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Estas declaraciones sólo tienen utilidad si se persiguiese y penase gravemente el perjurio. Pero si así fuese difícilmente la corrupción política sería tan grande.
Probablemente casi todos teníamos la percepción de que la corrupción política en España ha progresado desde los primeros tiempos de la transición, con sólo un reflujo con los gobiernos de Aznar, alcanzando actualmente proporciones gigantescas. Por lo general, los miembros de nuestra clase política (cada vez menos "nuestra" y más "suya") nos tranquilizaban diciendo que se trataba de casos aislados y poniéndose muy dramáticos en sus manifestaciones de condena. Pero tanto va el cántaro a la fuente... que ya no caben disimulos. El diario El Mundo, a partir de las Memorias de la Fiscalía Anticorrupción y de los procedimientos abiertos en diferentes Tribunales Superiores de Justicia, calcula para los diez últimos años el importe del peculado en un mínimo de 4.158 millones de euros. Por su parte, la ONG Transparencia Internacional nos ha bajado en su ranking de corrupción del puesto 23 al 28 (Lo que nos sitúa ante una alternativa: cómo estarán los demás o qué torpes son los de la Trasparencia esa).
Respecto a la opinión de los españoles ante el fenómeno, según un estudio de Sigma Dos para el mismo periódico, el índice de corrupción durante los Gobiernos de Suárez (UCD) fue del 1,6; durante los Gobiernos de Aznar (PP), del 14,5; durante los Gobiernos de González (PSOE), del 23,9; y, finalmente, durante los Gobiernos de Zapatero (PSOE), 27,3. En la medida en que este estudio sea fiable, el observador puede constatar una correlación aproximada entre incremento de la corrupción y acrecimiento de las competencias autonómicas. Ciertamente, una correlación no indica necesariamente una relación de causalidad entre ambos fenómenos, pero da qué pensar...
El Mundo nos transmite la opinión de diversos expertos sobre las medidas a adoptar para combatir la corrupción. Casi todas son razonables; casi todas requerirían de su asunción por los partidos, que se han apoderado no ya del poder ejecutivo, sino también del legislativo, y al menos parcialmente del judicial, lo que no induce mucho optimismo. Resulta razonable devolver al Estado las competencias sobre urbanismo; eliminar la discrecionalidad de la elaboración y modificación de los planes de urbanismo; terminar con la dependencia de la financiación de los partidos del poder financiero; aumentar la gravedad de las penas para estos delitos y alargar los plazos de prescripción de los mismos.
En cambio, me parece una broma la propuesta que el periódico atribuye al colega Manuel Villoria: exigir declaraciones de ingresos a los cargos. Todavía está reciente la publicación de las declaraciones patrimoniales de los miembros del Gobierno. Yo un funcionario jubilado sería más rico que alguno de ellos. Como además de más rico que ellos, soy más generoso les propongo intercambiar bienes e ingresos. Estas declaraciones sólo tienen utilidad si se persiguiese y penase gravemente el perjurio. Pero si así fuese difícilmente la corrupción política sería tan grande.
Libertad Digital - Opinión
La corrupción española no es una plaga bíblica, sino la apoteosis de un sistema político que sobrevive sin los principios fundamentales que rigen las democracias avanzadas
Cada vez hace más falta valor civil para ocuparse de cuestiones obvias. Las hay por todas partes, pero miramos para otro lado, o peor, no sabemos mirar lo que vemos. He aquí tres sencillos ejemplos, tres cuestiones de Perogrullo, sobre las que no debemos callar, porque sería tanto como renunciar a nuestro primer y fundamental derecho entre todos los derechos ciudadanos, a saber, "hablar sin miedo." Un derecho que, dicho sea de paso, empieza a tambalearse en todos los medios de comunicación.
Primera: ¿Por qué el presidente del Gobierno rechaza la propuesta del Congreso de los Diputados de reducir ministerios y burocracia en época de crisis económica? Porque él no toma decisiones contando con instituciones democráticas. Él decide por su cuenta y saltándose todas las mediaciones entre él, el presidente, y el Pueblo. Zapatero es un populista en estado puro, o sea, un cínico: hace lo contrario de lo que dice.
Segunda: ¿Por qué los monopolizadores del sindicalismo español junto a unos cuantos actores y escritores convocan una manifestación contra los empresarios? Porque ellos están al servicio de Zapatero, o mejor, le guardan una fidelidad perruna; renuncio a saber qué significado tiene la palabra política para este personal, que convoca por "otra política y otros valores para salir de la crisis económica", entre otros motivos, porque tendría que llamarles totalitarios y farsantes; pero no puedo sustraerme a intentar averiguar qué significados pudieran albergar esos "otros valores" a los que apelan. Sospecho que estos nuevos valores tienen las piernas muy cortas. De ellos nadie espere otra cosa que resentimiento contra los verdaderos valores, o sea, más falsa conciencia en sus formas dominantes: mentira, falsificación, ideología y cinismo.
Y, tercera, ¿por qué nuestros políticos son tan timoratos al hablar de la corrupción en la democracia española? Porque no existe la democracia. Todo es corrupción. Repito: la corrupción española no es una plaga bíblica, sino la apoteosis de un sistema político que sobrevive sin los principios fundamentales que rigen las democracias avanzadas: confianza, responsabilidad, fe en la palabra del otro, principios y tradiciones sobre las que construir la base de la civilización. La honradez ha desaparecido de la vida pública. Pero si quedara algo de esa virtud, las listas cerradas y bloqueadas de todos los partidos políticos impiden cualquier atisbo de renovación del sistema político.
Libertad Digital - Opinión
SEGÚN una encuesta, la mitad de los militantes del PP creen que su partido, o sea, sus dirigentes, «no saben lo que quieren». ¿Qué no saben lo que quieren? ¡Vaya si lo saben! Quieren ser, él o ella, el «número uno». Y como números uno sólo puede haber uno, perdonen el pareado, tienen que deshacerse de los demás. Es a lo que se han dedicado desde las últimas elecciones con pasión, eficacia y mala uva demoledoras, olvidando los problemas que preocupan a los ciudadanos, la crisis económica en primer lugar, con su secuela de paro, déficit y negras perspectivas, que nos sitúan en los últimos lugares cara a la recuperación. Nada tiene de extraño que la ventaja que habían adquirido sobre el PSOE, dada la mala gestión de éste de la crisis, se haya convertido en un empate técnico. El uno por no saber, y el otro por no querer, el caso es que nos encontramos sin alternativa, una de las peores situaciones en las que puede encontrarse un pueblo. Nueve de cada diez españoles, según otra encuesta, consideran nuestra situación política mala o muy mala. Zapatero inspira poca o ninguna confianza a tres de cada cuatro. Pero es que Rajoy inspira aún menos. Es difícil encontrar una situación más crítica desde la Transición. A fin de cuentas, la amenaza del 23-F venía de fuera del sistema democrático. Pero esta viene de dentro, de los propios partidos mayoritarios. ¿Cómo vamos a hacer frente a la crisis? ¿Cómo vamos a superarla?
Refiriéndonos concretamente al PP, pues el problema del PSOE es distinto, puede que opuesto, quienes han estado tirando piedras contra Rajoy comprueban ahora que las estaban tirando contra su propio tejado. Se siguen creyendo que así van a derrotar a Zapatero, se equivocan de medio a medio. A quienes se están derrotando es a ellos mismos, personal y colectivamente, como algunos ya han comprobado en su propia carne.
