Todos calladitos. Por Cristina Losada

Convenza a la comunidad solidaria de Barcelona de contratar a seguratas como los embarcados en los pesqueros, para que una vez acabada la temporada del atún en el Índico, empiece la del besugo sin fronteras en Mauritania.

Difícil saber si el apagón informativo impuesto en torno al secuestro de tres activistas del turismo solidario tendrá alguna eficacia a la hora de resolverlo. El Gobierno ha sufrido un ataque de responsabilidad tardío. Prudencia y discreción reclama a la prensa, aunque no estaría de más que también callaran otros. Como algunos compañeros de los alterturistas capturados, que a su regreso a Barcelona hicieron declaraciones fuera de tiesto. María Jesús López, presidenta de la ONG Asomobe, anunció que volverán, porque es "una sociedad segura" de gente "amable y agradable" y "por un secuestro tramado por tres individuos no debemos dejar de viajar a Mauritania, al igual que por un atentado de ETA, nadie debería dejar de visitar España". Vale.

Todo muy bonito, pero López debería emprender una campaña pedagógica para ilustrar sobre la bucólica serenidad de ciertos transeúntes del desierto mauritano al Gobierno de ese país, alguno de cuyos soldados fue afablemente degollado, a los organizadores del rally Paris-Dakar, que marcharon con sus coches a otra parte, y a los servicios secretos españoles. Aunque si persiste en regresar con su caravana, dado que allí se goza de idéntica seguridad que aquí, tal vez tendría que adoptar algunos cambios. Convenza a la comunidad solidaria de Barcelona de contratar a seguratas como los embarcados en los pesqueros, para que una vez acabada la temporada del atún en el Índico, empiece la del besugo sin fronteras en Mauritania. En caso contrario, si sufren un secuestro, que se encarguen de negociar y pagar ellos mismos. Sin gobiernos de por medio, como conviene a "no gubernamentales".

Dolida por el trasiego de anuncios sobre la suerte de los cautivos, López se encaró con los periodistas. "En estos casos, mejor que os calléis", le dijo a uno. O sea, que nos piden optimismo antropológico, dinero y silencio. Hombre, no demanden las tres cosas a la vez. Silencio exigen a la prensa los turistas oenegeros. Chitón le reclama el Gobierno, que pretende echarle la carga de sus yerros en el Alakrana. Y mutis hace la consejera de Sanidad de Canarias, que responsabiliza a los plumillas del error de culpar a Diego Pastrana de la muerte de su hijastra. Según Mercedes Roldós, del PP, los médicos no tuvieron arte ni parte. Un chivo expiatorio vaga por el desierto moral español arrastrando un kiosko de prensa.

Libertad Digital - Opinión

Y de los puestos de trabajo, ¿qué?. Por José María Carrascal

SI usted sale a la calle y pregunta cuál es el primer problema de España, la contestación será, no importa dónde se encuentre o a quién pregunta, el paro. Los que están sin empleo, por haberlo perdido. Los que lo conservan, por temer perderlo. No existe preocupación mayor que ésta. Sin embargo, la creación de empleo figura al final del plan presentado por el gobierno para salir de la crisis, cuya plena puesta en marcha se deja para el 2020. ¡Cuán largo me lo fiáis!, podrían decir los parados. Y el resto de los españoles, pues resulta evidente que esa Ley de la Economía Sostenible carece de soluciones para el paro, no ya a corto, sino a medio plazo. Sin embargo, el presidente, con una sangre fría que desborda la cara dura para entrar en el cinismo, se atreve a decir que «el final de la recesión está próximo» y a anunciar que empezará a crearse empleo a finales del año que viene, como hace un año nos anunció que empezaría a finales de éste. Cuando las estimaciones más optimistas lo sitúan a finales de 2011, más probable para 2012 ó incluso para 2013. Con un número de parados que sobrepase holgadamente los 20 millones.

Siendo eso grave, no es lo peor. Lo peor es que ni esta crisis económica es como las anteriores, ni tampoco lo será la recuperación. Cuando el tsunami haya pasado y las aguas se estabilicen, el nivel de empleo que se alcance no será igual al anterior. Muchas empresas se habrán ido al garete, y con ellas, sus puestos de trabajo, desaparecidos para siempre. ¿Qué empresas serán ésas? Las que no tengan la tecnología, la productividad, el dinamismo y la experiencia necesarias para sobrevivir en el mercado global de nuestros días. Que son muchas de las españolas, lastradas por la triple normativa estatal, autonómica y municipal, condenadas a depender de la tecnología extranjera al invertirse poquísimo en investigación y frenadas por un insano mercado laboral, que da todas las ventajas a los que tienen un contrato indefinido y castiga al paro forzado a quienes no lo tienen.

La Ley de Economía Sostenible no aborda ninguno de esos capítulos, como no los abordaron ninguna de las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno Zapatero. Pero al menos, las anteriores suponían alguna ventajilla para los más débiles: prolongación del subsidio de paro, 400 euros por aquí, 600, por allá. Pero esta ley es puro escaparate, un globo, unas bambalinas, como han dicho los portavoces de los distintos partidos, aunque al final, algunos de ellos, los vascos, los canarios, le darán su voto, eso sí, haciéndoselo pagar muy bien. O sea que, encima de no servir para nada, esta ley nos saldrá muy cara. Pero esto es el gobierno de Zapatero: caro, vacío e inútil. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Pues algo muy sencillo: elegirlo. Así que no nos quejemos.

ABC - Opinión

Feijóo, seguimos esperando. Por Raúl Vilas

Galicia Bilingüe demuestra a Feijóo que lo único que hace falta es voluntad de cumplir, no es tan difícil. O ponemos coto ahora a las pretensiones totalitarias de los nacionalistas o en el futuro ya será tarde.

Nadie daba un duro por la victoria de Núñez Feijóo en las elecciones gallegas del pasado 1 de marzo. Ni siquiera en Génova –en privado– confiaban en ello. Prácticamente ninguna encuesta daba el PP gallego la mayoría absoluta imprescindible para desalojar de la Xunta a la coalición nacional-socialista de Touriño y Quintana. Finalmente Feijóo logró 39 escaños, uno más de los necesarios para gobernar, y el PP recuperó el Gobierno gallego.

No pretendo suplantar el papel de los sociólogos. Pero no hace falta ser un lince para atribuir el vuelco electoral a dos factores fundamentales: el despilfarro de un Gobierno con modos de nuevo rico –sillas de 3.000 euros, audis por doquier, paseos en yate– y el descontento generado por las políticas de imposición del gallego, sobre todo en la enseñanza. Un malestar que supo catalizar Galicia Bilingüe, capitaneando una auténtica rebelión cívica secundada por otras organizaciones como la Mesa por la Libertad Lingüística.

Feijóo, que de tonto no tiene un pelo, supo ver lo que estaba pasando y situó este asunto como uno de los ejes de su campaña. Esto se tradujo en tres promesas electorales: los padres elegirán el idioma de las asignaturas troncales, habrá una casilla con la pregunta vinculante en el sobre de matrícula y los alumnos tendrán libertad para utilizar oralmente y por escrito cualquiera de las dos lenguas.

Han pasado ya ocho meses de la toma de posesión del nuevo Gobierno y el decreto que impone el gallego sigue vigente. Los nacionalistas –no sólo el BNG, el PSOE actúa como ellos– han redoblado la presión durante este tiempo, y el silencio de la Xunta comienza a ser inquietante, como mínimo. Más aún tras asistir a episodios como la burda manipulación de una sentencia del Supremo para deslegitimar el derecho de los padres a elegir, que fue incluso celebrada por el portavoz del PP en el Parlamento gallego.

