Vocación de consenso. Por Ignacio Camacho

El único que cree en las virtudes de la unidad es el Rey, que cada año las predica en el desierto de Nochebuena.

EL consenso es un pacto político que implica concesiones mutuas en beneficio de un interés común, y por tanto requiere como condición esencial una convicción sincera sobre la necesidad de alcanzarlo. Luego hace falta voluntad de acercamiento, respeto al adversario y una confianza cierta y honorable en la observancia de los eventuales acuerdos. En el actual escenario político español no se observan la mayoría de estos requisitos ni siquiera como hipótesis, por lo que el consenso resulta apenas un bucle melancólico de la Transición, una añoranza retórica propia de los discursos del Rey y de los miríficos propósitos del espíritu navideño.

Aunque Zapatero y Rajoy despidieron el año parlamentario con una esperanzadora aproximación teórica sobre la defensa de los intereses nacionales en Europa, no conviene llamarse al optimismo respecto a un clima de entendimiento en el último tramo de la legislatura. La desconfianza de ambos es manifiesta y el mandato zapaterista se halla en estado terminal. El presidente se ha pasado seis años destruyendo cualquier posible sustrato que quedara vigente en el pacto constitucional, y el jefe de la oposición ha identificado a su oponente como el principal obstáculo para una normalización del país. Sus intervenciones de la víspera de Navidad exigirían en buena lógica una inmediata cita para negociar términos concretos de compromiso en torno a un programa de acción compartida, pero la proximidad de elecciones y el recelo acumulado aventa cualquier atisbo de esperanza. El consenso va a seguir siendo un concepto abstracto que sirve para que unos y otros se reprochen la falta de vocación unitaria.

El único que de veras cree en las virtudes de la unidad es el Rey, que sabe por propia experiencia lo que valen y cada año las predica en el desierto de su intervención de Nochebuena. La reacción de los dirigentes de guardia en cada partido pone de manifiesto en seguida que cada cual oye sólo lo que le interesa; con perífrasis elusivas para que no se note demasiado la intención sectaria arriman las palabras del monarca a sus prejuicios inmóviles. Ni por asomo se avienen a darse por implicados en los exhortos de la Corona, que aprovechan para deslizar implícitos reproches sobre la responsabilidad del adversario. Del consenso sólo les interesa destacar la imposibilidad de encontrarlo, por culpa del otro, claro está. Ni un gesto, ni una concesión, ni una expresión autocrítica, ni una vaga promesa de vocación integradora. En esta política enferma de tacticismo no existe otra prioridad que la de la conveniencia inmediata. Y estando por medio el poder a quién, salvo a don Juan Carlos —que no se presenta a elecciones—, podría interesarle otra cosa que no fuese la lucha por conseguirlo o disfrutarlo.

ABC - Opinión

La Cataluña del partido único

El nuevo Gobierno catalán no sólo comparte la visión de sus tristes antecesores, sino que se muestra dispuesto a intensificar su acción hasta el establecimiento de una sociedad en en que el nacionalismo sea la única opción política posible.

El debate de investidura del candidato de Convergencia y Unión, Artur Mas, como presidente de la Generalidad de Cataluña, ha disipado cualquier duda acerca del objetivo político de esta nueva legislatura pilotada por CIU que, en lo esencial, no se va a distinguir de la muy lamentable trayectoria de los anteriores ejecutivos fruto del acuerdo tripartito entre las fuerzas nacionalistas y de izquierda.

La erradicación de la lengua común de todos los españoles y la persecución de los que pretendan lo contrario en ese territorio, el establecimiento de un marco de financiación injusto y anticonstitucional, la decisión formal de no acatar las sentencias judiciales o la amenaza de secesión de esa parte de España salvo que la aritmética política en la política nacional aconseje lo contrario, son los grandes ejes esbozados por el candidato investido tan sólo con leves toques de maquillaje ideológico con los que, en definitiva, la rebelión institucional de un órgano del Estado como lo es la comunidad autónoma pretende adquirir carta de naturaleza. El hecho de que el partido político que sostiene al Gobierno de la nación se muestre entusiasmado con este programa de radicalismo inverecundo y anticonstitucional, añade una recia dosis de vergüenza colectiva a esta gravísima decisión que alguna vez esos dirigentes actuales tendrán que explicar sus votantes.

En esencia, lo que pretende Artur Mas es aplicar cierto decoro a la gestión económica de una institución devastada como la Generalidad para mejorar la herencia tripartita, algo al alcance de cualquier político dada la forma en que se han conducido siempre los incompetentes comandados primero por Maragall y más tarde por Montilla. En el resto de asuntos que competen a su jurisdicción política, el nuevo Gobierno que tomará posesión esta próxima semana no sólo comparte la visión de sus tristes antecesores, sino que se muestra dispuesto a intensificar su acción en todas aquellas materias que conduzcan al establecimiento de una sociedad nacionalista, usufructuando la riqueza de otras regiones mientras llega la independencia a modo de un peaje que incomprensiblemente el resto de los españoles nos vemos condenados a pagar generación tras generación.