No es que Rajoy este libre de culpa. Bien está la cachaza y la prudencia en el mando. Pero hay momentos en los que no queda otro remedio que tomar decisiones por desagradables que sean, si uno no quiere ser arrollado por los acontecimientos. Aquello que contaban de Franco, que dejaba en un lado de su mesa de despacho los asuntos «que se arreglaban por sí solos», y en el otro, «los que no tenían arreglo», por lo que lo mejor era no tocarlos, servía en la dictadura. Pero en la democracia hay que demostrar quién está al mando, sobre todo en tiempos de crisis, y estos sin duda lo son, para el partido y para la nación.
Mañana se reúne el Comité Ejecutivo del PP, para abordar la situación. Es la última oportunidad que tiene Rajoy de demostrar que tiene lo que se exige a todo líder: autoridad. Si no la tiene al frente de su partido, difícilmente convencerá a los españoles de que la tendrá al frente del país.
ABC - Opinión
Aznar predicó en la campaña del 96 un proceso de regeneración de la vida pública después de un largo reinado socialista. Pero antes había regenerado el tejido de una derecha nacional rota por las ambiciones cruzadas de sus dirigentes (Fraga, Suárez, Alzaga, Osorio, Segurado, Herrero). Una criatura política de Aznar, Mariano Rajoy, vuelve a predicar la necesidad de acometer un similar proceso de regeneración interna. Ese es el mensaje que nos reserva para su esperadísima intervención de mañana ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP. Corre el riesgo de quedarse en las consabidas apelaciones a la unidad, el respeto a los militantes, la cohesión interna, la ejemplaridad y el acatamiento de la disciplina interna. Si no concreta, si no pisa el barro, no podrá evitar que, casi 30 años después de la voladura de la UCD, vuelva a tomar cuerpo el histórico maleficio del cainismo en la derecha española.
Los primeros síntomas aparecieron con la derrota del PP en las elecciones generales del 2008, cuando Esperanza Aguirre se presentó en sociedad como alternativa a la resignación (“Yo no me resigno”). O sea, como alternativa a Mariano Rajoy. Todo se quedó en un ruidoso amago. Pero el daño ya estaba hecho. Y desde entonces la presidenta madrileña ha sido una agitadora permanente contra el liderazgo de Rajoy, siempre dispuesta a explicar por qué con este candidato el PP nunca le ganará las elecciones al PSOE.
El marianismo se recostó en Valencia para apuntalar su vocación de supervivencia. Allí estaba su amigo Camps, que le ofrecía un sólido anclaje electoral e institucional. También puso sus complacencias en Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid y enemigo íntimo de Esperanza Aguirre, por aquello de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Ahí están los cuatro protagonistas drama: Rajoy, Camps, Aguirre y Gallardón. En torno a ellos entran y salen los actores secundarios y las estrellas invitadas: Rodrigo Rato, Ignacio González, Manuel Cobo, Ricardo Costa, Manuel Fraga, José María Aznar etc. Y como escenarios de la crisis interna, el caso Gürtel y la batalla por la presidencia de Cajamadrid.
El antimarianismo de guardia la presenta como una crisis de liderazgo. Nadie tan elocuente como Manuel Pizarro y su fábula pastoril: si el pastor no va delante las ovejas se desparraman. Calla Pizarro que en el rebaño hay lobos con piel de cordero y carneros disfrazados de ovejas. Se admiten apuestas sobre el disfraz que le cuadra a Aznar, otro de los que se apuntan a la falta de liderazgo como la clave de la vigente crisis interna del PP. Al ex presidente del Gobierno también le ha dado por hacer pedagogía de manual: partido, proyecto y líder. Tres elementos imprescindibles para la conquista del poder. Uno de cada, claro. Lo que no puede haber es dos proyectos, dos partidos y más de un líder.
Cráneo privilegiado el de Aznar. Aunque no hacen falta tantos rodeos para hacerle esta entrada sucia a su sucesor, que no es la primera. Bastaría con que dijese con toda claridad si siente que acertó o se equivocó con Mariano Rajoy. Es decir, si le reconoce o no como su propia criatura política. Y así todos sabrían a qué atenerse en el PP cuando, en medio del desaliento de la militancia y la sensación de jaula de grillos que está transmitiendo como partido, suenen algunas voces pidiendo un congreso extraordinario para confirmar en la presidencia a Mariano Rajoy o, en su caso, buscarse otro pastor para mantener unidas a las ovejas.
el confidencial - Opinión
Conozco, desde hace tiempo, a una señora que tiene a los niños criados y al marido ocupado en sus cosas, y la suerte, ella, de no tener que trabajar para ganarse la vida. Es una de esas mujeres afortunadas con posición económica cómoda, dentro de lo que cabe, que dispone de tiempo suficiente para dedicarlo a sí misma. Como todavía está de buen ver –fue muy guapa y todavía lo es–, no necesita dedicar horas a mantenerse en forma, pues tiene una forma estupenda. De maruja calza lo mínimo: no es de mucha tele –excepto los debates políticos, que se los zampa–, sino del tipo lectora. Devora libro tras libro; sobre todo, novelistas rusos y centroeuropeos, en ficción, e historia, ensayo y memorias sobre la primera mitad del XX. De bolcheviques, revoluciones y ocaso de la monarquía austrohúngara, entre otras cosas, sabe más que nadie. Disfruta con todo eso, sin otro objeto que el conocimiento en sí mismo. Saber y pensar. Ni se le ocurre escribir novelas, ni nada. Sólo tiene una profunda curiosidad por la vieja y zurcida Europa. Por comprender, a la luz de la memoria escrita y la cultura, el mundo que fue y el que es. El pasado que explica el presente y los seres que lo pueblan.
Tiene tiempo libre, como digo. Y hace un par de años, en vez de meterse en un gimnasio o estirarse la piel, decidió hacer una segunda carrera universitaria. Volver a las aulas, estudiar de nuevo, asistir a clases que abrieran nuevas puertas a sus ganas de saber, a su mirada curiosa y lúcida. Empezó temiendo ser la abuelita Paz de su clase, pero se integró bien. Intercambia apuntes, hace trabajos en común. El año pasado, estudiando como una leona, aprobó el primer curso de una carrera de humanidades. Está encantada. Feliz. Sobre todo, como ella dice, porque es maravilloso aprender sin otra ambición que el conocimiento. Y también porque, afirma, su respeto por los jóvenes es mayor desde que los trata cada día. Estamos equivocados con ellos, sostiene. La mayor parte de mis compañeros de clase son chicos cultos, de una tenacidad admirable. Con ganas de aprender. Con vocación, inteligencia y coraje. Nunca he vuelto a hablar despectivamente de un joven universitario desde que estoy de nuevo allí. Deberías decirlo en uno de tus artículos, Reverte. Es de justicia.
Porque sólo es otro mundo, afirma mi amiga. El que viene. Chicos orientados hacia una manera diferente de ver la vida, nacidos en un territorio hostil, más desesperanzado que el de sus padres y abuelos. Con un futuro incierto, peligroso. Pero eso no mata su entusiasmo. Es cierto que muchos llevan impresa la mirada del soldado perdido: de quien sabe que el combate tiene pocas posibilidades de victoria. Sin embargo, es admirable verlos levantar la mano en clase para plantear preguntas o iniciar una discusión; la energía valerosa con que defienden lo que creen saber y se adentran en lo que les interesa. Su tenacidad, su sensatez. Una chica con piercings y la tripa al aire, un pasota desastrado, pueden hacer de pronto una observación o formular una pregunta que te hacen mirarlos, asombrada. Fascina observar cómo se afirman intelectualmente, adentrándose en su vocación. En sus sueños. Y no creas que van engañados: saben lo que les espera. Perfectamente. Su generación creció con la certeza del paro irremediable, del triste paisaje que les dejamos como herencia. Y sin embargo, es conmovedor verlos perseverar, tenaces, en lo que les pide el cuerpo. Persiguiendo lo que aman. Estudian hermosas carreras, en apariencia inútiles, porque la utilidad que persiguen es otra. Va más allá del simple ganarse la vida.
