Voluntarismo jurídico. Por Pedro M. González

Cuando no existe separación de poderes, las decisiones judiciales no se ajustan a razones de legalidad, sino al voluntarismo político de quien controla la economía y la elección de los cuadros de mando de la Administración de Justicia. Se redacta primero el fallo judicial para construir después los fundamentos de derecho fijando por último los antecedentes fácticos acreditados según sea conveniente, y en la excusa de la plena potestad valorativa del juzgador dependiente. Así la sentencia alcanza su utilidad práctica. La razón de estado suplanta a la lógica jurídica. Es el triunfo del Estado de Derecho y la condena al ostracismo de la República de Leyes.

La portavoz del CGPJ, doña Gabriela Bravo, aseveró sin rubor el pasado 9 de diciembre, en comparecencia ante los medios de comunicación, que está “segura de que según como se vayan desarrollando los acontecimientos se adoptará la decisión judicial más adecuada” en el caso de la activista saharaui Aminatu Haidar, en huelga de hambre desde hace más de veinte días a la fecha de tales declaraciones. Así lo ha indicado la representante del órgano de gobierno de los jueces al ser preguntada sobre si un Juez podría acordar que Haidar sea alimentada de manera forzosa tras la reunión de la Comisión de Coordinación entre el CGPJ y las comunidades autónomas.

Bravo lamentó que se haya llegado a esta situación añadiendo que se trata de un asunto “muy delicado” porque “está viéndose afectada la salud de una persona en aras a sus principios y a una serie de convicciones”, ofreciendo a la par una solución jurídica que se amolde a las determinaciones políticas de Marruecos y España al referir que “al Consejo no le corresponde adelantar decisiones judiciales y según como se vayan desarrollando los acontecimientos estoy segura de que se adoptará la decisión judicial más adecuada”. Afirmación que no puede atribuirse a lapsus de ningún tipo, ya que seguidamente reiteró como a su juicio, al CGPJ no le corresponde hacer valoraciones sobre el fondo del asunto “sino esperar a que las resoluciones judiciales en base al desarrollo de las circunstancias se vayan produciendo. Nos encantaría desde el Consejo que esto tuviera una solución lo más pronto posible”.

La idea que de la Justicia como método objetivo de solución pacífica de conflictos sometido al esencial principio de seguridad jurídica tienen los delegados políticos de su Administración en esta monarquía de poderes inseparados es elocuente de su servil finalidad última. Nada mejor para el triunfo de la causa de la Libertad política que transcribir literalmente sus declaraciones, que los definen nítidamente.

República Constitucional

Desafección catalana

La consulta soberanista, minoritaria, se beneficia del mayoritario temor a un recorte del Estatuto

Jamás en 30 años de autonomía el independentismo se había sentido con el suficiente vigor en Cataluña como para plantearse, siquiera como ejercicio festivo, la celebración de una consulta sobre la autodeterminación. El experimento del pasado septiembre en Arenys de Munt, un éxito de sus promotores a efectos de propaganda, cristalizó en el ensayo general de ayer en 166 municipios que suman 700.000 electores, el 10% de la población catalana. Como estaba previsto, el sí ganó con claridad en la votación, legal aunque jurídicamente inocua. Pero las cifras de participación enfriaron ligeramente la euforia de los convocantes: sólo fueron a las urnas unos 200.000 catalanes. Es decir, cerca del 30% de los convocados, 20 puntos menos que en el referéndum del Estatuto y 10 por debajo del listón que se había fijado la propia organización. Este porcentaje, sin embargo, es sensiblemente superior al peso sociológico del independentismo catalán, que según las encuestas ronda el 20%.

Quien los busque hallará sobrados argumentos para desdeñar el valor de esta consulta como termómetro social. Es obvio que ha sido un divertimento organizado por y para independentistas, de modo que quienes no lo son carecían de incentivos para acudir a las urnas. Que se tratara de una votación testimonial explica que ningún partido hiciera campaña por el no, y también que muchos hayan apoyado la autodeterminación sin sopesar seriamente las consecuencias que ésta acarrearía. Siendo cierto todo ello, sería miope despreciar la espuma sin analizar el mar de fondo subyacente.

Hace cuatro años, cuando el Parlamento catalán envió a las Cortes su proyecto estatutario, se desencadenó una feroz campaña que dio en llamarse catalanofobia. Al estruendo mediático se sumó la recogida de firmas contra el Estatuto a cargo del PP, la ofensiva contra la OPA de Gas Natural sobre Endesa (antes alemana que catalana, sugirió una conspicua líder conservadora) y el boicot al cava, por poner tres ejemplos. Germinó entonces en Cataluña un sentimiento de desafección hacia el resto de España que con el tiempo ha anidado de modo transversal en influyentes sectores sociales. El temor a que el Tribunal Constitucional dicte un severo recorte del Estatuto está alimentando ahora ese desapego.

La sensación de que lo que esbozó el Parlamento, troquelaron las Cortes y refrendaron los catalanes puede acabar hecho trizas en manos del alto tribunal debilita en Cataluña a los valedores de la vía autonomista -quienes aún sueñan con una España federal y en paz con su propia pluralidad- y envalentona a los oportunistas del cuanto peor mejor, deseosos de que un Estatuto gravemente mutilado alumbre una mayoría favorable a la independencia. El líder de CiU, Artur Mas, reconoció hace poco que una consulta soberanista de carácter vinculante sólo evidenciaría que, por ahora, "Cataluña quiere ser española". La peor noticia sería que su diagnóstico quedase obsoleto.

El País - Editorial

Señoritos reaccionarios. Por Emilio Campmany

La manifestación del sábado fue la de los trabajadores que tienen trabajo indefinido y disponen de un blindaje legal contra el despido consistente en una gravosa indemnización que el empresario ha de pagar si decide prescindir de ellos.

Los "cocos", uno de los sindicatos que habían convocado la manifestación del sábado, prepararon para los asistentes una diversión de feria. La atracción estaba sin duda inspirada en los chistes de Forges, pues recordaba a aquellas viñetas en las que el genial humorista dibujaba a un paisano en la calle vendiendo "atícele a su jefe por un duro". A su lado se dibujaba una cola de gente muy diversa dispuesta a arrearle por tan módico precio a un dominguillo que representaba el que podría haber sido el jefe de cualquiera. Los "cocos", sin tanta gracia, montaron en Neptuno un "stand" con los retratos de Zapatero, Díaz Ferrán y Rajoy y exigían a los manifestantes: "Compañero, compañera, échale huevos y rompe con la crisis". Y naturalmente los compañeros y compañeras disfrutaron echándole huevos a las efigies de los tres desgraciados.

Fue lo mejor de la manifestación. Y también lo más falso. Aquello no fue el grito de unos trabajadores contra la crisis, que habría sido como protestar por el clima. El objeto fue otro. Ignacio Fernández Toxo lo explicó muy bien: "No hay atajos a la creación de empleos a través de la precarización del trabajo. Si es así, éste es el atajo para llegar a un conflicto social de otra naturaleza a la que nos ha traído hoy aquí". Dicho en román paladino, los sindicatos no aceptan que se abarate el despido para estimular la contratación. Al parecer, ni siquiera consienten que pueda hacerse para los nuevos contratados, por miedo a que la medida termine afectando a los que ya lo están, habitantes de ese olimpo de las indemnizaciones de 45 días por año trabajado.