Hace unas semanas entrevistamos en Sin Complejos –el programa de los fines de semana en esRadio que dirige y presenta Luis del Pino– a Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe. Por primera vez percibí en ella cierto desánimo que contrasta con su carácter batallador y optimista. Mala señal. Pero Lago no se rinde, tampoco me sorprende. Esta semana han enviado a Feijóo una detallada y ponderada propuesta –como punto de partida hacia un verdadero sistema de libre elección–para que en el próximo curso escolar sus promesas sean una realidad. Consiste en un razonable reparto de las asignaturas entre las dos lenguas oficiales, preponderando siempre la elección del alumno. Nadie se puede sentir agredido, ni se vulnera ningún derecho. Galicia Bilingüe demuestra a Feijóo que lo único que hace falta es voluntad de cumplir, no es tan difícil. Si no lo hace será un felonía de muy graves consecuencias. O ponemos coto ahora a las pretensiones totalitarias de los nacionalistas o en el futuro ya será tarde. Seguimos esperando, Alberto.

Libertad Digital - Opinión

A chapuza diaria

RODRÍGUEZ Zapatero rizó ayer el rizo del despropósito y la falta de responsabilidad en relación con el cierre anunciado de los enlaces de internet que puedan afectar a los derechos de autor. Abrumado por la respuesta contundente de los usuarios, el presidente del Gobierno no dudó a la hora de desautorizar a sus ministros y mostrar su faceta de político oportunista que sólo actúa en función de la coyuntura. A lo largo del día, el Ejecutivo pasó del negro al gris y luego al blanco total. La ministra de Cultura tiene un escaso bagaje político, y sólo parece interesada en satisfacer el interés particular de los sectores afines. De ahí su rechazo a cualquier modificación del criterio gubernamental sobre la disposición adicional de la ley de Economía Sostenible, a pesar de la rebelión ciudadana en un legítimo ejercicio de esa democracia participativa que al PSOE sólo le gusta cuando le conviene. Horas después, el ministro de Justicia, acostumbrado ya a la arbitrariedad presidencial, dejaba una puerta abierta al admitir la posibilidad de supuestos que exigirían autorización judicial. También a lo largo de la mañana el PP reaccionó con agilidad ante el clamor de los internautas, al comparar el cierre administrativo previsto con el secuestro de un medio de comunicación.

A la vista de la marea imparable, Rodríguez Zapatero anunció sin pestañear que las palabras de González Sinde y de Caamaño son papel mojado. Ahora resulta que nadie va a cerrar ninguna página en la Red, lo que supone un giro radical sobre los planes iniciales, aunque incomode a los «amigos» del mundillo cultural. Votos son votos, y el líder del PSOE ha recibido una lección acelerada sobre el poder de las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. Lo peor de todo es que el presidente anuncia la modificación de un proyecto de ley que acaba de presentar en el Congreso y que en rigor todavía no existe. Es una chapuza en grado superlativo y una falta de respeto a los ciudadanos en general, a los usuarios de internet y -por supuesto- a sus propios ministros, desautorizados y sin capacidad alguna de decisión. Por lo demás, la ley de Economía Sostenible es muy capaz de deparar ésta y otras sorpresas similares.

ABC - Opinión

Enrique Múgica, un patriota. Por José García Domínguez

¿Desde cuándo lo "progresista" consiste en resucitar fantasmagóricos derechos medievales y defender el concepto de soberanía emanado de la Revolución Francesa deviene sinónimo de rancio "conservadurismo"?

Al tiempo que Zapatero predica su respeto hacia el editorial trabucaire, Montilla no pierde ocasión de calumniar al hombre que creó el PSOE en la clandestinidad mientras él visionaba La mula Francis en un televisor de Iznájar. Así, tras recordársele en el sucedáneo local de 59 Segundos que también el defensor del pueblo ha repudiado el Estatut ante el Constitucional, el Muy Presuntamente Honorable, haciendo honor a su fama de erudito jurisconsulto, sentenció, impertérrito: "El defensor del pueblo fue nombrado por José María Aznar, y ha estado actuando al servicio del Partido Popular".

Aunque uno, en su ignorancia enciclopédica, andaba persuadido de que a Múgica lo habían elegido Congreso y Senado, en ambos casos, además, por mayorías cualificadas de tres quintos. Pero se ve que no, que ese catalanófobo compulsivo sigue en su cargo sólo porque La Moncloa no concede cesarlo. Será que también Zetapé conspira contra la dignidad de Cataluña a sueldo de FAES. Por lo demás, ha hecho falta la proverbial torpeza del Mudito con tal de poner ante el espejo de sus contradicciones topográficas a los albaceas del Estatut. Y es que Rajoy, desaparecido en combate, ha devenido incapaz de señalar a Múgica durante tres años. Elemental gesto que, por sí mismo, hubiese refutado la falacia de que el contencioso contrapone una cosmovisión conservadora frente a otra progresista.

La conversión de las cuatro provincias en nación; la atribución a la recién nacida de la liturgia simbólica propia de tal rango; la brumosa apelación al pueblo catalán como sujeto de la soberanía; unos enigmáticos derechos históricos que nadie acierta a comprender ni concretar; esa rocambolesca financiación específica pero genérica, diferenciada aunque común y particular si bien ordinaria; la alegre usurpación de competencias estatales; la expulsión sin mayores miramientos del defensor del pueblo; la proscripción definitiva del teórico bilingüismo que todavía se arrastraba, moribundo, por el papel mojado de las leyes; la flamante bilateralidad, en fin, como principio rector de la ficción confederal...

¿Qué demonios tendrán que ver todas esas usurpaciones con derechas o izquierdas? ¿Desde cuándo lo "progresista" consiste en resucitar fantasmagóricos derechos medievales y defender el concepto de soberanía emanado de la Revolución Francesa deviene sinónimo de rancio "conservadurismo"? Quizá habría que preguntárselo a Enrique Múgica, que ése es su verdadero talón de Aquiles, y no las señoritas del PP.

Libertad Digital - Opinión

El Gobierno tiene un problema: no entiende nada de Internet

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible ha cosechado su primer fracaso incluso antes de comenzar su tramitación parlamentaria. El mundo de Intenet se ha amotinado contra una norma que convierte a los proveedores de información y contenidos en la Red -medios de comunicación, empresas, blogueros o instituciones sin ánimo de lucro- en sospechosos con carácter preventivo.

Una comisión ad hoc creada por el Ministerio de Cultura -y por lo tanto bajo la esfera del Gobierno- podrá cerrar páginas webs sin necesidad de autorización judicial. Si hasta el momento esa potestad sólo podía ejercerse con carácter excepcional e inmediato cuando había razones fundadas ante la comisión de algún delito de carácter general (orden público, defensa nacional, protección de la salud ciudadana o integridad de la infancia), ahora el Gobierno pretende extender ese especial nivel de protección a la propiedad intelectual. Como si esta materia -por importante que sea- tuviera la misma transcendencia que un delito contra la seguridad del Estado.

El sector se ha levantado en armas, aunque sean virtuales. Y no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que estamos ante un atropello del Estado de Derecho. La tutela judicial efectiva es una garantía constitucional, y parece evidente que una resolución de carácter administrativo no puede socavar un derecho fundamental como es el de la información. Lo contrario sería algo muy parecido a la censura previa, erradicada desde hace muchos años de nuestro orden constitucional.

Más allá de consideraciones jurídicas, lo que es relevante es la incapacidad del Gobierno para entender el fenómeno de Internet en toda su amplitud. En El Confidencial sabemos de qué hablamos. La fantasmagórica reunión de ayer entre la ministra de Cultura y un grupo de internautas que se representan a sí mismos, revela hasta qué punto el Gobierno ni si siquiera es capaz de contactar con interlocutores válidos.