Hay pedorros, claro. Muchos. Descerebrados e imbéciles. Simple carne de botellón: borregos listos para el matadero. Pero ésos siempre los hubo –haz memoria, Reverte–. En cuanto a mis actuales compañeros de clase, te sorprendería ver los libros que llevan, mezclados con los de Stieg Larsson y Ken Follet: clásicos griegos y latinos, o literatura de altísima calidad. Los hemos visto crecer pensando que son una generación irresponsable, analfabeta funcional, que poco sabe y menos quiere saber. Sin darnos cuenta de que las necesidades y el modo de aprender han cambiado, pero las ganas siguen. Si piensas en lo que a nuestra generación le enseñaron y lo que aprendió por su cuenta, comprenderás que es lo mismo. Estos chicos hacen idéntico esfuerzo al que hicimos nosotros; más admirable en su caso, pues ahora las interferencias son mayores. Los juzgamos con dureza al verlos todo el día con el ordenador y la tele, sin darnos cuenta de que ése es otro modo de formarse, que nosotros no tuvimos. Una herramienta útil, adecuada al tiempo que viven y a lo que les espera, que ellos manejan como nadie. Que los lleva más allá de donde a nosotros nos llevaban nuestros simples libros. Así que no te equivoques con ellos, amigo. Y deja de gruñir. Durante algún tiempo seguirá habiendo justos en Sodoma.
XL Semanal
Me gustaría equivocarme, porque no siempre es buena en política la ley de los desesperados: cuanto peor, mejor. Sin embargo, parece inevitable en el destino de España, es decir, en el actual curso desordenado de sus cosas, que la desaparición de un sistema yerto aunque insepulto se produzca por la lenta degradación de las funciones vitales en lo que un día fue -o creímos que era- cuerpo constitucional vivo; pero que hace ya tiempo que es sólo cáscara vacía, dolor sin esperanza y sin ilusión de cura o de milagro. El momento clave del fin del régimen constitucional español llega cuando la Oposición a la liquidación nacional se rinde a los liquidadores, es decir, cuando el PP se rinde ante el PSOE porque no puede, no quiere, no sabe o no le conviene seguir resistiendo. No es que previamente no hubiera renunciado ya a muchas cosas: la más importante, desde el principio, es la igualdad de derechos (primero lingüísticos, luego todos) de los españoles. Sin embargo, al menos su discurso político parecía mantener dos ideas: la legitimidad de la Nación española como fuente única de toda legalidad y la libertad de los ciudadanos garantizada en igualdad ante la Ley.
Hoy ni los ciudadanos son iguales ante la ley, ni tiene garantías su libertad, ni tenemos, en consecuencia, Estado de Derecho, ni hay posibilidad de apelar a la legitimidad de la Nación para restaurar o reformar el Estado. No estamos en un proceso revolucionario o constituyente, sino arteramente anticonstituyente, que desmonta por la sucia vía de los hechos consumados el Estado de Derecho que diseñaba la Constitución de 1978, refrendada por una amplísima mayoría del pueblo español, titular único de su soberanía. No asistimos al cambio de un régimen por otro, sino a la demolición del Estado previa destrucción de la soberanía popular y la legitimidad nacional. Y siendo esto gravísimo, hay algo todavía peor: no existe proyecto alguno para España, salvo el de ir encadenando Presupuestos y Elecciones como si no pasara nada. Más vil: sabiendo que pasa y proclamando que no pasa. Estas circunstancias, denunciadas por el principal partido de la Oposición, podrían haber desembocado en la esperanza y la posibilidad de volver a la letra y al espíritu del régimen constitucional si el PP ganaba las elecciones. Era el espíritu que alentaba el recurso contra el Estatuto de Cataluña, para el que recogió más de cuatro millones de firmas. Pues bien, eso es lo que, en el espíritu desalmado de estos tiempos, ha desaparecido también en el PP. Y lo hace sin avisar, rectificar o explicarse ante la ciudadanía, y muy en especial ante los diez millones que votaron al PP de Rajoy hace un año.
Desde entonces, Rajoy ha traicionado su programa electoral y, por tanto, a sus votantes. Y lo ha hecho sin dar oportunidad democrática de votar a los militantes y orquestando un congreso "búlgaro" en Valencia para seguir en el cargo a cualquier precio. Y el precio ha sido altísimo. Ha dado la espalda a Zaplana y Acebes, triturados ferozmente durante cuatro años por el PSOE como símbolos del PP, diciendo que "se presentaría con su propio equipo", negando de paso cualquier relación con Aznar, justo el que lo nombró. Ha echado del PP, previa campaña de demolición orquestada desde Génova 13, a María San Gil. Ha despreciado en el parlamento a cualquiera ligado o identificable con Aznar, empezando por Pizarro, su número 2 por Madrid.
Se ha identificado hasta extremos risibles con Gallardón, al que negó previamente ese número 2, para tener el mismo trato de favor de PRISA que el alcalde de Madrid. Impidió que hubiera alternativas a su candidatura de Valencia con un sistema de compromisarios que era una burla a la democracia y un canto al caciquismo. Se apoyó en Arenas y Camps al precio que Gallardón y PRISA le pedían, que era doble: en primer lugar, atacar a los medios que más le habían apoyado hasta la voltereta búlgara, El Mundo y la COPE (donde presionó a través del pío Jorge Fernández para lograr la salida de los periodistas críticos con él) por decirle, supuestamente lo que debía hacer; pero, en segundo lugar, él sí hizo lo que mandaban Cebrián y Gallardón, que era romper con Esperanza Aguirre. Así lo hizo en el discurso de Elche tras la farsa búlgara, cuando retó a irse "al Partido Liberal o al Partido Conservador" al que no quisiera seguir el nuevo guión político del PP, "moderado" y "centrista", o sea, el de PRISA y Gallardón. También a satisfacción de ambos se cargó a Sirera en el PP catalán para romper la línea de confrontación con los nacionalistas, plasmada en el recurso al Constitucional contra el Estatuto. Y lo sustituyó por Sánchez Camacho en una grotesca operación que estuvo a punto de lograr, de rebote, la victoria de Nebrera, que ha acabado yéndose del PP.
Estalló el Caso Gurtel, y Rajoy mantuvo al implicadísimo Bárcenas, como tesorero del PP. Tras negar toda evidencia, hizo también bandera del apoyo a Camps en las elecciones europeas (Mayor lo proclamó el hombre "más honrado de Valencia y de España") y todavía en Septiembre montó otro mitin gigantesco y una paella multitudinaria para identificarse con el PP de la Comunidad Valenciana. Mientras respaldaba a los afectados por Gurtel, Rajoy –con el explícito y habitual apoyo de Gallardón– apoyaba un grotesco montaje de El País contra Esperanza Aguirre y llegaba a abrirle expediente, que archivó sólo cuando El Mundo demostró las falsedades del supuesto espionaje contra el gallardonismo, al que ha vuelto Cobordón.
