Añoranza de país. Por Fernando Fernández

LA idea de que el Gobierno se había puesto finalmente serio y que había empezado la segunda era reformista del socialismo español ha durado lo que han tardado en salir las primeras encuestas.

Anotado el daño electoral, ¿qué esperaban?, ha vuelto la demagogia. Blanco, convertido en vicepresidente portavoz por incomparecencia de las titulares, no encuentra mejor sitio para hacer política que un programa de variedades que confunde el griterío con el debate y la descalificación personal con la confrontación de ideas. El presidente se divierte jugando con la opinión pública, anunciando subidas de impuestos para los ricos cuando considere oportuno, confundiendo a los pensionistas y entreteniendo a los sindicatos con subvenciones mientras se instala en la superioridad moral del «yo no quería pero me han obligado los especuladores».

Todo un programa de gobierno que demuestra su propia incapacidad. Incapacidad para entender lo que está pasando en Europa, que es sencillamente la constatación de que el euro es incompatible con un país que ha construido un Estado del bienestar descentralizado e ineficiente por encima de sus posibilidades y con una Europa que pretende ignorar la disciplina de la globalización. E incapacidad para entender el oficio de político, que no es ser el sumo sacerdote de las causas nobles -de buenas intenciones están los cementerios llenos- sino el líder responsable y posibilista que enfrenta los problemas de cara y sin esconderse.

Y pensar que había hecho fortuna considerarle el Maquiavelo de León. La voluntad, como el valor en la mili, se les supone a los políticos. Lo que se les exige, por lo que se les vota, es por sus resultados. Como nos pasa a los mortales en nuestro trabajo y le está pasando a la economía española en los mercados. Y si nos atenemos a ese juicio, no ha sido una buena semana. El Tesoro no ha podido colocar toda la deuda pública que pretendía, a pesar de pagar más del doble que el año pasado y llevar muy atrasado el programa de colocaciones necesario para no tener problemas de liquidez.

A estas alturas ya nadie puede tener dudas de que estamos ante un gobierno fracasado, que sólo está esperando que acabe cuanto antes la presidencia europea para tener una excusa para renovarse, ¿con qué mimbres?, y sacar a pasear toda su demagogia. El menú está servido. Tendremos lucha de clases, que paguen los ricos, una nueva versión de anticlericalismo, ley de libertad religiosa, y más antifascismo, que nadie subestime la capacidad de Garzón en La Haya, aunque algún día tendrá que explicar cómo se compatibiliza la protección de los derechos humanos con la presunta prevaricación y con la negación del derecho a la defensa de los detenidos sin un a priori sectario tan afín a nuestro presidente. Pero lo que no habrá es recuperación económica, ni empleo.

Escribo desde Bakú, con la perspectiva que da la distancia y una lectura superficial de la prensa por internet con problemas de acceso a la red. Un país que me recuerda tanto al nuestro que debo estar demasiado obsesionado y necesito relajarme. Lleno de grúas y pisos sin vender, coches de lujo y restaurantes donde sirven comida de diseño y reciben críticas cariñosas en la edición de fin de semana del Financial Times. Un país enganchado al petróleo del que apenas le quedan unos cuantos años de reservas y con un discurso grandilocuente y carente de toda realidad sobre sus posibilidades de futuro en la economía del conocimiento. Pero los dólares circulan en abundancia y el personal disfruta gastándose una riqueza ganada sin esfuerzo mientras el sistema político se asegura que nada cambia. Quiero pensar que la crisis ha acabado con la complacencia, pero luego escucho al presidente y ya no sé si es el nuestro o el suyo. Hasta que miro la Bolsa y me puede la morriña.

ABC - Opinión

Como sea. Por Emilio Campmany

La única forma de descabalgar a Zapatero y generar de inmediato una gran confianza es construyendo una gran coalición que prescinda de los tres máximos responsables de la crisis: Zapatero, los nacionalistas y Rajoy.

Hay que quitarse a Zapatero de encima como sea. Es un método que a él le resultará familiar, acostumbrado a cerrar acuerdos "como sea", a aprobar reformas estatutarias "como sea" y a salirse con la suya "como sea". Pues bien, lo que hay que hacer ahora "como sea" es librarse de semejante inútil. Sin embargo, no es fácil.

Lo primero es que no puede hacerse "como sea". A pesar de estar él acostumbrado a sacar adelante leyes inconstitucionales "como sea", resulta que la Constitución ha de respetarse y ésta no permite descabalgar al presidente de Gobierno "como sea". Como no es razonable esperar que Zapatero dimita, la única forma de echarlo es a través de la moción de censura. No está de más recordar que a los españoles no se nos está permitido elegir al presidente de Gobierno. Lo que nosotros elegimos es a los diputados al Congreso, que a su vez eligen al presidente. Luego, son ellos los que pueden cesarlo. Para lograrlo, sería necesario conformar una mayoría superior a la de los 168 diputados socialistas y esperar que el resto se abstuviera.

Podemos contar con un acuerdo PP-CiU. A ellos podrían sumarse los 2 de Coalición Canaria y el de UPyD. Hacen un total de 167. IU, el BNG y quizá la Esquerra (7 escaños en total) podrían abstenerse, aunque parece improbable que estén dispuestos a arriesgarse a incomodar a su electorado por permitir la caída de un Gobierno de izquierdas. El de Nafarroa Bai no bastaría y la clave la tendrían los 6 del PNV. Si votaran a favor de la moción, el PSOE sólo podría superarla recabando el apoyo de 5 de los 8 escaños que poseen la Esquerra, IU, BNG y Nafarroa Bai. Pero, el caso es que el PNV necesita al PSOE para conservar la Diputación de Álava, esencial para mantener el control de la Hacienda Foral. La única forma de atraer sus votos a la moción sería que el PP le ofreciera la vuelta a Ajuria Enea, además de seguir mandando en la Hacienda de Álava. Y ni así habría garantía de éxito si Zapatero logra en el Congreso los votos de la extrema izquierda nacionalista y nacional.

Y aunque pudiera hacerse porque todos los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo en quitarse de en medio a Zapatero, el que llegara lo haría para convocar unas elecciones generales destinadas a ser ganadas por Rajoy. ¿Bastaría tal cosa para generar dentro y fuera la confianza perdida? Rajoy ha votado a favor de casi todas las medidas económicas populistas propuestas por Zapatero estos dos últimos años y mantiene oculto su programa económico. No sólo, sino que algunos de sus protegidos en autonomías y ayuntamientos son proporcionalmente más manirrotos que el mismísimo Zapatero. Encima, las elecciones no podrían celebrarse antes del otoño y para entonces puede que hayamos tenido que venderle Mallorca a los alemanes.

La única forma de lograr los dos objetivos, descabalgar a Zapatero y generar de inmediato una gran confianza en el interior y en el exterior, es construyendo una gran coalición que prescinda de los tres máximos responsables de la crisis económica e institucional en la que estamos inmersos: Zapatero, los nacionalistas y Rajoy. Parece imposible ¿verdad? Sin embargo, hay nombres que pueden servir a esa operación, desde Javier Solana a Rodrigo Rato pasando por Aznar y Felipe González. Ya sé lo que pensarán, que el sueño de la razón produce monstruos.

Libertad Digital - Opinión

Ricos y pobres. Por José María Carrascal

DESPUÉS de haber sacado dinero a los más pobres, Zapatero quiere sacárselo a los más ricos.

A la semana de anunciar su primer recorte y a las 24 horas de negar su vicepresidenta nuevas cargas fiscales, nos anuncia un aumento de impuestos, aunque advirtiendo que afectará sólo «a los que más tienen», sin tocar las clases medias. Afán laudable, pero, desgraciadamente, alejado de la realidad. La realidad nos dice que los impuestos los paga siempre la clase media, al ser la más extensa y la más fácil de ordeñar, al cobrar por nómina. Los más ricos y los más pobres tienen bastante fácil evadir impuestos. Los más pobres, por el hecho de serlo, hasta el punto de que muchos de ellos están exentos de pagarlos. Los más ricos, porque encuentran mil formas de no hacerlo o hacerlo sólo de forma testimonial. Si Zapatero grava de verdad las grandes fortunas, asistiremos a una huida de capitales. Si no las grava, estaremos ante escenografía para recobrar su imagen «social». En ambos casos, el aumento de la recaudación será insignificante. Ya nada insignificante, sin embargo, es que deja en evidencia que la cura de caballo que impuso la semana pasada a la economía española no basta.

Esto es lo intranquilizador. La economía española está peor incluso de lo que decían los más pesimistas. La fría acogida que está teniendo en los mercados la deuda soberana española es la mejor prueba de la desconfianza que inspira, y el presidente se ha decidido atajarla aumentando la dosis de la misma medicina.

Lo malo es que puede ocurrirle lo que las veces anteriores: que siga aplicando remedios falsos. Lo que necesita nuestro sistema productivo no son nuevos impuestos, sino ajustes profundos y calculados, reforma a fondo del mercado laboral, recortes todavía más a fondo del aparato administrativo, que ha crecido hasta el punto de ahogar la economía real y productiva. Por «aparato administrativo» no entiendo sólo el funcionariado, duplicado en algunos sectores e insuficiente en otros vitales, como la justicia. Me refiero a un gobierno sobredimensionado, donde sobran dos vicepresidencias y unos cuantos ministerios, al enjambre de asesores, consultores, muñidores, a los organismos parasitarios, como el PER, que por una parte distraen ingentes cantidades del presupuesto, mientras por la otra reducen el estímulo y la iniciativa en la economía productiva.

