jueves, 7 de julio de 2011

¿Indignados o privilegiados?. Por José María Carrascal

«Si recordamos la definición de Ortega de las revoluciones —“van contra los usos de un sistema, no contra sus abusos”— nos damos cuenta de que el 15-M tiene un carácter claramente conservador, diría incluso reaccionario»

¡ESOS sí que son indignados!, exclamó un vecino de barra de bar, contemplando las imágenes de la batalla campal en Atenas. Comparados con ellos, en efecto, nuestros acampados en Sol y otras plazas parecían hippies, okupas o cualquier otra variedad de las muchas tribus urbanas, con sus barbas, perros, flores y guitarras. Pero en el fondo son los mismos, les mueve el mismo ánimo, pasión, objetivo: el de un Estado perfecto, en paz y armonía, donde haya sólo derechos, no deberes. La vieja utopía de la izquierda. La única diferencia es que, en Grecia, la utopía ha llegado a un estado terminal, mientras aquí sólo pierde gas. Pero ya verán cuando alcance los niveles griegos y los hippies tiren de máscara antigás y de cóctel molotov. En el Parque de la Ciudadela tuvimos una muestra. No me atreví, sin embargo, a decírselo a mi vecino de barra, por conocer la inutilidad de intentar convencer a un español de lo equivocado que está.

Voy a hacerlo ahora, en términos generales, uniéndome a los muchos analistas del 15-M y discrepando de la mayoría, que se despachan con frases como «hay que escucharles», «reflejan el hecho incontrovertible de la insatisfacción popular», «significan un caldo de cultivo que los políticos harían bien en tener en cuenta», con alguno rizando el rizo: «Son una performance ciudadana», como si se tratase de un espectáculo gratuito.


Cuando en realidad se trata de:

—Un movimiento ni siquiera original. Estamos ante una copia de las manifestaciones ocurridas en calles y plazas de las ciudades árabes —¡tiene gracia a dónde hemos ido a buscar modelo!— convocadas a través de las redes informáticas.

—Inspirado por un nonagenario que empezó pidiendo a los jóvenes que se «indignaran», para pedirles luego que se «comprometieran», no fueran a sobrepasarse.

—Desplazado, ya que tales movilizaciones tienen sentido en regímenes totalitarios, no en democracias donde existen vías para exponer la voluntad popular. A no ser que el verdadero objetivo sea deslegitimar la democracia, que es como empiezan todos los totalitarismos. Y aunque la democracia española tiene muchas cosas que corregir, la forma de corregirlas no es ponerse por montera las normas, sino con más democracia. ¿Qué significa eso? Pues que todos estamos obligados a cumplir las leyes, incluidas las más humildes. Y si las leyes no sirven, se cambian por los canales establecidos. Pero mientras no se cambien, hay que respetarlas. En resumen: nadie puede arrogarse qué norma hay que cumplir y cuál no, ni sacarse de la manga otra democracia —«real», «popular», «orgánica»—, al haber sólo una: la de cada ciudadano un voto, sin que ninguno valga más que el de los demás. Siendo de particular peligrosidad que sean los gobernantes quienes toleren esas infracciones de la legalidad. Significa que esa democracia está enferma.

—El catálogo de protestas de esos indignados incluye las medidas más diversas, aunque con un denominador común: la denuncia de abusos en nuestro sistema —corrupción, listas electorales cerradas, privilegios de la clase política—, pero no del sistema en sí, es decir, del llamado «Estado del bienestar», que más bien debería llamarse «Estado de beneficencia», pues se resume en el axioma «el Estado tiene la obligación de cuidarnos de la cuna a la sepultura». Es más, la principal denuncia va dirigida a las medidas, que según el movimiento 15-M buscan el desmantelamiento de tal Estado. Con lo que llegamos al quid del asunto. ¿Contra qué se indignan los indignados? Contra lo que consideran la privación de unos derechos adquiridos. Si recordamos la afilada definición de Ortega de las revoluciones —«van contra los usos de un sistema, no contra sus abusos»—, nos damos cuenta de que el movimiento 15-M tiene un carácter claramente conservador, diría incluso reaccionario. Esos jóvenes y mayores no buscan un nuevo estatuto social, un nuevo reparto de la riqueza nacional y del esfuerzo colectivo. Buscan conservar el statu quo anterior, como la aristocracia intentaba mantener en el siglo XVIII sus privilegios frente a la burguesía emergente y la burguesía intentó en el XIX mantener los suyos frente a la clase trabajadora. Ahora, son los trabajadores de los países desarrollados con empleo fijo y derechos sociales garantizados, convertidos en clase media, los que intentan conservar esos privilegios frente al nuevo lumpen proletariat: los parados de su país y los millones de trabajadores de los países en desarrollo, dispuestos a cobrar una fracción de su salario. Sin pararse a preguntar, primero, si han contribuido suficientemente a los beneficios sociales que reciben; y segundo, si en el mundo globalizado en que vivimos tales beneficios son compatibles con la viabilidad de sus empresas.

En los países con sindicatos responsables y opinión pública informada, se han venido haciendo los ajustes necesarios para adaptarse a la nueva situación desde que empezó la crisis. Mientras, en los países donde la responsabilidad escasea y la información no existe esas medidas han ido retrasándose, hasta que la situación económica se ha hecho insostenible. Esos griegos que protestan ante su Parlamento deberían haber protestado por las pensiones de los muertos que seguían cobrándose, por los impuestos que no se pagaban, por los fondos europeos desviados y por las falsas cuentas de sus gobiernos. Pero prefirieron callar, como se prefirió callar en España sobre las falsas jubilaciones, los favores a los amigos, los proyectos faraónicos y otras sinvergonzonerías que se cometieron y siguen cometiéndose a cuenta del «Estado social del bienestar», que por el camino que vamos no va a ser del bienestar, ni social ni siquiera Estado, pues no puede sacarse de él más de lo que se ha contribuido. Claro que, con ministras que dicen «el dinero del Estado no es de nadie», ¿qué tiene de extraño que la gente vea en él una especie de tío inmensamente rico, al que puede estafarse sin rubor? Cuando en realidad se está robando al resto de la ciudadanía. Resulta revelador que en las democracias desarrolladas no existe el «dinero del Estado». Existe el «dinero del contribuyente», es decir, de todos. De todos los que han contribuido, claro, pues el dinero no cuelga de los árboles, ni siquiera en los «paraísos del proletariado». Visiten alguno y lo comprobarán.

Por último, y como corolario de lo dicho, se habrán fijado en que pese a la amplia y rotunda indignación de los indignados el Gobierno apenas aparece en su lista de malditos. Lo que es cuanto menos extraño. ¿Acaso Zapatero y sus distintos gabinetes no tienen nada que ver con la situación en que nos encontramos? Por lo que leemos en las indignadas denuncias, poco o nada. Todos los ataques se dirigen a los políticos en general, a los mercados, a los especuladores, a los bancos, a las fuerzas ocultas que mueven el mundo. Y algo de culpa, digo yo, corresponderá a quienes durante siete años han llevado los asuntos del país, más cuando también han sido los que han hecho los mayores recortes sociales de la democracia. Pero, repito, los indignados no se indignan contra ellos, lo que hace su indignación muy selectiva, muy sorprendente, muy sospechosa. Por lo menos tan sospechosa como su condición de revolucionarios. Pues resulta que el mérito, el esfuerzo, la innovación, la preparación, la eficacia, la excelencia, motores del desarrollo en el mundo actual, no figuran en su lista de reclamaciones. Y es que el mejor disfraz de un reaccionario es el de progresista. Se lleva mucho en España.


ABC - Opinión

Agencias de derribos

Las penurias de Portugal para colocar ayer en los mercados 848 millones de euros en letras a tres meses ha desatado otra tormenta en la zona euro cuyos coletazos, además de golpear a España y sus mercados, ha reavivado la polémica sobre el comportamiento de las agencias de «rating». En concreto, ha causado gran irritación en Bruselas y en Lisboa la actitud de Moody’s, que el martes bajó de golpe cuatro escalones la calificación de la deuda portuguesa, hasta equipararla al bono basura, lo que sin duda agudizó el castigo propinado ayer por los inversores. El primer ministro portugués, Passos Coelho, lo calificó de «golpe bajo» y su compatriota Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, lo «lamentó profundamente» y advirtió de que la UE ultima una regulación de estas agencias y la creación de supervisores europeos para limitar el monopolio norteamericano. En efecto, sosprende que las tres grandes compañías (Moody’s, Standar&Poor’s y Ficht), que controlan el 90% del mercado, sean de EE UU. «Eso quizá explique ciertas tendencias», comentó ayer Durao Barroso. Pero asombra aún más su proceder, ya que parecen elegir la publicación de sus dictámenes con el momento más sensible o en el que más estragos puede causar. Se diría que estas tres agencias americanas quieren hacerse perdonar su desastrosa, y tal vez delictiva, gestión previa a la crisis mundial generada en Wall Street, especialmente con la quiebra de Lehman Brothers, a la que mantuvieron una alta calificación hasta el mismo día de su quiebra. No conviene olvidar que las hipotecas «subprime», muchos fondos estructurados y otros de alto riesgo, que cebaron la explosión de la crisis, tenían las mejores calificaciones de Moody’s, Standar&Poor’s y Ficht. No sin razón, fue el propio presidente Obama el primero en prometer una regulación más estricta de modo que no puedan actuar con la arbitrariedad y el oscurantismo actuales. El caso portugués es ilustrativo, porque el plan de recortes presentado por Passos Coelho, con más de cien medidas de ajuste, entre ellas un impuesto del 50% de la paga extra de Navidad, fue ampliamente respaldado por el Parlamento y bien recibido por Bruselas. Es decir, muestra la decidida voluntad del Gobierno lisboeta de cumplir con el objetivo de déficit y de aprovechar los 78.000 millones de euros del rescate para reactivar la economía del país. Especular, en este contexto, con que Portugal pueda seguir los pasos de Grecia hacia un segundo rescate es, cuando menos, prematuro, por no decir irresponsable. Lisboa se enfrenta en este tercer trimestre a varias emisiones de deuda para colocar entre 4.500 y 6.750 millones de euros y lo que ha provocado Moody’s con su veredicto es una condena por anticipado. Nadie duda de que las agencias de calificación cumplen una función imprescindible de información y valoración sobre la solvencia, ya sea de un país o de una empresa, sin la cual los mercados serían más inestables. Pero como toda herramienta, deben servir para resolver los problemas, no para crearlos y, en todo caso, ha de estar por encima de toda sospecha de que no sirven a intereses espurios y gestionarse con la máxima transparencia.