Cambió el clima gurteliano y cambió Rajoy. Dejó de apoyar a Camps pese a haberlo pactado en el indiscreto almuerzo del Parador de Alarcón, en la línea exhibicionista del mitin-paella. Se proclamó engañado por Camps y acabó echando al secretario general, Ricardo Costa, al que por otra parte reconocía su honradez y no imputaba delito alguno. Pero el PP valenciano se negó a respaldar la defenestración y no firmó su cese como secretario general. El pasado lunes, último de octubre, Gallardón, aunque con fotos de archivo de su "esclavo moral" Cobo, cargó de forma soez contra Aguirre por no mantener a Blesa o poner en Cajamadrid a Ignacio González, nada afecto a PRISA, que debe a la caja 750 millones de euros de los 3.000 que hacen imposible su supervivencia (el grupo vale 2.000 y debe 5.000). Rato, aunque alineado con Esperanza frente a Gallardón, siempre fue devoto de PRISA, como demostró en el clamoroso incumplimiento de la sentencia del Supremo contra el "antenicidio" a cambio del apoyo para suceder a Aznar.
Rajoy y Cospedal apenas disimulaban su apoyo a Cobo y Gallardón (que respaldó públicamente los insultos –"vómito", "gestapillo"– contra Aguirre) escudándose en un supuesto reglamento de garantías del PP, pero provocando que 107 de los 110 alcaldes de Madrid apoyaran públicamente a su presidenta y pidieran la expulsión de Cobo, cosa que estuvo a punto de suceder en el propio Ayuntamiento de Gallardón. Que, por cierto, salvó a Cobo con una votación "a mano alzada" y ante él mismo, una fórmula que hubiera resultado groseramente antidemocrática en la mismísima Bulgaria. Tuvo entonces la ocurrencia Ricardo Costa de hablar como lo que era y es legalmente: secretario general del PP de Valencia, pidiendo muy respetuosamente que le dijeran de qué se le acusaba. A los pocos minutos era suspendido de militancia, mientras Cospedal proclamaba sus palabras mucho más lesivas para el partido que las de Cobo y Gallardón. Y tras la alcaldada, anuncia ahora Rajoy un discurso "muy duro" para el martes. Será duro, pero nada nuevo: ya lo oímos en Elche. Todo indica que Rajoy prepara el II congreso de Valencia, pero esta vez quiere que la capital de Bulgaria sea Madrid. Veremos. Madrid es Madrid y hasta el rabo todo es toro.
El blog de Federico
«Primero utilizan el urbanismo y luego las empresas de servicios municipales (agua, limpieza, mantenimiento...), y éstas son un pozo sin fondo, como se ha visto en El Ejido o en Barcelona». Son palabras de un constructor de la Costa del Sol al que políticos de todos los colores llevan años pidiendo dinero: de cien mil a diez millones de euros, si es una recalificación de calado. «Malaya», «Astapa», «Gürtel», «Pretoria»... Son los nombres de las operaciones policiales que han marcado hitos en la lucha contra la corrupción urbanística, que se extiende a todos los partidos: socialistas y populares, nacionalistas e independientes. De ahí que en la opinón pública vaya cuajando la necesidad de poner coto, o al menos atajar en la medida de lo posible, esta lacra en fase expansiva. Voces cualificadas sugieren un pacto de Estado, con profundas reformas legales (administrativas y penales) al que se comprometan todos los partidos.
«Los corruptos no tienen ideología, por eso es absurdo que los partidos quieran ganar votos con el «ladrillazo»; están afectados por igual y sólo si hay financiación ilegal del partido -hasta ahora demostrada sólo en el «caso Filesa»- se puede decir que es la formación política la implicada», explican fuentes fiscales.
Todos corruptos
La «operación Pretoria» lo ejemplifica: dos ex altos cargos del Gobierno de Pujol, un ex diputado del PSC y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet. El dinero manda, como quedó claro tras la «Malaya» en Marbella, donde estaban implicados los concejales del GIL, del Partido Andalucista y del PSOE.
Descartado, por tanto, que unos partidos sean más corruptos que otros -en el futuro quizá se den cambios por las deficiencias de los sistemas de financiación-, sí que hay aspectos comunes en estos escándalos: los municipios afectados tienen entre manos importantes desarrollos urbanísticos, lo que conlleva recalificaciones de suelo y un aumento importante de población.
«El ladrillo ha hecho millonarios a muchos y también llevará a muchos a la cárcel», aseguran las fuentes consultadas por ABC. El sistema de financiación de las corporaciones locales es el caldo de cultivo. «Los ayuntamientos se financian a través de los convenios urbanísticos, y esa es una vía de penetración perfecta para la corrupción. Si no se soluciona la primera, con eso que algunos han llamado la segunda descentralización, no se acabará con la segunda», señalan los expertos.
Al calor del desarrollo urbanístico surgen los protagonistas del cohecho: de un lado, miembros del equipo de gobierno del ayuntamiento o la comunidad de turno, que llevan mucho tiempo en sus cargos y han tejido una tupida red de intereses alrededor; se sienten cómodos, impunes -el «caso Gürtel», con los ayuntamientos y cargos implicados sería un buen ejemplo-; de otro, empresarios que aspiran a repartirse el pastel, con abogados que asesoran, sacan tajada y disponen además de relaciones privilegiadas en despachos influyentes. El Ejido o Estepona son claros exponentes.
Si a estos elementos se une que el municipio esté en una zona costera, en especial la mediterránea de norte a sur -Costa del Sol, de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña-, el cóctel explosivo de la corrupción estaría servido. Y es que sólo con la intención de recalificar un terreno rústico y convertirlo en urbano comienza a moverse mucho dinero -de nuevo la «operación Pretoria», esta semana en Cataluña, es ejemplo de ello-. Guardia Civil y Policía mantienen abiertas una docena de operaciones y hay varias más que comienzan a dar sus primeros pasos porque la crisis de la construcción aún no afecta a los corruptos.
Empresarios sin escrúpulos
El funcionamiento de las tramas sigue un mismo patrón. Se necesita a un alcalde, un concejal de urbanismo o bien técnicos municipales de ese sector dispuestos a llenarse los bolsillos; alguien ajeno a ellos -aunque puede ser la misma persona, como Juan Antonio Roca en Marbella- que conozca las interioridades de la localidad, en especial posibles recalificaciones; y, empresarios con pocos escrúpulos en unas ocasiones o, en otras, financieros hastiados de no conseguir ni una sola obra de forma legal.
Los promotores compran los terrenos cuando aún no se puede edificar a un precio muy bajo. Buena parte de ese «ahorro» lo dedican a pagar los favores del conseguidor y de los corruptos del ayuntamiento implicado. El resto de su ganancia la consiguen con una nueva venta del solar, ya a un precio mucho más elevado, o bien con la venta de los inmuebles que construye. Dinero fácil para todos y posibilidad de repetir la operación casi hasta el infinito.
No existe patrón sobre quién toma la iniciativa del cohecho: el político -como parece que sucedió en Estepona- o el empresario, consciente de que tiene que depositar una «mordida» si quiere trabajar en un pueblo determinado. El elemento común es el ladrillo y el dineral que lleva aparejado.
La corrupción urbanística produce más dinero que la droga, según fuentes policiales, y tiene la ventaja de que las penas son menores. Un ejemplo es Julián Muñoz, condenado en un buen número de causas y en libertad a la espera de que se celebre el juicio por la «operación Malaya», la primera que se saldó con la disolución de un Ayuntamiento por corrupción.
La «Malaya» es por «reiteración, alevosía» y monto del trinque el mayor caso de corrupción urbanística destapado. No es casualidad que se diera en Marbella. Málaga es una de las provincias con más denuncias. Desde 2006 han sido detenidos siete alcaldes y más de 300 personas serán juzgadas en 2010 por corruptelas de todo tipo. En Andalucía los casos son legión. No se libra ni una sola provincia, aunque como es lógico existen grados de voracidad económica. En los últimos años han sido investigados medio centenar de alcaldes andaluces, buena parte del PSOE, casi siempre por construir en terrenos no urbanizables. El Ejido es el último episodio y ha acabado con su regidor, ex PP, en prisión.