Si Zapatero quiere ser creído, tiene que empezar aplicando el reajuste en casa. No me refiero a sus gastos domésticos, sino a los cargos que le rodean por todas partes. Pero de eso, ni palabra. Habrá que esperar la tercera ola de ajustes. Aunque entonces, puede que sea demasiado tarde y estemos, no ya en el furgón de cola, sino fuera de juego. Quiero decir, fuera del euro. Por no haber hecho los deberes.

ABC - Opinión

La coartada. Por Cristina Losada

El PSOE no quiere perder votos. Eso es todo. Semos de izquierdas y os prometemos que mañana entramos a saco en el Club de Billonarios de Patolandia y nos llevamos preso al tío Gilito. Así de simple.

Los socialistas ya disponen de su pequeña coartada. Los ricos van a enterarse de lo que vale un peine. Se subirán los impuestos "a los que realmente tienen", ha comunicado Zapatero para alivio de los compañeros y compañeras, que gemían en un sinvivir desde que su sensible líder anunció el final de la alegría y el comienzo del ajuste. Cuando quien menta lo real es un individuo con grandes dotes para negar la realidad, conviene hacer una pausa.

Estamos ante un gobernante que no veía ninguna necesidad de limitar el gasto hasta que le obligaron a aterrizar los socios europeos. Benditos sean. Hay que preguntar, por tanto, quiénes serán, a su variable juicio, los que más tienen realmente. Y mal apunta la cosa cuando no lo ha sabido aclarar ni esa vicepresidenta que transita por los laberintos de la economía con pies ligeros. "Evidentemente, no", respondió Salgado al ruego de si podía explicar qué entiende el Gobierno por rentas más altas. Quién sabe. Vuelva usted mañana. El tiempo lo dirá.

Con la duda nos acostamos y con la sorpresa nos despertaremos. El Gobierno no renuncia a la incertidumbre ni siquiera cuando la credibilidad de España se encuentra por los suelos. Un viernes nos fuimos a la cama tras escucharle a don José Blanco, transformado de nuevo en Pepiño para satisfacer el derecho de los telespectadores, que los potentados ya estaban pagando más. No había que subir (otros) impuestos. Lo que tocaba era reducir los gastos. Idéntica e inédita pasión por el ahorro, similar aversión a apretar tuercas fiscales, mostraban todos los pastorcillos encargados de darle al pueblo la mala nueva de que la fiesta se había acabao. Pues ahora no. Llega una provisión de fuegos artificiales y se abre la barraca del tiro a los ricos, que han de ser los "ricos" que están a tiro y no los que eluden la acción fiscal cómodamente.

Cuestionen, si quieren, los expertos la eficacia en términos recaudatorios y la bondad en términos económicos del último conejo que ha salido de la chistera del presidente. Pierden el tiempo. El PSOE no quiere perder votos. Eso es todo. Semos de izquierdas y os prometemos que mañana entramos a saco en el Club de Billonarios de Patolandia y nos llevamos preso al tío Gilito. Así de simple.

Libertad Digital - Opinión

Faena de aliño. Por M. Martín Ferrand

AFORTUNADAMENTE para José Luis Rodríguez Zapatero el pueblo español suele hacer alarde de desmemoria.

Aquí, entre nosotros, el recuerdo es síntoma de mala educación y escasa cortesía. Por eso, y sin que arda Troya, puede reunirse un Consejo de Ministros y aprobar, sin que tampoco le tiemblen los pulsos a ninguno de sus integrantes, unas medidas contra la crisis, incrementos fiscales incluidos, que negaban hace sólo un par de días. Es un ejercicio de ridículo colectivo que pasará a los anales de la estupidez; pero que, entregados como estamos a la resignación y el pasotismo, no producirá mayores daños en las expectativas electorales del PSOE.

Al grito de ¡que paguen los ricos!, un anacronismo demagógico que sigue funcionando en España como testimonio de inmadurez política y social, el Gobierno subirá los impuestos a quienes los pagan; es decir, a quienes no son precisamente ricos. Si nos atenemos a los datos oficiales, sólo 13.000 españoles ganan más de 600.000 euros al año y pocos más de 700.000, según las declaraciones del IRPF superan ingresos de 60.000. A la vista de lo pobres que son nuestros ricos sólo nos queda rezar para que se multipliquen las vocaciones y crezca el número de las Hermanitas de los Pobres, la benéfica fundación de Jeanne Jugan, a quien no hace mucho canonizó Benedicto XVI.

Ayer, unos colegas le preguntaron a la vicepresidenta Elena Salgado: «¿Puede explicar cuáles son las rentas altas?». Sin inmutarse, como acostumbra, y con el desparpajo que sólo proporciona la impotencia, respondió mi paisana: «Evidentemente, no». ¿Quién puede explicar lo inexplicable? Zapatero, en temor reverencial a los sindicatos e incapaz de anteponer el interés de la Nación a sus deseos electorales, ha hecho una faena de aliño para sacudirse el morlaco de la crisis. Ha resuelto con un Consejo de Ministros y cuatro ideas huecas lo que le exigieron sus mayores en la Unión; pero esto es sólo el principio de una nueva etapa. Estamos en donde estábamos hace poco más de un año, cuando el propio Zapatero cantaba la fortaleza económica de España que él mismo había inducido. Y ahora ¿qué?

En estos días de mayo se cumplen 70 años desde que Winston Churchill reclamara a los Comunes sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. Quítese hoy y aquí lo de la sangre, que no procede, y dense por reproducidas las palabras que, por cierto, el inglés tomó de Giuseppe Garibaldi.

ABC - Opinión

Impuestos y clase media

Desde hace varios días, los ciudadanos asisten atónitos al guirigay interno del Gobierno a propósito de una hipotética subida de impuestos.

Lo que una vicepresidenta dice por la mañana es matizado, cuando no enmendado, por un ministro a primera hora de la tarde. Es difícil saber a ciencia cierta si existe un plan fiscal definido o si todo es fruto de la improvisación y la facundia del equipo de Zapatero. Lo que ofrece pocas dudas es que la dirección de la política económica brilla por su ausencia y que en las decisiones del Gobierno se superponen las presiones internacionales, los sondeos sobre intención de voto y los temores del PSOE a perder apoyo popular. De ahí que toda nueva medida para hacer frente al déficit se anuncie rodeada de un halo de provisionalidad, como si fuera una simple hipótesis de trabajo. El propio presidente del Gobierno ha incurrido, de nuevo, en esa indefinición evanescente al anunciar ayer que es probable, que es casi seguro, que tal vez se apruebe una subida de impuestos, pero que todavía no hay fecha, ni forma, ni alcance.

Es decir, sólo existe una intención sin rostro ni víctimas, lo que supone una curiosa manera de infundir seguridad y confianza a los inversores y actores económicos. Da la impresión de que el Gobierno pretende, con estos palos de ciego, calmar la indignación de los sindicatos y del propio PSOE, que exigen exprimir a impuestos a «los ricos» para contrarrestar el tijeretazo a pensionistas, funcionarios y dependientes. Al margen de que «los ricos» sean el espantajo que la izquierda suele agitar ante su militancia cuando tiene problemas electorales, Zapatero debería concretar sus palabras de ayer, según las cuales la subida de impuestos no afectará a la «clase media», sino a «los que más tienen». Dicho así, sin poner nombres y apellidos, sin fijar los límites de renta ni especificar la actividad a gravar, la declaración del presidente carece de valor y no tiene más fiabilidad que si fuera lanzada en un mitin de polideportivo, en lugar de formar parte de un plan riguroso y serio para estabilizar las cuentas públicas. El margen para aumentar la carga fiscal es muy reducido y otra vuelta de tuerca impositiva, tras subir el IVA dos puntos a partir de julio, comprometería la reactivación económica y prolongaría la estancia de España en el furgón de cola europeo. Antes de tomar una decisión de esa naturaleza, el Gobierno debe hacer muy bien las cuentas, sobre todo tras el anuncio realizado ayer por el ministro de Fomento de que retrasa un año las principales obras públicas. El golpe que en puestos de trabajo y atonía empresarial supondrá esta ralentización será muy fuerte y doloroso. Fomento soportará, con más de seis mil millones de euros, el grueso de todo el recorte durante 2010 y 2011, lo que llevará al cierre de cientos de pymes. Además, la contracción del PIB se agravaría con una subida de impuestos. Que el presidente asegure que no lo sufrirán «las clases medias» no es ninguna garantía, porque no hay precedentes en la historia fiscal que avalen un hecho tan milagroso. Cuando un Gobierno quiere recaudar mucho más, sólo puede exprimir a las clases medias, pues las que están más abajo no tienen dinero, y las que están por encima disponen de recursos legales suficientes para sortear al fisco.