La Razón - Editorial

Confianza rota

La injusta rebaja de Moody's a Portugal impone la creación de una agencia europea de calificación.

La agencia de calificación de riesgo financieros Moody's ha conseguido elevar el nivel de crispación de los mercados y de las instituciones públicas, en especial de la Comisión Europea, con su insólita e inoportuna rebaja de la solvencia de Portugal en nada menos que cuatro escalones, hasta el nivel de bono basura. El paso de Moody's es grave. Una rebaja tan truculenta, que costó ayer caídas importantes en las Bolsas y una nueva explosión de los diferenciales de deuda de Grecia, Portugal y España, aumenta el desprestigio público de las agencias de rating, porque sugiere que no solo no están cumpliendo su papel de advertencia a los inversores (no percibieron, ni de lejos, la crisis financiera que se venía encima y tampoco tienen capacidad de análisis para reconocer la recuperación en ciernes de países como Islandia) sino que alientan, consciente o inconscientemente, la especulación a la baja contra los países situados en la diana.

Los argumentos de Moody's sobre Portugal son insostenibles porque operan como una profecía que tiende a autocumplirse. La agencia no tiene en cuenta los programas de ajuste puestos en pie en Lisboa, aprobados por Bruselas y gestionados por un Gobierno recién salido de unas elecciones. Si estos compromisos no son útiles para regenerar la solvencia de un país, no se entiende por qué motivo se exigen sacrificios económicos a los países, que se traducen siempre en una dolorosa pérdida de renta de los trabajadores.


Moody's acumula otro disparate, que es el de dar por sentado que Portugal necesitará otro rescate. No entra a considerar si un cambio de circunstancias (por ejemplo, una modificación de las condiciones exigidas para acceder a los fondos de ayuda) facilitaría la salvación portuguesa. Esta fatalidad es el aspecto que ha causado mayor irritación en Europa, porque da pábulo a quienes piensan que las agencias privadas actúan como un oligopolio cuyos informes avivan la especulación a la baja en los mercados. Queriendo o sin querer, sus análisis agravan las convulsiones financieras facilitando coartadas para que los inversores retiren su confianza a determinadas economías con independencia de sus compromisos de ajuste.

El desafortunado informe de Moody's es el momento crucial a partir del cual se pondrá en marcha una opinión mayoritaria: es necesario sustituir los informes de las agencias privadas por mecanismos de calificación más fiables. El presidente de la Comisión, Durão Barroso, reclamaba ayer la creación de una agencia de calificación europea. Su petición está cargada de razones. La confianza en la utilidad de las agencias privadas lleva tiempo con goteras y amenazas de quiebra; desde ayer, parece definitivamente rota.

Las conclusiones no pueden ser más claras. El Banco Central Europeo debe mantener los bonos portugueses o griegos como colaterales de sus inyecciones de liquidez y sustituir las evaluaciones de las agencias de calificación por clasificaciones realizadas por la propia institución.


El País - Editorial

Mejor sería el cese de las televisiones públicas

La falta de transparencia y eficiencia en la gestión, el abuso del contribuyente y el sectarismo político caracterizan no sólo a RTVE, sino a cualquier ente público. La presidencia de Oliart no ha sido una excepción, ni su salida será la solución.

El presidente de RTVE, Alberto Oliart, ha anunciado su "irrevocable" decisión de dimitir alegando razones "estrictamente personales" y, más concretamente, de "salud". Teniendo en cuenta que Oliart tiene ochenta y tres años, y que hace más de un mes ya comunicó a altos cargos del PSOE y del PP su deseo de dejar el cargo debido al cansancio "suyo y de su mujer", no vamos a negar la verosimilitud de estas supuestas razones. Sin embargo, no deja de ser un hecho cierto que el cese de Oliart se produce poco después de haberse conocido que la RTVE acaba de adjudicar a la empresa dirigida por su hijo, Pablo Oliart, el servicio técnico que hasta el pasado mes de junio prestaba Overon, de Mediapro, al programa La mañana de La 1.

Fuentes de la RTVE aseguran al respecto que se convocó "un proceso de licitación al que se invitó a las seis empresas del sector que ofrecen este tipo de servicios", y que el contrato se concedió finalmente a TBS debido a que era "la oferta más barata". Sin embargo, fuentes de dos empresas de referencia en la prestación de servicios audiovisuales en España, como Atlas y Hurí, aseguran que no recibieron invitación alguna, mientras que no faltan quienes aseguran que la oferta de Overon era superior desde el punto de vista de los requisitos técnicos.

Ya habrá tiempo de esclarecerlo, pero, sea como fuere, lo cierto es que la opacidad en las contratas y en la gestión de las televisiones públicas es tan grande que resulta difícil tanto ser honrado como parecerlo. Si la falta de transparencia y eficiencia en la gestión, el abuso del dinero del contribuyente y el sectarismo político caracterizan no sólo a RTVE, sino a cualquier medio de comunicación público, la presidencia de Oliart no ha sido una excepción. Pero precisamente por ello la solución no está en el cese de un determinado dirigente, sino en la privatización o cierre de todas las radios y televisiones públicas. Resulta inmoral que se comprometa el dinero del forzado contribuyente para financiar unos servicios que ya procuran al público las cadenas privadas. Más aun cuando se utilizan de manera sectaria y al servicio propagandístico del Gobierno de turno, lógica consecuencia de la designación política de sus gestores.


Libertad Digital - Editorial

Crisis y futuro en RTVE

Los partidos mayoritarios están obligados a actuar con sentido de la responsabilidad a la hora de pactar el nombre del sucesor de Alberto Oliart.

LA dimisión de Alberto Oliart como presidente de la corporación RTVE abre un nuevo periodo de crisis en la televisión pública. El ex ministro de UCD tira la toalla después de menos de dos años al frente de la entidad, una vez conocida la adjudicación a la empresa de su hijo de un contrato de servicio público para el programa «La Mañana de La 1». Al margen de la investigación a fondo del caso concreto, la dimisión pone en evidencia el fracaso de un modelo que tampoco esta vez ha conseguido garantizar la independencia y pluralidad de RTVE, a pesar de que el presidente fue nombrado como candidato de consenso entre PSOE y PP. Sin embargo, las críticas de la oposición en los últimos meses han puesto de relieve tanto el carácter sesgado de la información política como la discutible externacionalización de servicios a determinadas empresas. Es decir, existen al parecer viejas querencias que no hay manera de superar, porque el partidismo termina siempre por imponerse en perjuicio del interés general y los derechos de los ciudadanos.

Es un buen momento para hacer de la necesidad virtud. En efecto, estamos en periodo de descuento de la legislatura y surge una buena oportunidad para alcanzar un pacto serio y riguroso que garantice una etapa de estabilidad a una entidad que la necesita de forma imperiosa. No se trata de buscar a un candidato que no moleste a nadie, sino de elegir a la persona apropiada y apoyar un proyecto a medio plazo basado en la coherencia, la imparcialidad y la austeridad. De lo contrario, volverá a empezar la eterna noria de dirigentes que son incapaces de cumplir las expectativas. Sin perjuicio de un balance más detallado de su gestión, está claro que Oliart no ha conseguido enderezar el rumbo de la nave. El Estado democrático necesita contar con una televisión pública de calidad, respetuosa del pluralismo y de los derechos de los ciudadanos. Los partidos mayoritarios están obligados a actuar con sentido de la responsabilidad, dejando al margen el interés a corto plazo a la hora de pactar el nombre del sucesor de Alberto Oliart. La exigencia de una mayoría cualificada de dos tercios obliga a ese pacto. Pero lo importante es la voluntad política de que RTVE responda a las exigencias de una televisión pública propia del siglo XXI sin actuar como instrumento del Gobierno de turno.