En Canarias, otro de los feudos apetitosos, se ha dado en los tres últimos años un desfile de alcaldes, ex alcaldes y responsables de urbanismo por los juzgados. El caso de más relumbrón ha sido el del regidor de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), a raíz de una operación millonaria para urbanizar parte del frente de la playa de Las Teresitas. Las corruptelas salpican tanto a la formación nacionalista como a la grancanaria Nueva Canarias, así como a los dos grandes partidos, PP y PSOE. El último gran caso ha sido la «operación Unión», con una treintena de detenidos en Lanzarote y que afecta especialmente al PIL de Dimas Martín y a su socio habitual, el PSOE.
Ex presidentes a la cabeza
Baleares es la comunidad que apunta más alto desde el punto de vista político, dado que están imputados por presunta corrupción el ex presidente del Gobierno autonómico, Jaume Matas (PP) -caso «Palma Arena»- y la presidenta del Parlamento balear, María Antonia Munar (UM) por una venta irregular de terrenos. Otro ex presidente, Gabriel Cañellas (PP), es investigado por la Fiscalía en relación con el ayuntamiento de Andratx, y el ex alcalde de ese municipio mallorquín fue condenado a prisión.
En Murcia se instruyen nueve casos: seis afectan a municipios gobernados por el PP y el resto al PSOE o vinculados a anteriores ediles socialistas. Hay ocho alcaldes y ex alcaldes de ambas formaciones imputados por tramas de corrupción, y dos diputados regionales, uno de cada partido. Cierran la lista el senador socialista Manuel Hurtado, cuyo aforamiento está pendiente de la decisión del TS, y el ex consejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, detenido en marzo en relación con la recalificación de una finca protegida para una urbanización de lujo.
La Comunidad Valenciana, donde la Gürtel ha extendido sus tentáculos pero no en el urbanismo, tiene también una decena de alcaldes y ex alcaldes imputados, así como una ex diputada socialista en el Congreso, a quien la Fiscalía acusa de vivir en un chalé «regalado» por una constructora.
El caso Ciempozuelos de Madrid, los alcaldes populares de esta comunidad imputados en la Gürtel... no son municipios costeros, pero las apetencias urbanísticas en zonas como Boadilla, Majadahonda o Pozuelo resultan aún mayores y la posibilidad de hacer caja, también. En la memoria colectiva está el caso del macroproyecto de Seseña, promovido por el constructor Francisco Hernando, «El Pocero», con la recalificación de dos millones de metros cuadrados para construir 13.500 viviendas -sólo hay construidas 5.600 y las obras se han paralizado-. Anticorrupción sigue investigando la que se considera la mayor operación especulativa de vivienda.
«Si no hay un enriquecimiento o algún componente penal, son conductas asumibles por la sociedad. Es frecuente encontrarte a gente que te dice sin rubor que prefiere que se lo lleven los suyos (a quienes votan), a que se beneficien los contrarios; o que te suelten que antes lo han hecho todos los que han pasado por allí», señalan los investigadores.
En cuanto a los denunciantes, las Fuerzas de Seguridad reciben informaciones anónimas y otras con nombres y apellidos: una parte nada desdeñable procede de empresarios que se sienten agraviados por el reparto del pastel. Otros, denuncian cuando fracasan en los procedimientos legales que plantean y creen que tienen razón.
«La corrupción es un problema de todos que tenemos que erradicar» (Soraya Sáenz de Santamaría esta semana), pero la proclamada «tolerancia cero» es aún más que una utopía para todos los partidos políticos.
ABC
Los casos de corrupción destapados las últimas semanas en diversas localidades españolas se suman a los que ya están siendo investigados en alrededor de medio centenar de ayuntamientos. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan una cifra de más de 800 imputados entre políticos, funcionarios o empresarios.
La última trama de corrupción desarticulada ha sido la del municipio catalán de Santa Coloma de Gramanet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentra el alcalde, Bartomeu Muñoz. En esta operación están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.
Aunque el caso que más atención ha acaparado durante los últimos meses es 'Gürtel', la comunidad con más imputados es Andalucía, dado que la investigación que destapó la trama de corrupción del ayuntamiento de Marbella, y que supuso por primera vez en la democracia española la disolución de un ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.
Pero además, en Andalucía hay otras operaciones abiertas que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan, al menos, a siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Entre ellos se encuentran los consistorios malagueños de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.
Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los principales casos destapados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.
Uno de los casos más polémicos de las islas es el conocido como 'trama eólica', pero también han salido a la luz otros procesos como el llamado 'caso Faycán', que afecta al municipio de Telde, o los relacionados con las localidades de Santa Brígida, Yaiza, Arona, Mogán, Arrecife, La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.
Sin embargo, el caso que ha cobrado más relevancia política es 'Gürtel', presuntamente liderado por Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, 'El Bigotes', y que suma un total de 64 imputados. La trama ha costado el puesto a Ricardo Costa en Valencia pese que los tribunales desestimaron la causa abierta contra los cuatro imputados de la rama valenciana del caso, entre los que también se encontraba el presidente valenciano, Francisco Camps.
El senador del PP Luis Bárcenas también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto al diputado nacional Rafael Merino. Otras víctimas políticas de la trama fueron tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid y tres alcaldes de municipios afectados. En Madrid, 'Gürtel' ha salpicado a los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas.
Sin embargo, en la Comunidad de Madrid hay también otras operaciones abiertas como el caso 'Guateque', que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en el Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales. En esta operación están imputadas cerca de un centenar de personas que se suman a las implicadas en diversos casos de corrupción en localidades como Ciempozuelos o Leganés.
CORRUPCIÓN EN BALEARES
Las islas Baleares han sido también protagonistas durante los últimos meses de numerosos casos de corrupción que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas o la presidenta del Parlamento autonómico, María Antonia Munar. En total, el número de imputados por los casos abiertos en las islas ronda los 70.
La imputación de Matas está relacionada con el caso 'Palma Arena' que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está relacionada con el caso 'Can Domenge'. Esta semana se conoció también que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra el ex presidente del Govern balear Gabriel Cañellas relacionada con presuntas irregularidades en el municipio de Andratx. El alcalde de este municipio, Eugenio Hidalgo, ya fue condenado a prisión por delitos urbanísticos.
Pero además, las islas tienen abiertos otros procesos como el de 'Son Oms', relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el 'caso Scala', que investiga la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.
Otro de los casos más llamativos es, en la Comunidad Valenciana, el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contra la administración pública y fraude fiscal por los que la Fiscalía Anticorrupción sigue diversos procesos contra él. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante), Zarra (Valencia) y Bigastro (Alicante).
Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo al municipio de Totana, que destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción y que afecta a una veintena de personas.
Otras localidades murcianas también están siendo investigadas, como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas, donde el caso 'Zerrichera' llegó hasta el ex consejero de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno regional Francisco Marqués en la investigación sobre la recalificación de una finca agrícola.
PALAU DE LA MÚSICA
En Cataluña, la operación 'Pretoria' en Santa Coloma de Gramanet se suma a la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundació Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.
Por su parte, el principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó también a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.
CASTRO REI
Esta semana fue también destapada una presunta trama en el municipio lucense gallego de Castro Rei, donde fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño, y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
En la comunidad también fueron detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por su supuesta implicación en casos de corrupción urbanística. Además, el fiscal solicita dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, por un supuesto trato a favor a sus empresas desde el ayuntamiento.
Por otro lado, los casos más importantes en Cantabria afectan a las localidades de Castro Urdiales y Alfoz de Lloredo. En Castro Urdiales existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal. Mientras, en Alfoz de Lloredo están imputados el alcalde y cinco de sus concejales.