«La tutela judicial es una garantía constitucional y una resolución administrativa no puede socavar un derecho fundamental como es el de la información»

Probablemente, eso tenga que ver con la bisoñez política de la propia ministra, que intentó colar por la puerta de atrás una medida de tanta transcendencia. El cambio legal ni siquiera aparecía en la referencia oficial del Consejo de Ministros. Ahora, según se anuncia extraoficialmente, es muy probable que decaiga el polémico artículo, lo cual supone un auténtico récord guinness. Se cambia una ley en fase de anteproyecto, antes incluso de que el proyecto de ley sea aprobado por el Consejo de Ministros.

Un problema de seguridad jurídica

No se está hablando de cualquier modificación legal, sino de una nueva norma que pone en peligro la seguridad jurídica de miles de empresas y particulares que constituyen el núcleo de la sociedad de la información, y que de la noche a la mañana podrían verse abocadas al cierre simplemente porque un autor sintiera que la propiedad intelectual de su obra ha sido violada. Ya sea por la publicación de una foto sin autorización expresa o la emisión de una canción sin consentimiento. Es evidente que la legislación debe amparar el derecho de los autores a monetizar su obra, pero es el propio Estado quien debe articular fórmulas sin que sean pisoteados derechos fundamentales.

Ahora que se habla tanto de economía sostenible, no estará de más recordar la importancia económica de Internet, y por eso alguien debería mencionar a la ministra González-Sinde (¿por cierto, donde está Sebastián?) que en 2008 las transacciones de bienes y servicios realizadas a través de la Red generaron un volumen de negocio de 5.183 millones de euros, un 40% más que en el año anterior. Es decir, medio punto del PIB.

Parece obvio que el Gobierno cometería un grave error si para contentar a su base electoral (la SGAE y sus adláteres) pone en peligro el futuro de esta industria, cuya capacidad de crecimiento es colosal. ¿Quién se atrevería a invertir en una empresa que puede ser cerrada durante varios días por una simple decisión administrativa tras la denuncia de un autor?

La era del control previo se ha acabado, e Internet no sería nada sin los enlaces -los célebres hipervínculos- que posibilitan un caudal de información casi infinita. Y si se corta ese cauce se mata la Red, y con ella muere la economía española. Se trata de un asunto demasiado serio como para estar en manos de una ministra que no entiende nada de Internet y de lo que está detrás de la Red. Probablemente como el propio Gobierno, obsesionado con compensar a quienes avalaron a Zapatero para llegar a la Moncloa. Lo que deberían hacer los autores que recientemente firmaron un manifiesto es negociar nuevos sistemas de remuneración en lugar de etiquetar como ‘piratas’ a medio mundo por el hecho de prestarse canciones o películas sin necesidad de utilizar una copia física.

Alguien ha dicho que la patada en la puerta de Corcuera ha sido sustituida por la patada en el router. Esperemos que a la ley González-Sinde le apliquen la misma medicina.

El confidencial

El pasaporte. Por Alfonso Ussía

No tengo el gusto de conocer personalmente al señor cónsul de Marruecos en Canarias, Abderramnán Leibek. Tampoco disfruto del placer de conocer al señor cónsul de Marruecos en Bilbao. Y entregado a la sinceridad, lamento comunicar oficialmente que no he conocido en toda mi vida a ningún cónsul de Marruecos, circunstancia que mengua de manera considerable mi capacidad de análisis. De ahí mi desconcierto. Sí reconozco que de, casi cuarenta años hacia acá, el contencioso del Sahara me mantiene en una perenne situación de duda. Creo sinceramente que el Sahara no es Marruecos. El Reino de Marruecos es una cosa demasiado moderna para reivindicar territorios establecidos y reconocidos con anterioridad a su fundación. En el caso del Sahara, inicialmente colonia y finalmente provincia española. También creo que el Frente Polisario se equivocó en los planteamientos iniciales, y que su comportamiento hostil contra España supuso un grave error de estrategia. También su ideología, que no compartían todos los saharauis.

Pero el Sahara jamás ha sido Marruecos. Me comentaba días atrás un ilustre e inteligente embajador de España, ya retirado, que el más acusado acierto del régimen franquista fue el de establecer las pautas y distancias con Marruecos. Secuelas del africanismo y de la experiencia. Marruecos es una nación nueva reinada por una dinastía escrupulosamente dedicada a su patrimonio. Es cierto que también se ha erigido en el tapón del fundamentalismo islámico, y que defiende los intereses del mundo occidental. A los saharauis los dejamos abandonados a su suerte, y esa carísima organización que responde al nombre de ONU, no ha sabido, hasta la fecha, proyectar una solución. La ONU es como el Tribunal Constitucional, pero a lo bestia, como diría Gila. Una buena parte de los saharauis quieren ser marroquíes, y otra sólo saharauis. Los españoles nos fuimos sin garantizar el futuro del Sahara. En nuestra política exterior siempre han chocado dos intereses respecto a Marruecos.
Las buenas relaciones y Ceuta y Melilla. También el Sahara. Los partidos de izquierdas siempre se mostraron totalmente partidarios de los saharauis cuando no estaban en el poder, y absolutamente favorables a los intereses de Marruecos cuando gobernaban. Es el caso actual. Una sola persona es capaz de provocar un terremoto político. La llamada «activista» saharaui –ignoraba que ser y sentirse saharaui fuera una actividad–, permanece en Lanzarote en huelga de hambre. Le han retirado el pasaporte marroquí y no acepta el español. Para unos, la «Ghandi» del Sahara. Para otros, una agente de Argelia y del Frente Polisario. Para los españoles, un asunto de conciencia. Pero lo ridículo del asunto, es la última oferta marroquí, trasladada a Aminatu Haidar por el cónsul de Marruecos en Canarias: «Pida usted perdón al Rey de Marruecos y en media hora tiene el pasaporte». ¿Qué se ha creído el Rey de Marruecos, dueño y señor de los bienes y las vidas de ese gran país? En España, se queman fotos del Rey, se publican postales con un lazo de horca en torno al cuello del Rey, se insulta al Rey, y el Rey no exige que se le pida perdón. Los pasaportes no dependen del perdón del Rey. Si España, Marruecos y el Frente Polisario no son capaces de arreglar un simple problema humano, que lo haga la ONU. Pero la situación, por ridícula y dramática al mismo tiempo, empieza a ser insostenible. Insostenible, Zapatero, usted tan polisario siempre. De pacotilla, claro.

La Razón - Opinión

Hacia el secuestro de internet

Los internautas han reaccionado a tiempo y han hecho dar un paso atrás a los políticos. Pero como muchos de sus pasos atrás, será sólo para volver a intentar que la red, como ya pasó con el espacio radioeléctrico, se convierta en el cortijo de unos pocos.

Internet es uno de los mecanismos que más ha abaratado a lo largo de la historia la transmisión de información; esa mercancía tan costosa durante tanto tiempo que hoy resulta accesible y casi gratuita para todo el mundo.

Tal revolución en las comunicaciones, que adquiere su verdadera dimensión cuando la ponemos en perspectiva histórica, supone sin duda alguna una oportunidad muy clara no sólo para enriquecernos, sino también para divertirnos, cultivarnos, relacionarnos y defender nuestras libertades. Gracias a internet, nunca ha sido tan sencillo que personas con motivaciones comunes aúnen esfuerzos en un mismo proyecto (incluyendo los de tipo ideológico); nunca ha sido tan fácil que todo ciudadano que así lo desee pueda convertirse en un periodista que investigue y denuncie los abusos del poder político.

De ahí que los gobernantes siempre hayan observado la red con un cierto recelo. Demasiados ojos y demasiadas voces vigilando y criticando un mundo –el político– tradicionalmente caracterizado por la opacidad y las intrigas. A un mandatario le puede ser relativamente fácil controlar a los grandes grupos de comunicación, que en buena medida dependen de las licencias y de los favoreces que se les conceda desde el Estado, pero sin duda le resulta prácticamente imposible someter a millones de ciudadanos que, de motu proprio, bregan por promocionar sus propias ideas, inquietudes y hallazgos.