ABC - Editorial

miércoles, 6 de julio de 2011

¿Vuelven los cincuenta?. Por José María Carrascal

Hace medio siglo vivíamos del turismo. Hoy volvemos a vivir de él. Algo hemos hecho mal para llegar a esta situación.

SIEMPRE es mejor tener un empleo temporal que ninguno, aunque esa no sea la solución del problema del paro, sobre todo cuando el empleo fijo disminuye, como ocurre en España. Pero no voy a ponerme a discutir con cualquiera de los muchos portavoces del Gobierno, siempre anunciando la salida de la crisis, cuando la única salida real es la suya. Así que voy a fijarme en un hecho alentador en la superficie, desolador bajo ella: en España, lo único que funciona de verdad es el turismo. Sobre todo ahora, que la revuelta en los países árabes y los disturbios en Grecia han convertido nuestras playas en las pocas donde uno puede uno tomar el sol tranquilamente. Es lo que ha traído esos empleos temporales de que hablábamos, que aliviarán un poco nuestra desequilibrada balanza de pagos, que buena falta le hace.

Pero si lo pensamos bien, la cosa es muy triste. Estamos como hace cincuenta, sesenta años, cuando el turismo era nuestra única industria, «nuestro petróleo» le llamábamos, entre cariñosa y vergonzosamente. No voy a ser yo quien critique el turismo, una de las industrias que mueve más dinero y personas en el mundo, y que deberíamos cuidar bastante más de lo que la cuidamos. Pero lo que eso significa ya no es tan glorioso: que no hemos adelantado mucho en el último medio siglo. Diría incluso que hemos retrocedido. Entonces teníamos, además del turismo, las inversiones extranjeras atraídas por los bajos costes, y las remesas de nuestros emigrantes a Europa, que no eran cortas. Hoy, las inversiones extranjeras se han reducido a un mínimo, al desviarse hacia países más rentables —los de la Europa del Este especialmente— y las remesas de nuestros emigrantes se han convertido en remesas de los emigrantes extranjeros en España a sus respectivos países, siempre que conserven su puesto de trabajo, claro.


Esta es la escueta y amarga realidad. Hace cincuenta, sesenta años, vivíamos del turismo, y volvemos a vivir de él. Con una balanza de pagos mucho más desequilibrada y una perspectiva de crecimiento que ha pasado del ocho por ciento anual de entonces al poco más del uno de ahora, si se cumplen las predicciones más optimistas y no volvemos a caer en las cifras rojas. Algo hemos hecho mal para llegar a esta situación, y no me refiero sólo al gobierno, porque en una democracia, los responsables son todos los ciudadanos, unos por hacerlo mal, otros por permitirles hacerlo.

¿Volvemos a los años cincuenta, sesenta del pasado siglo, a los alemanes viniendo a relajarse en nuestras playas y los españoles yendo a trabajar a Alemania? Eso parece y anuncian los titulares. Con una notable diferencia: entonces se iban los obreros, ahora se van los ingenieros. Lo que no es una buena noticia, aunque, como la de los contratos temporales, tampoco la peor.


ABC - Opinión

Indignados. La igualdad ante la ley según Gallardón. Por Pablo Molina

Ahora resulta que los caballeros de la rasta que se apropian del espacio público, rodean parlamentos y boicotean tomas de posesión son un “movimiento cívico” a diferencia de los que pretenden detener la masacre abortista.

Los integrantes de los movimientos cívicos contrarios al aborto que han intentado acampar en la Puerta del Sol parten de un error conceptual muy extendido, según el cual en España la ley se aplica a todos por igual. Todos somos iguales ante la ley siempre y cuando pretendamos vulnerarla bajo los postulados de la izquierda, que es un principio transversal de nuestro ordenamiento jurídico basado en la costumbre, hasta que la ley de Igualdad de Trato que está cometiendo el Gobierno le otorgue un carácter positivo en el repertorio Aranzadi.

La hemiplejía moral es una dolencia de etiología marxista muy extendida en el PP, cuyos líderes aún no han encontrado el remedio en el mejor de los casos y, en el peor, o sea, Gallardón, es considerada una virtud irrenunciable para destacar en el cotarro político.

Gallardón apadrina a los indignados y sólo les riñe un poco cuando se los encuentra en su calle mientras recoge las caquitas de la mascota familiar. No porque considere que actúan en contra de una ley que el regidor es el primer obligado en hacer cumplir, sino porque le fastidia recibir una dosis de democracia real en la misma jeta a la vista de su prole.


Con los defensores de la vida, que estos días pretenden conmemorar el primer aniversario de la ampliación del aborto de la flamante consejera de la ONU, el mismo Gallardón que suplicaba clemencia a los antisistema les envía a la policía local a desmontarles el chiringuito y pedirles la documentación.

Hay trabajos muy ingratos en esta vida, pero pocos tan sufridos como ser policía a las órdenes de Gallardón, porque la vergüenza que hayan pasado los agentes enviados a detener a ese peligroso comando de sexagenarias y jovenzuelos idealistas defensores del derecho a vivir mientras a unos metros los indignados tomaban kalimotxo a la salud del alcalde, para ellos se queda.

Ahora resulta que los caballeros de la rasta que se apropian del espacio público, rodean parlamentos y boicotean tomas de posesión son un "movimiento cívico" a diferencia de los que pretenden detener la masacre abortista, que a juicio del alcalde madrileño deben de ser un peligroso grupúsculo dedicado a desestabilizar el sistema democrático.

¿Quién expide el certificado de civismo ciudadano? Al parecer una comisión formada por el alcalde de Madrid y el candidato Alfredo, porque ambos han decidido que sus policías actúen de una u otra forma según la ética y la estética de los que vulneran las ordenanzas municipales y el ordenamiento jurídico común.

Todo un valiente, este Gallardón. Como su perrico, un precioso ejemplar de Beagle, raza especializada, pásmense, ¡en la caza del faisán! y prueba viviente de que las especies, al contrario de lo que suponía Darwin, también involucionan. Todas.


Libertad Digital - Opinión

El barón rojo del PP. Por Ignacio Camacho

Monago es un «self made man», un político arremangado que desencaja los esquemas clásicos de la derecha española.

A Guillermo Fernández Vara, uno de los políticos más sensatos, moderados y razonables del PSOE, le han dado en su trasero político dos patadas que no iban dirigidas a él, pero que han acabado derribándolo del poder en Extremadura. La primera la recibió como la mayoría de sus colegas autonómicos y locales en las elecciones de mayo, en las que los ciudadanos vapulearon por delegación a todo el que se hubiese juntado siquiera un rato con Rodríguez Zapatero. En ausencia del presidente salieron zurrados todos sus compañeros de partido, y mira que algunos intentaron desmarcarse de las malas compañías. Pero a Fernández Vara le esperaba otra ración de palos destinados a vengar ofensas que le superaban en el tiempo. La negativa redonda de Izquierda Unida a servirle de muleta para seguir en el gobierno tiene su causa profunda en el malestar que los comunistas extremeños sienten desde hace tiempo hacia el jubilado Rodríguez Ibarra, de quien guardan larga memoria de agravios cuya factura le han pasado a su sucesor de muy buena gana. Vara, que goza de buena reputación política y humana, ha sido el chivo expiatorio de esa doble corriente de desafecto y cansancio provocada al alimón por el fracaso zapaterista y la longevidad del régimen del que era heredero.

Le viene a sustituir un tipo que desencaja los esquemas clásicos de la derecha española, un self made man, un político populista y arremangado que fue bombero en el incendio de los almacenes Arias para pagarse los estudios de Derecho en Salamanca y sabe lo que es abrirse paso a base de esfuerzo en la vida. José Antonio Monago es un hombre honesto al que nadie le puede reprochar tics de pijo y que se ha entendido de tú a tú con los comunistas como se entendían Peppone y Don Camilo. La experiencia del pacto extremeño es importante porque consagra al PP como un partido atrapalotodo, un all catch partycapaz de negociar sin dogmatismos con cualquiera que no se sitúe fuera de las reglas de juego. Es el «anti-Tinell», la ruptura más brusca y extrema del cordón sanitario contra la derecha: una alianza pragmática y rara —para algunos francamente chocante— centrada en la prioridad de renovar unas instituciones desgastadas por 28 años de monocultivo de poder que habían desembocado en un latifundio socialista.

Si acaso cabe reprocharle a Monago que en su afán por responder al favor de IU haya estirado hasta ponerlo en cuestión el discurso nacional de su partido; sobre todo en materia fiscal, por mucho que tenga el visto bueno de Rajoy. Pedir la restauración del impuesto de patrimonio y comprometerse a «modular» el de sucesiones va con toda claridad en contra del programa liberal del centro-derecha. Y aunque toda regla tenga su excepción conviene no sembrar confusiones; si le aprietan un poco más acaba pidiendo el cierre de las centrales nucleares. Para ser el barón rojo del PP no hace falta que se vuelva leninista.