En Extremadura este mes salió a la luz un caso de posible corrupción en el municipio cacereño de Plasenzuela y por el que están imputados el ex alcalde, un concejal y el secretario del Ayuntamiento. Además, en Navarra está el caso que afecta al municipio de Cintruénigo y del que finalmente sólo fue acusado el secretario del Ayuntamiento.
Europa Press
La corrupción política en España ha sustraído en los últimos 10 años, y en tan sólo 28 casos, 4.158 millones de euros. Así se deduce de las memorias de la Fiscalía Anticorrupción y de otros procedimientos abiertos en diferentes Tribunales Superiores de Justicia.
También hay que resaltar que en el año 2005 España se encontraba en el puesto 23 del ranking de corrupción mundial, según un informe de la ONG Trasparencia Internacional. Uno de los casos más importantes de los últimos 10 años es el saqueo I de Marbella, que reveló EL MUNDO en 1999, y donde se defraudaron 25 millones de euros.
Y en el reciente 'caso Pretoria', donde han sido detenidos el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramanet y dos ex altos cargos de Convergència, entre otros, se calcula que el fraude asciende a 45 millones de euros. Es decir, unos 70 millones en tan sólo dos casos.
En los próximos meses, la Audiencia Nacional señalará la fecha del inicio de la vista oral del saqueo II de Marbella -descubierto también por este periódico en 2003- y donde el actor principal volverá a ser Juan Antonio Roca.
El dinero defraudado en Marbella entre 1999 y 2006, y detectado tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por el Tribunal de Cuentas, ascendería a la friolera de unos 314,6 millones de euros.
En años posteriores, la corrupción fue tomando cuerpo y en 2001 se destapó el caso Gescartera. Al frente de la sociedad de inversiones Gescartera estaba Antonio Camacho, que estafó unos 88 millones de euros a sus clientes.
El año 2006, según se desprende de la memoria de la Fiscalía Anticorrupción, fue el punto de inflexión de la corrupción urbanística y en ese periodo se dieron casos tan importantes como: Ciempozuelos (40 millones de euros), Malaya (2.400) y Andratx (cinco).
La Fiscalía Anticorrupción analiza y explica en su memoria de 2006 por qué se han descubierto muchos más casos de corrupción en ese periodo y llega a la conclusión de que todo ello es producto de "un trabajo realizado con mayor profundidad de lo desarrollado habitualmente".
El Mundo
FINALMENTE, todos iguales, los del PP, los del PSOE, los nacionalistas. Todos esposados, todos en la cárcel, todos acusados de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y delitos por el estilo. ¿Contentos? Hombre, lo que se dice contentos, no. Sólo satisfechos de que algunos de los que se dedicaban a tan deshonestas actividades tengan que dar cuenta de ellas. Pero hay demasiados agujeros en esa satisfacción para sentirse contento. El primero, el tiempo en que tardó en actuarse. El caso Pretoria venía investigándose desde 2001 y sólo ahora sale a la luz. Luego, que hubiera sido denunciado sin tenerse en cuenta, y haya tenido que ser la Audiencia Nacional quien se hiciera cargo del mismo. Por último, la proliferación de casos por el estilo en todas las comunidades y todos los grandes partidos, sin que haya que ser malpensado para imaginar que los pequeños se libran por no tener oportunidades, pues en cuanto se unen a los grandes, participan en las fechorías. Estamos descubriendo sólo lo que hay debajo de una esquina de la manta de que hablaba Pujol. ¿Sabremos algún día lo que se «afanó» en la Barcelona olímpica y en la Feria Mundial de Sevilla?
No hay, por tanto, motivos de alegría. Todos somos iguales, sí, pero a la baja, como está ocurriendo en todo en esta democracia nuestra, mientras nos deslizamos hacia los últimos puestos en educación, productividad, prestigio y, ahora, en moral pública. Sin que valga la disculpa de que corrupción la hay en todos los países. Lo malo es que aquí empieza a formar parte del sistema, a juzgar por el número de casos y la renuencia de la sociedad civil a ponerles coto. Lo que demuestra que no es una auténtica sociedad civil, sino un coro de figurantes que espera poder sacar provecho si «los suyos» se encaraman a lo alto de la cucaña. No es éste todavía el grado al que hemos llegado. Pero llegaremos si seguimos por el mismo camino.
La corrupción viene del dinero fácil e incontrolado, y la mejor forma de atajarla es cortar el grifo de ese dinero a quienes principalmente lo manejan: los partidos y los ayuntamientos. Unos partidos políticos que se financian con dinero del Estado sin dar cuenta a nadie, convertidos en grupos herméticos para alcanzar el poder, que atraen a todo tipo de sinvergüenzas como la miel a las moscas. Y unos ayuntamientos sin apenas recursos, que gastan diez veces lo que ingresan, gracias a la recalificación de terrenos, cuyas plusvalías quedan al alcance de quienes las manejan. Reformar la financiación de los partidos y la de los ayuntamientos es condición indispensable para salvar la democracia española. Así de simple.
Lo malo es que esa reforma sólo pueden hacerla los partidos políticos. ¿Y cómo van a cambiar el sistema quienes son los primeros beneficiados del mismo?
ABC- Opinión
Confundir la moral pública con la moralina sectaria sería la peor respuesta a los escándalos
La acumulación de graves escándalos de corrupción que afectan en mayor o menor medida a los principales partidos españoles no sólo amenaza con arruinar la reputación de la política y sus profesionales, sino también la imprescindible confianza de los ciudadanos en las instituciones. Espectáculos como los de Valencia o Cataluña, el interminable goteo de irregularidades municipales o la descarnada lucha por el poder en torno a Caja Madrid, contribuyen a extender la percepción de que la democracia es un instrumento para saciar ambiciones personales, desde el narcisismo de la notoriedad o el placer un punto sádico de someter las voluntades ajenas, hasta la avaricia del enriquecimiento rápido y fácil.
El riesgo que se corre es que la denuncia de la corrupción acabe traduciéndose en desapego hacia el sistema democrático, un terreno abonado para el populismo. Debe quedar claro, por ello, que la irrenunciable denuncia de la corrupción responde a un compromiso firme con las instituciones, no a su desprecio o su puesta en entredicho. El remedio más eficaz contra el uso espurio que la corrupción hace de ellas no es otro que más democracia, más transparencia, más responsabilidad, cada cual desde el lugar que constitucional, política y socialmente le corresponde. Esto es, precisamente aquello que partidos, dirigentes y simples ciudadanos incursos en investigaciones y procesos judiciales tratan de evitar, buscando complicidades donde puedan encontrarlas, ya sea en los poderes del Estado o en medios de comunicación dispuestos a sacrificar su función en aras de la propaganda o de sus propios intereses.
Cada vez que se antepone la solidaridad gremial a la condena de hechos reprobables, o que prima el cálculo electoral, la corrupción abandona la periferia del sistema y comienza a instalarse peligrosamente en su interior. La democracia no sirve para mejorar la naturaleza humana, y la corrupción es, tal vez, una de las pruebas más concluyentes a este respecto; para lo que sí sirve, en cambio, es para garantizar que quienes ostentan cualquier poder no están al margen de las leyes, y es por esta vía por la que hace mejores a las sociedades. Ahora más que nunca, los tribunales están obligados a extremar el rigor en su actuación.