La Razón - Editorial

Un plan de ajuste que genera desorden. Por Juan Velarde

Falta desde hace ya años tomar simultáneamente otras medidas de tipo microeconómico, reformando las estructuras vinculadas con los diversos mecanismos productivos. Porque en ello se encuentra la raíz de nuestra falta de competitividad.

Tras el preludio de Dubai y el importante conflicto socioeconómico griego, y en medio de hundimientos bursátiles notables, noticias como la de la escapada de Irlanda por su buen hacer, y de Italia de algún modo, no impidieron que los mercados financieros pasasen a asustarse a causa del considerable grado de endeudamiento de los países ibéricos. Naturalmente, el peso español es mucho más alto que el lusitano –el PIB global portugués es el 15% del español, y su PIB por habitante en el año 2008 era el 64% de la nación hermana–, pero ambos países suponen, al sumar sus respectivos PIB, cinco veces lo que significa Grecia, y en su conjunto, respecto a todos los países del mundo, el bloque luso-español ocupa el octavo puesto por el volumen de su PIB. Sólo están por delante Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña. De ahí que al observarse que ese endeudamiento no tenía trazas de corregirse a causa de la falta de competitividad de ambos países, surgió la alarma derivada de la magnitud de la crisis que podría originar una suspensión de pagos ibérica y, particularmente, española. De ahí las presiones internacionales sobre el presidente Rodríguez Zapatero. El euro podía venirse al suelo, y en esas condiciones, romperse como había sucedido antaño con el patrón oro o, como consecuencia de la financiación de la Guerra Fría, con el patrón oro-dólar creado en Bretton Woods, que liquidó Nixon en agosto de 1973. Las consecuencias sistémicas escalofrían.

También tendrán que escalofriarnos a nosotros. Alemania o Francia, Estados Unidos o China iban a pasarlo mal al estallar la bomba ibérica, pero concretamente España pasaría a hundirse económicamente para, por lo menos, un siglo. De ahí que, consciente el Gobierno tras la reunión del Ecofin de lo cierto de esa realidad ya muy próxima, decidió las medidas anunciadas el 12 de mayo de 2010. Son, evidentemente, contractivas y, por ello, van a deprimir de modo contundente a nuestra economía.

Esta depresión se ha de soportar en el año 2010 tras un hundimiento, el año pasado 2009, que supuso la mayor caída anual que se conoce en nuestro PIB, salvo por las de los años –y a poco que se conozca la historia, se sabe qué circunstancias durísimas se vivieron en ellos– 1868, 1874, 1879, 1896, 1930, 1936, 1937 y 1945. También tendrá que asumir una realidad social muy negativa a causa de un desempleo que ya supera el 20% de la población activa, aparte del componente gravísimo de haber alcanzado ese año 2009, el mayor déficit de nuestra historia fiscal desde 1850.

De ahí la unanimidad de los economistas: tal decisión conlleva la amenaza de que el movimiento hecho por el Gobierno ha sido el de evitar un mal mayor, pero que, por fuerza, se sigue el camino de acentuar la depresión. Campa, incluso casi acaba de admitirlo en una conferencia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Oviedo, según la versión en La Nueva España de Marián Martínez, pues indicó que las medidas se habían adoptado por "la necesidad de clara credibilidad a la economía española ante los potenciales terrores de falta de capacidad para devolver la deuda".

Pero la unanimidad de los economistas no reside sólo en que no había otro remedio que adoptar estas medidas, sino que falta, de modo escalofriante desde hace ya años –pero desde el verano de 2007 de manera muy peligrosa–, tomar simultáneamente otras de tipo microeconómico, reformando las estructuras vinculadas con los diversos mecanismos productivos. Porque en ello se encuentra la raíz de nuestra falta de competitividad, que motivó que nuestro desarrollo se apoyase sobre unos cimientos no de roca, sino de arena. ¿Pero se habla, para ello, de reformas serias en torno a nuestra apuesta en favor de energías caras? ¿Y de la ruptura del mercado español por las medidas de política económica adoptadas por las autonomías? ¿Y del mercado de trabajo, generador por su estructura de paro, de inflación y de déficit exterior? ¿Y del gravísimo problema de nuestro retraso tecnológico? ¿Y, por ejemplo, del impuesto de sociedades, una de las causas de la evasión de capitales y de la falta de captación de otros? ¿Y de la lamentable política de infraestructuras, tan acertadamente criticada por Álvarez-Cascos y Benigno Blanco en el folleto de FAES Un plan nada extraordinario de infraestructuras? La relación puede seguir con aspectos institucionales como plantea Carlos Sebastián, o con muy serias cuestiones del mundo rural como plantea Jaime Lamo de Espinosa, o con alarmantes problemas industriales como hace el profesor Molero... y así casi indefinidamente. ¿No supone ignorar todo cuando se acepta un formidable desorden económico, rechazado por todos los estudiosos?

Hace años, trabajando al gran Max Weber, me encontré con una frase suya en el apartado de "Concepto de orden legítimo" en su inmortal obra Economía y Sociedad, que creo me sirve para calificar esta desorientación, este desorden que se observa desde hace tiempo, pero ahora de manera acentuada en nuestra política económica. Es ésta: "Cuando (existe) elusión o transgresión del sentido de un orden... entonces la validez de ese orden es muy limitado o ha dejado de subsistir en definitiva".

Libertad Digital - Opinión

Cohecho e impropiedad. Por Ignacio Camacho

SI quieres un amigo cómprate un perro, le decía el tiburón Michael Douglas a Charlie Sheen en la primera entrega de «Wall Street».

La soledad de la Casa Blanca ha de resultar aún más dura que la del mundo de las altas finanzas, por lo que suele ser usual que los presidentes americanos se lleven allí mascotas para compartir las horas desnudas de las decisiones y crearse la apariencia de una familia normal. Obama no se ha comprado un perro; se lo ha dejado regalar, y como el suyo es un país bastante serio en asuntos de dineros privados y vida pública, ha tenido que consignar en una declaración el valor -1.600 euros- de ese regalo en especie. En especie canina, por supuesto.

Ese control estricto de dádivas y donaciones habría evitado en España un caso tan garbancero como el de Francisco Camps, un político brillante y eficaz cuya carrera puede quedar deshilada en un vulgar enredo de sastrería. La definición penal de cohecho impropio resulta demasiado estrecha para unos y demasiado ambigua para otros, por lo que debería completarse con una regulación taxativa de lo que no cabe aceptar como agasajo y lo que puede tomarse como detalle de cortesía. Ahora bien: constituya cohecho o no cohecho la admisión de esos malditos trajes cuya factura no acaba de encontrar el presidente valenciano, estamos ante un episodio manifiestamente impropio; un gobernante de rango no puede dejarse embolicar por una tropilla de amigotes de baja estofa y conseguidores expertos en captación de voluntades. La ética política está sujeta también a una estética que va más allá de las hechuras de unas solapas o de unos ceñidores italianos.

Como el caso Camps ya no tiene vuelta atrás y está en manos de los tribunales, lo que cabe exigir en la vida pública es un registro obligatorio de los regalos a los próceres que fije su valor de mercado y establezca topes de aceptación sin dejarlos al albur subjetivo de cada cual. Jordi Sevilla, por ejemplo, reputado coleccionista de estilográficas, rechazó siendo ministro una Fäber Castell de lujo porque rebasaba los límites del código ético que él mismo había implantado. El gesto le honra como el caballero que es, pero otros tienen la conciencia más laxa y aceptan ordenadores, pinturas, paseos en yate o avión privado... y hasta caballos purasangre.

Por eso en lo único en que Camps lleva razón es en su airada reclamación de un mismo rasero. La falta de regulación propicia un vacío de criterios que favorece el agravio comparativo y va a tardar en provocar un efecto ventilador capaz de despeinar a alguna alta magistratura del Estado. A quien ostenta funciones de relevancia cabe exigirle que sepa distinguir sus amistades y manterles las distancias. Si no sabe, que se compre un perro, y si se lo regalan, que lo declare.

ABC - Opinión

El botones. Por Alfonso Ussía

Que el botones de una sucursal bancaria en Águilas alcance la presidencia del Banco Central, quiere decir mucho.

También lo fue de Cepsa y otras sociedades dependientes del que fuera, antes de fusionarse con el Hispano y posteriormente con el Santander, el principal banco de España. Escámez hablaba con un cerrado acento murciano, que no intentaba disimular. Le molestaba ese afán ridículo de muchos de sus paisanos de pretender en Madrid una pronunciación neutra y castellana antigua. Los murcianos, y lo reímos en numerosas ocasiones el gran Jaime Campmany y el que escribe, no consiguen pronunciar dos voces plurales seguidas. O dicen «los árbole» o «lo árboles». Alfonso Escámez, con su acento de pueblo mediterráneo y fenicio, muy influido en la expresión oral por el secular poso árabe, elevó a Murcia y lo murciano a la internacionalidad. Era paisano de Paco Rabal, y de Miguel Ors, y de Jaime Campmany, y se desvivió por los suyos en el Foro madrileño. Se atrevía, incluso, con el panocho, un dialecto de su tierra que algunos quieren convertir en idioma, como si eso fuera factible. Y con ese acento de Murcia y con muy escasos conocimiento de otros idiomas, fue un gran presidente del Banco Central, lo cual molestaba sobremanera a muchos banqueros tradicionales, que presumiblemente mejor preparados que él tuvieron que dejarle paso en reconocimiento a su inteligencia.