ABC - Opinión

Caso SGAE y la desidia de un Gobierno que tocó el violín. Por Antonio Casado

La lectura del auto del juez Ruz sobre el caso SGAE es el camino más corto para hacerse un sitio entre los indignados del 15-M. Por el masivo fraude a los creadores. Y por la desidia de los ministerios afectados (Cultura, Industria y Justicia), que tocaban el violín mientras por el sumidero de la corrupción se escapaba tanto el dinero privado de los creadores como el dinero público empaquetado en forma de subvención (ay, la burbuja cultural). Ha funcionado la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. Pero no ha funcionado la Administración, obligada a vigilar el funcionamiento de la SGAE como entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Especialmente bochornoso es el episodio referido a la planeada reintegración de la SDAE (la SGAE digital) en la SGAE matriz. Con rapidez, por expreso deseo de Teddy Bautista, el presidente de la entidad. Antes de las elecciones internas, que se celebraron la semana pasada. Y con opacidad, sin dar cuartos al pregonero y aprovechando que los del Gobierno ahora están “histéricos”. Causa sonrojo comprobar cómo se esforzaron en hallar la forma de distraer una deuda de dos millones de euros con el Ministerio de Industria en subvenciones. La contrariedad la explica José Luis Rodríguez Neri (en prisión eludible con fianza junto a Rafael Ramos) ante la previsible reacción en los Departamentos afectados (Industria, Justicia y Cultura). No les divertiría saber que “toda la pasta que han estado metiendo en la SDAE era una puta mentira”, en palabras de Neri intervenidas telefónicamente por orden judicial.
«El Gobierno de Zapatero ha estado tocando el violín mientras dos clanes familiares (Neri-García Pombo y Ramos-Vázquez) se forraban por facturación preferente con empresas instrumentales del grupo SGAE a través de esta trama parasitaria.»
Pero lo que los implicados en esta trama pensaban de este acreedor concreto, el Gobierno, dinero público, al fin y al cabo, queda claro en otro pasaje recogido en el auto del juez en el que Neri propone la fusión para agosto, “cuando todos están de vacaciones”, y Maria Antonia García Pombo, su compañera sentimental y otra de las implicadas en la “trama parasitaria” de la SGAE, añade que no será difícil engañarles: “Entre que son funcionarios, que son del Ministerio de Cultura, que son idiotas, que están de elecciones, que están de vacaciones…. pues imagínate”.

Lo imaginamos. Y si no bastaba con esta aberrante aportación de la novia de Neri, les remito a la excelente información de Sandra Remón, ayer en El Confidencial. Así hemos sabido de los estudios sobre la gestión de la SGAE encargados a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, bajo epígrafe no menos rimbombante: “Evaluación del sistema de gestión colectiva de los derechos establecidos por la política de propiedad industrial”.

Nombres muy largos para resultados muy cortos. No se detectó ninguna irregularidad, más allá de recomendar “una mayor transparencia en los mecanismos de recaudación y asignación”. Todo lo cual nos viene a confirmar que, aunque por suerte han funcionado los mecanismos de defensa del Estado de Derecho frente a la corrupción (Fiscalía, Judicatura, Guardia Civil…), el Gobierno de Zapatero ha estado tocando el violín mientras dos clanes familiares (Neri-García Pombo y Ramos-Vázquez) se forraban por facturación preferente con empresas instrumentales del grupo SGAE a través de la trama “parasitaria” descrita en el auto firmado ayer por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.


El Confidencial - Opinión

Mahón. Por Alfonso Ussía

El texto ha quedado tan lejano y escapado del tiempo, que mucho dudo que el himno a Mahón siga vivo en los sentimientos mahoneses. Se trata de una composición de principios del siglo XX, que en una reunión inolvidable rescataron del recuerdo Luis Alejandre y Antonio Mingote, teniente general y teniente coronel del Ejército, respectivamente.

«Es Mahón
culta y galante.
Tiene co-
modidades de un pueblo importante.
Un salón
donde va la mejor sociedad,
y Juzgado de Primera Instancia
y alumbrado de electricidad.
También tiene muchachas bonitas,
tres boticas, dos cafés
lindas avenidas con gratas aceras
y el espléndido mar a sus pies
pies, pies, pies».

El autor de la letra no fue denunciado, ni detenido ni encarcelado, ni tirado al mar por una multitud indignada, lo que da a entender la gran calidad humana imperante entre los naturales de Mahón. El Mahón que yo conocí nada tiene que ver con el del himno. Su bahía cerrada y alargada es un milagro, y toda la avenida del puerto está encadenada de restaurantes. En uno de ellos, cuyo nombre no recuerdo, el propietario cantaba preciosas canciones menorquinas acompañado de una guitarra. Y sí, sobre dos suaves jorobas, a la luz del día, destacan dos edificios magníficos. La que fuera casa del Almirante Nelson y el Lazareto. La primera, ignoro a quién pertenece en la actualidad. El segundo, según me acabo de enterar, al Ministerio de Sanidad. En la isla del Lazareto, anclada en el centro de la bahía de Mahón, sólo pueden veranear funcionarios del Ministerio de Sanidad. Disfrutar de ella les está vedado a los mahoneses. Y a la isla del Lazareto, con sus playas privadas, robustos pinares y azules piscinas, se ha llevado la señora ministra de Sanidad, Leire Pajín, a sus padres a pasar unos días de vacaciones. Como detalle familiar, aplaudo y celebro el gesto de la señora Pajín. Algunos se han molestado por lo que interpretan un abuso por su parte, dado que los padres de doña Leire nada tienen que ver con el Ministerio de Sanidad, pero a mí, sinceramente, su posible arbitrariedad, me ha emocionado. La unión familiar me puede. De haberse llevado a un novio, o a su compañero sentimental, o a su pareja de hecho, no le faltaría a la señora ministra la aspereza de mi crítica negativa. Pero a los que se ha llevado es a los padres, y que la ministra de un Gobierno tan escasamente respetuoso con la unidad familiar lleve a cabo tan paternal imprudencia me abre las puertas de la emoción. Otra cosa es la pertinaz resistencia que Sanidad presenta a las muchas peticiones de abrir la isla del Lazareto al disfrute público. Se podría pactar una solución intermedia, respetando la propiedad y accediendo a los deseos de los mahoneses. Si hay ánimo de alcanzar un acuerdo, todo se andará. Pero no me traten a doña Leire con tanto desafecto por querer a sus padres. ¿Que podría haber invitado a sus progenitores a un hotel? De acuerdo. ¿Que podría haber elegido otro lugar del bellísimo litoral menorquín y no dar pábulo a chismes y rumores? De acuerdo. Pero a lo hecho, pecho, y nunca mejor escrito si es doña Leire la protagonista del hecho y del pecho. Escandalizarse por este tipo de tiquismiquis no lleva a ningun puerto sosegado. La familia, ante todo y sobre todo. Sólo un pero. El biquini marrón. No le sienta bien y le falta un buen trecho para ser decente. Y doña Mayte Iraola, la madre, que para eso están las madres, tendría que habérselo advertido. Quien bien te quiere te hará llorar.

La Razón - Opinión

SGAE. Teddy como síntoma. Por José García Domínguez

De entrada, podría ir confeccionando las fichas para los casos en que el presunto resulte ser de los nuestros. "Fulanito es víctima de una inadmisible campaña de linchamiento mediático", "ha sido condenado a la pena de telediario"...

Prueba de la definitiva pérdida del sentido del decoro en nuestra vida pública, aquí, en España, lo sustancial ya no es qué sucede sino a quién le sucede. Sin ir más lejos, he ahí el recital de sonrisas y lágrimas suscitado por lo de Teddy. Tan es así que uno anda tentado de imitar en sus columnas aquel método para redactar media docena de novelas a la semana que ingenió la gran Corín Tellado. Una técnica que, por cierto, no esconde arcanos misterios. Basta con procurarse un exhaustivo inventario con todas las peripecias que quepa imaginar entre un galán en celo y su amada. Luego, una vez catalogadas y numeradas las escenas, se puede poner en marcha la máquina de hacer churros.

"Quince, cuatro, treinta y dos, nueve", daba en dictar Corín a su secretaria. Al punto, otra irresistible historia de pasión, deseo, celos, concupiscencia, amor y créditos hipotecarios estaba lista para arrasar en los quioscos. Después, a barajar de nuevo las situaciones, y vuelta a empezar: "siete, veintiuno, tres, quince...". Pues otro tanto, digo, procedería hacer con el análisis político. De entrada, podría ir confeccionando las fichas para los casos en que el presunto resulte ser de los nuestros. "Fulanito es víctima de una inadmisible campaña de linchamiento mediático"; "ha sido condenado a la pena de telediario"; "no se está respetando, circunstancia gravísima, la presunción de inocencia".

"No olvidemos que imputado de ningún modo significa condenado"; "todos conocemos al juez menganito: solo busca protagonismo"; "detrás de esto se esconde una mano negra"; "no hay duda de que se trata de una campaña orquestada", "es una burla al Estado de Derecho", etc. Cada argumento, una cartulina; cada cartulina, un número. Y cuando el baranda resulte ser de los otros, lo mismo. "Todo el mundo sabía que éste se lo estaba llevando crudo"; "lo han pillao con el carrito del helao"; "es intolerable que todavía no haya presentado su dimisión "; "no puede seguir ahí ni un minuto más"; "en España la justicia es un cachondeo"... Qué placer entonces enfrentarse al artículo del día. Que el inculpado es de los buenos: cinco, doce, cuatro, y a otra cosa. Que por el contrario es de los malos: seis, once, dos, y aire. El Nirvana.