Es cierto que la corrupción es una lacra que no afecta sólo a España, pero esta desoladora constatación no puede hacer que se renuncie a analizar y combatir las debilidades específicas que han permitido que prospere en nuestro país. Una de las principales economías del mundo, como es la española, no puede seguir conviviendo con el hecho de que entre el 20% y el 25% de su PIB escape al control del fisco. Ni tampoco con un farisaico sistema de financiación de los partidos que hace que se sientan legitimados, una vez en el poder, para suplir sus carencias financieras mediante procedimientos a la vez groseros y sofisticados dirigidos a desviar fondos públicos en su propio beneficio. Ni, en fin, con administraciones que, como la municipal, han debido buscar sus recursos durante años en fuentes alternativas como la burbuja inmobiliaria.
La consecuencia es lo que algún intelectual ha definido como el desgobierno de lo público: una suerte de partitocracia que, superando los cortafuegos institucionales y convirtiendo lo público en patrimonio privado, sustituye al Estado. Con los partidos en manos de una oligarquía profesional sin escrúpulos, el Estado se convierte en un objeto de rapiña y la política, en un negocio. Ante esto, confundir la moral pública con una moralina sectaria sería la peor de las respuestas. Y es de esperar que el coste político que ha empezado a pagar el PP, según la encuesta que publica hoy este diario, sea el despertar de una exigencia cada vez más firme de cada ciudadano con cualquier opción política, no sólo con la contraria.
El País - Editorial
EN los años noventa la corrupción ascendió a los áticos y plantas nobles del Estado y provocó un colapso político nacional, pero lo que hizo crisis fue el felipismo y no el sistema porque salvo algunas excepciones la venalidad había sobrevenido como una excrecencia derivada del acaparamiento hegemónico del poder por un partido que lo disfrutaba en régimen extensivo. Ahora el Gobierno y sus aledaños son reos de una mediocridad letal pero en materia de mangancia parecen relativamente limpios; sin embargo en los escalones intermedios de la Administración se ha incrustado un ejército de saqueadores que amasan fortunas a base de ordeñar y desviar los recursos públicos sin distinción de ideologías ni adscripciones. Esa universalización de la deshonestidad es mucho más peligrosa porque impide a los ciudadanos asqueados la opción de derivar su voto hacia alternativas no contaminadas; la partitocracia corrompida nos lleva directamente a Trincolandia.
La pasividad complaciente de los aparatos de dirigencia nos ha devuelto a los tiempos en que Julio Camba podía escribir con sorna que en España se dice que los concejales roban como se dice que los caballos relinchan o los toros mugen: como una suerte de expresión natural de su condición zoológica. Sólo que ahora además de los concejales roban alcaldes, presidentes de diputaciones y caciquillos de las autonomías, más una pléyade de satélites especuladores que gira en su entorno desde la esfera privada. En vez de organizar una cruzada común contra esta delincuencia de cuello blanco que subvierte la representación del pueblo, los partidos se blindan en su autodefensa, apelan a detalles victimistas o protestas persecutorias y abordan el problema con una óptica de sectarismo cuyos cristales filtran la corrupción propia para medir tan sólo la del adversario, o encuentran vagos argumentos paliativos y excusas de un casuismo hipócrita con las que cohesionarse a sí mismos.
Para tomar medidas de fondo, penales o civiles, urge primero la aceptación del mal desde una conciencia de ética pública que parece haberse perdido en el debate banderizo. Sólo a partir de ahí cabría pensar en fórmulas sinceras de achicar el campo a los corruptos desde una voluntad de atajar el problema más allá de sus repercusiones en las urnas, acaso parcas por desistimiento o conformismo de un electorado envuelto en el desaliento moral. Si los partidos fuesen responsables subsidiarios del dinero defraudado por sus militantes quizá asumiesen más en serio su deber de vigilancia. Como núcleo funcional del sistema les corresponde una responsabilidad ineludible en la centinela de su integridad. Ante el riesgo de llegar a una cleptocracia no valen lágrimas de cocodrilo que suenan a la cínica sentencia de Henry Kissinger: el noventa por ciento de los políticos le crea mala reputación al diez por ciento restante.
ABC - Opinión
«PESSEBRE» es una palabra polisémica que, en el idioma catalán, lo mismo sirve para referirse a la representación del naiximent del nen Jesús que para, en sentido figurado, aludir a las ilegales, inconfesables y nada éticas vías de enriquecimiento para los políticos corruptos y sus beneficiarios ocasionales. Tengo ahora a la vista, mientras escribo, una delicada edición del Poema del pessebre al que puso música el irrepetible Pau Casals sobre letra de Joan Alavedra. Se refiere, claro está, al nen Jesús. El hijo del poeta, Maciá Alavedra, junto con Lluis Prenafeta, ingresó en prisión como sospechoso de acudir y nutrirse en los pessebres de Santa Coloma de Gramanet. Es una forma poco fina, pero rentable, de mantener la tradición familiar, algo que como vemos estos días resulta fundamental en los usos y prácticas catalanes.
Alavedra y Prenafeta, tal para cual, son nombres inseparables del tiempo en que Jordi Pujol era president de la Generalitat. Eran sus manos más largas y sus intérpretes y mensajeros más fieles. Interlocutores indispensables para quienes, desde dentro, aspiraban al progreso económico o, desde fuera, intentaban asentarse en Cataluña. Grandes personajes de CiU. Ahora, Oriol Pujol, hijo del Pujol al que llamábamos molt honorable -otra expresión polisémica -, en su calidad de portavoz de CiU en el Parlament, acaba de anunciar la suspensión de militancia de los dos notables de su partido que, junto con otros del PSC, están imputados en la trama de corrupción urbanística de turno, algo inseparable del folclore nacional e hiperdesarrollado a orillas del Besós. En un gesto de singular ternura y evidente compañerismo, el hereu del ex president, veterinario de carrera, ha manifestado el «apoyo y afecto» de su partido hacia los suspendidos de militancia.
Hace noventa años, Julio Camba, magistral y preciso, escribía en estas páginas que los catalanes «ayudados del mar, de la tierra... y de los aranceles han pasado del periodo heroico al periodo industrial. (...) Su cocina es sabrosa y barata. Su moral es menos austera que la moral de Castilla, y también es barata». ¿Qué podría añadir yo, que sólo soy de La Coruña, al certero y magistral diagnóstico de Camba que, además de ser de Pontevedra -de Villagarcía de Arosa-, es paradigma incuestionable en este pobre oficio de contar lo que pasa y tratar de valorarlo sin demasiadas ofuscaciones?
ABC - Opinión
Con la Operación Pretoria, Baltasar Garzón ha incorporado al cada vez más denso mapa de la corrupción una presunta trama catalana de carácter transversal, que conecta ayuntamientos gobernados por los socialistas con personalidades del mundo de Convergència a través de un ex diputado del PSC, susceptible de toda sospecha. Tanto hablar de la sociovergencia política y ahora resulta que la económica iba por delante. Unos se apresuran a celebrar el fin del oasis catalán y otros vuelven al eterno discurso del ataque contra Cataluña. En medio, la desafección ciudadana crece: todos son iguales.
Cada vez que estalla un nuevo caso, se perciben sentimientos encontrados: satisfacción porque la justicia saca un caso de la sombra, pero indignación por la extensión de una enfermedad a la que no se le ve límite. La ciudadanía ha crecido en escepticismo y a los políticos se les está agotando el recurso de ocultar las miserias envolviéndolas con los grandes discursos ideológicos, ya sean laicos o patrióticos. Hay motivos para pensar que estos hechos no harán sino aumentar una abstención, que ya se preveía muy alta, en las próximas elecciones catalanas y que quizá servirán para dar entrada a grupos políticos ahora extraparlamentarios que pueden complicar la gobernabilidad del país.