Así pues, la manifestación del sábado fue la de los trabajadores que tienen trabajo indefinido y disponen de un blindaje legal contra el despido consistente en una gravosa indemnización que el empresario ha de pagar si decide prescindir de ellos. Se manifiestan para amenazar a quien ose tocarles ese derecho. Conservadurismo, cuando no pura reacción, es lo que destiló aquella manifestación.

The Economist lo explicaba muy bien hace un par de semanas: la legislación española empuja al empresario a despedir, cuando tienen que hacerlo, a los trabajadores más recientes, no a los más ineficaces. Se da por hecho que los que llevan más tiempo en la empresa trabajan mejor que los que llevan poco. Sin embargo, no siempre es así. Es más, el excesivo blindaje puede impulsar a algunos trabajadores veteranos a no esforzarse lo que podrían precisamente porque saben que no serán despedidos, por lo menos, mientras no lo sean sus compañeros más jóvenes. De igual modo, los recién contratados no tienen por qué ser mejores que los antiguos, pero con el actual sistema, es lógico que tiendan a esforzarse más con la intención de compensar con su esfuerzo lo relativamente barato que resulta despedirles a ellos.

UGT y Comisiones Obreras se presentaron el sábado como los defensores de los trabajadores frente a los señoritos empresarios que quieren abusar de ellos aprovechando la crisis. Las cosas no son exactamente así. En la portada del ABC del domingo se veía a un militante catalán de Comisiones Obreras (se sabe porque portaba una señera con el acrónimo "ccoo") recibiendo los servicios de un limpiabotas en la Puerta del Sol de Madrid. ¿Quién era el señorito y quién el trabajador?

LibeDigital - Opinión

La resaca del Butifarrendum. Por José García Domínguez

El problema nunca lo ha representado el independentismo, sino el catalanismo. Y ello por una razón simple, a saber, la genuina esencia de esa religión civil no es política –construir un estadito nacional–, sino metafísica: recuperar la pureza primigenia.

Prueba de que Cataluña constituye el último baluarte de la España cejijunta es que, fiel a la muy canónica tradición de la barbarie peninsular, ha condenado al exilio a otro de sus –muy contados– talentos, Albert Boadella. Ya se lo advirtió Pla, que conocía al ganado local mejor que nadie: "Vigile, Boadella, sobre todo vigile mucho, que Cataluña es un país de cobardes". Pero él desoyó el consejo del maestro al violar la constitución no escrita que rige la vida civil en este páramo. Ésa cuyo artículo primero reza: "A los apóstatas que abjurasen de la santa religión identitaria se les respetarán honor, empleo y hacienda siempre y cuando permanezcan mudos con expresa renuncia a ejercer la condición jurídica de ciudadano".

De ahí que haya sido en el destierro donde acaba de concebir una asociación cívica que bien pudiera llamarse "Que se larguen de una puta vez". Iniciativa loable, sobre todo por el cargante soniquete perdonavidas que subyace tras charlotadas como ésa del Butifarrendum secesionista. Y es que a muchos agnósticos locales nos resulta indiferente que Cataluña se declare república de Ikea, cantón, confederación de masías o sultanato islamista. Consumada de facto la secesión sentimental de España, la letra pequeña de la ruptura material nos trae sin cuidado.

No obstante, el problema nunca lo ha representado el independentismo, sino el catalanismo. Y ello por una razón simple, a saber, la genuina esencia de esa religión civil no es política –construir un estadito nacional–, sino metafísica: recuperar la pureza primigenia de una identidad tribal contaminada por el estigma español. Razón última de su obsesivo cerco a los no creyentes en tantas parcelas de la vida cotidiana. A esos efectos paranoicos, resulta accesoria la división entre independentistas, confederales, soberanistas, federalistas o simples regionalistas, si los hubiera.

Igual da porque el catalanismo que a todos impregna no es un argumento político, sino una forma de argumentar políticamente: la que se presenta a sí misma como si fuese una realidad objetiva de la Naturaleza, una verdad tan indiscutible e inobjetable como la montaña del Tibidabo o el teorema de Arquímedes. Ese cerril dogma hegemónico, y no la minoría independentista, es quien ha condenado al ostracismo tanto a los catalanes que viven en el exilio exterior como en el interior. Lo otro, que se marchen o no, ¿a quién le importa?

Libertad Digital - Opinión

Un fracaso que no sólo es del nacionalismo

Mal casa el discurso nacionalista de que Cataluña se encuentra oprimida por el resto de España con la baja participación que ha tenido una consulta a la que tanto bombo se le había dado y sobre la que tantas expectativas habían depositado los radicales.

Apenas una semana después de que se celebrara el trigésimo primer aniversario de la Constitución española, el nacionalismo catalán ha organizado toda una serie de consultas populares en diversos municipios de la comunidad autónoma para plantear a los ciudadanos catalanes si desean que esta región se independice de España.

Este proceso, que pretendía convertirse en la punta de lanza de un chantaje al resto de españoles para que acepten la imposición de un nuevo marco institucional por la decisión unilateral de una parte de España, contó con el apoyo unánime de todo la plana mayor del catalanismo más radical, sin excepción alguna. Y pese a ello, el fracaso ha sido rotundo: apenas un 30% del censo llamado a votar, lo ha hecho. Similar porcentaje al que apoyó en las urnas el inconstitucional estatuto que lleva varios años atascado en el Tribunal Constitucional.

Será que, en efecto, una parte minoritaria de la sociedad catalana, una oligarquía, ha secuestrado política, económica y socialmente al resto de la sociedad para, gracias al victimismo nacionalista, vivir a costa de ella y del resto de España. Un proceso de dominación contra el que, sin embargo, sólo se han revelado unos pocos grupos heroicos que contrastan con la mansurrona indiferencia del resto de ciudadanos. Una muestra más de que entre los catalanes se encuentran exacerbados los rasgos característicos de la España actual: su anestesia y complaciente aceptación del intervencionismo político en todos sus órdenes.

Desde luego, mal casa el discurso nacionalista de que Cataluña se encuentra oprimida por el resto de España y de que sus ansias independentistas son un clamor social con la muy baja participación que ha tenido una consulta a la que tanto bombo se le había dado y sobre la que tantas expectativas habían depositado los radicales.

Con todo, tampoco habría que caer en la trampa nacionalista de pensar que estas consultas celebradas fuera de la legalidad, controladas por los secesionistas y pensadas para influir sobre las instituciones comunes de todos los españoles, poseen algún tipo de relevancia política. Puede que el nacionalismo no haya obtenido un éxito completo porque las cifras no han acompañado, pero desde luego sí ha logrado un éxito parcial derivado de la mera celebración de las consultas con la aquiescencia de los gobiernos español y catalán.

Sólo con el hecho de que haya imperado la "normalidad" en un acto dirigido a subvertir el régimen de libertades que permite su celebración, los catalanistas ya han obtenido el éxito mediático que buscaban para seguir cabildeando al PSOE y, a través de él, al Gobierno de la nación. La oligarquía catalana, minoritaria, alcanza buena parte de los objetivos que ambiciona y que explican su razón de ser: lograr una influencia sobre la vida del conjunto de los españoles muy superior a la que dictaría su representatividad dentro de la nación.

Porque, no debe olvidarse, este tipo de consultas se celebran presuponiendo que la nación española, la base del régimen constitucional, no existe: justo donde quiere llegar el nacionalismo. Pues tan inaceptable sería que un 30% de los catalanes decidiera sobre cuáles deben ser las pensiones de los gallegos como que ese 30% quiera modificar a su gusto la configuración y la legalidad del Estado español. Si se trocea la ciudadanía, se trocean las libertades: cualquier minoría de ciudadanos podría entonces escindirse y convertirse en una mayoría que pueda explotar a las nuevas minorías resultantes.