Libertad Digital - Opinión

La doctrina de Gómez. Por M. Martín Ferrand

Gómez, sumergido en el realismo ontológico, no sabe lo que dice, pero eso es lo que muchos quieren oír.

TAN acostumbrados estamos a verle asido a la ubre socialista que no podíamos sospechar que el ministro accidental Valeriano Gómez era un original moralista y un sutil innovador en lo que respecta a las relaciones del poder político con el sistema financiero. Posiblemente, lo primero le viene por militante y asalariado de UGT y lo segundo, de sus tiempos felipistas como asesor del Ministerio de Trabajo. Ahora acaba de poner el mingo sobre la mesa doctrinal socialista con una innovadora propuesta fiscal especializada en banqueros y bancarios de alto rango. En realidad es una síntesis perfeccionada de los apuntes que, al respecto, vienen dictando Alfredo P. Rubalcaba, José Blanco y Marcelino Iglesias. Después de subrayar que las retribuciones de las cúspides bancarias son «muy altas», sugiere Gómez que «a partir de un nivel que se considere máximo debería tener una gravación fiscal mayor».

Reducir el gravísimo problema de nuestras estructuras financieras al nivel retributivo de sus más altos dirigentes es, por si nos hiciera falta, una prueba de la total desorientación que experimentan los integrantes del Gabinete y padecemos nosotros, los ciudadanos, en nuestras propias y fiscalmente flageladas carnes. Es un retorno a la mala costumbre española de, a falta de mejores argumentos, establecer una comparación científica entre el culo y las témporas. El sistema financiero que padecemos tiene dos partes simétricas y diferentes. Los bancos, que tratan de imponer sus privilegios, es algo que corresponde vigilar al Banco de España, más tolerante y comprensivo de lo que exigen las circunstancias, y que, en nuestra doble condición potencial de accionistas y clientes, debiéramos atemperar los ciudadanos. Asistir a una Junta General de Accionistas, o delegar la asistencia, sin ánimo crítico y sentido del propio interés, conformarse con el regalito tradicional, es asumir lo que no nos gusta ni conviene.

Otra cosa son las Cajas de Ahorro, ese invento que hasta ahora ha funcionado (?) sin propietarios y con el que se construyen curiosos y no bien explicados emporios con propiedad cierta, pasados oscuros, consejeros y directivos predeterminados y mangoneo evidente de los poderes autonómicos. También es misión del BdeE su control y exigencia, pero pintan oros de permisividad en la partida nacional. En las Cajas, mientras no culmine su transformación, no caben los salarios desmedidos. No hay, todavía, accionistas con potencialidad correctora. ¿Se puede delegar esa función en el IRPF? Gómez, sumergido en el realismo ontológico, no sabe lo que dice, pero eso es lo que muchos quieren oír.


ABC - Opinión

La SGAE delata al Gobierno

El auto del juez Pablo Ruz sobre el «caso SGAE», basado en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, es tan demoledor y revela tal grado de corrupción en la primera sociedad gestora de derechos de autor, que difícilmente el Gobierno socialista puede soslayar su responsabilidad, por varias razones. Primero, porque la Ley de Propiedad Intelectual deposita en la Administración central el deber y la obligación de supervisar el correcto funcionamiento de estas gestoras. Segundo, porque las arcas públicas han destinado generosos fondos a la SGAE, bien directamente bien a financiar sus actividades. Tercero, porque la centenaria institución es la que se embolsa prácticamente todo lo que el Estado recauda mediante el canon digital. Y cuarto, porque se ha cuarteado seriamente la credibilidad de España, ya muy deteriorada, en la lucha contra la piratería. Si nuestro país ya es señalado como el segundo del mundo en prácticas ilegales contra la propiedad intelectual, ¿a qué puesto habremos llegado tras destaparse que la primera gestora de derechos de autor era un nido de presuntos corruptos, con un presidente que autorizaba, consentía e impulsaba el desvío de fondos? Resulta inaceptable el hermético silencio que ha mantenido el Gobierno, como si no se tratara de una sociedad de derecho público y no estuviera comprometido el destino de nuestros impuestos. Pero resulta aún más lacerante, de un cinismo irrespetuoso, que ministros como Caamaño y González-Sinde se hayan sacudido sus obligaciones desviando la responsabilidad a las comunidades autónomas. Mal que le pese al Gobierno, el «caso SGAE», aparte de su vertiente penal y fiscal, se ha convertido en un grave asunto político que salpica directamente a cuatro ministerios: Cultura, Justicia, Industria y Administraciones Públicas. Es decir, concierne muy directamente al vicepresidente primero, Pérez Rubalcaba, cuyo mutismo es muy elocuente de la dimensión del escándalo y de la proximidad ideológica de los imputados al PSOE. Además, como ministro del Interior, Rubalcaba tendría que haber ordenado ya una investigación sobre las irregularidades en las elecciones de la SGAE pues, según asevera el auto judicial, la candidatura oficial ocultó el censo electoral, distribuyó información engañosa y presionó a los votantes. ¿No son causas suficientes para anular esas elecciones? Tal vez Rubalcaba tenga previsto abandonar en breve todas sus carteras ministeriales y calcule que no le conviene como candidato chapotear en las aguas movedizas de la SGAE. En todo caso, este cúmulo de anomalías que asoma como la pequeña punta de un iceberg obliga a plantear la necesidad de que el Gobierno intervenga la gestora para salvaguardar los intereses de sus cien mil socios y los derechos de los consumidores y de la propia Administración. La Ley ofrece los mecanismos precisos para hacerlo en salvaguarda del interés general. Por lo demás, si le da tiempo, el vicepresidente Rubalcaba tiene otro urgente interrogante que despejar: si piensa suprimir o no el canon digital para satisfacer al movimiento del 15-M, con el que coquetea cada vez más abiertamente. Si así fuera, tendría que explicar cómo piensa cumplir la legislación europea en materia de propiedad intelectual.

MEDIO - La Razón

SGAE: opacidad y corporativismo

Pese a que la opacidad y el corporativismo constituyen el terreno ideal para perpetrar delitos como los que salpican a la SGAE, su directiva ha respondido ante el escándalo con nuevas dosis de opacidad y corporativismo.

El corporativismo y la opacidad parece que siguen imperando en el seno de la SGAE a pesar del monumental escándalo que ha causado en la opinión pública el conocimiento de la trama para desviar fondos por la que su presidente, Teddy Bautista, y dos de sus directivos han sido imputados por delitos de apropiación indebida y de administración fraudulenta. Así, en lugar de cesar de manera fulminante a quienes están bajo tan grave sospecha, la dirección de la SGAE ha anunciado este martes la creación de una "comisión rectora" que mantendrá a Bautista en su cargo de presidente y que se encargará de llevar a cargo una "investigación interna" cuyas conclusiones quedarán reflejadas en un informe que se comprometen a entregar a la Audiencia.

Causa sonrojo tener que recordar que, respecto a la SGAE, no estamos ante una empresa o compañía como las demás. Se trata de un organismo, supuestamente sin ánimo de lucro, al que se le ha concedido, en nombre de una abusiva concepción de la defensa de los derechos de autor, un estatus político y al que se le otorgan cuantiosas subvenciones públicas mientras se le permite esquilmar a todos los ciudadanos mediante el cobro de cánones cuya legalidad está en cuestión. Al tratarse de una especie de "agencia tributaria de los derechos de autor", el estándar de responsabilidad debería ser el mismo que cabe exigir a un político bajo sospecha de haber cometido delitos tan graves como los que presuntamente perpetró Bautista. Eso, por no hablar de la necesidad de repetir unas elecciones que también han quedado bajo sospecha en el auto judicial.


Pese a que la opacidad y el corporativismo constituyen el terreno ideal para que puedan perpetrarse delitos como los que salpican a la SGAE, su directiva ha respondido ante el escándalo con nuevas dosis de opacidad y corporativismo. No otra cosa puede decirse del hecho de que mantengan a Bautista en su cargo o de que la "investigación interna" corra a cargo, no de un grupo al margen de la actual directiva, sino de miembros de la misma, íntimamente relacionados con su presidente.

Seguramente, esta impresentable reacción se deba al hecho de que la actual directiva de la SGAE haya gozado de la protección del Gobierno de Zapatero, a quien muchos de los artistas que han salido a la palestra en defensa de Bautista ayudaron en sus pasadas campañas electorales. Es más: según revelan varias conversaciones telefónicas del cabecilla de la red fraudulenta, el director de la filial digital de la SGAE (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, contenidas en el auto del juez Ruz, la trama podría salpicar a varios Ministerios como el de Industria, Justicia y Cultura. Tiempo habrá para esclarecerlo. Pero lo que parece evidente es que el Gobierno tiene una indiscutible responsabilidad in vigilando, pues suyo es el deber de control respecto de un dinero que, al fin y al cabo, los ciudadanos hemos pagado con la misma coerción con la que pagamos un impuesto.


Libertad Digital - Editorial

SGAE, explicaciones políticas

Es curioso que intelectuales y artistas de izquierda pidan que los políticos imputados sean inelegibles, y mantengan a directivos encausados en sus cargos.