Ese, y no otro, es el objetivo del nacionalismo identitario a pesar de que, en ocasiones, haya querido verse a los dirigentes de CiU como políticos sensatos en los que se puede confiar más allá de sus concesiones al separatismo, tomadas tradicionalmente como una excentricidad elaborada en clave interna electoral. De extravagancias, nada de nada. Artur Mas tiene decidido llevar el proyecto político de un camaleónico Pujol hasta sus últimas consecuencias. Por desgracia, la penosa situación política de la España de Zapatero ofrece a estos y al resto de nacionalistas una ocasión inmejorable.

Libertad Digital - Editorial

Desacato al Supremo. La cómplice ceguera de los no nacionalistas. Por Guillermo Dupuy

Parece que los nacionalistas, con la Constitución, con la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto y con las tres sentencias del Supremo, no tienen todavía suficiente papel con el que limpiarse el trasero.

Los salvajes que cometen esas fechorías son horribles, y los civilizados que les dejan cometerlas, espantosos.

Víctor Hugo

Poco, muy poco, ha tardado Artur Mas en dejar en evidencia la ceguera voluntaria de la prensa de Madrid, supuestamente nacional, que celebró su victoria en las autonómicas hablándonos del "giro a la moderación", del "cambio que comienza en Cataluña" y del "perfil moderado y posibilista" de CiU.

Este lunes, en su discurso como candidato a presidente de la Generalitat, previo a su investidura, Mas se comprometió a llevar a cabo como programa de gobierno algo tan "moderado" como iniciar una "transición nacional" encaminada a hacer valer el "derecho a decidir", no sin antes cerrar un pacto similar al concierto económico que tienen el País Vasco y Navarra.

Poco importa que el presidente de la Generalitat, como autoridad del Estado que es, tenga la obligación de cumplir la ley, y que la ley no contemple más conciertos económicos que los que contempla la Constitución. ¿Qué es esto comparado con la autodeterminación que, no es que no contemple, sino que dinamita los fundamentos mismos de nuestra Constitución tanto comos los de nuestra nación?

Pero, por si quedara alguna duda de que Mas pretende hacer del delito de desobediencia parte de la acción de su Gobierno, ahí está el compromiso alcanzado con el PSC de hacer caso omiso a las recientes sentencias del Tribunal Supremo que, tan textual como estérilmente, obligan a la Generalitat a "adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña".

Se supone que la negativa de las autoridades catalanas a ejecutar la sentencia del Alto Tribunal obligaría a su enjuiciamiento por delito de desobediencia y a las autoridades nacionales a forzar la ejecución de las sentencias ya dictadas en materia de enseñanza, recurriendo si hiciera falta a los medios excepcionales que contempla nuestra Constitución. Pero ¿qué esperanza podemos albergar en que la justicia prevalecerá si a la dama que la simboliza se la ha desarmado de la espada que representa su legitimidad para imponerse cuando no se la acata?

¿Cómo creer que Zapatero o Rajoy van atreverse a que el Estado de derecho prevalezca de manera efectiva? ¿Y qué decir de la prensa no nacionalista? Aunque el diario El Mundo, mejor que muchos otros, haya pasado en días de hablarnos del "perfil moderado y posibilista" de CiU a alertarnos de la gravedad del "plan Ibarretxe bis" de Mas y del anunciado desacato al Supremo, todavía nos dice que "la negativa de las autoridades catalanas a ejecutar la sentencia obligará a los padres que quieren que sus hijos estudien en las dos lenguas oficiales en Cataluña a seguir peleando por sus derechos en los tribunales". Vamos, como si los nacionalistas, con la Constitución, con la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto y con las tres sentencias del Supremo no tuvieran todavía suficiente papel con el que limpiarse el trasero. Claro que, tal vez, con la pretensión de que haya nuevas sentencias lo que pretende ese diario es acabar con los nacionalistas... matándolos de risa.

Libertad Digital - Opinión

¿Por qué Cebrián se carga CNN+ y se va de rositas?. Por Federico Quevedo

Les diré que hay cosas que no terminan de sorprenderme, y una de ellas es el grado de cinismo e hipocresía que utiliza la izquierda para no hacer nunca autocrítica y, sin embargo y como he denunciado ya más de una vez, echar la culpa a los demás de sus propios errores. El próximo día 31 de diciembre CNN+ cerrará sus puertas. El hecho en sí forma parte del acuerdo al que ha llegado el consejero delegado del Grupo PRISA –bueno, lo que va quedando del Grupo PRISA- con el fondo de inversión Liberty, ahora accionista mayoritario de la compañía que en su día fue propiedad de la familia Polanco. Lo de menos son los detalles. Vaya por delante que durante las negociaciones, preguntado el consejero delegado del Grupo y antiguo falangista por el futuro del canal de noticias, Cebrián aseguró a sus trabajadores que nunca se cerraría CNN+ y que sus puestos de trabajo estaban garantizados. Pues bien, mintió. Hoy, el canal vive sus últimas horas de encuentro con sus espectadores, y sus más de seiscientos trabajadores no tienen asegurado su puesto de trabajo. Y esto lo ha hecho, y del modo en que lo ha hecho, un señor que manda sobre unos medios de comunicación que se han hartado de poner verde a la derecha por cosas parecidas.