Y era cachondo. Formidable síntesis la publicada en estas páginas por José Luis Martín Prieto. Es cierto que llamaba a Amusátegui «Anchútegui», y a «los Albertos», que intentaron tenaz y torpemente derrocarlo, «los del impermeable». Les rebajó el rango de la gabardina. Javier de la Rosa era «el florista» y le encantaba jugar a las cartas y al dominó. Martín Prieto lo compara con acierto a don Santiago Bernabéu, que también era largo, cazurro y certero. «Cuando veo al “Coscótegui” ese, me dan ganas de confesarme». Con toda claridad, a Corcóstegui, lo veía más cura que banquero.

Era un gran entendido en música y un amante de la Historia y la Literatura. En la Fundación Cepsa editó las obras de muchos escritores olvidados por las modas y los resentimientos políticos. Su apoyo fundamental vino de su predecesor en el Central, Ignacio Villalonga. Estableció en el Banco un equipo de altos ejecutivos salidos, como él, de la casi nada, pero con una experiencia y conocimientos bancarios formidables. Tejero, asesinado por la ETA; Blázquez, que fue consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid; Parejo; Navalpotro, un personaje peculiar al que por su aspecto ganas daban de ofrecerle una limosna y dominaba ocho idiomas sin haber salido de España. No carecía de injustos resquemores hacia las familias tradicionales, pero a la postre demostró que la profesionalidad era más rentable para el banco que la tradición.

Y tuvo suerte. El episodio que narra Martín Prieto no fue el que derrotó definitivamente a «los del impermeable», pero contribuyó a ello. Y en las postrimerías del franquismo, el que estaba llamado a suceder a Villalonga, el mayor de sus hijos, protagonizó un suceso que terminó con su futuro en la banca. Cuando aquello sucedió, el botones había conseguido el poder. Y lo hizo con su inteligencia y su visión de futuro del negocio bancario. Y con quince horas diarias en el despacho, que eso también se olvida. Excepto pronunciar dos plurales seguidas, Escámez, el botones, lo consiguió todo. Trabajando. No era sindicalista, claro.

La Razón - Opinión

En la hora crucial

El ajuste fiscal que ayer aprobó el Gobierno necesita todo el apoyo político de la oposición

La sociedad española está viviendo un momento crucial en la dolorosa tarea de superar la recesión económica. El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley de medidas de ajuste fiscal para recuperar la solvencia de las finanzas públicas. Dicho plan, que incluye un recorte medio del salario de los funcionarios del 5%, una reducción de la inversión pública de más de 6.000 millones de euros hasta 2013 y la congelación de las pensiones (salvo las mínimas) en 2011, pretende reducir el déficit público en cinco puntos en dos años y podría complementarse con la imposición temporal de un impuesto a los grandes patrimonios que las vicepresidentas De la Vega y Salgado no quisieron precisar ayer, pese a la insistencia de los periodistas, después del confuso anuncio de una subida tributaria realizado por el presidente del Gobierno.

Pero la especial gravedad de este momento político radica en la incapacidad de la oposición política y de los agentes económicos para entender la situación real de la economía española. Las finanzas públicas se enfrentan a un riesgo de impago si no se aplican con rapidez recortes drásticos en el gasto. Esta urgencia excluye la posibilidad de embarcarse en inacabables negociaciones sobre cuáles son los gastos que hay que recortar, las inversiones de las que hay que prescindir y los impuestos que hay que subir.

Resulta inquietante que políticos con experiencia rechacen consideraciones tan elementales como la prioridad agobiante de recortar gastos y se aferren a un puñado de votos o a las ventajas presupuestarias arrancadas en tiempos mejores. Los sindicatos repiten el argumento de que el ajuste castiga a "los más débiles" (cuando es evidente que "los más débiles" son los dos millones de parados causados por la crisis); y las comunidades autónomas, en un ejercicio de solidaridad inversa con las cuentas públicas, reclaman el cumplimiento estricto de las grandes obras, como si completar los trazados del AVE fuese una obligación superior a mantener la solvencia del Estado. Es evidente que los recortes en la inversión retrasarán la recuperación de la economía (los cálculos apuntan a un impacto en el crecimiento de cinco décimas el año que viene), pero la prioridad absoluta es evitar el colapso de la deuda pública.

Sin acuerdo político no habrá ajuste del gasto; tampoco se podrá considerar una subida de impuestos que ayude a bajar el déficit; y la deuda española sufrirá lo indecible para refinanciarse. Si hubo un tiempo en el que al Gobierno se le pudo acusar con razón de negligencia en la gestión de la crisis, hoy se puede imputar a PP, CiU y PNV de carecer de direcciones políticas a la altura de las circunstancias. Por supuesto, la obligación del Gobierno es rechazar las vacilaciones que él mismo ha exhibido durante los últimos tres años y mantenerse firme en las medidas de ajuste.

Por cierto, los políticos españoles no son los únicos que cometen graves errores. El Gobierno alemán cometió uno de singular gravedad el martes, cuando prohibió las operaciones especulativas conocidas como ventas en corto al descubierto. Al Ejecutivo que encabeza Angela Merkel no se le debería haber escapado que la regulación de los mercados es ineficaz si no se aplica en áreas económicas, por lo que es un error limitarlas a las fronteras nacionales; y que las operaciones bajistas no se dirigen o gestionan desde Francfort, sino desde otras plazas europeas. Con este movimiento tan torpe, Alemania ha hecho retroceder la fe en un Gobierno económico coordinado; y, para colmo, ha señalado a los mercados cuáles son sus debilidades financieras al publicar una lista de bancos y empresas alemanas sobre las que se prohíbe este tipo de especulación. Nunca se dibujó una diana con tanta precisión.

El País

Un Gobierno que no cree en lo que hace

En unos momentos en los que necesitamos de una continua pedagogía para que la sociedad digiera unas medidas duras pero indispensables, no es admisible que los primeros que tengan que convencerse de la necesidad del ajuste sean quienes lo están proponiendo

Aunque interpretar las oscilaciones a corto plazo de los mercados suele ser un ejercicio abocado al fracaso, sí es cierto que los inversores españoles expresaron en apariencia un juicio bastante claro al día siguiente de que Bruselas y el FMI intervinieran a la economía española: una vez nuestro país se convertió en un protectorado alemán y se tutelaron de cerca las suicidas medidas que estaba implementando el Gobierno de Zapatero, nuestro mercado de valores experimentó la mayor subida de su historia. En la misma línea, tan pronto como Zapatero terminó de anunciar en el Congreso de los Diputados que enmendaba la plana a toda su política económica anterior al tratar de reducir el déficit por el lado de los gastos, la bolsa volvió a aumentar durante unas horas.

Parece, pues, que los inversores son conscientes de que la grave crisis de nuestra economía sólo se soluciona con enérgicos ajustes del gasto y no con nuevas subidas de impuestos a unos agentes privados que ya están asfixiados por sus propias deudas. Claro que de lo anunciado a lo que finalmente fuera a aprobarse podía mediar una distancia bastante considerable, sobre todo si echamos una ojeada al espantoso historial de este Gobierno y del partido que le da sustento.

Al fin y al cabo, quien tenía que acometer el "mayor recorte de gasto social" de nuestra democracia eran los mismos que se habían llenado la boca diciendo que no iban a ser los más débiles quienes pagaran la crisis y que prometían cargar el peso del ajuste sobre quienes más tenían. En los mercados había dudas más que razonables sobre que Zapatero quisiera y pudiera aprobar el plan, dado que el rechazo ya no sólo surgía desde dentro del PSOE, sino por supuesto de todo el resto de la izquierda parlamentaria y también de un PP que exigía que los paniaguados del régimen también experimentaran un recorte en sus subvenciones.

De momento, parece que el Ejecutivo ha presentado el decreto ley que Zapatero anunció en el Congreso, no sin antes volver a hacer gala de ese caos, tensión interna, descoordinación, demagogia y descomposición que viene caracterizando al PSOE de los últimos años y, sobre todo, de los últimos meses. Después de varios días de rectificaciones, la Moncloa y el PSOE filtraron a varios medios afines que el Gobierno aprobaría un nuevo impuesto sobre el patrimonio, desmintiendo las afirmaciones que había realizado Salgado apenas 24 horas antes.

Al final, tras cinco horas de deliberaciones, prevaleció el criterio de Salgado, que probablemente sea el marcado por Bruselas, y, por el momento, no se aprobó ninguna subida de la tributación "a los ricos" que sólo habría agravado la fuga de capitales que ya está experimentado nuestro país. Pero aún así, no deja de transmitir una imagen lamentable que el equipo político que debe efectuar las mayores reformas de nuestra economía desde el Plan de Estabilización del 59 esté enfrascado en refriegas internas por el simple hecho de que no creen en las políticas que necesitamos y que nos exigen desde la UE.