EL auto del juez sobre la trama de sociedades que se lucraron con fondos de la SGAE se mueve en el terreno de los indicios, como es lo propio de la fase de investigación en la que ha sido dictado. Por tanto, no sobran los llamamientos a respetar la presunción de inocencia. Esos indicios se irán verificando cuando se analicen los documentos y ordenadores incautados y el juez tome decisiones acordes con los resultados de la investigación. Entretanto, la SGAE debe asumir la situación en la que se encuentra. Y no parece que la junta directiva haya comenzado muy bien este análisis si nos atenemos a que, si bien ha decidido poner al frente de la entidad a una junta gestora, no aparta a Eduardo Teddy Bautista de la presidencia ni al resto de los imputados de sus cargos, salvo al principal sospechoso, Rodríguez Neri. Todos quedan a disposición del nuevo ente. Los gravísimos delitos que se les achacan, penados con hasta diez años de cárcel, hacen prudente que se desvinculen de la entidad mientras se despeja ese horizonte penal. Es curioso que intelectuales y artistas de izquierda hayan exigido que los políticos imputados no vayan en las listas electorales y ahora blinden a sus dirigentes inculpados.

El relato judicial de las irregularidades es muy grave y enlaza con las dudas que dentro y fuera de la SGAE se habían formado sobre la limpieza de su gestión. La investigación se dirige contra tramas familiares, sociedades de pantalla, facturaciones por servicios no prestados; y apunta a la directiva de la SGAE —es decir, Bautista—, de la que el juez presume que tenía que conocer estas irregularidades porque era la única fuente de ingresos de la trama societaria de Neri. Ya nada podrá seguir igual en la SGAE. Tampoco puede esperar el debate político por este escándalo. El Gobierno debe dar explicaciones. No hay que olvidar que la SGAE basa su capacidad recaudatoria en una autorización administrativa. Además, el Ejecutivo no ahorró gestos hacia los artistas, encarnadas en la SGAE, como el canon digital —quizás en sus últimos días— o el nombramiento de González-Sinde como ministra, que dio nombre a una ley «antidescargas» ampliamente contestada entre los internautas. Y para el candidato Rubalcaba esta operación puede suponerle un muy oportuno apaciguamiento de la red, tan hostil al Ejecutivo socialista. Sí, claro que hay motivos para explicaciones políticas por parte del Gobierno.

ABC - Editorial

martes, 5 de julio de 2011

Una ilusión compartida. Tul ilusión para la izquierda. Por Cristina Losada

Creyeron, ilusos, en el todo-es-gratis del presidente, le prestaron su nada-es-gratis respaldo y a la vista del engaño no le piden ni se piden cuentas. Y mira que el tono de su cuartilla propiciaba la confesión y el remordimiento.

De ilusión también se vive fue el título que le endosaron en España a una bonita película navideña del año 1947, en la que un Santa Claus, contratado por unos grandes almacenes, era Santa Claus realmente y con la que Natalie Wood logró, como actriz infantil, su salto a la fama. Una ilusión compartida, en cambio, es el nuevo título de la cargante película que hemos tenido que visionar, sin apenas intermedios para salir al bar a reponerse, durante las dos legislaturas de Zapatero y parte de la del malvado Aznar. Por supuesto, Zapatero es Santa Claus, o lo era hasta que dejó de hacer regalos a siniestra, ¡nunca a diestra!, y se puso a regalarle el oído a los mercados; y Pilar Bardem, lo siento, no es Natalie Wood, sino una de las firmantes del manifiesto de los desilusionados que quieren "crear una ilusión ante lo que se nos avecina". No, no es el título de la serie televisiva: son los términos que empleó la veterana actriz para definir las coordenadas de una reconstrucción de la izquierda.

Las celebridades que combinan con arte envidiable el fulgor del candelabro y el glamour del compromiso, necesitaban una nueva dirección a la que remitir sus fantasías políticas. La precisaban con urgencia después de que Zapatero, tras la enésima llamada, le entreabriera la puerta al cartero de la crisis. Uy, qué desencanto. Nada pudo el bueno de Papa Noel contra los poderes financieros y un sistema avaricioso, soberbio y egoísta, de ahí que aparte del lamento, no asome en esa hojilla lacrimógena y confusa un atisbo de introspección crítica. Creyeron, ilusos, en el todo-es-gratis del presidente, le prestaron su nada-es-gratis respaldo y a la vista del engaño no le piden ni se piden cuentas. Y mira que el tono de su cuartilla propiciaba la confesión y el remordimiento, compuesta como está de ingredientes de homilías mal oídas en la iglesia y de clichés mal leídos de la vulgata marxista. Unas fuentes similares, en fin, a aquellas de las que beben los niños de sus ojos, los "indignados" indignantes, que son esa gran promesa de jaleo en la calle para recibir, cuando toque, a los verdaderos agentes del neoliberalismo.

Me parece bien que la vieja guardia farandulera del presidente quiera reconstruir la izquierda y espero con ilusión las aportaciones de intelectuales como Almodóvar, Ríos, Rivas, Coixet, Grandes, Millás, Sabina y el clásico Ramonet. Una reconstrucción con los materiales que la han hecho naufragar, siempre merece aliento.


Libertad Digital - Opinión

El bienestar del Estado. Por M. Martín Ferrand

Nos hemos instalado en el bienestar de los fragmentos en que se va deconstruyendo el Estado.

José Luis Rodríguez Zapatero, pobrecito, puede y no quiere adelantar las elecciones legislativas y Alfredo Pérez Rubalcaba, llamadle Alfredo, quiere y no puede. Entre los dos integrarían un hombre completito aunque, en la práctica, se anulan mutuamente. Al menos a estos efectos en los que se entrecruzan sus intereses respectivos. El presidente aspira a un mutis solemne, como de triunfador, y el todavía vicepresidente parece tener mucha prisa en estrellarse contra una realidad que él mismo ha contribuido a construir y de la que no conocemos el balance final. De momento, el Ministerio de Trabajo, suma y sigue, acaba de reconocer que, en un año, el número de afiliados a la Seguridad Social, el más preciso de todos los indicadores de empleo, ha descendido en doscientos mil paisanos.

En ese ambiente, los intelectuales próximos al PSOE y todavía fieles al Gobierno, aunque solo sea por razones de cargo, empleo o sinecura, tratan de justificar la situación. Algo que tiene los visos del imposible metafísico, resulta elegante y les amerita para funciones venideras. Saben por experiencia que la derecha, cuando está en el poder, es menos restrictiva que la izquierda y que una oposición subvencionada, como las que nos gastamos por estos pagos, también da para canonjías y bicocas. El rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo —la única que, con la UNED, le queda a Educación—, el ilustre perito en piedras Salvador Ordóñez, ha dicho que la austeridad debe imponerse; pero, ahí está el detalle, «respetando el Estado de Bienestar». Una contradicción síntesis y señal de la confusión socialista al respecto y, también, de los prudentes silencios que, sobre el particular, guarda el PP.

Aparte de que aquí nos hemos instalado, como Nación discutible y discutida, en el bienestar de los fragmentos en que se va deconstruyendo el Estado, sin reparar en los quebrantos que las partes generan en el todo, el Estado de Bienestar no es un sentimiento platónico, sino una consecuencia presupuestaria. El límite de su respeto, de su mantenimiento en las dimensiones vigentes, está antes que nada en su posibilidad económica. Ese bienestar del Estado es, además, un manantial de injusticias cuando confunde la igualdad de derechos y oportunidades con grandes dificultades y diferentes cargas en razón de las ideologías e, incluso, del territorio. De tanto defender lo indefendible, alcanzamos la gran paradoja de que el progreso que nos ha llevado a una mejor situación de la que tuvieron nuestros padres sea, por el abuso en su uso, el cimiento de una peor que la nuestra para nuestros hijos.