Ese era el fundamento inaceptable de la consulta que no ha sido atacado de manera suficiente por nuestras instituciones. De ahí que, sobre todo, ayer fracasara un régimen político que no ha sabido frenar el crecimiento del nacionalismo y que haya degenerado una partitocracia que más que combatir a quienes pretenden acabar con las libertades que supuestamente garantiza ese régimen, se alían entusiastas con ellos para así permanecer en el poder en lo que quede de España.

Libertad Digital - Opinión

Zapatero, quien siembra vientos...

LA celebración ayer de consultas independentistas en 166 municipios catalanes no pone en riesgo la unidad de España, pero demuestra que Rodríguez Zapatero pasará a la historia por ser el mejor aliado del nacionalismo separatista desde 1978.

Zapatero llegó al poder en 2004 como el pacificador de las tensiones territoriales provocadas por José María Aznar, a quien incluso reprochaba ser el responsable del «plan Ibarretxe» por su enfrentamiento con el PNV. Pero con Aznar no hubo una sola urna ilegal en las calles vascas. Ahora, gracias al PP, hay un socialista en Ajuria Enea y el PNV calienta el banco de la oposición. Antes de ganar las elecciones de 2004, Zapatero ya mostró su estrategia con el «Pacto del Tinell», esa alianza entre el socialismo español y los nacionalismos catalanes para blindarse frente a la derecha y consolidar el poder. Los socios de aquella aventura son los que ayer celebraron referendos para la independencia catalana.

La escasa participación y la irrelevancia jurídica de las consultas no empañan el problema que se le viene encima a España por culpa de aquellas decisiones oportunistas y electorales que tomó Zapatero para sacar adelante el Estatuto catalán. No cerró ninguna reivindicación soberanista, sino que las alimentó al renunciar a la defensa de principios básicos del Estado constitucional, como la unidad de la soberanía nacional y la supremacía de la Constitucional. Estas consultas de pega que se celebraron ayer en Cataluña son los fuegos artificiales que festejan el desistimiento del PSOE ante el nacionalismo catalán, tan letal para la existencia de una izquierda con sentido nacional que este proceso de excitación soberanista se produce con dos socialistas en los gobiernos central y catalán. Aquí no hay derecha a la que culpar.

Es evidente que el Estatuto catalán es sólo un peaje, pero no el punto final de una estrategia incansable de enfrentamiento con el Estado. Con o sin Estatuto, los nacionalistas siguen propiciando la inestabilidad de España, pero respecto de la etapa de Aznar hay actualmente una diferencia esencial: el Gobierno de Rodríguez Zapatero es ahora un cooperador necesario, por acción y por omisión, de esta operación de derribo del Estado y la Constitución en Cataluña. Después de haber promovido innecesarios procesos de reforma estatutaria, haber infiltrado con el Estatuto catalán un modelo confederal que vulnera la Constitución y haber legitimado con pactos y reparto de poder a los más rancios separatismos, el resultado es que no pasa día sin que el Estado reciba una nueva amenaza nacionalista.

ABC - Editorial

Gibraltar inglés. Por Arturo Pérez Reverte

Los guardias civiles son inocentes como criaturas. Tanto golpe de tricornio y bigotazo clásico, y luego salen pardillos vestidos de verde. A quién se le ocurre pedir instrucciones concretas al Gobierno español sobre cómo actuar en aguas próximas a Gibraltar, donde la Marina Real británica lleva tiempo acosándolos cuando sus Heineken se acercan a menos de tres millas del pedrusco, pese a que la colonia no tiene aguas jurisdiccionales. Cada vez que una lancha picolina anda por allí persiguiendo a narcotraficantes y demás gentuza, los de la Navy salen en plan flamenco a decirle que o ahueca el ala o se monta un desparrame, mientras la embajada británica denuncia «inaceptable violación de soberanía». Para más choteo, la marina de Su Graciosa usa boyas con la bandera española en sus prácticas de tiro, a fin de motivarse. Cada vez, nuestros sufridos guardias, «para evitar males mayores y siguiendo instrucciones», no tienen otra que dar media vuelta y enseñar la popa. Y claro. Como el papel es poco gallardo, algunas asociaciones profesionales de Picolandia piden que esas instrucciones se den de forma clara, para saber a qué atenerse. Porque hasta ahora, la única recibida de sus mandos es la de «seguir patrullando por las mismas aguas, pero evitar conflictos mayores». O sea, largarse de allí cada vez que los ingleses lo exijan. Que es cuando a éstos les sale del pitorro.

La verdad. No he hablado últimamente con el ministro Moratinos, ni con el ministro Pérez Rubalcaba. Ni últimamente, ni en mi puta vida. Pero eso no es obstáculo, u óbice, para que desde esta página me sienta cualificado –como cualquiera de ustedes– para despejar la incógnita que atormenta a nuestros picolinos náuticos. ¿Cuándo el ministerio español de Exteriores va a dar un puñetazo en la mesa?, preguntan. Y la respuesta es elemental, querido Watson. Nunca. Suponer a un ministro español dando puñetazos en una mesa inglesa, o somalí, requiere imaginación excesiva. Las instrucciones a la Guardia Civil puedo darlas yo mismo: obedecer toda intimación británica y no buscarle problemas al Gobierno, a riesgo de que los guardias chulitos acaben destinados forzosos en Bermeo, o por allí. Porque si insisten, y los detienen los ingleses, y se les ocurre resistirse a la detención, para qué le voy a contar, cabo Sánchez. Sujétese la teresiana. La instrucción, que ya regía en pleno esplendor cuando gobernaba el Pepé –a ése también se la endiñaban bien–, vale para todo incidente imaginable: desde ametrallamiento de bandera, a copita y puro de la Navy con las zódiacs de los narcos, pasando por submarinos nucleares con tubo de escape chungo y paradas navales con banda de música y majorettes. Por el mismo precio también incluye la opción de desembarco de los Royal Marines de maniobras en las playas de La Línea, como ocurrió hace unos años, y la sodomización sistemática de los agentes del servicio marítimo de la Guardia Civil o de Vigilancia Aduanera a quienes la marina inglesa, al mirarlos con prismáticos, encuentre atractivos. Todo sea por evitar conflictos mayores.

Y ahora, una vez claras las instrucciones –luego no digan que no son concretas–, una sugerencia: podríamos dejarnos ya de mascaradas. De teatro estúpido que ofende la inteligencia del personal, guardias civiles incluidos. Gibraltar no va a ser devuelto a España jamás, y ninguno de los gobiernos pasados, presentes ni futuros de este país miserable, con el Estado sometido a demolición sistemática y los ciudadanos en absoluta indefensión, está capacitado para sostener reivindicación ninguna, ni en Gibraltar ni en Móstoles. Y no es ya que los gibraltareños abominen de ser españoles. En esta España incierta y analfabeta, desgobernada desde hace siglos por sinvergüenzas que han hecho de ella su puerco negocio, lo que desearíamos algunos es ser gibraltareños, o franceses, o ingleses. Lo que sea, con tal de escapar de esta trampa. Huir de tanta impotencia, tanta ineptitud, tanta demagogia, tanto oportunismo y tanta mierda. Largarnos a cualquier sitio normal, donde no se te caiga la cara de vergüenza cuando ves el telediario. Lejos de esta sociedad apática, acrítica, suicida, históricamente enferma.

