivo, por ejemplo, ayer, en Bruselas, Zapatero sacó pecho por la reforma laboral aprobada el miércoles, e incluso el FMI ha valorado muy positivamente las medidas de ajustes adoptadas por España.

No obstante, la crisis económica, sin duda alguna, puede acabar con este Ejecutivo, pero, por desgracia, también la propia envergadura de la crisis hace que los críticos de Zapatero se muestren cada vez más remisos e indolentes a la hora de pedir su cabeza. Para empezar, el PP ha dejado de pedir con insistencia el adelanto de las elecciones. Tampoco se le ve muy animado y contundente a la hora de pedir su dimisión. Y, por supuesto, son muy pocos, quizá ninguno, entre los políticos profesionales en activo que pidan un Gobierno de concentración nacional, que sería, en mi opinión, la mejor solución para empezar a salir de una crisis tan terrible.

Por lo tanto, nadie cree en Zapatero, pero son pocos los que se atreven a dar un paso al frente para hacerse cargo de la extrema gravedad de la situación económica y política. Esa baza no la desaprovechará un tipo como Zapatero. Su situación es de extrema debilidad política, pero la venderá como un triunfo. Todavía le quedan piezas para maniobrar, por ejemplo, supresión de algunos ministerios, remodelación del Gobierno, nombramiento de algún peso pesado de los socialistas, decreto sobre pensiones, etcétera, etcétera.

Sin embargo, quizá sólo haya un asunto que le resultará difícil ocultar a Zapatero, a saber, la intervención de la UE en la "suspensión de pago" de España. Sí, sí, España será intervenida más pronto que tarde por la UE como le sucedió a Grecia. De hecho, ayer, en la última reunión del Consejo de Europa, presidido por Zapatero, se hacían apuestas entre los periodistas y los políticos sobre cuál sería la mejor fecha para intervenir nuestra economía. ¿Qué pasará ese día? ¿Cómo reaccionará la opinión pública? Y, sobre todo, cuando llegue ese día, sí, cuando el Gobierno de España pida un crédito a la UE para pagar las deudas de España que vencerán el próximo mes, ¿qué hará el PP?

Libertad Digital - Opinión

La lección griega. Por Fernando Fernández

No me llamen antipatriota, pero estamos cometiendo el mismo error que Grecia, aunque esta vez con menos justificación.

EL Gobierno ha aprobado la esperada reforma laboral y no ha cambiado gran cosa. No ha variado la opinión de sindicatos y patronal, ni el voto de los partidos políticos. Tampoco el criterio de los analistas que, aunque subrayan que se ha perdido una gran oportunidad para modificar el marco de relaciones laborales, se han dividido entre los que ven motivo de alegría en que el decreto posibilita el descuelgue de los convenios colectivos y los que subrayan el mantenimiento de la tutela judicial efectiva; para entendernos, la presunción de culpabilidad del empresario y la consiguiente limitación a la flexibilidad interna y externa de las empresas.

Lo que no ha cambiado en absoluto es la imagen de la economía española, como demuestra que el diferencial de la deuda, ese árbitro implacable, siga por encima de 220 puntos básicos. Cierto que ayer el Tesoro pudo colocar la deuda, pero el precio pagado fue altísimo. Tan alto que ya son legión los que lo consideran insostenible.

Era ingenuo pensar que un hecho concreto podría hacer volver la confianza a los inversores que han tachado la casilla España. Pero eso no disminuye la magnitud del problema. Si todas las reformas ya han sido anunciadas tenemos un problema. Porque una de dos, o no hemos sabido venderlas, que es la tesis oficial, o algo nuevo habrá que inventar. Como la primera opción es pueril, literalmente de niño enrabietado, tendremos que ser más creativos, en economía y en política.

En economía no nos queda más que pedir ayuda internacional. No me llamen antipatriota, por favor, pero estamos cometiendo el mismo error que Grecia, aunque esta vez con menos justificación. Si los mercados están histéricos y han perdido el norte, si están castigando injustamente a España como dicen, si en definitiva estamos asistiendo a un contagio inmerecido, ¿por qué no acudir a los mecanismos especialmente dispuestos para este tipo de situaciones excepcionales?: el Mecanismo Europeo de Estabilización y la facilidad de crédito flexible del FMI. No hacerlo por orgullo o por evitarse el coste político no es, desde luego, en mi libro de estilo sinónimo de patriotismo precisamente. Confiar en que la gente de fuera va a entrar en razón es simplemente un suicidio a plazo, como el de Grecia. La historia de episodios internacionales similares es concluyente. Ningún país al que los inversores habían colocado en suspensión de pagos, ha recuperado nunca el crédito sin un shock externo. Salvo Brasil tras la crisis argentina, pero allí hubo unas elecciones, un cambio de gobierno y una auténtica revolución en lo económico.