He ahí toda la explicación que requiere ese movimiento gubernamental, cada vez más extendido por Europa y que ha terminado por prender en España, que con la excusa de proteger la propiedad intelectual otorga a la Administración la potestad para cerrar páginas web.

Una práctica que no por saberse inconstitucional –el art. 20.5 reza claramente que "Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial"– y no por ser conscientes de que atenta contra algunos de los derechos humanos más fundamentales, hará cambiar de idea a los gobiernos sobre la necesidad de regular y poner coto esa gran amenaza para su poder omnímodo llamada internet.

Corresponde a los tribunales de justicia –supuestamente despolitizados, independientes e imparciales– controlar si en la red, como en cualquier otro ámbito de la vida social, se comete algún delito. No es necesario ningún tipo de nueva normativa adicional que, pretendiendo actualizar las leyes a los tiempos, sirva para limitar nuestras libertades. Pero eso es exactamente lo que pretenden nuestros gobernantes: arrogarse la capacidad de censurar páginas web con cualquier excusa.

González Sinde es una política sin experiencia cegada por la codicia y el muy socialista ímpetu prohibicionista. No ha sabido manejar los tiempos y se ha ganado algo parecido a una reprimenda por parte de Zapatero y Caamaño. Esta vez los internautas han reaccionado a tiempo y parece que la avanzadilla intervencionista ha dado un paso atrás. Pero como muchos otros de sus pasos atrás, será sólo para coger impulso, para volverlo a intentar más adelante hasta que la red, como ya pasó con el espacio radioeléctrico, se convierta en el cortijo de unos pocos. Una vez consigan justificar las primeras regulaciones de excepción sobre internet, las siguientes vendrán a manadas. Es una batalla que no se puede perder.

Libertad Digital - Editorial

El casco de De la vega. Por M. Martín Ferrand

LA moda y su condición femenina le impiden a María Teresa Fernández de la Vega, siempre esmerada con su atuendo, usar un casco pinchudo y brillante como el que solía adornar la cabeza de Otto von Bismark, el Canciller de Hierro. La vicepresidenta que manda, a diferencia con la que obedece, es inasequible al desaliento y tiene el ánimo de la victoria incrustado en el alma, lo que constituye una gran virtud política. Ahora, con la que está cayendo e instalados en el furgón de cola del tren europeo, ha dicho De la Vega que «estamos mejor que hace un año». En ese año en el que, según ella, tanto hemos mejorado, el número de parados ha crecido en casi novecientas mil personas y, aunque no he hablado con todas ellas, sospecho fundadamente que no comparten el triunfal diagnóstico vicepresidencial.

Estamos peor y salvo que cursen fenómenos taumatúrgicos, peor estaremos dentro de un año. Los males que nos afligen son estructurales, no meramente contingentes, y esos no se remedian, como el catarro, después de unos días de toses y estornudos. Necesitan y exigen medidas enérgicas, algunas de ellas claramente impopulares y con potencial coste electoral, y por ahí no pasa la voluntad de José Luis Rodríguez Zapatero, optimista patológico, escasamente sensible en la percepción de la realidad y adorador de su propio ombligo.

Aquí todo se reduce, desde el Gobierno, a decir que no se abaratará el despido, algo que nadie solicita, y con ello se da por cerrada la negativa a una reforma laboral que, al margen del despido potencial, sea capaz de favorecer la creación de empleo y, de paso y fundamentalmente, mejorar la competitividad de nuestras empresas en el marco de la UE.

Se puede entender en De la Vega que, en función de su responsabilidad, trate de edulcorarnos la realidad. Entra en las funciones del Gobierno el mantenimiento de la moral ciudadana; pero, y eso me preocupa, creo que no nos miente. Está convencida, de tanto respirar el incienso de las alabanzas de sus paniaguados, que España va bien. Aquí los malos son los del PP y los empresarios y por eso los sindicatos preparan una manifestación contra los empleadores del corte y el estilo de las demostraciones sindicales que José Solís promovía para el Primero de Mayo. En eso hay coincidencia, el entendimiento de la libertad de unos y otros es parejo. Y, además, a De la Vega le favorecería el casco de Bismark.

ABC - Opinión

El nacionalismo asturiano protesta contra el Estatut

El Estatut y Asturias

El texto catalán perjudica los intereses de nuestra región

El Estatut y Asturieswww.xuanxose.blogspot.com

XUAN XOSÉ SÁNCHEZ VICENTE
PRESIDENTE DEL PAS


La reacción de una parte de la sociedad catalana con respecto a la revisión de su Estatut, la negativa a que pueda ser modificado por el Constitucional, es perfectamente comprensible. El Estatut nunca ha sido considerado un texto constitucional, sino preterconstitucional. Es decir, ha sido concebido como un pacto entre dos soberanidades autónomas, la catalana y la española, que, en virtud de su voluntad, han pactado entre sí un acuerdo para compartir soberanía (una especie de intersección de conjuntos), la reglada, precisamente, en el texto catalán.

No se piense que ha sido ése un punto de partida privativo de los independentistas / particularistas catalanes, ha sido también el que ha guiado las actuaciones de todos quienes han apoyado el texto (PSOE e IU, entre otros) y el supuesto jurídico de facto con el que han legislado tanto el Parlamento catalán como el de Madrid. En ese sentido, las palabras de Zapatero, «aceptaré el Estatuto que venga de Cataluña», no eran otra cosa que el reconocimiento de esas dos soberanías previas.

De ahí que en una parte importante de Cataluña no se entienda que nadie pueda recortar un texto que goza de la legitimidad del pacto entre soberanías y que ha sido refrendado por el pueblo. Agotado ahí el trayecto legitimador, la intervención del Constitucional sería una intervención «desde fuera» («de una tercera o cuarta cámara», se ha dicho), de alguien que no tendría derecho a llevar una vela en ese entierro o epifanía: las competencias del Constitucional, pues -digámoslo con otras palabras-, tendrían que ver, desde esa concepción de las realidades políticas, con las leyes españolas, no con aquellas que emanan del pueblo catalán, al menos con aquella que constituye su «carta fundacional».

En otro orden de cosas, he de de dejar constancia de que, a lo largo de muchos años, cada vez que abordo el proceso constituyente catalán (vengo hablando de él desde que el PSOE decide ponerlo en marcha, desde el verano del 2003) hay personas que se extrañan de que yo, como asturianista, no me alegre de los logros de otras nacionalidades o que los critique.

En primer lugar, respecto a las alegrías o las celebraciones, he de decir que no soy de ese tipo tan frecuente de personas que coloca su proyección eufórico-empática en los colores del Real Madrid o del Barcelona (y, menos, de los que gozan con la derrota del adversario de su camiseta). Mi empatía -por seguir con la parábola- se vuelca sólo en los emblemas de aquí, el Sporting, el Oviedo, el Avilés? y, cuando toca, la selección asturiana. De modo que, búsquenme los gozos con los propios, no con los extraños.

Pero es que en segundo lugar, el Estatut no es un texto ajeno a los intereses asturianos y a la dignidad de Asturies, los perjudica, la veja. Por decirlo muy resumidamente: concede a Cataluña y los catalanes una capacidad de interlocución y decisión que Asturies no tiene ni va a tener; les otorga representación en determinadas instituciones del Estado de las que no dispondremos, y, en la medida en que el Estatut estableció una determinada financiación autonómica para todo el Estado (¡qué disparate, qué vejación, qué ignominia!) y en que esa financiación no es favorable para los intereses asturianos, nos perjudica en la bolsa y en el futuro.