>Podrían dejarse de cuentos chinos. Reconocer que España es el payaso de Europa, y que Gibraltar pertenece a quienes desde hace tres siglos lo defienden con eficacia, en buena parte porque nadie ha sabido disputárselo. Y porque la Costa del Sol, donde los gibraltareños y sus compadres británicos tienen las casas, el dinero y los negocios, se nutre de la colonia; y sin ésta esa tierra sería un escenario más, como tantos, de paro y miseria. Así que declaremos Gibraltar inglés de una maldita vez. Acabemos con este sainete imbécil, asumiendo los hechos. La Historia demuestra que la razón es de quien tiene el coraje de sostenerla. Nunca de las ratas cobardes, escondidas en su albañal mientras otros tiran de la cadena.

XL Semanal

Ni Policía ni televisión. Por M. Martín Ferrand

HERMANN Tertsch, brillante frecuentador de estas páginas, ha sufrido dos agresiones que invitan a meditar sobre la endeblez de nuestras estructuras sociales y políticas. Una, la más tremenda, fue de naturaleza física. Un canalla le pateó por la espalda mientras, en un pub, consumía la última copa del día, la que nos sirve a muchos para aliviar el examen de conciencia que conviene al final de una jornada. Ese es un asunto meramente policial y el hecho de que una semana después del atentado, producido en un lugar cerrado y con testigos, no conozcamos la identidad del agresor demuestra la escasez funcional del Ministerio del Interior, entregado a los grandes asuntos de la seguridad del Estado en olvido de la protección a los ciudadanos.

La segunda de las agresiones padecidas por Tertsch, la primera en el tiempo, me parece de mayor gravedad y es sintomática del impresentable modelo audiovisual, publico y privado, que padecemos. Un programa pretendidamente humorístico de La Sexta, «El intermedio», manipuló unas imágenes del periodista en el transcurso del informativo que presenta y dirige en Telemadrid y, aunque sea difícil verle la gracia al montaje, le tildó de asesino múltiple. Le presentó como un malvado dispuesto a llevarse por delante a un largo muestrario de gentes indeseables. Eso es muy alarmante porque, en diferencia con la patada que le rompió unas costillas, la grosería difamatoria, la bellaquería calumniosa, está a la orden del día en las televisiones que se dicen respetables y, para parecerlo, presentan en el vértice de sus pirámides de poder a personajes de generalizado respeto.

Tertsch podría ser una provocación constante para la olvidada polémica periodística. Su transformación personal y profesional acreditan una cierta indigestión en las lecturas del errático André Gluksmann, del confuso Mijail Bulgakov o de otros especimenes intelectuales del corte de Adam Michnik. Esos son elementos para un debate enriquecedor, de los que tanta falta hacen y no suministran los medios audiovisuales. Pero lo de la patada, que clama al Purgatorio, o lo del agravio de La Sexta, que clama al Cielo, son muestras de un Estado que no funciona y de una Nación que ha alcanzado un nivel de envilecimiento insufrible y repugnante. La libertad conlleva responsabilidad y, como dijo George Bernard Shaw, que no era de derechas, por eso la teme la mayoría.

ABC - Opinión

Gimnasia peronista. Por Ignacio Camacho

UNOS sindicalistas que no se manifestasen serían como un escritor que no escribiese, un bailarín que no bailara... o un trabajador que no trabajase. Un contrasentido, una incoherencia, un oxímoron. Las manifestaciones son la gimnasia del sindicalismo, el ejercicio que sacude su pereza, desengrasa su cintura, estira sus músculos y oxigena sus arterias. Unos sindicatos que no se movilizan sienten la misma malograda frustración que una cofradía que no procesiona. Sin agitación callejera se abotargan, se entumecen en rutinas burocráticas que anestesian su combatividad, liman su fiereza y cuestionan su razón de ser. El sindicalismo negociador acaba perdiendo crédito, prestigio e influencia si no se vivifica a sí mismo con alguna demostración de fuerza.

El problema surge cuando los aparatos sindicales se acomodan, como ha sucedido en España, en la burocracia apoltronada de una estructura de poder, acolchada por subvenciones y blindada de complicidad institucional. Cuando en medio de una aguda crisis social los liberados sindicales y los delegados de los comités son inmunes a los despidos que diezman las empresas mientras el Gobierno mima a sus dirigentes y se pliega a sus exigencias. Cuando los trabajadores que sienten la amenaza del paro y los desempleados que ya la sufren comienzan a mirar a las centrales con el recelo de una casta. Entonces urge encontrar un enemigo, urdir una retórica, concebir una confrontación con la que justificar el aparataje, simular combatividad y ahuyentar la apariencia de conformismo. Para eso siempre están ahí los empresarios, como un abstracto ideograma de antagonismo, adversarios eternos y ontológicos de la clase trabajadora.

Los odiosos empresarios, los «panzudos patrones» que decía Atahualpa Yupanqui, resultan el objetivo ideal para orquestar una movilización rutinaria, una demagogia facilona, una esquemática representación maniquea del bien y el mal. Aunque hayan cerrado 140.000 empresas, aunque la recesión sacuda el tejido productivo con oleadas de quiebras. En la retórica sindical el empresario es sinónimo de codicia, tiburoneo, voracidad y usura. La patronal representa el tópico opulento, la antipática iconografía de la riqueza explotadora contra la que desplegar en la calle la musculatura de pancartas, eslogans y banderas sin riesgo de molestar al munífico Gobierno amigo que provee la confortable subsistencia corporativa.

Esta alianza populista de intereses en la que el poder utiliza como fuerza de choque a los sindicatos a cambio de un privilegio institucionalista es bien antigua y pervive en la política contemporánea a través de un dudoso fenómeno llamado peronismo. Ayer, en la escenografía perezosa de la multitudinaria, apacible y poco convencida marcha-excursión de Madrid, sólo faltó un tambor que marcara el triunfal estribillo: «Zapatero, qué grande sós».

ABC - Opinión

Dilema exterior

España se enfrentará a la presidencia de la UE con una diplomacia en horas bajas.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que en su segunda legislatura prestaría a la política exterior la atención que faltó en la primera. Los hechos no parecen haber corroborado su compromiso, no sólo porque siguen sin apreciarse las líneas principales con las que pretende definir la posición de España en el mundo, sino también porque la gestión de los incidentes que se han sucedido en los últimos tiempos ha revelado las debilidades de nuestra diplomacia.

La constatación de que, en vísperas de asumir la presidencia de turno europea, la política exterior no está a la altura de un país como España no autoriza, sin embargo, a ejercer cualquier tipo de oposición, según parece haber entendido el Partido Popular. Su comportamiento durante el secuestro del Alakrana perdió de vista los intereses españoles cuya protección es responsabilidad de todas las fuerzas políticas, ejerzan o no tareas de Gobierno. Y lo mismo cabe decir de algunas declaraciones recientes sobre el secuestro de los cooperantes en Mauritania o el caso Haidar.

Son distintas las responsabilidades contraídas por las partes que han llevado a una situación como la de la activista saharaui. La de España consiste en haber servido de instrumento a una intolerable decisión del Gobierno marroquí. Apelar a que la decisión de que Haidar volviera a Lanzarote, como han dicho Zapatero y otros miembros de su Gobierno, fue simplemente administrativa se contradice con el argumento de que se autorizó su regreso por razones humanitarias, aun cuando no haya en realidad humanitarismo alguno en ejecutar una medida inicua de otro Gobierno. Pero la primera y principal responsabilidad es la de Marruecos, y es a su rey y a su Gobierno a quienes deberían dirigirse en primera instancia las exigencias para alcanzar una solución.