Lo que me lleva para terminar a la política. Sin novedades profundas no habrá recuperación. Lo sabe el propio presidente que coquetea con un cambio de gobierno que incorpore criterio y respetabilidad a un ejecutivo errante, por mudable y equivocado. Puede funcionar, pero lo dudo sin que signifique también una mayoría parlamentaria estable. Un gobierno de coalición o unas elecciones anticipadas son las únicas alternativas razonables. Cuanto antes se decida el presiente mejor, porque los inversores no van cambiar de opinión por mucho que salgan bonitas palabras de Madrid y Bruselas.

ABC - Opinión

Reforma laboral. Jugar al pierde-gana. Por Emilio Campmany

Lo que no tiene sentido es que el PSOE vote a favor de la tramitación del Decreto-Ley como proyecto de ley, pues si esto fuera lo que el Gobierno quisiera, le hubiera bastado remitir a las Cortes precisamente eso, un proyecto de ley.

Es famosa la anécdota de Pío Cabanillas padre, quien, interrogado acerca del resultado de no sé cuál congreso de la UCD, contestó: "Aún no sabemos quiénes vamos a ganar". Eso mismo es lo que pretende hacer el PSOE, pero al revés. Zapatero podría muy bien decir, si le preguntaran por el destino que en el Congreso le espera al Real Decreto-Ley de la reforma laboral algo así como: "aún no sabemos quiénes vamos a perder".

Es completamente absurdo que el Grupo Socialista en el Congreso, que sostiene al Gobierno de Zapatero, vote a favor de que el Decreto-Ley se tramite como proyecto de ley.

En España existe formalmente la división de poderes. El Gobierno, por tanto, no puede hacer leyes. Ésta función está reservada a las Cortes. Sin embargo, para casos de urgencia, se permite que el Gobierno dicte decretos-leyes, que han de ser convalidados por el Congreso para tener plena validez. Cabe, no obstante, la posibilidad de que una mayoría de la cámara, estimando la urgencia de una regulación, entienda que la remitida por el Gobierno no es la correcta y prefiera, después de convalidar el decreto, tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia para darse la oportunidad de introducir enmiendas. La posibilidad está expresamente prevista en el artículo 86.3 de la Constitución: "Durante el plazo establecido en el apartado anterior (treinta días), las Cortes podrán tramitarlos (los decretos-leyes) como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia".

Por eso, se hacen dos votaciones en el Congreso, una para convalidar el Decreto-Ley y otra, para el caso de haberlo sido, con el fin de decidir si se tramita como proyecto de ley o queda convalidado tal cual lo redactó el Gobierno.

La tramitación como proyecto de ley es un peaje que puede imponer la oposición cuando considere que la materia exige la urgencia legislativa, pero desaprueba el concreto modo en que propone regularla el Gobierno. Lo que no tiene sentido y carece de toda lógica es que el partido del Gobierno vote a favor de la tramitación del Decreto-Ley como proyecto de ley, pues si esto fuera lo que el Gobierno quisiera, que se tramitara como proyecto de ley, le hubiera bastado remitir a las Cortes precisamente eso, un proyecto de ley con petición expresa de que se tramitara por el procedimiento de urgencia, exigencia que las Cortes están obligadas a cumplir.

Entonces, ¿por qué no lo han hecho? Por un lado no podían limitarse a hacer un proyecto de ley porque la Unión Europea exige que las medidas entren en vigor de inmediato y, por otro, tienen que votar a favor de la tramitación como proyecto de ley para que no se note que es la oposición quien lo impone. Es como si, en cualquier otro asunto, el grupo parlamentario socialista votara contra el Gobierno para que no se note que el Gobierno pierde una votación.

Pero como el que mucho abarca poco aprieta, el resultado es que la reforma laboral que Zapatero ha presentado este jueves en Bruselas serán unas páginas del BOE que dicen que entran en vigor el mismo día de su publicación, aunque la realidad será que no es más que un proyecto de ley que en un mes puede tener un contenido muy diferente. ¿Será capaz de engañarles tan burdamente? Si lo consigue, chapeau.

Libertad Digital - Opinión

Europa, más Europa. Por César Alonso de los Ríos

España llegó tarde a Europa y se nota.