Que los partidos catalanes hayan pugnado por la consecución de esos logros se entiende. Que haya sido el PSOE (y secundariamente otros, como IU) quien haya proyectado, impulsado, aplaudido y votado ese ataque a nuestros intereses, y que lo hayan hecho, parcialmente, con los votos de los ciudadanos asturianos y con el apoyo institucional de quienes dicen defendernos (desde el presidente Areces a los diputados y senadores del PSOE, pasando por la FSA e IU de Asturies) debe ser denunciado.

Es cierto que existen asturianos que entienden que los catalanes son más importantes que nosotros y que merecen más; es cierto, asimismo, que hay otros que creen que lo más trascendental en este mundo es lo que diga su patria política, su partido, y que, en virtud de esa premisa, van al sacrificio con corazón alegre y cantando himnos de alegría; los habrá, sin duda, también, que se sientan estafados cuando vean la diferencia entre las palabras y la realidad.

En todo caso, se comprenderá que quien, como yo, no tenga otro interés que Asturies y los asturianos no quiera tolerar que se nos inflijan daños en nuestros bolsillos, ni que se nos discrimine o asobaye política y socialmente. Las alegrías por lo que otros consigan, para los pobres de espíritu; la resignación, para los derrotados o para quienes tienen una baja estima de sí mismos y de sus compatriotas.



http://www.lne.es/opinion/2009/12/03/estatut-asturias/842881.html

La obra predilecta de ZP fracasa en el Congreso. Por Antonio Casado

El diputado José Luis Ayllón (del PP, claro, a juzgar por el sartenazo que le dedica al presidente del Gobierno) ha escrito en su blog que el empleo no se recuperará nunca en España mientras Rodríguez Zapatero no pierda el suyo. Muy ingenioso. No me extrañaría que también fuera suya la frase del día en la sesión parlamentaria de ayer: “Lo que usted nos ofrece, señor Zapatero, es un rótulo luminoso en un solar vacío”.

La pronunció el líder del PP, Mariano Rajoy, durante la presentación parlamentaria de la llamada “Estrategia de Economía Sostenible”, que tampoco desmerece como ocurrencia verbal cuando el camuflaje semántico es el último recurso para decir a los españoles que hay crisis para rato. Al menos la que aflora con la medición de los indicadores clásicos: crecimiento, déficit público y paro. Ninguno de ellos está como para celebrarlo.

Y ninguno de ellos figura como referente del anteproyecto de ley de Economía Sostenible para cuantificar el interminable catálogo de buenas intenciones recogidas en el texto. Moncloa sólo ha utilizado la aritmética para fijar el horizonte de un nuevo modelo económico: 10 años. Pero sin previsiones de PIB, empleo y déficit público, como se hace con los Presupuestos Generales del Estado de cada año. En esas condiciones es imposible someter a un control de calidad esta “Estrategia para el crecimiento económico sostenible” presentada ayer por Rodríguez Zapatero e impugnada por todos los grupos parlamentarios, excepto el socialista.

Mal comienzo, pues, para una hoja de ruta cuyo objetivo, según el propio presidente del Gobierno “no sólo trasciende las posibilidades de una sola ley, sino también las de un solo Gobierno y una sola Legislatura”. Lógico. Lo normal es que el poder haya cambiado de manos antes de que hayan transcurrido los diez años calculados por Zapatero para lograr el cambio de “patrón productivo” tan ambicioso plan de reformas. Por tanto, el consenso es condición necesaria para afrontarlo.

Fracaso de crítica y público

Por lo visto ayer en el Congreso, ningún grupo político está por la labor. Empezando por el que, antes o después a lo largo de los próximos 10 años, puede haber tomado el relevo al frente del Gobierno. Al líder del PP, el borrador oficial y la estrategia de economía sostenible “no pasa de ser un surtido profuso de ocurrencias deslavazadas a medio elaborar, que no está en condiciones de ejercer ninguna influencia apreciable en la triste marcha de la economía”. Los portavoces del resto de los grupos, excepto José Antonio Alonso (PSOE), se expresaron más o menos en los mismos términos. Sánchez Llibre (CiU) calificó el plan de “spot publicitario”, con “mucho envoltorio y poca proteina”. Erkoreka (PNV) dijo que las medidas propuestas son “muchas, pero muy heterogéneas y muy mal articuladas”.

Y así sucesivamente. Lo que permite hablar de fracaso de crítica y público en esta presentación parlamentaria de la obra predilecta de Zapatero. La nueva frontera del zapaterismo, pero cuando el zapaterismo ya ha perdido su encanto fundacional. Y cuando se pierde eso, la credibilidad se resiente hasta el punto de entregar los mejores argumentos a los caprichos del viento. Es el mal que le aqueja de un tiempo a esta parte.

El confidencial

Pero, ¿qué han hecho los suizos?. Por Cristina Losada

La bochornosa renuncia de los políticos europeos a custodiar los principios que vertebran a las sociedades libres, ha dejado un vacío. La consulta sobre los minaretes ha servido para canalizar una inquietud a la que los grandes partidos dan la espalda.

La modélica ONU, los gobiernos progresistas, la prensa ortodoxa y los habitantes del maravilloso mundo de Alicia, claman estos días en indignados tonos contra los suizos. Los descendientes de Guillermo Tell han cometido un pecado que, en estos tiempos, se castiga con pena de excomunión, sambenito y hoguera. Eso, si el tribunal internacional de la corrección política, cuyo poder envidiaría Calvino, se muestra indulgente con los infractores. Pues un 60 por ciento de los suizos ha hecho algo peor que vetar la construcción de nuevos minaretes. Lo que han hecho, y por eso se les condena desde los foros y faros de la antigua civilización, es rebelarse contra la orden que impone que nunca, bajo ningún concepto, ha de defenderse la sociedad abierta frente a los intentos de destruirla.

Por desafiar esa prohibición, por pensar, como Popper, que la tolerancia ilimitada conduce a la desaparición de la tolerancia, los suizos han sido declarados culpables de islamofobia, xenofobia, racismo y ultraderechismo. Son los delitos de los que se acusa a cualquiera que se atreve a alertar contra la extensión del integrismo islámico. Quien ose romper la placentera unanimidad del establishment sobre la inconveniencia de proteger valores universales, como la igualdad de hombres y mujeres, frente a prácticas culturales y religiosas que los vulneran, recibe siempre tales improperios. Así, Fallaci, Hirsi Ali, el asesinado Pym Fortuym. Pero, ¿he dicho valores universales? Noooo. Cada "cultura" tiene los suyos y todos son respetables. Menos los nuestros.

Los suizos, repiten las cacatúas del obtuso conformismo, han votado por "miedo". Pero, ¿quién tiene miedo? La mayoría de los votantes, tomen nota por aquí, no ha temido incomodar a quienes financian ni a quienes perpetran atentados en nombre de Alá. El Gobierno suizo, en cambio, ha tratado de infundir el pánico una vez conocido el resultado, cuando a través de su titular de Exteriores voceó: "Pone en peligro nuestra seguridad". Rendición preventiva se llama la película. Y sumisión. Y desistimiento. La bochornosa y transversal renuncia de los políticos europeos a custodiar los principios que vertebran a las sociedades libres, ha dejado un vacío. La consulta sobre los minaretes ha servido de ocasión para canalizar una inquietud a la que los grandes partidos dan la espalda. Pero no preocupan los inmigrantes, como dice el manual del progre de salón. Preocupan la sharia y la yihad. Los suizos han demostrado que aún quedan ciudadanos en Europa.