De ahí que resulte artificial la polémica en torno a la posible mediación del rey Juan Carlos. No es sólo que la gestión de la política exterior corresponde al Gobierno, sino que las peticiones de intervención al jefe del Estado parecen olvidar quién debe corregir la decisión que está en el origen de la situación de Haidar. Una vez que han fracasado las gestiones realizadas por la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, queda acaso la mediación de un actor hasta ahora en un segundo plano pese a sus intereses con Marruecos y con España: Francia. Se entiende mal, sin embargo, que ante cada crisis con Marruecos haya que recurrir a gestiones internacionales.

Zapatero se enfrenta a un dilema con respecto a su política exterior: al mismo tiempo que necesita con urgencia un impulso inequívoco, la inminencia de la presidencia europea limita su margen de maniobra para llevarlo a cabo. Sería gravemente perjudicial para los intereses españoles que los próximos seis meses al frente de la UE se saldaran, no ya con un fracaso, sino con una gestión que no comience a sentar las bases de la política europea, y, por tanto, también de la española, ante los tiempos que se avecinan.

El País - Editorial

Los mantenidos de Zapatero salen en su ayuda

Los sindicatos denominados "mayoritarios" no son una institución democrática al servicio del trabajador, sino órganos políticos al servicio de una ideología sectaria donde las haya.

La manifestación de los sindicatos contra los empresarios celebrada ayer es el acontecimiento más surrealista del mandato de Zapatero, y eso que el listón no había dejado de elevarse desde que llegó el poder tras los atentados del 11 de marzo de 2004.

Si los sindicatos llamados “de clase” habían tenido alguna vez un mínimo de legitimidad, tras esta bochornosa expresión callejera la han perdido por completo, esperemos que definitivamente. Ni representan a los trabajadores ni defienden sus derechos, el primero de los cuales es el de tener un puesto de trabajo que el Gobierno de Zapatero, al que tanto arropan y admiran, viene destruyendo en los últimos tiempos a una velocidad nunca vista en un país desarrollado.

Felizmente instalados en el siglo XIX, los profesionales del sindicalismo subvencionado de forma forzosa por todos los españoles siguen utilizando una dialéctica impropia de países avanzados y con cierto nivel cultural. Para estos depredadores del bolsillo ajeno, incluido el de la “clase trabajadora” que es la que más los sufre, el enemigo a batir es el empresario privado por el grave “delito” de jugarse su patrimonio para poner en pie un negocio creando riqueza y puestos de trabajo. Esta simpleza argumental proviene del hecho de que los sindicatos españoles no viven de las aportaciones de sus afiliados, sino de las abundantes subvenciones y gabelas que el gobierno les concede, incluso en mitad de una crisis pavorosa. Así pues, ¿a quién van a salir a defender llegado el caso? Pues, naturalmente, a Zapatero, que es quien desvía a sus bolsillos el dinero que previamente extrae mediante coacción fiscal de todos los ciudadanos, estén o no de acuerdo con la revolución marxista y la lucha de clases que nuestros sindicalistas defienden en sus algaradas.

Y es que en ésta última manifestación sindical, como en todas las anteriores organizadas por la izquierda, hemos podido asistir de nuevo al espectáculo grotesco de ver desfilar por las calles de un país libre la simbología clásica de la antigua URSS, el sistema político más nocivo que jamás ha conocido la humanidad, abundantemente rodeada por enseñas preconstitucionales pertenecientes a la II República, cuyo fruto principal fue desembocar en una Guerra Civil atroz del que la izquierda española sigue sintiéndose profundamente orgullosa.

Y como los vividores del esfuerzo ajeno tienen propensión a agruparse, en lugar destacado de la manifestación y más tarde en la tarima de oradores tuvimos ocasión también de contemplar la actuación desvergonzada de destacados representantes del mundo del cine y la televisión, poniendo también su granito de arena para denigrar a los que, en medio de todas las dificultades económicas, agravadas por la nefasta gestión de Zapatero, tratan de mantener a flote sus empresas y negocios y salvar los escasos puestos de trabajo que todavía sobreviven al azote socialista.

Los sindicatos han acreditado una vez más, por si alguien todavía no se había enterado, que su papel en esta crisis no es defender a los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo ni facilitar el camino al resto de agentes económicos para que puedan encontrar un nuevo empleo, sino apoyar de la forma más indecorosa al principal responsable del actual desastre económico con quien comparten una determinada visión política. No son una institución democrática al servicio del trabajador, sino órganos políticos al servicio de su ideología, sectaria donde las haya. Constatada esta realidad de forma concluyente, sólo queda esperar que el próximo dirigente político en el gobierno de la Nación les otorgue la legitimidad que estrictamente merecen. Ni más ni menos que la que ellos mismos se han ganado a pulso voluntariamente.

Libertad Digital - Editorial

Falacia y fracaso sindical

DESDE hace tiempo, la opinión pública contempla la actitud de los sindicatos ante la crisis económica con una mezcla de indignación y perplejidad. Muchos millones de ciudadanos padecen el drama del paro y nadie consigue ver la luz al final del túnel, pero UGT y CC.OO. mantienen una actitud de mansedumbre ante el Gobierno y solo se movilizan contra los empresarios. El lema de ayer encierra una falacia evidente: «Que no se aprovechen de la crisis». La manifestación de Madrid era -sorprendentemente- la primera salida a la calle de unas organizaciones que, en lugar de cumplir su función en defensa de los trabajadores, prefieren dar cobertura a un Ejecutivo incapaz. Es un sarcasmo que las consignas se dirigan contra los empresarios, al amparo de una ideología trasnochada que mitifica una anacrónica y hoy imaginaria «lucha de clases». Identificar a los empresarios con los «ricos» supone desconocer a propósito la realidad diaria de miles de pequeñas y medianas empresas, así como el esfuerzo para la creacción de riqueza (y, por tanto, de empleo) que desarrollan los sectores más activos y dinámicos de la sociedad. Dadas las circunstancias, es intolerable que unas entidades subvencionadas y controladas por una burocracia anquilosada pretendan engañar a los trabajadores, -incluidos muchos de sus afiliados-, bailando el agua a la retórica gubernamental sobre nuevos modelos de crecimiento y otros sofismas que no conducen a ningún sitio, excepto a la cola del paro.

La concentración, no muy nutrida, alcanzó niveles de esperpento con el protagonismo de ciertos iconos del supuesto «progresismo» cultural. Nada más lejos de la responsabilidad exigible a los sindicatos que un planteamiento que culpa a la patronal de todos los males y suscribe el discurso de Rodríguez Zapatero sobre un mercado de trabajo cuya rigidez es objeto -una y otra vez- de las críticas fundadas de todos los organismos internacionales y los expertos de mayor prestigio. El caso es que todo vale para atacar a la derecha y a supuestas minorías poderosas en nombre de una ideología que aparenta ser radical, pero que se orienta de hecho a salvar los privilegios de unos cuantos dirigentes subvencionados. Así pues, resulta lamentable el papel que juegan en plena crisis unas organizaciones que fasean las funciones genuinas que les corresponden en una sociedad democrática. Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo pueden decir lo que quieran sobre el «éxito» de su manifestación burocrática, pero a estas alturas no engañan a nadie.

ABC - Editorial

Ni inminente, ni recuperación. Por Emilio J. González

El Gobierno no puede seguir negándose a ver la realidad. El paro, la recesión, el déficit, los problemas del sistema financiero... forman parte de un todo, la crisis, que no se va a resolver mientras no se arreglen todos y cada uno de estos problemas.