ABC - Opinión

La frase del año. Por Alfonso Ussía

Ha superado a todas. «Sé lo que tenemos que hacer para crear empleo». La reflexión merece la pena y abre las ventanas de la esperanza. El barón de Faubourg de Polignac había contraído nupcias con la más bella mujer de Biarritz, Heléne de Savry. El barón había superado el medio siglo de edad y Heléne no tenía previsto, por el momento, cumplir los veinticinco años. Muy pronto al barón le asomaron protuberancias frontales dignas de una cierta y lógica atención. Durante el verano de 1987, el barón fue corneado por su jardinero, Louis Miremont, el camarero de «Dodin» Jacques Delabre, el veraneante español Daniel Muguerzagorría, el visitante eventual Piero Farsi, su chófer zulú Mangosotu Gabelesi, el crupier del Casino Ange Balotte, el botones del «Hotel Du Palais» Casimire Noulon y el jugador argentino de Polo Ernesto Jurasso. Enterado del último acontecimiento, el barón se lo comentó a sus amigos y compañeros de tertulia: «Sé perfectamente lo que tengo que hacer para que Heléne no me ponga los cuernos». El arrojado cazador de Texas, Andrew Jameson, propietario de algunas decenas de pozos de petróleo, se organizaba todos los años un safari en Kenya. Ningún problema con los elefantes, búfalos, leopardos, facocheros y antílopes varios. Tremendos problemas con los leones. Fue atacado por seis de ellos y salvó la vida milagrosamente en las seis ocasiones. Reunió a sus directivos en la sala de consejos de «Jameson Company» y les brindó la formidable noticia. «Sé lo que hacer para que no me ataquen los leones». Asombrados, sus colaboradores le rogaron una exposición más amplia de su descubrimiento, y Jameson se la proporcionó: «No volveré a cazar en Kenya». Años más tarde, visitando un «Safari Park» en Orlando, Jameson abandonó el coche para fotografiar a un león y éste se lo merendó. «Sé lo que tenemos que hacer para crear empleo». Inteligente, profunda y oportuna reflexión. Frase redonda. Oración supina. Palabras encadenadas que forman un texto tan breve como merecedor del elogio más sincero. El príncipe Ahmed Abdalah Al Fasiri aborrecía a los dromedarios. En su pequeño principado, los dromedarios abundaban y eran fundamentales para sus habitantes. El príncipe no salía de su palacio porque mirara hacia donde mirara se topaba con decenas de dromedarios sentados, incorporados, en movimiento o en caravana. Pensó dictar una ley exterminadora de dromedarios, pero sus gentes le advirtieron que si mataba a un solo dromedario lo colgaban en la plaza principal. Reunió a sus familiares y les hizo partícipes de su decisión: «Sé lo que tengo que hacer para no volver a ver en mi vida a un dromedario». Abdicó y se instaló en Helsinki. Falleció de un episodio vascular cuando reparó que al lado de su palacio finlandés se inauguraba un puticlub árabe con una razón social insoportable. «Puticlub y Piano Bar el Dromedario». «Sé lo que tenemos que hacer para crear empleo». El autor de la frase es Alfredo Pérez Rubalcaba, ahora transformado en «llamadme Alfredo» o «Alfredo P.». Pérez Rubalcaba ha sido ministro y vicepresidente de los Gobiernos de Zapatero en las dos legislaturas. El saldo es de cinco millones de parados, tres más de los que se encontraron. Me parece un egoísta. Si sabe lo que hay que hacer para crear empleo, ¿por qué no ha hecho lo que tenía que hacer un poquito antes? Como frase queda muy bien. Como noticia, suena a insulto.

La Razón - Opinión

Una ilusión compartida. El Manifiesto. Por José García Domínguez

Nadie se extrañe, pues, de que Sabina y Ramoncín okupen el hueco de Marx y Engels en la formación del imaginario progresista.

Leer Una ilusión compartida, el último manifiesto de los abajofirmantes de guardia, es como comerse un melocotón: al acabar, uno siente la necesidad imperiosa de lavarse las manos para liberarse de ese pringue dulzón y pegajoso que se aferra a los dedos con apenas rozarlo. Y es que, ya puestos a reconstruir la izquierda, al menos, que recuperen a Stalin. A fin de cuentas, con los viejos comunistas podríamos entendernos, pero con ¡Federico Mayor Zaragoza! Mary Poppins dirigiendo el asalto al Palacio de Invierno, ¿se puede caer más bajo por la pendiente del kitsch? Acaso sí. Repárese al respecto en que entre esos ilusionistas desilusionados con el PSOE figura cierto Antonio Gutiérrez, por más señas parlamentario... del PSOE.

Ocurre que el desolado Gutiérrez ha renunciado a la ilusión, pero no al acta de diputado. Eso nunca. Al parecer, el hondo abatimiento doctrinal que abruma al compañero se desvanece cada primero de mes, al serle transferida la soldada a su cuenta bancaria. Terapia ocupacional le dicen los sanitarios a lo suyo. Por lo demás, comienza a resultar algo cargante la afición que le ha entrado a la Cofradía de los Tabiques Nasales Perjudicados por darnos lecciones de moralina. Sin duda, la más grotesca de las consecuencias tras la rotación de las jerarquías entre los ingenieros de almas. Así las cosas, primero, se postergó a los curas en beneficio de los nuevos clérigos, los intelectuales; santones laicos que, a su vez, habrían de acabar desplazados por los roqueros ágrafos y artistillas comprometidos que pastan en el Olimpo mediático.

Nadie se extrañe, pues, de que Sabina y Ramoncín okupen el hueco de Marx y Engels en la formación del imaginario progresista. Que quieren compartir una ilusión, proclaman ahora. Ah, las ilusiones. Nunca el cerebro. Siempre el corazón, que por algo es la víscera que cae más cerca de la cartera. Aunque frente a quien en verdad parecen sublevados es ante la sintaxis. Degústese, si no, la siguiente perla: "La corrupción democrática se ha mostrado como la mejor aliada de la especulación, separando los destinos políticos de la soberanía cívica". ¡Átenme esa mosca por el rabo! Si Sokal, el de Las imposturas, supiera de los airados anacolutos de Manolito Rivas & Cía. Qué best seller nos estamos perdiendo.


Libertad Digital - Opinión

La panacea. Por Ignacio Camacho

Si Rubalcaba tuviese el remedio del paro habría que llevarlo a hombros a Moncloa. El problema es que ya está allí.

ENTRE todo lo mucho que Rubalcaba sabe y maneja quizá no esté todavía el control de su propia campaña electoral. El patinazo de Compostela sobre el paro —«sé como arreglar esto»—muestra que aún no le ha tomado la medida al personaje que quiere construir de sí mismo; está demasiado cerca de Zapatero para postularse como un candidato adanista que viene a reinventar la socialdemocracia tras su fracaso. Ése es su principal problema estratégico: el de aparecer ante los electores distanciado de una política de la que no sólo ha formado parte, sino en la que ha constituido una pieza más que significativa. El zapaterismo ha naufragado con él a bordo, y en el puente de mando.

Su papel en el Gobierno no era el de uno que pasaba por allí. Durante cinco años su influencia en Zapatero ha sido constante y creciente, al punto de convertirse en algo más que su valido. Desde que ascendió al número dos del Gabinete ha actuado como un copresidenteque a menudo suplantaba en el poder a un titular en desplome. Eso lo ha visto todo el mundo y no le va a valer presentarse como una víctima más del autismo presidencial ni desentenderse de la política económica, la compartiese o no. Si discrepaba no se le ha visto un gesto de desagrado o de disentimiento; siempre ha presumido de cohesión y de disciplina. Y aunque abandone sus cargos seguirá atado por una evidencia palmaria que la opinión pública no va a pasar por alto: está en el mismo bando que el presidente, forma parte del mismo partido y no sólo hereda su candidatura sino su legado.

Esa herencia tiene una hipoteca catastrófica, un demoledor peso muerto que son los casi cinco millones de parados. Rubalcaba puede tratar de soslayarlos fabricando excusas difíciles o descargándolos en culpas más o menos ajenas, pero presumir ahora de que tiene recetas para enderezar el desempleo es un sarcasmo hiriente, un regalo que los adversarios no han desperdiciado. Ayer cargaron en tromba por ese inesperado resquicio que el aspirante abrió en su propio flanco. El veterano con fama de infalible ha cometido un desliz de novicio. Se ha puesto la zancadilla a sí mismo; uno de sus argumentos recurrentes contra Rajoy es la acusación de falta de compromiso, de no aportar soluciones. Y de repente proclama, como si acabase de surgir de la nada, que él conoce el modo de salir del abismo y lo guarda en silencio para mejor ocasión. A la oposición le ha faltado tiempo para sugerirle que aplique de inmediato sus remedios de demiurgo o al menos que se los cuente a su jefe, en quien todo el mundo aprecia severas dificultades para corregir el rumbo.

Desde luego, si fuese cierto que este hombre tiene la panacea del empleo habría que llevarlo entre todos a hombros hasta la Moncloa. El problema es que ya está allí, desde hace bastante tiempo y sin que se le haya ocurrido nada.