Libertad Digital - Opinión

Rebelión en la Red. Por Ignacio Camacho

EL Gobierno ha pisado un cable de alta tensión y se va a electrocutar en el cortocircuito. Para proteger al lobby de los músicos y artistas ha soliviantado internet sin calcular que la Red es a día de hoy una expresión posmoderna, aunque desordenada, de la soberanía popular, y ha desatado una formidable sacudida digital de protesta, una tormenta cargada de electricidad colérica en el ciberespacio, donde la opinión pública posee una potentísima capacidad asociativa. La blogosfera es un clamor contra el proyecto de protección de la propiedad intelectual y la ley-cajón de Economía Sostenible (?) ha hecho crisis prematura por el flanco más inesperado. Pero los políticos no se enteran porque no navegan por el mar electrónico; ayer se dedicaron en el Congreso a contar parados y discutir si son muchos o pocos mientras la red estallaba en un arrebato de rebeldía.

Al fondo del debate hay una cuestión razonable, que es la de la salvaguarda de los derechos de autor en una sociedad cuya tecnología permite saltárselos y ha extendido la cultura de la gratuidad, pero el Gobierno ha abordado el asunto de la peor manera: de tapadillo y bajo la presión directa de un grupo sindicado que no se recata de exhibir su capacidad de influencia. Hace quince días se manifestaron en Madrid cincuenta mil campesinos y no salió a recibirlos ni un ujier de Agricultura; el martes hubo un puñado de cantantes en la puerta de Industria y salió a parlamentar el ministro. La señora González-Sinde ha puesto Cultura de rodillas ante sus colegas del cine y todo el poder zapaterista parece rehén de sus compromisos con una minoría que a la gente se le antoja un clan de privilegiados. Acaso la alarma de la Red sea injustificada porque el proyecto gubernamental no va tan lejos como parece en la censura, pero la gestión ha sido desastrosa, confusa, maniobrera y llena de oscurantismo, de tal modo que los internautas creen que les quieren cortar la conexión y cerrar por decreto las webs de descargas. El Gobierno que blasona de extender las libertades ha dado la impresión de cercenar la más moderna de ellas para favorecer a sus amigos.

La respuesta ha sido inmediata y arrolladora. Las redes sociales, que son una modalidad espontánea de articulación de la sociedad civil, se han puesto en orden de combate. Hay manifiestos, foros, grupos de debate, una movilización impetuosa llena de ardor guerrero. Democracia participativa en estado puro, de la que le gusta al presidente. Hasta ahora, Zapatero ha hecho oídos sordos a todos los clamores colectivos expresos en forma de manifestaciones; se ha pasado por el forro las protestas de los antiabortistas, de los agricultores, del sector educativo y hasta de las víctimas del terrorismo. Ahora le llega la queja de internet, la quintaesencia de la posmodernidad. Si la desprecia es que se ha vuelto definitivamente sordo.

ABC - Opinión

Zapatero se queda solo con su plan de planes

Críticas en el Parlamento al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible

EL GOBIERNO se lo puso ayer fácil a la oposición al hacer coincidir la comparecencia de Zapatero en el Congreso con la divulgación de los datos del paro en noviembre. El desempleo creció en 60.500 personas, situándose en 3.868.000 ciudadanos sin trabajo.

A lo largo de los últimos 12 meses, el paro ha aumentado en 879.000 personas, con un incremento interanual de casi el 30%. Ésta es la triste realidad de la economía española, por mucho que Elena Salgado se esforzase en resaltar que el alza del desempleo se ha ido desacelerando desde el pasado verano.

Zapatero intentó convencer a los diputados de que el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, analizado el viernes por el Consejo de Ministros, va a estimular una próxima recuperación, pero no lo logró. Todos los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, excepto el del PSOE, fueron muy críticos con el borrador, que valoraron como puramente propagandístico, subrayando que no va a incidir en la creación de empleo. Mariano Rajoy lo calificó de manera muy gráfica como «un cartel luminoso en un solar vacío».

El anteproyecto del Gobierno es un plan de planes sin concretar, repleto de declaraciones de principio pero con muy pocas iniciativas tangibles. El propio Zapatero reconoció que buena parte de las medidas que contempla el anteproyecto se materializarán en el plazo de 18 meses. Anunció, por ejemplo, un programa para promocionar los vehículos eléctricos en el primer trimestre de 2010 y un nuevo plan de inversiones en infraestructuras.

La carencia más sustantiva de esta ley es su falta de ambición para acometer los cambios estructurales que necesita la economía española, empezando por las dos grandes reformas pendientes: la del mercado de trabajo y la fiscal.

Zapatero anunció que el Gobierno va a impulsar una nueva negociación entre sindicatos y patronal para buscar un acuerdo sobre esa reforma laboral antes de abril del año que viene. El presidente precisó, sin embargo, que el Ejecutivo «no rebajará los derechos de los trabajadores, ni reducirá el coste del despido, ni aceptará que las relaciones laborales se excluyan del control judicial». Abogó por cambiar el sistema de negociación colectiva, fomentar el trabajo a tiempo parcial y una mayor flexibilidad laboral que no explicó en qué consiste.

El planteamiento de Zapatero aboca la negociación entre patronal y sindicatos al fracaso, ya que, al margen de las dificultades para poner de acuerdo a ambas partes, el presidente parece excluir un nuevo tipo de contrato que reduzca el coste del despido, una reivindicación a la que no va a renunciar la CEOE.

El presidente del Gobierno ofreció también al PP un pacto de Estado en materia de energía, dejando abierta la posibilidad de alargar la vida útil de las centrales nucleares -ahora limitada a 40 años- si hay consenso con la oposición. Zapatero afirmó que el objetivo del Ejecutivo es ir sustituyendo progresivamente la energía nuclear por fuentes renovables, postulado que en la práctica hace imposible ese pacto con el PP.

Lo que ayer se pudo constatar en el Congreso es la falta de una política económica para afrontar esta crisis. Zapatero sigue poniendo parches y anunciando planes llenos de buenas intenciones, pero sin ningún impacto en la economía real. Todo indica que esa incapacidad del Gobierno va a lastrar una recuperación que no llega mientras se agudiza el escepticismo sobre la posibilidad de ver la luz al final del túnel.

El Mundo - Opinión

Lo único sostenible en España es el paro

Sin las auténticas y profundas reformas liberalizadoras que requiere nuestra economía, lo único "sostenible" va a ser el estancamiento económico y nuestras elevadísimas tasas de desempleo

Si este mes de noviembre el desempleo se hubiera reducido, aunque sólo fuese en una sola persona en toda España, no nos extrañaría que el Gobierno de Zapatero nos mostrara el dato como prueba de esa "recuperación económica" de la que nos habla. Lo ridículo se convierte, sin embargo, en grotesco cuando vemos al Gobierno y al PSOE insistir en esa cantinela de la "recuperación" cuando lo que ha hecho en realidad el paro en noviembre es aumentar por cuarto mes consecutivo y en más de 60.000 personas.

El PSOE han tenido la desfachatez de basar su "optimista" visión de la situación en el hecho de que en noviembre de 2008 el paro aumentó casi tres veces más que en noviembre de este año. Lo que no recuerdan los socialistas es que por aquel entonces en España había alrededor de un millón de parados menos. Y que lo alarmante, y lo que nos hace estar objetivamente peor que entonces, es que en España no tocamos fondo, y que con un millón de parados más, seguimos perdiendo puestos de trabajo y superando tasas de desempleo a las que no han llegado muchos países que, ellos sí, ya dan síntomas reales de recuperación.

Claro que de un Gobierno como el de Zapatero que incluso oculta a medio millón de trabajadores "no ocupados" de sus estadísticas de "desempleados", no se puede esperar un honesto diagnostico de situación. Lo grave es que, tal y como Zapatero ha vuelto a dejar en evidencia en el Congreso, su pomposo Plan de Economía Sostenible no es terapia alguna para los males que padecemos, muchos de los cuales, tal y como ha quedado de manifiesto, el Gobierno no reconoce.