Lo de este Gobierno ya es de risa, por no decir de llorar. Tan sólo 24 horas después de que Zapatero pusiera todo su empeño en tratar de convencernos de que la recuperación económica es "inminente", ha tenido que salir la vicepresidenta primera a decir que bueno, que tanto como inminente no, pero sí cerca. O sea, que al Ejecutivo no le van a cuadrar los datos para presentar un crecimiento positivo en el cuarto trimestre ni siquiera haciendo trampas estadísticas. Pero más allá de lo que diga el uno, la otra y la que calla, lo cierto es que en el horizonte no se atisba recuperación alguna, y mucho menos inminente, próxima, a la vuelta de la esquina o como quieran decir.

Lo cierto es que la mejora relativa de algunos indicadores económicos no es más que el fruto de las ingentes cantidades de dinero público que se han derrochado en ese intento de Zapatero de superar la crisis a golpe de talonario, sin entender ni la verdadera naturaleza de la misma, ni que el camino que ha emprendido no lleva a ninguna parte más que al desastre. Aún así, ha conseguido generar una cierta ficción que, por su propia fragilidad, por carecer de cimientos adecuados, se va a venir abajo como un castillo de naipes en cuanto desaparezcan los impulsos a base de chequera. ZP ha pretendido sostener artificialmente la demanda sin entender que esto es una crisis de oferta y ahora que ya no tiene más dinero para tirar, esa demanda artificial que mejoraba el aspecto de algunos indicadores se va a venir abajo y va a devolver a la producción y al empleo a la verdadera realidad de una crisis muy profunda que todavía no se ha empezado a combatir. Así es que, de recuperación inminente, nada de nada. Aquí lo único inminente va a ser el descalabro de la economía española a partir de la próxima primavera, con lo cual, de recuperación, tampoco nada de nada.

Al Gobierno ya se lo está advirtiendo todo el mundo: no puede seguir como hasta ahora, negándose a ver la realidad tal cual es. El paro, la recesión, el déficit público, los problemas del sistema financiero... forman parte de un todo, la crisis, que no se va a resolver mientras no se arreglen todos y cada uno de los problemas que han dado lugar a ella. La economía no va a remontar el vuelo mientras no se arreglen los problemas del sector financiero y vuelva a fluir el crédito. Y eso implica, entre otras cosas, que se permita de una vez por todas que se produzca el ajuste necesario en el sector de la construcción. El desempleo no se va a solucionar sin una verdadera reforma laboral que genere puestos de trabajo, reduzca el gasto en prestaciones por desempleo y aumente los ingresos de hacienda a través del IRPF de los nuevos contratados y del mayor consumo que lleven a cabo, lo que generará más recaudación por IVA y más beneficios empresariales. Pero, aún así, el déficit seguirá siendo un problema mientras el Gobierno no se decida de una vez por todas a recortar esos 60.000 millones de euros que se pudo gastar el sector público español durante la burbuja inmobiliaria porque ella misma los generaba y que ya han pasado a la historia. Si el Gobierno no resuelve el problema del déficit, va a seguir absorbiendo todos los recursos financieros y, entonces, no habrá crédito para que las empresas puedan invertir y contratar y las familias, consumir. Y ese problema sólo se resuelve con una reforma estructural que afecte a todas las administraciones públicas, empezando por las comunidades autónomas.

¿Va a hacer Zapatero algo de esto? Francamente, lo dudo mucho. En materia laboral, es prisionero de unos sindicatos que ha dejado que se le suban a las barbas y, por tanto, jamás van a aceptar la reforma del mercado de trabajo que este país está pidiendo a gritos. Si ZP lo intenta, lo más probable es que se encuentre con una huelga general porque es un presidente débil y enfrente tendría a unos sindicatos nada racionales y muy ideologizados. En materia financiera, o sea, de cajas de ahorros, el presidente tendría que enfrentarse con los barones territoriales que quieren que las cajas sigan siendo un coto privado suyo y no lo tendría fácil, aunque, con la ayuda del Banco de España, podría conseguirlo. Pero en cuanto intentase meterse en el charco de las finanzas autonómicas, todo el mundo se le iba a echar encima, empezando por Cataluña, y, como he dicho antes, ZP es un presidente débil que no tendría capacidad alguna de aguantar el envite porque, entre otras cosas, sigue negándose a un pacto de Estado con el PP para resolver todas estas cuestiones. En conclusión, y por desgracia, además de que todavía tenemos crisis para rato, lo que nos espera después es un largo periodo de depresión, con lo cual, de recuperación, nada de nada, y mucho menos inminente.

Libertad Digital - Opinión

El entorno. Por Alfonso Ussía

Aminatu Haidar es víctima del «Síndrome del Entorno». Si en un momento de debilidad decidiera dar por finalizada su huelga de hambre, la decepción de sus rodeantes sería tan profunda, que terminaría por persistir en el empeño. La que se muere es ella, no Pilar Bardem, ni Almodóvar, ni los juanes diegos, ni Guillermo Toledo, ni Aitana Sánchez Gijón, ni el resto de los viajeros de «Air Ceja». La debilidad física aumenta la timidez. Si Aminatu acaba por entender que sus peticiones, hoy por hoy, son técnicamente imposibles, y concede un margen de tiempo a la solución de su problema, los de la «Air Ceja» podrían armarle una buena. Se han unido a los pesebristas los líderes sindicales, que es pleonasmo, por cuanto también son beneficiados del pesebre sin fondo que les ofrece Zapatero. Curiosa la petición de que el Rey actúe. El que tiene que actuar es el Gobierno, que para eso está y atesora todas las competencias. Los sindicalistas, con cinco millones de parados, han convocado una manifestación contra los empresarios, no contra el responsable de la catástrofe económica. Comen de él. Y los saltimbanquis de la Ceja le piden al Rey que arregle lo que corresponde a Zapatero. Comen de él. Y en el medio del lío, la pobre Aminatu Haidar, que vive su debilidad y su agobio entre un grupo de personas, el entorno, que van y vienen, que se fotografían con ella, que le dan la murga, que explotan su figura y que aprovechan su huelga de hambre para seguir comiendo a costa de los contribuyentes.

Aminatu Haidar sabe que no puede conseguir un pasaporte saharaui para volver a su tierra. No existe, por desgracia, ese documento. Aminatu Haidar no quiere ser refugiada en España. Aminatu Haidar no acepta ese pasaporte marroquí que le ofrecen a cambio de pedir perdón al intolerable Mohamed. Aminatu Haidar no puede engañarse. Busca la solución con su huelga de hambre, y está mal aconsejada. Su muerte es la solución. Para Marruecos y para el Gobierno de Zapatero. Ignoro si se halla en condiciones de pensar con lucidez. Su lucha ha trascendido, y en todas partes se habla de ella. Que aproveche el momento. Que renuncie a la huelga de hambre y prepare su estrategia de mañana. Morir a cambio de lo imposible es heroico, pero necio. ¿Es ella la responsable de su empecinamiento, o la víctima del circo que se ha montado alrededor de su tragedia? Llega Alberto Sanjuán, se marcha Aitana, la Bardem cena en el hotel, Guillermo Toledo vuelve pasado mañana, Lola Dueñas manifiesta que hay que arreglar el asunto, Juan Diego Botto le susurra memeces argentinas y Juan Diego no Botto le recomienda mantenerse firme. ¿Para qué? ¿Para que muera a cambio de ser la nueva mártir de la izquierda? ¿Una mártir de la Izquierda martirizada por la propia Izquierda del Gobierno de España? –Resiste, Aminatu–. ¿Creen los viajeros de «Air Ceja» que al Rey de Marruecos le importa algo la vida de Aminatu? Menos que un higo o que un dátil. Pero ella se mantiene ahí, víctima del entorno, firme y valiente, sin nadie que le diga que su vida vale mucho más que una huelga de hambre para obtener por la fuerza lo que hoy es imposible. El «Síndrome del Entorno».