Es algo que se pone de manifiesto en los debates sobre la salida de la crisis. Por ejemplo, oímos constantes lamentaciones sobre la pérdida de nuestra «soberanía·. ¿Soberanía dentro de la UE? Me resulta inquietante desde el punto de vista institucional y político. Cuando, en todo caso, deberíamos aspirar a verdadero gobierno europeo, a un gobierno efectivo ¿se puede aceptar que dirigentes de partidos se quejen de la subordinación de España a políticas comunitarias? No son raras las críticas de comentaristas políticos a las «imposiciones» de Bruselas y no precisamente a la tardanza del Gobierno de ZP en obedecer las recomendaciones. Pero si esto fue desidia, incapacidad o simplemente cerrilismo ¿qué decir de quienes estarían dispuestos a echarse al monte, esto es, a la autarquía? Porque la línea del debate de fondo está siendo tal que algunos han tenido que recurrir a las consignas de Ortega para defender su europeísmo. En estos momentos de desolación echo de menos un sujeto político europeo, un real gobierno europeo, una Europa no ya confederal sino federal, un gran Estado plurinacional, con una política fiscal.

En estas horas inquietantes mi desolación ha tenido un momento de alivio al leer un texto de Amin Maalouf que quiero trasladar a mis lectores, quizá tan necesitados de ánimo como yo. Escribe el novelista libanés en «El desajuste del mundo» lo siguiente: «Cuando recorro con la vista las diversas regiones del globo, es precisamente Europa la que menos me preocupa… calibra mejor que las demás la amplitud de los retos a los que tiene que enfrentarse la humanidad… cuenta con los hombres y con las entidades necesarias para tratar el tema eficazmente y, de este modo, aparejar soluciones… implica un proyecto de agrupación y un marcado desvelo por la ética por más que a veces parezca que asume ambos con menos bríos». Que así sea.

ABC - Opinión

Crisis. El protectorado español. Por Florentino Portero

Hace bien Mariano Rajoy en reconocer que se prepara para escenarios distintos, porque no está nada claro que Rodríguez Zapatero pueda soportar los embates que la realidad, que tanto ha hecho por crear, le depara.

Cuentan las crónicas que en las vísperas del Desastre de Cuba los madrileños acudieron con pasmosa tranquilidad a una tarde más de toros, como si nada relevante estuviera en juego, como si su mundo estuviera garantizado. No fue algo excepcional. Los historiadores chocan, una y otra vez, con ejemplos semejantes de insensatez colectiva. ¿Cómo explicar la alegría liberadora con la que los jóvenes europeos fueron a la I Guerra Mundial, esa guerrita que iba a ser tan breve como resolutiva? El paisaje urbano de nuestras ciudades a primeras horas de la tarde del miércoles pasado es un ejemplo más de esa tendencia del ser humano a no querer ver aquello para lo que no tiene, o no quiere tener, respuesta.

Después de más de treinta años de practicar una diplomacia dirigida a "situar a España en el puesto que le corresponde" nos encontramos en el umbral de que se establezca en nuestro país algo parecido a un "protectorado económico", por el que el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea impondrán un ajuste económico a cambio de una garantía de financiación. Es el fracaso de una nación que, tras conquistar posición y prestigio, se ha comportado de forma irresponsable hasta sufrir finalmente una crisis de solvencia que pone en peligro la propia pervivencia del euro.

La crisis a la que tenemos que hacer frente es grave y compleja. Grave porque supone ajustar nuestra capacidad económica a la realidad, lo que implica reconocer que nuestro nivel de vida bajará, que nuestras pensiones se reducirán, que nuestra Sanidad no podrá mantener sus prestaciones... Estamos endeudados y en paro, una encrucijada de difícil salida que requerirá liderazgo y energía. Compleja porque se combinan planos distintos. Hay una crisis económica general con perfiles propios en cada país; el proceso de integración europeo ha embarrancado; la viabilidad del euro no está asegurada; el modelo de administración autonómica y local es insostenible; y, por último, tenemos el peor de los gobiernos que imaginarse pueda.

Nuestra irresponsabilidad, no sólo la de nuestro presidente, nos ha llevado a donde tristemente nos encontramos. Vamos a perder el control de nuestra política económica, pero eso no resuelve todos nuestros problemas. ¿Quién va a dirigir el ajuste? El Partido Socialista tiene mayoría en la Cámara y no hay elecciones generales previstas hasta dentro de dos años. Esto nos plantea a algunas preguntas básicas: ¿será Rodríguez Zapatero capaz de llevar adelante el ajuste que se nos va a imponer? A la vista de lo que le ha costado la pequeña reforma del mercado laboral podemos dudarlo: ¿tendrá la visión, la disposición y el apoyo parlamentario suficiente para dirigir la reforma del estado autonómico? Es poco probable. ¿Podrá nuestro presidente soportar las fortísimas tensiones que tanto el Gobierno como la sociedad van a sufrir en los próximos meses: derrumbes bursátiles, debacles electorales, pérdida de confianza popular? No le será fácil. ¿Aceptarán los "notables" socialistas un guión que les aboca a la autodestrucción en dos años? Puede ser.