Y es que, como bien ha señalado Rajoy, Zapatero ha presentado el anteproyecto de ley de Economía Sostenible en el Congreso, como "el heraldo de un nuevo amanecer y lo que nos trae no es más que una tramoya teatral, muy vistosa cuando se contempla de lejos, pero que, en cuanto uno se acerca, se revela como un simple tinglado de tablas, cartones y colorines".

Aunque Rajoy haya hecho una ajustada descripción de la situación económica y una buena crítica de la inconsistencia de ese anteproyecto de ley, no hubiera estado de más que concretara las "reformas, y no maquillajes" que propone el PP en materia fiscal, energética, educativa o laboral. Mención, y editorial aparte, merecería su bochornosa renuncia al uso de la replica a Zapatero en el turno de preguntas, lo que ha generado un desconcierto hasta en la bancada de su propio partido. Por mucho que una agenda mal prevista le convocara a esa hora a una reunión con empresarios, lo que no puede hacer Rajoy es descuidar su labor de oposición en el parlamento.

En cualquier caso, debería quedar claro que lo que no es sostenible para nuestra economia es que el Gobierno pretenda utilizar esta ley como una "varita mágica" que solucione por sí sola todos los problemas, tal y como han denunciado unos valientes empresarios que, hartos de la renuencia del Gobierno a emprender auténticas reformas liberalizadoras, no han dudado en enfrentarse hasta con José Blanco. Sin ellas, lo único "sostenible" va a ser nuestro estancamiento económico y nuestras elevadísimas tasas de desempleo.

Libertad Digital - Editorial

Sostener lo insostenible. Por M. Martín Ferrand

JOSÉ Luis Rodríguez Zapatero, tan liviano que ya resulta imponderable, explicó ayer en el Congreso su proyecto de Ley de Economía Sostenible. Cabe temer que, cuando la crisis en curso cumpla su ciclo, nadie podrá hablar de economía sostenida. En tiempo de tribulación, las circunstancias tienden a complicarse y, salvo enérgicas medidas que traten de impedirlo, las catástrofes engordan y desbordan las previsiones más optimistas. Todos, incluso los sabios que se reúnen en el Consejo de Ministros, saben que una parte fundamental del problema nacional reside en la esclerosis del sistema productivo, algo que hunde sus cimientos en el «pacto social» del franquismo en el que, por decirlo en caricatura, los trabajadores renunciaron a sus libertades cívicas a cambio de una escasa exigencia en sus prestaciones laborales.

El PSOE, en ejercicio de flagrante irresponsabilidad socialdemócrata, ha amalgamado sus doctrinas e intereses con los de los sindicatos y eso incumple una de las más elementales normas aritméticas que regulan la suma. Es algo que tiene, si lo tiene, una rentabilidad electoral, pero con el inmenso coste de la ruptura del equilibrio social y productivo. Un Gobierno responsable no puede pagar «protección» para evitar una huelga general porque lo que gana en sosiego lo pierde la Nación en productividad, competitividad y riqueza, tres coeficientes en decadencia que nos mantienen en el pelotón europeo de los torpes.

Cuando un gobernante, como Zapatero, sabe mejor lo que no quiere abordar para resolver un problema que lo que está dispuesto a hacer hay que perder la esperanza. La Ley de Economía Sostenible, lindo nombre para una ensoñación, es un saco de confusiones en el que caben desde la modernización de la Justicia a «otras reformas» que irá aprobando el Gobierno. Es, en lo poco que sabemos de ella, un refuerzo de percusión a la melodía de unos Presupuestos Generales propios de Antoñita la Fantástica -dicho sea con perdón de Borita Casas- y que evocan, puestos a recordar grandes nombres olvidados, aquello que cantaba Carlos Cano en La murga de los currelantes: «... Falote, que ya está bien de chupar del bote; Ramón, que hay que acabar con tanto bribón...». El ilusionismo, de gran mérito en las especialidades del varieté, es inadmisible en el discurso político de un jefe del Ejecutivo que ya tiene en el paro a un 20 por ciento de la población activa.

ABC - Opinión

Manifiesto “En defensa de los Derechos Fundamentales en Internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Zapatero pierde el apoyo incondicional de los músicos y cineastas de izquierda

Cientos de artistas se manifestaron ayer en Madrid para reclamar al Gobierno medidas que favorezcan a la industria musical. Una concentración de rostros conocidos muy diferente a la que tuvo lugar en vísperas de las elecciones generales de 2008. Entonces se reunieron para apoyar a José Luis Rodríguez Zapatero con el dedo índice arqueado sobre la ceja. En esta ocasión, el manifiesto que portaban los artistas concentrados ante el Ministerio de Industria no era de respaldo al Ejecutivo, sino la exigencia de acabar con la piratería.

La relación entre Zapatero y los artistas de izquierda está atravesando su primera gran crisis por la disonancia entre las promesas electorales del PSOE y la práctica política del Gobierno. Los creadores, que ya consiguieron la implantación del polémico canon digital a finales de la pasada legislatura, combaten ahora por mantener las subvenciones al cine español y por preservar el comercio musical del intercambio de archivos a través de internet (P2P), que tachan de piratería.

El Gobierno está tratando de complacer a todos los grupos implicados (internautas, operadoras, artistas, productoras, cadenas de televisión), aunque con poco éxito. Para contener las protestas de la industria musical, el Ejecutivo introdujo en la Ley de Economía Sostenible (LES) la posibilidad de cortar el servicio de internet a quien viole la propiedad intelectual. Una medida que ha alarmado a los internautas y que ha causado estupor entre las operadoras de telecomunicaciones agrupadas en Redtel.

Esta patronal no se ha pronunciado oficialmente sobre el proyecto legislativo, pero según ha conocido este diario, las operadoras se oponen a la medida y critican que el Gobierno la haya introducido de forma unilateral y sin previo aviso, al margen de la comisión encargada de deliberar sobre esta materia. Redtel, la Coalición de Creadores y nada menos que 10 ministerios deben publicar sus recomendaciones para luchar contra la llamada piratería antes del próximo 10 de diciembre.

Difícil acuerdo con el Gobierno

Según Antonio Guisasola, presidente de la asociación de Productores de Música de España (Promusicae), la comisión dará a conocer un plan que complemente las restricciones contenidas en la LES. Aunque, de momento, Promusicae ve difícil un acuerdo con el Gobierno, ya que el ministerio de Miguel Sebastián ha centrado la lucha contra el P2P en el cierre de webs que proporcionan enlaces a películas o canciones. Para Guisasola esto no es suficiente, por lo que reclamó un plan de “reeducación” o “sensibilización” para “dejar claro que descargar archivos es ilegal”, así como un sistema de avisos previo al corte del servicio para advertir a aquellos usuarios que descarguen contenidos.

Estas medidas, que los artistas creen insuficientes y que disgustan a los operadores, también cuentan con el rechazo general de la opinión pública, que ya manifestó su oposición al canon digital. El abogado especializado en nuevas tecnologías Carlos Sánchez Almeida aseguró que el Gobierno ha abierto la puerta al cierre administrativo de páginas web sin intervención judicial. Por ello, advirtió que el contenido de la LES puede cambiar sustancialmente al pasar por el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Parlamento.

Además, Sánchez Almeida sostuvo que perseguir a las webs que ofrecen enlaces podría haber sido útil hace varios años, pero no ahora que muchas de estas páginas están cerrando por iniciativa propia, sustituidas por otros sistemas. “La tecnología hace imposible controlar cómo compartimos los contenidos”, concluyó.