En unos momentos en los que necesitamos de una continua pedagogía para que la sociedad digiera unas medidas duras pero indispensables, no es admisible que los primeros que tengan que convencerse de la necesidad del plan de ajuste sean quienes lo están proponiendo. Si este Gobierno y este PSOE no quieren tomar las únicas medidas que podemos tomar para evitar el desastre, si sus contradicciones internas las quieren saldar enredando a la ciudadanía los días pares y atracando a los ricos en los impares, entonces va siendo imperativo que tomen esa decisión que debieron haber adoptado al día siguiente de ganar las elecciones mintiendo y negando la realidad indubitada de la crisis: disolver las Cortes y convocar unos nuevos comicios. Sólo así podremos aspirar a que se forme otro Gabinete que sí tome la determinación de consolidar nuestros presupuestos y liberalizar los mercados.

Libertad Digital - Opinión

La injusticia social del Gobierno

EL Consejo de Ministros aprobó ayer por real decreto-ley las medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero la semana pasada, consumando de esta forma un recorte de derechos sociales y económicos sin precedentes.

Este giro radical en el enfoque de la crisis se produce mientras el presidente del Gobierno insiste en que la recuperación económica ya ha comenzado, lo que agrega confusión sobre la necesidad y la utilidad de unas medidas que han desnudado la impostura del discurso oficial del Ejecutivo sobre el estado real de nuestro país. Al mismo tiempo, estas medidas se aprueban en medio de una estrategia de propaganda tendente a descargar en el Partido Popular la responsabilidad de apoyarlas en el Congreso de los Diputados, enfrentando a Rajoy con un supuesto reproche europeo en caso de que no dé su respaldo al Gobierno. La treta es burda y el líder de la oposición debe ignorarla, porque en Europa, pero sobre todo en España, se sabe perfectamente que la responsabilidad directa de la gravedad de la crisis -no tanto de su origen- es del Gobierno socialista, que se ha visto obligado por presiones foráneas a dejar de ser una amenaza para el euro y las economías de sus socios occidentales.

El plan del Gobierno es presentar las medidas restrictivas de salarios públicos, pensiones, gastos de dependencia e infraestructuras -y ahora la subida de impuestos «para los ricos»- como las únicas posibles en las actuales circunstancias, lo cual es, así planteado, falso. La congelación de las pensiones -un recorte encubierto- es injusta si no se suprimen antes gastos corrientes y subvenciones de las administraciones públicas totalmente prescindibles. El freno a la dependencia es una estafa política anunciada, porque el Gobierno nunca atendió las advertencias de quienes temían que se estaba comprometiendo un gasto excesivo para un futuro incierto. Los funcionarios critican, con razón, que su recorte de salarios no esté precedido de una supresión de cargos discrecionales y gastos superfluos. No hay sinceridad en el Gobierno en la aprobación de estas medidas porque responden a decisiones ajenas. Son improvisadas y no garantizan un recorte sustancial del déficit, aumentan la desconfianza social y hacen más evidente la incapacidad del Gobierno para liderar la recuperación. Sacar a pasear la demagogia tributaria contra «los que más tienen» es una tosca expresión de incapacidad política y una burda manera de aliviar la mala conciencia.

ABC - Editorial

Chiquilicuatre. Por Hermann Tertsch

LA cosa sería graciosa si no fuera tan reveladora de nuestra actual situación. La cosa tendría coña si no fuera tan patética y peligrosa la deriva.

Resulta que nos llega un chquilicuatre boliviano iletrado, vendido y comprado, inepto y siniestro a España, un tal Evo Morales, y acusa aquí, en España, al partido principal de la oposición de organizar algo así como un golpe de Estado en su país. Y lo hace aquí, insisto, en España. Son muchos los chiquilicuatres que nos insultan desde hace unos años desde los países más fracasados de Latinoamérica porque consideran, y ahí probablemente lleven razón, que en este país no pueden recibir respuesta de esos políticos que tienen enfrente, es decir aquí, es decir en La Moncloa y en el Palacio de Santacruz.

Llevamos seis años mostrando ojos tiernos a lo peor de aquel subcontinente, haciendo «lobby» y presentándonos como amiguetes de las peores miserias populistas, indigenistas, racistas, protonazis y comunistas de allí. Hemos hecho el ridículo más total porque estadistas dignos, entre ellos -mala suerte ministro Moratinos- una señora que nació y vivió en un régimen comunista y sabe lo que la gentuza es capaz de hacer. Es Angela Merkel, quien, como tantos otros responsables europeos siente cada vez mayor desprecio por quienes dirigen la política exterior española, empezando por supuesto por nuestro Gran Timonel. Por su ignorancia y su profunda falta de principios. Pero también porque supone un auténtico atentado contra los intereses de nuestro país y de Europa a medio y largo plazo.

Que un individuo como Evo Morales venga aquí a insultarnos en los foros públicos es un escándalo mayúsculo. Pero, por supuesto, aquí no pasa nada. Dictadorzuelos de medio pelo llegan a España a dar consejos como ese iletrado que es Evo Morales, presidente de Bolivia por gracia de Hugo Chávez, ese milico golpista, otro iletrado en Venezuela. Y los Castro, unos dictadores asesinos en Cuba. Nos da lecciones la peor chusma del mapa mundi.

Nos llama el gran mandarín de la dictadura china para darnos lecciones de economía. Nos amenazan e insultan, un día sí y otro también, personajes como la impresentable presidenta de Argentina con su consorte. Que opinan sobre nuestro Tribunal Supremo durante una visita oficial a España. ¡Cómo es posible todo esto! ¿Cómo hemos caído tan bajo como para que no haya una respuesta masiva a este insulto de una señora tan dudosa en todo como doña Kirchner agitando, durante una visita oficial en España, contra la máxima magistratura española? Que Barack Obama y Angela Merkel asuman el control de la economía española no es hoy por hoy signo de alarma sino de tranquilidad. Porque nos protegerán de nuestros gobernantes actuales. Pero la humillación que suponen todos esos don nadies de la Cumbre -que no ha sido nada- opinando sobre nuestra justicia, nuestros derechos, nuestra historia y nuestros partidos y electores deberían haber generado una ola de furia. No pasa nada.

Dinos con quién andas y sabremos quién eres. Nunca hubo mejor fórmula con la que explicar la miseria moral, el desbarajuste total, el caos, la ideologización y, peor aún, la insolvencia profunda de nuestra política exterior. Eso sí, estamos cosechando lo sembrado. Nuestra política exterior, de debilidad, entreguismo, oportunismo y tantos errores como han podido cometer Zapatero, Moratinos y la inefable vicepresidenta De la Vega tiene su precio. En África nos chantajean. Nuestro vecino marroquí se parte de risa y exige territorio español, los chinos nos regañan, los norteamericanos nos avisan ellos de que nuestros socios europeos están de nosotros hasta los tirabuzones. Tan hartos de nosotros que le encargan al propio Obama que nos lo comunique. En fin, señoras y señores, sabía que teníamos un Gobierno de incapaces. Lo que no quería reconocer es que los hemos convertido en un país de incapaces para el mundo.

ABC - Opinión

Baile de máscaras. Por Cristina Losada

Han creído los de Rajoy que pueden competir en populismo con los socialistas y están a punto de dejar a Izquierda Unida a su derecha. Ya puestos, que hagan unidad de acción con la CGT y monten unas jornadas a la griega.

Unos señores del FMI han pasado por aquí y se han llevado una sorpresa. Así, han podido constatar el rechazo que suscita el mini plan de reducción del gasto público anunciado por el Gobierno. Los partidos de la llamada oposición están en contra, incluidos los nacionalistas que apoyaron gustosísimos la política de gasto sin fronteras. Por no haber, no hay garantías de que el presidente se vaya a enmendar la plana a sí mismo. Asegura, de puertas afuera, que hará el ajuste, pero se resiste a poner negro sobre blanco la letra pequeña. La duda está justificada: el valor de su palabra es conocido. Recuérdese la efímera vida del plan que retrasaba la edad de jubilación. Las propuestas sensatas del Gobierno mueren antes que una mosca en presencia de Obama.

El primero que se halla en desacuerdo consigo mismo es el partido gubernamental. El PSOE tiembla ante el espectro de una pérdida de votos si toca los sueldos de los funcionarios y las pensiones y suprime los regalitos con los que engatusaba a su base electoral. De ahí que, tras el miércoles de ceniza, las huestes de Zapatero se hayan encarrilado hacia un nuevo carnaval. Inquietas porque se han quedado sin "discurso de izquierdas", ansían colocarse, ¡otra vez!, su máscara favorita. Quieren jugar a la persecución de banqueros, ricos y curas, cual una banda antisistema. Justo lo que faltaba en una España en quiebra: una propagandística operación de acoso a la "oligarquía financiera" y a los "capitalistas", típica de regímenes del extrarradio, como los de Chávez, Morales y compañía.

Mientras el PSOE incuba la idea de atizar la confrontación social, el PP recoge las banderas de la izquierda que van cayendo. Tras respaldar con críticas, pero sin condiciones, algunos parches que fue poniendo el Gobierno, ahora no quiere saber nada del ajuste. Y eso que certifica que cuanto pronosticaba era cierto y cuanto reclamaba, cabal. Puede el PP proclamar que tenía razón y debía de exigir reformas y más recortes. Pero han creído los de Rajoy que pueden competir en populismo con los socialistas y están a punto de dejar a Izquierda Unida a su derecha. Ya puestos, que hagan unidad de acción con la CGT y monten unas jornadas a la griega. ¡Viva lo social y abajo las imposiciones extranjeras!