La Razón - Opinión

Falta de realismo

El informe económico de Presidencia relega los problemas reales de trabajadores y empresas

El presidente del Gobierno parece haber caído en la cuenta de que la gestión de la crisis económica no se decide tan sólo en la aprobación de planes de estímulo económico y financiero, desde luego muy necesarios, sino que exige un control del déficit público y de la deuda pública. Si no se presta la debida atención a los equilibrios financieros del Estado aparecen sobresaltos como la degradación de las expectativas crediticias de la deuda española, anunciada por la agencia Standard & Poor's y la insidiosa identificación de la calidad crediticia del Reino de España con situaciones potencialmente explosivas como la de Grecia.

En apenas dos semanas el presidente del Gobierno ha realizado más comparecencias públicas para hablar de economía que en casi todo el año. Las intervenciones en torno al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y la reciente presentación del Informe económico del presidente han demandado mayor atención que la que mereció el proyecto más importante de actuación económica, el de los Presupuestos Generales del Estado. Ninguna de esas comparecencias parece estar contribuyendo a anticipar objetivamente un horizonte de recuperación del crecimiento económico y del empleo; y tampoco satisface esos mínimos que ha de conseguir la acción de las autoridades: frenar la erosión de la confianza de los agentes.

El contenido del tercer informe que elabora la Oficina Económica del Presidente es técnicamente correcto, aunque los temas que se abordan tienen poco que ver con la verdadera naturaleza de los graves problemas que sufre la economía, en particular gran parte de las pequeñas y medianas empresas. Salvo los abordados en la introducción, son asuntos (la naturaleza de la crisis crediticia, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, la transición hacia una economía "medioambientalmente" sostenible) distanciados de la realidad inmediata. Es un enfoque poco práctico cuando se vive una recesión prolongada y con una de las tasas de paro más elevadas de Europa. El informe no deja entrever el menor realismo sobre la evolución de la economía española, porque en 2010 aparecen escenarios hostiles a la recuperación. Baste citar la probable retirada de las facilidades crediticias del BCE o la presumible subida de los tipos de interés.

El empeño del presidente sigue centrado en transmitir la idea de una recuperación económica inmediata. El presidente quiere hacer creer a los agentes económicos que tocar fondo en la larga y pronunciada recesión significará el inicio de la recuperación. Sin embargo, con el final de la caída del PIB no llegará la creación de empleo; y el aumento de los puestos de trabajo debe considerarse como la señal cierta de que la sangría de la recesión ha terminado. Entre otras cosas, el aumento de la ocupación contribuirá además a bajar el coste de los estabilizadores automáticos y, por tanto, a reducir el déficit y la deuda, que tanta inquietud provocan en los mercados internacionales.

El País - Editorial

¿Manifestación o excursión de fin de semana?

NO SE PUEDE decir que UGT y CCOO estén pasando precisamente su mejor momento. Hace unos días, un joven realizaba una durísima crítica de su labor desde la tribuna del Congreso, aprovechando la lectura de la Constitución. La anécdota refleja el desconcierto creciente que existe en la sociedad española sobre unos sindicatos cada vez más preocupados por defender sus privilegios mientras se agudiza la crisis.

Resulta muy difícil de entender la decisión de Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo de convocar hoy a sus bases en Madrid bajo el lema: «Que no se aprovechen de la crisis, el trabajo lo primero, por el diálogo social». Todo el mundo está a favor de la prioridad del trabajo y de la necesidad del diálogo social, pero la primera parte del eslogan -ese «que no se aprovechen de la crisis»- es un implícito y desafortunado juicio de intenciones sobre los empresarios.

En una coyuntura en la que han desaparecido 140.000 empresas en año y medio, parece de bastante mal gusto que los sindicatos se arroguen el derecho de movilizar a sus militantes contra los empresarios, que son un factor imprescindible para la creación de empleo y riqueza en nuestra sociedad.

Conscientes de que esta referencia puede ofender no sólo a los empresarios sino a otras muchas personas, Méndez y Fernández Toxo intentaron ayer restar importancia al eslogan, elegido hace un mes, subrayando que lo que pretenden es pedir «un equilibrio en el reparto de los sacrificios que provoca la crisis».

Según datos del INE, el coste medio salarial ha subido en España en 2009 un 4,1%, lo que pone en evidencia que no son los trabajadores que conservan su empleo los que tienen más razones para quejarse. Los que de verdad han salido perdiendo son los casi dos millones de empleados que han ido a las filas del paro desde agosto de 2008.

Los sindicatos han rechazado hasta ahora -y lo siguen haciendo- cualquier reforma laboral que reduzca el coste del despido para los nuevos contratos, lo cual dificulta la creación de esos puestos de trabajo que permitirían reducir las estadísticas del desempleo.

Cualquiera que escuche lo que dijeron ayer los líderes de UGT y CCOO, unido al eslogan de la convocatoria, podría llegar a la conclusión de que la manifestación de hoy carece de objetivos claros, más allá de un acto de autoafirmación de su propio poder, puesto que no piden medidas concretas ni se aboga por un cambio en la política económica del Gobierno, como en ocasiones anteriores.

Dicen los convocantes que el primer objetivo de la manifestación es «restablecer las condiciones para el diálogo social». Esas condiciones no van a ser mejores tras esta movilización. Los empresarios también quieren el diálogo social, lo que sucede es que no están de acuerdo con los sindicatos en el contenido de las iniciativas que deben salir de la negociación.

Méndez y Fernández Toxo reconocieron que «no hay un clamor» para proceder a una huelga general, lo cual es cierto. Casi nadie piensa que en estos momentos la solución a la crisis pueda venir del enfrentamiento entre los agentes sociales, sino todo lo contrario.

Da la impresión de que UGT y CCOO están molestas porque se les reprocha que no han hecho nada para luchar contra la crisis y que sacan a la calle a sus bases -venidas a la capital en trenes y autobuses de toda la geografía española- para desmentir esa tesis. Hoy tendremos más elementos de juicio para valorar si esta convocatoria es una excursión de fin de semana o una manifestación con objetivos concretos.

El Mundo - Editorial

Si vis pacem. Por Ignacio Camacho

EL comandante en jefe se presentó en Oslo con las estrellas de cinco puntas prendidas bajo la pechera del frac. Como aquel Arafat que compareció en la ONU con una rama de olivo en una mano y una metralleta en la otra, Obama fue a recoger el Nobel de la Paz con dos guerras cargadas en su equipaje y el interruptor rojo de la bomba atómica en el attaché de mano. Y cuando los arúspices del buenismo acaso esperaban que se pusiese a tocar la lira del apaciguamiento y a entonar la palinodia pacifista, se descolgó con un discurso inflexible y sin excusas: no hay paz posible con los enemigos de la libertad, no hay libertad en la que quepan los enemigos de la paz.