El cine reclama subvenciones

El cine, que constituyó otro sensible apoyo para el PSOE, también ha tenido que conceder algo en aras a la realpolitik de Zapatero. La Ley General Audiovisual, aunque no toca el 5% de sus ingresos que las televisiones privadas deben destinar a producción audiovisual europea, sí lo desglosa en beneficio de las cadenas y en detrimento de la industria cinematográfica, mejor tratada en la anterior normativa. A partir de ahora, un 2% se podrá dedicar a “películas y series para televisión, así como documentales y productos de animación”, como era el deseo de las televisiones, agrupadas en Uteca. El 3% restante sí deberá ir exclusivamente a financiar películas cinematográficas, con el 50% para obras de productores independientes.

¿Suficiente? No deben verlo muy claro las huestes del cine cuando el presidente de la Academia, Álex de la Iglesia, aseguraba ante el Rey la semana pasada que “con la nueva Ley Audiovisual las televisiones podrán reducir sus inversiones en el cine español y eso sería mortal”. Y eso que el Ejecutivo, en su afán por contentar a dos lobbies que le son afines –el de las televisiones y el del cine- había buscado una forma de contentar a los cineastas. Eso sí, a costa de TVE. La televisión pública ve cómo se eleva hasta el 6% el porcentaje de sus ingresos que debe destinar a financiar películas cinematográficas. Todo mientras el nuevo presidente de la Corporación, Alberto Oliart, insiste en cada intervención en que necesita más dinero.

Todo un conjunto de desavenencias entre el Gobierno y los artistas de izquierda que cristalizó en la firma de otro documento crítico el pasado 30 de octubre. 297 nombres como Ana Belén, Víctor Manuel, Pilar Bardem, Joan Manuel Serrat, Juan Diego Botto, Luis Eduardo Aute o Joaquín Sabina reclamaron a Zapatero una política más progresista. Ayer, más de 2.500 personas, según Promusicae, habían suscrito ya el manifiesto contra la piratería. Entre las firmas figura lo más granado del pop español (El Canto del Loco, La Oreja de Van Gogh, Pereza, Miguel Bosé, Alejandro Sanz…), los citados Aute y Ana Belén, y clásicos como Miguel Ríos, quien reconoce que no volvería a votar a Zapatero. Y es que, como señaló el presidente de Promusicae, “el apoyo de los artistas no es incondicional, y el Gobierno se lo tiene que ganar con hechos”.

El confidencial

Alto, que somos los buenos. Por José Antonio Martínez-Abarca

Qué susto para los españoles enterarse de que estamos considerados por Al Qaeda casi como cuando estaba Aznar: pero si nos habíamos rendido ya lo suficiente.

Qué sorpresa ha debido de ser para los españoles saber, por su Ministerio de Interior, que siguen siendo objetivo preferente de Al Qaeda, cuando pensaba que a esos pastores de cabras alternativos los tenía comprados. Que los tenía en el bote. No para otra cosa sirvieron aquellas elecciones tras el 11-M: para dejar clara la inflexible voluntad soberana de los españoles de darles a los de Al Qaeda todo lo que pidieran. Incluyendo el hacer como que la autoría de los atentados de Atocha había sido cosa de ellos.

Qué susto para los españoles enterarse de que estamos considerados por Al Qaeda casi como cuando estaba Aznar: pero si nos habíamos rendido ya lo suficiente. No sólo eso. España reanudó la privilegiada relación con las teocracias árabes, heredera directa (como que es la misma cosa) de la "tradicional amistad". Pero no se quedó ahí. La "alianza de civilizaciones" incluía a la civilización del irredentismo, la que se esconde en cuevas y baja de vez en cuando a anunciarnos el Apocalipsis a través de un vídeo.

Era poco. Aquella España salida de las elecciones del 14-M se sentía inclinada a ser mucho más generosa. Por supuesto, entregar Ceuta y Melilla al primero que se subiera al mástil del ayuntamiento y cambiara la bandera. Pero también Al Andalus, discutida y discutible. El Gobierno surgido del inquebrantable sentimiento nacional de regalar cualquier cosa, aún la propia existencia del Estado, a cambio de tranquilidad dejó claro a los mercachifles del terror mundial, sean éstos ex pescadores somalíes o chivos de las montañas de Bora-Bora, que cualquier cosa de España se puede adquirir
en el mercado, y además a un coste ridículo.

"Pero si ya habíamos comprendido las razones de los terroristas", dirá aquella España que le dio la mayoría a Rodríguez Zapatero. "Si ya, para reajustar el equilibrio interior de nuestra superioridad moral progre, habíamos encontrado, cerrando los ojos ante la inesquivable presencia de Alá, un motivo laico, plausible, una dialéctica ricos/pobres, una insaciable sed de justicia mundial por la cual esa gente hace lo que hace y promulgamos a los cuatro vientos que estábamos más que dispuestos a dejar de existir sin dejar huella por complacerles, sólo a cambio de que nos permitieran pacer en el dulce desfibramiento en los cuatro ratos que nos quedan por vivir como país".

No se conforman. Siguen creyendo que esta España es la de Aznar. Qué desasosiego han provocado en un buenismo que ahora empieza a pensar que aún no ha sido lo suficientemente bueno, lo bastante deshuesado y anélido. ¡Secuestros de cooperantes del país que más dispuesto a cooperar está del orbe a cargo de un grupo de soñadores con causa, "con motivo"! ¡Qué disgusto!

Libertad Digital - Opinión

El secuestro de la Razón. Por José García Domínguez

Habita un equívoco pueril tras la alegre irresponsabilidad. El prejuicio que presume a todo terror político como nacido de la pobreza y la desigualdad. Piadoso yerro que lleva a creerse libres de amenaza a quienes se perciben en el bando del Bien.

Antes, cuando Franco y todo aquello, los chicos con inquietudes de las familias bien se hacían del Partido Comunista para expiar su mala conciencia por los golpes que no les había dado la vida, que diría Gil de Biedma. Y ahora montan oenegés con tal de arreglar el mundo durante unas vacaciones de quince días en temporada baja, o sea, lo mismo, pero con la ventaja de ahorrarse el seminario ladrillo sobre la undécima tesis de Feuerbach.

En fin, todo sea por enmendarle la plana a la Iglesia que, sabia por vieja, había taponado esas grietas del alma burguesa con las huchas del Domund y la entrega encomiable, ésa sí, de los misioneros. Y pensar en lo mucho que podrían hacer por la Humanidad tantos coroneles Tapioca de campo y playa, Indianas Jones de fin de semana, quedándose en casa y dejando a quienes en verdad conocen el percal la tarea de auxiliar al Tercer Mundo. Pero no. Por cada émulo doméstico de Vicente Ferrer nos ha tocado capear con la negligencia peliculera de cien Lawrence de Arabia.

Habita, por lo demás, un equívoco pueril tras la alegre irresponsabilidad que demasiadas veces los empuja a correr riesgos temerarios, inadmisibles desde cualquier punto de vista que se quiera adulto. A saber, el prejuicio que presume a todo terror político insurgente como nacido de la pobreza y la desigualdad. Piadoso yerro antropológico que lleva a creerse libres de amenaza a quienes se perciben en el bando del Bien y la Justicia, al modo de tantos turistas del ideal. Como si Al Qaeda, sin ir más lejos, no odiase a los occidentales por el simple hecho de serlo, sin mayores distingos, reos todos del supremo pecado de impiedad por no postrarse, sumisos, ante las salvíficas enseñanzas del Profeta.

Sólo desde las brumas de ese adanismo tan primario, tan elemental, tan ciego, cabe entender ciertas imprudencias rayanas en la pura y simple necedad. De ahí que ya fuese siendo hora de fijar límites a las obligaciones del Estado ante las arriscadas audacias de eternos adolescentes particulares. "Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde", sentenció en memorables versos el mismo Gil de Biedma. ¿Cuánto nos habrá de costar que no se entienda verdad tan simple?

Libertad Digital - Opinión