Libertad Digital - Opinión

El tributazo. Por Ignacio Camacho

TRAS el tijeretazo viene el tributazo. Cualquier posible duda sobre una próxima subida de impuestos quedó disipada el martes con el desmentido de Elena Salgado; todo el mundo la dio automáticamente por cierta.

En este Gobierno las vicepresidencias son una forma ilustre de irrelevancia, una modalidad jerárquica de la nada. A veces da la sensación de que Zapatero nombra vicepresidentas para mostrar su poder desautorizándolas. Quizá por eso Chaves, que tiene más recorrido a las espaldas y menos competencias en las manos -menos es un eufemismo, no tiene ninguna- haya optado por un quietismo que cuadra con su estilo hierático y le evita de paso malas posturas. Sus compañeras de rango, obligadas a moverse, tienen peor suerte en las fotos. Si De la Vega firma un convenio salarial con los funcionarios, el presidente más coherente de la democracia les baja los sueldos; si Salgado descarta un incremento fiscal, su jefe lo anuncia justo al día siguiente. Las decisiones reales se toman en un minigabinete de pretorianos formado en torno al líder en Moncloa, un estrecho círculo de poder en el que sólo hay dos alternativas: ser primo o hacerlo.

Ese reducido cinturón de confianza será probablemente el que, reunido alrededor de un montón de encuestas y sondeos, decida cómo, cuánto y a quién les van a subir los impuestos. Bueno, a quién está claro: a los únicos que los pagan, que desde luego en España no son los ricos propiamente dichos. En la lógica fiscal convencional deberían ser las cuentas de ingresos y gastos el factor determinante de esta clase de medidas, pero en la lógica zapateril impera sólo el dominio de las emociones políticas, que son las que se escrutan en los estudios de opinión pública. Importa el enunciado, no el contenido. Si el Gobierno, o con más exactitud el presidente, pone en su agenda un aumento tributario «a las rentas altas» no es tanto porque lo necesite para equilibrar sus mermados balances financieros sino los políticos. La impopularidad del recorte requiere inmediatos guiños compensatorios de populismo socialdemócrata. Se buscan chivos expiatorios de la improvisación que ha triturado la popularidad gubernamental, y la cúpula del PSOE ha señalado tres objetivos con mantras rituales que sus dirigentes van a repetir como una jaculatoria: los ricos, los bancos y la Iglesia. A por ellos van a ir para disimular las evidencias de un ajuste diseñado por imperativo del protectorado europeo. Se van a enterar.

De momento convendría, sin embargo, que se enterasen también las dos vicepresidentas, para no tener que retratarse en escorzo y pilladas a contrapié. Sería imperdonable que el gabinete de consignas vuelva a olvidar enviarles el argumentario a sus blackberrys. Aunque ya deberían haber aprendido que en el lenguaje de Zapatero las palabras nunca y siempre se refieren sólo a un breve margen de horas.

ABC - Opinión

La Pasionaria de Serrano. Por José García Domínguez

Cuando Zapatero amagaba con darle una oportunidad al sentido común y otra al rigor intelectual, irrumpen en escena los peronistas de todos los partidos prestos a representar el muy castizo espectáculo del bombero torero.

Teníamos a los comisarios del Partido Proletario, con el camarada González Pons a la cabeza, exigiendo todo el poder para los soviets de funcionarios y pensionistas; a Soraya, la Pasionaria de Serrano, rugiendo "¡No pasarán!" ante la mirada atónita de los cuatro bolcheviques reumáticos que aún habitan Izquierda Unida; a Feijóo repudiando, airado, los recortes impuestos por las potencias extranjeras a un Gobierno títere y cipayo; al subcomandante Arenas, vindicando igual la juerga presupuestaria frente al mezquino capital foráneo; y al de Pontevedra, ataviado para la ocasión con la boina de Largo Caballero, desbordando por la izquierda al mismísimo lucero del alba.

Sólo nos faltaba Curro Jiménez, navaja al cinto y trabuco en ristre, prometiendo sacarles el parné a los ricachones con tal de entregárselo al pueblo. Y en eso parece que anda ahora mismo el otro, según cuentan en los papeles. En fin, ya lo advirtió Larra, aquí, todo el año es Carnaval. Y todavía habrá quien continúe dándole vueltas a la matraca de que el Ejecutivo yace secuestrado por los sindicatos. Que se lo expliquen a esa legación del FMI, la que acaba de abandonan Madrid alucinada, aún sin discernir si se han reunido con el Polit Bureau de la Cuarta Internacional o con unos señores de traje y corbata que en su día cumplieran con las premisas de Maastricht. Así, cuando Zapatero amagaba con darle una oportunidad al sentido común y otra al rigor intelectual, irrumpen en escena los peronistas de todos los partidos prestos a representar el muy castizo espectáculo del bombero torero.

Los unos, armados con el ungüento amarillo de las finanzas, sencillas y milagrosas fórmulas para acometer el ajuste fiscal sin que contribuyente ninguno padezca el más mínimo dolor ni quebranto. Los otros, emulando las arengas de Evita a los descamisados en la Plaza de Mayo contra los "recortes de derechos democráticos". Los de más allá, revelándonos la nueva de que, en España, los servidores vitalicios del Leviatán resultan ser "los más débiles"... Camina el país al borde del precipicio y ellos, ajenos, persisten en lo de siempre, en sus pequeñas tretas de pícaros y el eterno tacticismo de vía estrecha, absortos en los juegos de salón del politiqueo capitalino. Sentido de Estado se llama la figura.

Libertad Digital - Opinión

Un Gobierno sin palabra

EL anuncio de una nueva subida de impuestos, esta vez para «los que realmente tienen más», es el último golpe de efecto del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para amortiguar el malestar de la opinión pública por el recorte de gastos sociales y salarios públicos.

Hace una semana anunció estas medidas como consecuencia de las presiones internacionales. Nada dijo de subir impuestos, aunque estaba sobreentendido que podría haber una vuelta de tuerca fiscal en cualquier momento, porque el déficit público es crítico y porque no es posible fiarse de este Gobierno. De hecho, la subida fiscal anunciada por Zapatero desautoriza sin paliativos a la ministra de Economía, Elena Salgado. Un país en crisis extrema, cuyo Gobierno anuncia unas medidas duras e impopulares, no puede permitirse la frivolidad de no contar en el Gobierno con un equipo económico que transmita un mínimo de seguridad y profesionalidad. La gestión de esta crisis se ha convertido en un mano a mano de Zapatero y José Blanco, con una traducción política evidente a efectos internos del PSOE y de la propia jerarquía en el seno del Gobierno.

La subida de impuestos «a los que más tienen» no pasa de ser una soflama de movilización de la izquierda. Si ayer era necesaria, también lo era el miércoles de la semana pasada, cuando Zapatero decidió que, por fin, había crisis en España y que había que hacer algo distinto a gastar dinero público a manos llenas. Es una soflama porque no se sabe quiénes son los que, a juicio de Zapatero, «más tienen», ni cómo va a aumentar su carga fiscal, ni desde cuándo. Incógnitas para sembrar más inquietud e inseguridad, mientras la Bolsa sigue cayendo y la colocación de la deuda pública española flaquea ostensiblemente, y dando muestras de que el Gobierno socialista es incapaz de abordar con rigor la gravedad de la situación.

Mientras esta ceremonia de confusión sobre el aumento fiscal se desarrollaba, José Blanco explicaba en el Congreso el recorte de inversiones en obra pública. Hasta hace un mes, los multimillonarios Planes «E» de obras locales eran imprescindibles, pero ahora se anuncia una especie de «ley seca» a la economía española, castigada con menos poder adquisitivo por el recorte de salarios y pensiones, con la retracción del consumo que provocará el aumento del IVA y con el cierre de la inversión productiva en infraestructuras. Sin embargo, ahí siguen miles de contratados a dedo en las administraciones públicas y ministerios irrelevantes para el interés general.

ABC - Editorial

Palo a los ricos y leña a los curas… ¡Vuelve ZP, el Vengador Justiciero!. Por Federico Quevedo

Si alguien pensaba que después del baño de realismo al que se vio obligado Rodríguez a instancias de Merkel y Obama la cosa iba a quedar ahí, estaba equivocado o no conoce a nuestro personaje: después de haberse tenido que tragar todos sus excesos demagógicos de seis años, por algún lado tenía que volver a salir ese espíritu vengador y justiciero que le acompaña.

Y como los suyos no le van a la zaga en lo que a feminismo, rojerío y anarcosindicalismo se refiere, se han puesto manos a la obra para contrarrestar el efecto negativo que para los intereses electorales del progresismo patrio tiene el mayor recorte del gasto social de la historia reciente, y no se les ha ocurrido mejor cosa que poner en su punto de mira a dos de los colectivos más denostados por la izquierda radical y resentida desde el principio de los tiempos: los curas y los ricos.