Con su defensa kennedyana de la guerra justa -sin torturas, bajo la Convención de Ginebra y «con las menos víctimas civiles posibles»-, el presidente americano ha cogido a los incondicionales del pacifismo de salón con el pie cambiado. En vez de pedir perdón, anunciar la retirada incondicional de Irak y tender los brazos a la Alianza de Civilizaciones para hacerse acreedor a las zalameras mercedes del Nobel, Obama asume sin conflicto la contradicción de recibir el Premio con trescientos mil soldados desplegados en Oriente y un Guantánamo por cerrar. Sabiéndose concernido por una responsabilidad de Estado y un liderazgo moral, reclama al mundo libre más soldados en Afganistán, afirma la doctrina de vigilancia democrática y comunica su determinación de victoria. «Nuestra creencia de que la paz es necesaria no es suficiente para lograrla»; «la guerra tiene un papel en la preservación de la paz»; «los que violen las reglas rendirán cuentas»: el romano Vegecio -si vis pacem, para bellum- no pudo soñar nunca una actualización más diáfana.

Conviene aclarar que, para los Estados Unidos, la guerra justa es aquella que protege sus intereses nacionales, identificados sin complejos con los del mundo libre y democrático. Obama no es en ese sentido un líder disolvente dispuesto a renunciar a la hegemonía mundial, y su discurso compromete a quienes, como Zapatero, pretenden interpretar a su conveniencia de parte la diplomacia multilateralista de la Casa Blanca. Obama llama guerra a la guerra y sacrificio al sacrificio; no le tiembla el pulso para usar la fuerza y su ética de la responsabilidad está lejos de las políticas indoloras y lenitivas de cierta izquierda europea. Sus reglas de juego son precisas, y Gobiernos como el de España, tan rendido al nuevo liderazgo estadounidense, se van a tener que dejar la cintura en las piruetas retóricas destinadas a complacerlo. Emplazado a implicarse en el infierno afgano, el zapaterismo se las a va ver y desear ante la opinión pública para transformar la melodía sedante del antibelicismo en la severa, antipática cadencia del tambor de la guerra que toca sin remordimientos ni culpa su recién adoptado paladín planetario.

ABC - Opinión

El procejariado se va de manifa. Por Pablo Molina

Gallardón debería asistir también a la manifestación, junto a los comicastros del Partido, para protestar contra Esperanza Aguirre, culpable junto a los empresarios de que Zapatero haya destruido nuestra economía a una velocidad nunca vista.

De traca, amigos, de traca con trueno final bien gordo. Así que para protestar por la crisis económica los sindicatos horizontales (es la posición más cómoda para recibir inyecciones, más aún si son de fondos públicos) van a organizar un festejo prenavideño acusando a los empresarios de los problemas de nuestra economía. La escena es tan surrealista que sólo se puede dar en la España de Zapatero, no porque en otros lugares el sindicalismo de clase (alta) no insulte a la inteligencia y el bolsillo del resto de trabajadores, sino porque fuera de nuestras fronteras lo hacen con más discreción.

Aquí se despelotan sin ningún pudor y convocan una manifestación contra los enemigos seculares del proletariado, sin tener en cuenta que la famosa lucha de clases pasó a la historia y lo que queremos los trabajadores no es hacer la revolución sino un puesto de trabajo y un pisito en la costa como cualquier sindicalista liberado, vaya.

Con sus acciones, los sindicatos confirman que la batalla en el mundo actual ya no discurre entre empresarios y empleados, sino entre los que viven del dinero público y los que debemos financiar sus francachelas.

Y como adecuado colofón a un acto tan sublime estará de maestro de ceremonias el periodista preferido de Gallardón, que incluso es posible que haya rebajado su caché para aceptar ir a amenizar la fiestuki. Que no falte de nada. El alcalde de Madrid debería asistir también a la manifestación, junto a los comicastros del Partido, para protestar contra Esperanza Aguirre, culpable junto a los empresarios de que Zapatero haya destruido nuestra economía a una velocidad nunca vista en un país civilizado. Total, salvo el PSOE, los sindicatos, el procejariado y Gallardón, que están libres de culpa por su condición de progresistas, los demás no sólo tenemos que financiarlos a todos sino escuchar también sus reprimendas.

Dicen que se van a manifestar contra los que se aprovechan de la crisis. Hombre, yo creía que se referían a ellos mismos, porque no hay nadie en España que esté aprovechándose con más intensidad de la actual catástrofe económica que los sindicalistas y el resto de subvencionados. Oiga pues no. Para estos detentadores de la moral pública, el pequeño empresario que cierra su negocio, pierde su patrimonio y se va al paro o a la economía sumergida es un enemigo al que hay que combatir del brazo del Gobierno socialista, que es el que maneja el BOE.

Y todos los demás, que financiamos su alegría reivindicadora, no sólo tenemos que seguir pagando sino aceptando con resignación la bronca de estos ungidos. Y sin rechistar, oiga, no sea que una patada perdida de kárate acabe impactando en nuestras costillas, que cosas más raras se han visto.

Libertad Digital - Opinión

Esperpento sindical. Por M. Martín Ferrand

RAMÓN del Valle-Inclán, en lo que al esperpento respecta, resulta un pardillo si se le compara con Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, grandes fabuladores sociales. Luces de Bohemia, frente a la manifestación sindical convocada para hoy en Madrid, es un pequeño sainete de costumbres burguesas y Max Estrella, un notario de provincias. Supongo que liderar sindicatos escasamente representativos y enchufados a la ubre del Presupuesto debe de ser una tarea imposible que exige grandes dosis de imaginación y oportunismo. Hacerlo, además, en actitud de guardaespaldas de un Gobierno errático y confuso requiere la desvergüenza precisa para, sin inmutarse, llamarle redondo a lo cuadrado.

Como en los mejores tiempos del sindicalismo vertical del franquismo, el sindicalismo actual, horizontal en razón de su siesta permanente a la hora de defender los intereses de los parados, los inmigrantes y los autónomos, ha fletado trenes y autobuses, dieta y viáticos incluidos, para que «espontáneamente» los empleados se manifiesten contra sus empleadores sin que, más allá de la superada lucha de clases -la máxima razón del sindicalismo de izquierdas medien razones concretas que puedan justificar la movilización. Es dramático, pero las organizaciones a las que el tiempo y el progreso social -el Estado del bienestar- han dejado sin contenido en los países del Viejo Continente necesitan, periódicamente, demostrar su existencia. Tienen que obtener su fe de vida, como un abonado a la Plaza de Toros de las Ventas, para seguir renovando su abono.

Ya sería de difícil explicación, dadas las circunstancias que perfila el momento, una manifestación sindical contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, culpable por omisión y tardanza en sus reacciones, de una parte del problema laboral vigente; pero manifestarse contra los empresarios confirma el diagnóstico del maestro Valle-Inclán: «España es una deformación grotesca de la civilización europea». La movilización que promueven CC.OO. y UGT, tan extemporánea como ridícula, no es un camino para promover el empleo, la más urgente de nuestras necesidades colectivas, sino todo lo contrario: una maniobra para incrementar el recelo de los emprendedores, propios y extraños, y extremar las cautelas de los inversores abrumados por el creciente riesgo financiero que supone invertir en España. Por lo demás, muy oportuna la iniciativa.

ABC - Opinión

Montilla usa chuletas para escribir en Catalán

El bachiller José Montila pillado usando una chuleta para escribir la dedicatória en el Libro de Firmas de Berga. El no sabe escribir en catalán, pero obliga a todos los niños y jóvenes de Cataluña a estudiar en ese idioma. Menos a sus hijas a las que envía a estudiar al Colegio Alemán.