ABC - Opinión

Aborto libre, año uno

Un año hace hoy que entró en vigor la ley del aborto en virtud de la cual se pasó de una normativa que despenalizaba la interrupción del embarazo en unos casos muy concretos a su legalización sin restricciones durante las 14 primeras semanas. Otra novedad introducida fue que las chicas menores de 16 y 17 años no requerían permiso paterno para abortar. A falta de datos oficiales, ha surgido estos días la polémica en torno al impacto de la ley y, mientras los representantes de las clínicas abortistas aseguran que ha descendido el número de intervenciones, otras asociaciones, como Red Madre, sostienen lo contrario y que se ha disparado el volumen de embarazos no deseados. Sería muy conveniente que el Ministerio de Sanidad, tras recabar la información pertinente de las comunidades autónomas, avanzara datos contrastados y depurados. En este punto, será de gran utilidad saber cómo ha afectado a las estadísticas la disminución de la inmigración y la dispensación sin receta de la píldora del día después. También es imprescindible saber cuántas adolescentes han abortado sin conocimiento de los padres y qué volumen económico se ha generado, tanto a favor de las clínicas privadas como a cuenta de los centros sanitarios públicos. Por otro lado, el primer aniversario de la ley nos recuerda que el Tribunal Constitucional sigue sin resolver el recurso interpuesto por el Partido Popular. Dada la especial naturaleza de esta ley, que afecta directamente a la vida de seres humanos no nacidos, los magistrados del TC tienen la obligación de actuar con celeridad, pues si son capaces de sustanciar en pocas horas una legalización como la de Bildu, que al Tribunal Supremo le llevó mucho más tiempo, bien podrían haber sentenciado en todo un año una ley sobre la que ya existe jurisprudencia en el propio tribunal. De no haberse suprimido el llamado recurso previo, mecanismo que permitía suspender la entrada en vigor de una ley recurrida por afectar a derechos fundamentales, se entendería la pachorra del TC, pero no es el caso, y deberían ser esos tres magistrados que hicieron amago de dimitir hace algunas semanas los primeros interesados en juzgar una ley que afecta a la vida y la muerte de miles de seres humanos. También está sin resolver de modo satisfactorio el alcance de la objección de conciencia, pues mientras las feministas radicales y el Gobierno sostienen que ese derecho está limitado a los médicos y personal sanitario que interviene directamente en la operación abortiva, diversas asociaciones médicas, ONG sanitarias y movimientos pro vida aseguran que es extensible a toda la cadena, desde el médico de atención primaria hasta el cirujano. Hasta ahora, los tribunales han emitido sentencias contradictorias y es de suponer que no habrá una doctrina fijada en tanto el contencioso no llegue al Supremo y el Constitucional resuelva. Por lo demás, que esta ley cumpla un año sólo puede satisfacer a quienes han hecho del aborto un lucrativo negocio y han logrado que un gobierno socialista se lo facilitara eliminando restricciones legales y aumentando el espectro de la clientela potencial.

La Razón - Editorial

Temores de recaída

La lenta reducción del paro revela la dificultad de la economía para consolidar la recuperación.

La evolución del paro confirma plenamente la tesis de que la actividad económica española es todavía insuficiente para sostener una creación sustancial de empleo que vaya mejorando progresivamente el mercado laboral. En junio, el paro registrado bajó en 67.858 personas, una buena noticia si se tiene en cuenta que es el tercer descenso consecutivo del año y un mensaje menos alentador si se compara con las 83.834 personas en que cayó en junio de 2010. El paro contabilizado por el Ministerio de Trabajo ha descendido hasta los 4,1 millones, pero (un motivo más para la inquietud) la afiliación a la Seguridad Social perdió 5.612 afiliados, circunstancia que rompe las esperanzas de que esta magnitud entre en la senda de la recuperación.

En estos momentos, la pregunta pertinente es si la economía española ha entrado en otro periodo corto de estancamiento, que se prolongaría durante los siguientes dos o tres meses, y que podría evitar incluso la probabilidad de una tasa de crecimiento durante 2011 situada entre un 0,7% y un 0,8%. La respuesta no es fácil, pero sí es evidente que por unas causas u otras (ahora se arguye la crisis del pepino para explicar esa posible desaceleración coyuntural) la actividad se mantiene en ritmos bajos. Es posible que estas dificultades de despegue se deban al estado semicomatoso del mercado inmobiliario, que resta demasiado a la estructura sectorial del crecimiento. La construcción no ha ejecutado con la rapidez y profundidad debidas el ajuste de los precios y la primera consecuencia es que el mercado del ladrillo sigue sin expectativas de reanimación.


El análisis del mercado de trabajo durante los últimos meses muestra además una evidencia descorazonadora: la reforma laboral puesta en pie con tantas dificultades políticas y sociales no ha servido para cumplir ninguno de los objetivos propuestos. Por supuesto, no ha generado empleo, aunque esta afirmación debería entenderse más como la aclaración de un malentendido que como una acusación. Los cambios en las leyes laborales no crean puestos de trabajo por sí mismos; contribuyen a crearlos en mejores condiciones y en mayor número cuando las empresas disponen de motivos objetivos (aumento de la demanda) para contratar. El efecto principal de las reformas laborales es reducir la explosión inflacionista que se produce en los momentos en que se dispara el crecimiento de la economía. Ese momento todavía no ha llegado.

La reforma tampoco ha conseguido reducir la dualidad del mercado de trabajo; y esa era su finalidad política declarada. La contratación indefinida bajó casi el 8% en junio y el 4% en el último año, mientras que la contratación temporal progresa adecuadamente (crece el 2,7% en junio y el 1,6% en lo que va de año). El contrato fijo con despido de 33 días por año, pilar de la reforma que entró en vigor en junio de 2010, apenas representa el 15% de los contratos fijos de junio. En resumen, el elevado nivel de paro es consecuencia de la baja actividad económica.


El País - Editorial

Las peores cifras de paro de toda la democracia

Si las elecciones de 2008 las ganaron negando la crisis, las próximas pretenden afrontarlas inventándose una ficticia prosperidad.

Es sabido que el PSOE está tratando de reconstruir su muy damnificada imagen vendiendo como éxito cualquier hecho aparentemente positivo que acaezca en el catastrófico panorama patrio. Llegar a las elecciones con cinco millones de parados, con el país al borde de la intervención y con las instituciones dinamitadas no parece que sea lo más recomendable para las aspiraciones presidenciales de Alfredo P.

Por eso, aparte de prometernos que el PSOE posee la receta mágica para minorar el desempleo, el Gobierno tiene que vendernos que ya estamos inmersos en una imparable recuperación. Si las elecciones de 2008 las ganaron negando la crisis, las próximas pretenden afrontarlas inventándose una ficticia prosperidad.

Y así, nos encontramos con que ayer desde el Ministerio de Trabajo se felicitaban por el hecho de que la reducción del paro en el segundo trimestre de este año haya sido la mayor de toda la serie histórica. El dato es sin duda llamativo y, de manera aislada, bien podría ser el síntoma de que las cosas están yendo a mejor. Sin embargo, colocado en su contexto, el optimismo gubernamental resulta bastante menos justificado.


Para empezar, el segundo trimestre de 2010, el año de los cinco millones de parados, también fue hasta entonces el mejor de la serie. Si, entre abril y junio de 2011, el paro registrado se ha reducido en 210.000 personas, en el mismo período del año anterior lo hizo en más de 180.000. Lo que nos viene a indicar esta tendencia es no que estemos saliendo del hoyo sino, más bien, que la volatilidad de los niveles de empleo durante la crisis es mucho mayor que en otras etapas. De hecho, el resto de cifras que conocimos ayer parecen ir en consonancia con esta interpretación: el paro desestacionalizado de junio subió en 31.000 personas y la afiliación a la Seguridad Social se redujo en 50.000.

En definitiva, por ningún lado se observa ese dinamismo de nuestra economía que quiere vendernos el PSOE. Sin embargo, ello no les detendrá a la hora de intentar engañar a los españoles como ya lo hicieron hace cuatro años... aunque para ello se tengan que agarrar al clavo ardiendo que suponen las peores cifras del paro de toda la democracia.


Libertad Digital - Editorial

Acierto en Pamplona

Donde con más eficacia se logran las adhesiones de los etarras al cese de la violencia es en la cárcel, no en las instituciones.

LA mayoría no nacionalista del Ayuntamiento de Pamplona —formada por UPN, PSOE y PP— decidió ayer no incluir a los concejales de Bildu en algunas de las sociedades municipales de gestión. En otras, su entrada ha sido inevitable porque lo imponían sus estatutos. Allí donde la decisión quedaba en manos del pleno, la unidad democrática ha puesto límites a la presencia de Bildu. Los dirigentes de esta formación han criticado la decisión por antidemocrática y, como era previsible, han invocado su legalidad. Sin embargo, hacen bien los partidos de la mayoría en no secundar la ingenuidad del Tribunal Constitucional con Bildu y no darle más margen que el estrictamente legal. El acuerdo de foralistas, socialistas y populares es un ejemplo para otras instituciones en las que puede ser necesario un consenso democrático, como en la Diputación Foral de Álava, donde la mayoría formada por populares y socialistas puede dar el gobierno del territorio histórico al candidato del PP, dependiendo de la decisión que tomen los dos junteros de IU.

Es conveniente que Bildu compruebe que su legalidad formal no condona su vinculación objetiva con el entramado de Batasuna, es decir, con ETA, por mucho que se insista en las diferencias tácticas entre esa coalición y la organización terrorista. Se trata de diferencias basadas en el puro oportunismo y nada sinceras, cuyo objetivo es agravar la confusión de ciertos demócratas para seguir ganando terreno político para ETA. Confusión que consiguen claramente cuando autoridades del Estado tan destacadas como el presidente del Senado, Javier Rojo, afirma que a Bildu «no le viene mal una vuelta por las Cortes», en referencia a las encuestas que dan a esta coalición integrada en la estrategia de ETA, según Rubalcaba, representación en el Congreso. Aun dando a Rojo el beneficio de la duda y de la buena fe, su análisis es de una puerilidad asombrosa, como si la contemplación del salón de Plenos del Congreso fuera a provocar en Bildu una conversión milagrosa a las virtudes de la democracia. Durante las legislaturas en las que ETA estuvo presente en el Congreso a través de sus testaferros batasunos, ni uno solo de sus dirigentes apostató del terrorismo. Donde con más eficacia se logran las adhesiones de los etarras al cese de la violencia es en la cárcel, no en las instituciones. Por eso es mejor el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Pamplona que el bienintencionado y peligroso comentario de Rojo.


ABC - Editorial