Palo al rico y leña al cura, o palo al cura y leña al rico, que tanto monta. La cuestión es volver a movilizar a ese electorado radical, extremista, antisistema y más rojo que Mao Tse Tung al que todavía no se le ha pasado el susto después de escuchar a Rodríguez el pasado miércoles: no os preocupéis, muchachos, tranquilos, que ahora vamos a ir a por los de la sotana y a por los ricos. Menos mal que por el momento solo han hablado de subir impuestos a unos y quitarles el dinero a los otros, y todavía no hemos escuchado nada de quemar iglesias y violar monjas. Aunque quién sabe, todo se puede andar…

De entrada, y como primera cuestión a analizar, habrá que saber qué entiende Rodríguez por ricos, porque si se dan ustedes cuenta a estas alturas de la película y después de todo lo que ha pasado, seguimos sin tener ni pajolera idea de lo que va a hacer el Gobierno, generalidades aparte. Cada día nos sorprenden con alguna declaración que corrige otra anterior hecha por ese mismo o por otro miembro del ausente Gabinete ministerial -¿ustedes son conscientes de que hay ministros de los que hace meses y meses y más meses que no sabemos nada?- que casi siempre coinciden en los nombres de Salgado-De La Vega-Chaves-Blanco y para de contar.

Que si uno dice que se suben los impuestos, la otra que no, y el tercero que ya se verá. Que si ella afirma que las pensiones van a subir, el otro que se congelan y el presidente acaba aclarando que todavía no tiene muy claro lo que va a hacer. Y así en un sempiterno reino de la improvisación y la desidia gubernamental. Es lógico que a pesar de lo dicho por Rodríguez en Europa sigan creyendo que no somos de fiar y los mercados continúen castigando la absoluta falta de credibilidad de nuestro Gobierno.

Apretón de tuercas a las familias y rentas medias

Pues bien, volviendo al asunto que nos ocupa, a día de hoy no sabemos a qué se refiere Rodríguez cuando habla de los ricos, pero si nos atenemos a declaraciones anteriores sobre el tema, el umbral se puso en una renta bruta anual de entre 30 y 35.000 euros. O sea, pura clase media, de esa a la que cada vez le cuesta más llegar a final de mes.

Suponiendo que sea ese el umbral o, incluso, un poco más alto, eso significa que la única opción que tiene Rodríguez para recaudar se llama IRPF, y dado que por prisas y falta de tiempo no parece que modificar la tarifa sea la solución más adecuada, todo indica que lo que nos van a tocar son los bemoles de la retención. Porque, seamos consecuentes con los antecedentes del personaje: yo no le veo subiendo la tributación de las SICAV a sus amigos del Sindicato de la Ceja, la verdad. Como mucho, es posible que toque el Impuesto de Sucesiones y recupere el de Patrimonio, pero dudo que eso sea suficiente para los planes de Ejecutivo, luego habrá que ponerse en lo peor, es decir, que serán las clases medias las que tengan que pagar los errores y los excesos de Rodríguez Zapatero, para que luego le aplaudan los Almodóvar, Bardem y compañía por haber sido firme con los ricos y generoso con los pobres, eso sí, sin haberles manoseado a ellos la cartera.

La realidad, sin embargo, es que cualquier medida en esa dirección, y ahora permítanme un poco de seriedad, es una auténtica barbaridad por más que en otros países se haya puesto también en práctica: subir impuestos a las clases medias, pequeños empresarios y autónomos no solo va a frenar la recuperación, sino que nos lleva de camino directo al abismo de una nueva recaída en la recesión.

Labor social de la Iglesia

Pero, siendo importante y atractivo para ese electorado extremista el apretón de tuercas a las familias y rentas medias, lo que de verdad les pone, lo que les produce orgasmos de satisfacción, es que el Gobierno la tome con los curas. ¡Oiga! Da igual que la Iglesia sea la primera ONG de este país, o que invierta cientos de millones en cuidar un patrimonio histórico artístico que es propiedad de todos independientemente de su credo o religión. No, lo importante es atizarles a los curas donde estos progres trasnochados y anclados en el Neandertal consideran que más les dueles, es decir, los cuartos.

No es nueva la estrategia, ya la puso en práctica un tal Mendizábal hace unos cuantos años. El problema es que hacer eso contradice el propio discurso de la izquierda, y más en tiempos de crisis. Me explico: la Iglesia recibe todos los años una cantidad de dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes como aportación voluntaria, en base a unos acuerdos -Concordato- que por sí mismos son Jurisprudencia Internacional y no se pueden revocar así como así. Lo que hace el Gobierno es adelantarle a la Iglesia esa cantidad en aportaciones mensuales que se fijan en los Presupuestos -este años son unos 13 millones de euros mensuales- y al final del ejercicio ambas instituciones liquidan, es decir, que si se queda corto el Estado le paga a la Iglesia lo que le debe, y si se pasa la Iglesia lo devuelve.

¿Por qué se hace así? Sencillo, porque con ese dinero la Iglesia no solo sostiene parte de su labor pastoral, sino que, y sobre todo, dedica la mayor parte de esos fondos a la educación y a sus labores sociales, entre ellas la que pone en práctica a través de Cáritas y Manos Unidas, las dos principales ONGs de ayuda a los más desfavorecidos que hay en España. Y qué quieren los progres, ¿quitarle el dinero a la Iglesia para que ésta tenga que cerrar los comedores sociales, por poner un ejemplo?

Pues como muestra de esa sensibilidad social propia de la izquierda con la que tanto se ha llenado la boca este Gobierno durante estos seis años, acusando además al PP de ser el partido de los ricos y los poderosos -¡manda huevos!, que diría Trillo-, hacer esto resulta cuando menos ruin y despreciable, y con mayor abundancia en la ruindad en un momento en el que esa labor social de la Iglesia se está haciendo imprescindible para que mucha gente pueda, al menos, tener algo que llevarse a la boca y dar cobijo, alimento y vestido a quienes más sufren y padecen las consecuencias del peor Gobierno de nuestra Historia reciente y del peor presidente de la democracia. Ruin y mezquino.

El Confidencial - Opinión

¿Habrá alguna vez sentencia sobre el Estatut?

El tiempo juega a favor de los impulsores del Estatut, que lo están desarrollando y llevando a la práctica en todos sus extremos al no impedírselo, ni siquiera un poco, nuestro inoperante y politizado Tribunal Constitucional.

Este miércoles hemos vivido un nuevo capítulo en la interminable y bochornosa historia de la redacción de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña: El sexto borrador de resolución, a cargo del magistrado Guillermo Jiménez, y que preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación restrictiva de otros tantos, ha sido retirado por su redactor antes de ser sometido a votación ante la previsible falta de los apoyos necesarios. La presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, ha asumido la ponencia de la sentencia anunciando al pleno su intención de presentar su propuesta "a la mayor brevedad posible".

Antes de hacer nuevas consideraciones, debemos destacar, una vez más, el patético espectáculo que supone el hecho de que el Tribunal todavía sea, cuatro años después, incapaz de emitir un fallo sobre un estatuto de tan clamorosa inconstitucionalidad que hasta uno de sus promotores, el ex presidente catalán Pasqual Maragall, terminó por reconocer que no tenía cabida sin "una reforma previa" de nuestra Carta Magna. Sólo la politización y falta de independencia de la Justicia, que los socialistas impulsaron al grito de "Montesquieu ha muerto" y que los populares no revocaron durante sus años de gobierno, explican este grave retraso.

El hecho de que la ponente del nuevo borrador vaya a ser la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, no augura nada bueno: En primer lugar, Casas ha demostrado ser fiel a las tesis del Partido Socialista que la nombró, no ya sólo por su posicionamiento ante los borradores anteriores, sino por la bochornosa y servil forma en la que públicamente aguantó la reprimenda que le dirigió la vicepresidenta Fernández de la Vega durante el Desfile Militar de 2007. En segundo lugar, cabe también recordar que Casas está casada con Jesús Leguina, quien fue contratado y retribuido por la Generalidad de Cataluña para defender jurídicamente el estatuto que ella ahora tiene que juzgar. Y en tercer lugar, cabe señalar que, aunque Casas no sea el único miembro del Constitucional al que hace tiempo que se le caducó su mandato, esta circunstancia es mucho más lamentable en su caso ya que, en su condición de presidenta del Tribunal, goza de voto de calidad, es decir, de la facultad para que en caso de empate entre los 10 magistrados (5 a favor, 5 en contra) sea su voto el que haga posible un fallo sobre el Estatut.

Recordemos, así mismo, que el pasado 16 de abril la magistrada nombrada por el PSOE Elisa Pérez Vera presentó un borrador tan escandalosamente permisivo con el Estatuto –tan sólo anulaba una quincena de artículos y sometía a interpretación a otra veintena– que hasta un magistrado de "adscripción socialista" como Manuel Aragón votó en contra del mismo, junto a los cinco magistrados nombrados a propuesta del PP.

Parece, sin embargo, que Aragón esta vez no ha querido volver a romper esa "disciplina" ante el borrador de resolución redactado por el magistrado de "adscripción conservadora" Guillermo Jiménez, única razón que explicaría que este último lo haya retirado sin someterlo a votación. Al pasar a ser ahora Casas la encargada de redactar otro borrador, lo lógico es que esta se limite a retocar el permisivo borrador presentado en abril por Pérez Vera lo justo para que Aragón le dé su apoyo. De esta forma se generaría previsiblemente un empate a cinco, que permitiría a la presidenta ejercer su, nunca peor llamado, "voto de calidad".