Cualquiera puede comprender la estrategia seguida por el Partido Popular, tendente a forzar al actual Gobierno –primer pero no único responsable de la crisis en la que nos encontramos– a sacarnos del callejón en que nos ha metido, cociéndose de paso en su propia salsa. No es éste momento para convocar elecciones generales, ni la agenda política lo facilita ni la coyuntura aconseja más demagogia. Es tiempo de aprobar medidas drásticas para reanimar una economía seriamente dañada y quién mejor que un presidente amortizado. Una política con resabios del Antiguo Testamento pero que puede verse, como tantas otras cosas, desbordada por la riada que se nos viene encima. Hace bien Mariano Rajoy en reconocer que se prepara para escenarios distintos, porque no está nada claro que Rodríguez Zapatero pueda soportar los embates que la realidad, que tanto ha hecho por crear, le depara. Pero prepararse es mucho más que mentalizarse, condición previa pero insuficiente. ¿Tiene el PP un plan para reformar la España de las autonomías, a cuya quiebra ha colaborado como el resto de las fuerzas políticas? ¿Están dispuestos a asumir la impopularidad de aplicar un ajuste drástico al dictado de entidades extranjeras? ¿Han elaborado un discurso para dirigirse a la sociedad y explicar la política que tendrán que hacer? A la vista del populismo neo-peronista del que vienen haciendo gala los portavoces de Génova no tenemos por qué ser optimistas.

El tiempo vuela y el momento de la verdad puede estar a la vuelta de la esquina.

Libertad Digital - Opinión

El Gobierno que viene. Por M. Martín Ferrand

Cabe sospechar, en razón de la idiosincrasia del personaje, que será un nuevo Gobierno viejo.

ZAPATERO, convertida en mueca su vieja sonrisa, la del talante, culmina su semestre como presidente de la Unión Europea sin haber conseguido ninguna de las grandes metas que se había propuesto, y nos había anunciado, para bien aprovechar su posibilidad planetaria. Tal y como está Europa —tan funcionarial, tan anquilosada— no se puede hablar de ridículo, pero cerca le anda no haber culminado ni una sola de las grandes cumbres programadas. Ahora, tras haber oficiado como partero de una «reforma laboral» que tampoco pasará a la tabla de los momentos culminantes de nuestra Historia, ya solo le queda a José Luis Rodríguez Zapatero preparar —¿perpetrar?— el Gobierno con el que poder llegar, sin salir de La Moncloa, hasta las elecciones de 2012. Cabe sospechar, en razón de la idiosincrasia del personaje que será un nuevo Gobierno viejo.

José María Carrascal, revestido de filósofo en su magnífica autobiografía apócrifa de José Ortega y Gasset, le hace decir a su biografiado: «Un liberalismo socializado en una sociedad liberalizada era nuestro lema» —a finales del 1917, cuando con Félix Lorenzo y Nicolás María de Urgoiti, preparaba la salida del diario El Sol—. De ahí vienen siempre los líos, de la confusión y de las mezcolanzas complacientes. Pretendía un periódico diferente, una política diferente y una España diferente... y les salió todo demasiado diferente. ¿No nos bastaría con ser, más o menos, iguales que los más notables y prósperos de los países de nuestro entorno continental? En el caso del Gobierno de Zapatero, si no es realmente diferente del actual no será Gobierno. Ejercerá como tal, pero sin más orden ni concierto que el de una voluntariosa e inexperta muchachada atemperada por tres viejos felipistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, Manuel Chaves y Ángel Gabilondo.

La selección de personal no es, por lo que llevamos visto, la mejor habilidad de Zapatero; pero, nombres al margen, si su próximo Gobierno no prescinde de dos vicepresidencias y, por lo menos, cuatro Ministerios —Ciencia y Tecnología, Cultura, Vivienda e Igualdad— estaremos hablando de maquillaje y no de propósito de la enmienda. Será difícil que quien ha evidenciado gran aversión a la excelencia resulte capaz de rodearse de los mejores; pero supondrá un avance que no lo haga, como ahora, de una selección de los peores. Ya veremos y nos divertiremos, sobre todo, con el nuevo emplazamiento de José Blanco, pretendido hombre de Estado de lunes a viernes y feroz sectario en los fines de semana. «En España —vuelvo a citar a Carrascal-Ortega— por no pasar nunca nada, cuando pasa, siempre hay riesgo de que pase todo».

ABC - Opinión