¿Qué pretenden los principales partidos políticos: minimizar los efectos y mantener las apariencias a partir de pactos secretos de no agresión o de agresión limitada o realmente trabajar por la transparencia y por la clarificación de los hechos? Los dos partidos catalanes afectados por la Operación Pretoria, han reaccionado de forma dispar, aunque cuando se han visto cara a cara -en el Parlamento- no han hecho ningún favor a su reputación, porque han optado por evitar la cuestión que, por respeto a la ciudadanía, era ineludible.
CiU ha deslizado estos días reiteradamente el mensaje de que si se tira de la manta saldrán todos perdiendo, algo que ya venía repitiendo desde el caso Millet. Lo dijo Jordi Pujol casualmente el día anterior a los hechos. Insistió Artur Mas después al decir que podríamos encontrarnos en medio del Far West. Felip Puig ha llegado a afirmar que esto ocurre porque hay un gobierno débil, dando a entender que un gobierno fuerte es garantía de impunidad. La conclusión es alarmante: sabemos que hay mucha mierda, pero mejor esconderla entre todos: política kitsch. ¿Hay que optar por la omertà ante el riesgo de la catarsis?
El PSC, por su parte, se ha puesto el listón tan alto desde el primer día, al anunciar Zaragoza, el secretario de organización, que si sus militantes eran imputados serían inmediatamente expulsados del partido y sustituidos en sus cargos, que tiene ahora difícil marcha atrás. Al mismo tiempo, la falta de confianza con los suyos, al señalarles el castigo antes de que sean imputados, no deja de ser sospechosa. ¿Qué saben?
CiU tiene implicadas a dos personas -Prenafeta y Alavedra- muy significativas en la historia del partido, pujolistas del núcleo duro y permanentes activistas del nacionalismo en las clases altas catalanas. La dirección actual parece decidida a distanciarse de ellos como hombres del pasado, en un ejercicio que deberán medir muy bien si no quieren que sea visto como una deslealtad por una parte de su electorado. El PSC, en cambio, tiene implicado a un alcalde, Barto Muñoz, y parte de su equipo, con un peso importante en el poder municipal y con presencia incluso en las instancias directivas del PSOE. Aunque es cierto también que el supuesto hombre clave de la trama, Luigi García, fue expulsado hace ya algunos años.
Con independencia de los distintos grados de responsabilidad, PSC y CiU deben escoger: seguir buscando coartadas para guardar las apariencias y limitar los efectos o plantearse de una vez para siempre la cuestión de la corrupción, aun a riesgo de un estallido.
La corrupción no es sólo una cuestión política. No hay corrupto sin corruptor. Nadie cobra si alguien no paga. Y es injusto ser más estrictos con los políticos que con los corruptores. Muchas veces, la corrupción va ligada a la financiación de los partidos, otras, busca el simple beneficio de las partes (como parece ser el caso Santa Coloma); a menudo, las dos cosas van juntas. En una cultura que ha entronizado el dinero como valor absoluto, probablemente es ingenuo pedir transparencia. Pero la catarsis es ya indispensable, aunque cueste el puesto a muchos. De lo contrario, se impondrá la melancolía y las urnas se quedarán vacías. Hasta que, un día, la ciudadanía se harte.
El País - Opinión
Ofrecemos a nuestros lectores un resumen con los enlaces que les darán una somera idea del clima de corrupción que nos hace la atmósfera política irrespirable.
«Operación Pretoria»Europa Press: Garzón envía a prisión a cinco políticos de CiU y PSC detenidos en la operación de Santa ColomaLa Vanguardia: Garzón envía a prisión a cinco de los nueve imputados en el caso PretoriaABC: Prisión para cinco de los políticos del PSC y CiU detenidos por corrupción en Santa ColomaEl País: Garzón encarcela a cinco políticos de PSC y CiU de la trama catalanaLibertad Digital: Garzón envía a prisión a Alavedra, Prenafeta y los cargos del PSCe-notícies: La red 'Pretoria' usaba los "cargos institucionales"e-notícies: Un fraude de 45 millonesLa Razón: El PSC expulsará a los imputadose-notícies: Sociovergencia a la cárcelEl País: Sobres llenos de dineroEl Periódico: La exhibición de los detenidos esposados causa desconciertoABC: Los contratos sospechosos cubren todo el «cinturón rojo»El País: Beneficios de 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticosEuropa Press: Santa Coloma, San Andrés y Badalona dejaron de ingresar 44,7 millonesABC: Los ayuntamientos de Santa Coloma, San Andrés y Badalona dejaron de ingresar 44, 7 millones de euros ABC: Consistorio Santa Coloma reivindica su honorabilidad pero no aclara cambiosLa Vanguardia: El Ayuntamiento de Lleida cifra en 552.000 euros los pagos a 'Luigi' en los 90La Razón: Cubelles denuncia un agujero de 2,3 millones por corrupcióne-notícies: El PSC suspende de militancia a los encarceladosel confidencial: 'Caso Petroria', un grupo organizado con ramificaciones en el extranjeroLibertad Digital: Cifran en 45 millones de euros el fraude de la trama de corrupción en Cataluñae-notícies: ICV exige a CDC que expulse a Prenafeta y AlavedraEuropa Press: CiU anuncia la suspensión temporal de la militancia de Alavedra y Prenafetae-notícies: CDC suspende a Alavedra y PrenafetaLa Vanguardia: CiU anuncia la suspensión temporal de la militancia de Alavedra y Prenafetae-notícies: El PSC prepara la expulsión de los encarceladosExpansión.com: El espejismo del oasis catalán topa con la realidad de la 'trama 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consejero Marina SA que deje el cargo por aparecer en la tramae-notícies: Siurana también trabajó con 'Luigi'EcoDiario: El PP de Badalona pide explicaciones a la sociedad mercantil del municipioe-notícies: "Una actividad agotadora", según el juezABC: ERC pide llegar al fondo del caso para evitar "populismo" contra democraciae-notícies: La operación Pretoria se acerca al Governe-notícies: "Montilla se esconde bajo la presidència de la Generalitat""Corrupción en Ceuta"El País: Dimite el vicepresidente de Ceuta por un vídeo de contenido sexualEl Mundo: Dimite el vicepresidente de Ceuta alegando 'motivos personales'ideal.es: Dimite el vicepresidente del Gobierno de Ceuta tras ser grabado en un vídeo de contenido sexual«Operación Palau», o como roba la burguesía catalanaExpansion.com: Félix Millet confiesa haberse apropiado de 1,8 millones de euros del Palau de la Músicael confidencial: Un informe oficial desvelaba hace ya siete años irregularidades en el Palau de la MúsicaLa Vanguardia: El arquitecto de la reforma del Palau dice que la obra costó la mitad de lo que dice MilletEl País: La Cataluña feudalEl Periódico: El expresidente del Orfeó acaparó puestos muy bien remunerados en el tejido cultural y empresarialEl Periódico: Justícia pide a la Trias Fargas que aclare un gasto de cinco millones La Vanguardia: La fundación de CDC recibió 500.000 euros del Palau durante diez añosEl Periódico: El director de la Fundació Trias Fargas amenaza con ''tirar de la manta''Europa Press: Jordi Pujol: "Todos nos despistamos"El Periódico: CDC desautoriza a Colom por denunciar un complot del PSCEl País: El Palau exigirá el dinero a ConvergènciaEl Periódico: Rahola dice que Colom debe devolver el dinero si se prueba que procedía del PalauEl País: Pujol favoreció a 28 empresas que financiaron su partidoCaso «Castro de Rei»La Voz de Galicia: La adjudicación de 9 obras del Plan E centra la investigación en Castro"Corrupción en Valencia"La Vanguardia: Miles de personas piden la dimisión de Camps en Valencia
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