De no producirse así las cosas, estaríamos abocados a un indefinido estancamiento de la sentencia: una circunstancia que también supone un lamentable dilema a los magistrados que permanecen fieles a la letra y al espíritu de la Constitución del 78. Por una parte, esa fidelidad les aboca a un enquistamiento que impide que se dicte sentencia, tiempo que juega a favor de los impulsores del Estatut, que lo están desarrollando y llevando a la práctica en todos sus extremos al no impedírselo, ni siquiera un poco, nuestro inoperante Tribunal Constitucional. Pero transigir en pro de que haya una sentencia que al menos limite el desarrollo de ese mamotreto soberanista en sus más clamorosos extremos, abocaría también a estos magistrados a dar por "buenos" muchos artículos cuya inconstitucionalidad tampoco ignoran. Aquí el famoso "lo mejor es enemigo de lo bueno" se trocaría por un "lo malo es enemigo de lo peor". Claro que esto son consideraciones más tácticas que jurídicas. Sin embargo, a este bochornoso escenario nos han llevado quienes, al grito de "Montesquieu ha muerto", nos hacen correr ahora el riesgo de ver enterrada a nuestra nación como Estado de Derecho.

Libertad Digital - Editorial

Crisis del sistema. Por José María Carrascal

Con el 20 por ciento de parados, suena a broma macabra decir que la crisis económica abre interesantes posibilidades. Pero es así, recordándonos que lo bueno y lo malo andan entremezclados en este mundo, tal vez por ser uno el contrapunto del otro.

Pero dejémonos de filosofías baratas para ir al grano, pues no están los tiempos para lucubraciones. La crisis, decía, lleva en sus entrañas posibilidades que, de aprovecharse, pueden conducir no sólo a superarla, sino también a mejorar la situación anterior, que sin duda era mejorable a la vista de adónde nos ha conducido. Y la primera virtud de la crisis es hacernos ver una realidad que antes no veíamos o no queríamos ver, sacándonos del ensueño en que vivíamos. El reconocimiento de la realidad es la primera condición para superarla. Sin ello, lo único que haríamos sería continuar en el ensueño que hemos vivido durante los dos últimos años, y hundirnos cada vez más en la crisis. Finalmente, tanto Gobierno como ciudadanía se han dado cuenta de su magnitud.

Pero hay otros signos esperanzadores, otros «brotes verdes» que nada tienen que ver con los que anunciaba el Gobierno. Me refiero al despertar de la Justicia española o, si lo quieren, a la «revolución de los jueces», que de un tiempo a esta parte no hay quien los conozca. De ser meros instrumentos del poder político, de estar encasillados como animales domésticos en «progresistas» y «conservadores», de resultar tan predecibles sus decisiones como las de las cámaras y de considerarles un apéndice de los partidos, un número importante de ellos ha roto amarras de quienes creían poseerlos y comenzado a tomar decisiones que poco o nada tienen que ver con su ideología personal, para atenerse únicamente a la ley que han jurado respetar y aplicar.

Lo que es una gran noticia. Para mí, la mejor noticia en muchos, muchos años, puede que la mejor noticia de esta joven democracia española, pues una democracia sin jueces independientes incluso de sí mismos no es democracia, sino otra forma de dictadura, en nuestro caso, la dictadura de los partidos políticos. Si la crisis económica tiene algo que ver con la «rebelión de los jueces» no lo sé, aunque la crisis está afectando a todas las instituciones del Estado. Pero la atribuiría más bien al hartazgo de los jueces de ser considerados meros juguetes de una clase política impresentable. Algunos de ellos han crecido sobre sus convicciones ideológicas e, indiferentes a los colores políticos y a la charanga mediática, se han puesto a tomar decisiones sólo acordes con la más estricta legalidad. Demostrando de una tacada, primero, que aquello de la «solidaridad de cuerpo», tan arraigada en este país, no iba con ellos, y segundo, que se han sacudido la contaminación política, aún más arraigada. Como digo, una gran noticia.

Pero no definitiva. Porque si esta rebelión se limitara a los jueces -y no a todos ellos-, habríamos adelantado muy poco. Es necesario que se extienda a todos los sectores de la sociedad, si queremos que ésta se regenere. Más de una vez me habrán oído decir en estas páginas de ABC que no estamos ante una mera crisis económica, sino ante una crisis del sistema, ante una crisis de valores, que le impide funcionar correctamente y le ha llevado a la situación actual. La clase política es la primera que debería hacer examen de conciencia ante el hecho gravísimo de ser la peor considerada por la ciudadanía. Pero ante los casos frecuentes de individuos que entran en la política para enriquecerse, de «servidores públicos» que más bien toman al público como servidor, de la corrupción que no distingue ideologías, conviene a los partidos, por su propio bien, antes de que empiece a considerárseles una variedad de la mafia o la «cosa nostra», hacer limpieza dentro de sus filas, en vez de limitarse a apuntar a las manzanas podridas del bando contrario, como hasta ahora vienen haciendo. Pues por ese camino sólo conseguirán convertir España en un lodazal y que vuelva a alzarse el clamor por un «cirujano de hierro» que acabe con tanta inmundicia.

Aunque la sociedad tampoco es inocente en el proceso. Los españoles nos hemos tomado a la ligera la democracia -creyendo que en ella había sólo derechos, no deberes- y tragándonos la milonga de que, tras superar a Italia, íbamos a superar a Francia, etc., etc. Y, en efecto, las hemos superado. Pero en déficit, en parados, en fracaso escolar y otros terrenos bien poco recomendables. Es verdad que prácticamente todos los países de nuestra área están teniendo dificultades. Pero la inmensa mayoría vienen tomando desde hace tiempo medidas para superarlas, por lo que su situación no es tan grave como la nuestra. Y en cualquier caso, si Ángela Merkel ha dicho a sus conciudadanos que están viviendo por encima de sus posibilidades, ¿qué habría que decirnos a nosotros, con una capacidad industrial, una productividad y unos recursos muy inferiores a los suyos? Sencillamente, nuestra economía no da para irnos de vacaciones o minivacaciones dos o tres veces al año, para los famosos «puentes», para las fiestas a todo tren y de todo tipo, para que cada ciudad tenga su orquesta sinfónica, su palacio de deportes, su centro de congresos, su aeropuerto, su AVE, a no ser que los paguen los usuarios. Ni el Estado español puede presumir de dadivoso mundo adelante ni los españoles podemos presumir de vivir mejor que los alemanes o los norteamericanos, como venimos viviendo; se lo asegura alguien que lo comprueba en cada visita a ambos países. Nuestra relación trabajo/ocio, eso que los sociólogos progres llaman «calidad de vida», es superior a la alemana o la norteamericana. Eso está muy bien cuando se tiene un potencial económico detrás que lo respalde, que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos el euro, una moneda fuerte. Pero el euro ya no es lo que era, entre otras cosas, por nuestros dispendios. De ahí el aviso que nos han enviado nuestros socios. La fiesta se acabó, y sólo hay dos caminos: el de ajustarnos a nuestros medios, como están haciendo las naciones serias, o querer seguir viviendo a costa de los demás, cuando los demás han dicho «basta». El camino de los alemanes, que llevan dos años apretándose el cinturón, o el griego, con las calles ardiendo. No hay otra alternativa.

Porque no hay más cera que la que arde, y en España ha ardido ya casi toda. O los españoles empezamos a comportarnos como adultos o nos tratarán como a niños, como ya han empezado a tratarnos desde Bruselas y Washington. Es en buena parte consecuencia de haber puesto nuestro destino en manos de un indocumentado, pero tampoco puede echársele toda la culpa, pues en su primer mandato tuvimos abundantes muestras de sus limitaciones, que permitían predecir cómo íbamos a acabar. Sin embargo, le reelegimos. Hoy es precisamente su Gobierno, que tachaba de alarmistas y antipatriotas a quienes advertían de los riesgos, el que nos describe la situación con los tintes más negros, para justificar un reajuste durísimo, que nunca se creyó obligado a hacer. Y, esto es lo más grave, que es dudoso hará, pues la incompetencia que le caracteriza, el sectarismo que le embarga y la desconfianza que inspira ponen un gran interrogante sobre si logrará hacer lo que hasta ahora había dicho que nunca haría.

Dicho esto, conviene advertir que, bueno o malo, es el único Gobierno que tenemos, y sería suicida no apoyarle si realmente se decide a hacerlo. A la fuerza ahorcan, dice el refrán, aunque en este caso se trata más bien de evitar que nos ahorquen o que nos ahorquemos, a la postre lo mismo. Algo que ocurriría si nos pusiésemos a discutir quién tiene la culpa, los especuladores, el Gobierno, la oposición o el pueblo español. Las crisis crean la psicosis del «¡sálvese quien pueda!», haciendo olvidar que todos están en el mismo bote.

Porque la opción es clara: o hacemos lo que los jueces, desprendiéndonos de nuestros prejuicios ideológicos, para cumplir cada cual con su deber, o nos vamos por la cañería.

ABC - Opinión