Miren, yo no era un asiduo espectador de CNN+. Francamente, nunca he podido soportar, por ejemplo, el programa de José María Calleja porque me resultaba sectario hasta la nausea, y la tertulia que últimamente conducía Iñaki Gabilondo me resultaba aburrida a más no poder… Pero siempre defenderé el derecho de los demás, aunque no piensen como yo, a expresar sus ideas. Eso forma parte de la esencia de la libertad, y CNN+ era un medio de izquierdas que cumplía con su papel y ofrecía un servicio a un determinado tipo de público, y por eso lamento, y lo digo sinceramente, su cierre, y sobre todo que se haya producido como se ha producido y que cientos de compañeros de los que me importa un comino su inclinación ideológica se queden en la calle. Ahora bien, lo que me parece de juzgado de guardia es que algunos medios, sobre todo en Internet donde proliferan las webs progresistas más sectarias y fascistas que uno se pueda imaginar, le hayan echado la culpa del cierre de CNN+ a la televisión de la derecha, y más en detalle a Intereconomía, ya que según ellos, el éxito de algunos programas como El Gato al Agua es lo que ha hundido a CNN+… ¡Sí, claro! Como si los espectadores fueran los mismos…

«No es extraño que personajes como Juan Luis Cebrián naveguen de una a otra orilla sin despeinarse»

Bromas aparte, porque semejante argumento hay que tomárselo como una broma, de mal gusto, pero broma al fin y al cabo, lo que resulta increíble es que un personaje como Juan Luis Cebrián, que ha conseguido llevar al Grupo PRISA a la ruina, que se ha llevado por delante el imperio de comunicación que había levantado Don Jesús del Gran Poder, se vaya de esto de rositas y sin que nadie le eche en cara un agestión desastrosa y fracasada. ¿Qué poder tiene este hombre para hacer lo que hace sin que nadie se lo reproche? ¿Quién le respalda? ¿González, Rubalcaba, los dos a la vez? Porque convendrán conmigo en que da la sensación de que todo el mundo le tiene un miedo atroz al personaje, un personaje que ha vendido PRISA al mejor postor para resolver una deuda de casi 5.000 millones de euros, y que ha convertido esa negociación en un engaño permanente, según el cual no había intención ni de trocear la compañía ni de venderla. ¡Con lo que se ha dicho en los medios de PRISA de Gerardo Díaz Ferrán, que dejó una deuda de 240 millones en Viajes Marsans! Pues bien, los trabajadores del Grupo ya saben como se la trae Cebrián, y si yo fuera un empleado de, por ejemplo, Cinco Días, el periódico económico del Grupo, ya estaría poniendo mis barbas a remojar después de ver lo que les ha pasado a los de CNN+.

¡Ah! Pero la culpa la tiene la derecha, porque ahora resulta que el espectro televisivo se va a llenar de tertulias cavernarias y no sé que más… Independientemente de la estupidez, si eso fuera así, la culpa no la tendrían estas televisiones, sino quien ha permitido que un medio de referencia de la izquierda desaparezca, y también quienes lejos de señalarle con el dedo acusador que tan presto extienden para buscar a la derecha, encima le amparan y le buscan argumentos con los que ocultar la penosa gestión de este que fue un prohombre de la dictadura franquista. Si es que hay cosas que perduran, que son innatas, que crean dependencia ideológica. La izquierda y el fascismo tienen mucho, muchísimo que ver, y por eso no es extraño que personajes como Cebrián naveguen de una a otra orilla sin despeinarse, y lleven a la práctica su doctrina de que el fin justifica los medios allá donde vayan y hagan lo que hagan. Como toda la izquierda sectaria –luego hay una izquierda democrática, a la que respeto profundamente-, Cebrián es un personaje sin principios ni moral alguna, pero peores que él son aquellos que lo adulan y, sobre todo, hacen la vista gorda con sus desmanes. Pero, mientras tanto, la causa del pluralismo pierde uno de sus referentes mediáticos, y la responsabilidad, señores míos, no la tiene la derecha, sino un señor de nombre compuesto y apellido de paso de…

El Confidencial - Opinión

Vacaciones. Por Alfonso Ussía

Celebro las vacaciones de los parlamentarios. No están nada mal. En Navidad, treinta días. En Semana Santa, diez jornadas de asueto. En verano, prácticamente dos meses para reencontrarse a sí mismos. Para no huir de la justicia y el equilibrio, es conveniente reconocer que hay dos clases de diputados y senadores. Los que trabajan y los del montón. A mí, personalmente, si me dieran la oportunidad, me gustaría pertenecer a la segunda especie. El parlamentario del montón es un señor o una señora que votan. Pulsan el botón y descansan.

Aplauden a su líder cuando éste interviene en la tribuna de oradores y ululan, barritan o gesticulan cuando el adversario dice cosas que no les satisfacen. Además, que muy pocos de ellos son parlamentarios. En España se ha perdido el donaire de la palabra fluida, y es complicado encontrar a oradores solventes. No se habla, no se parlamenta, se lee. Y lo más ridículo. Una buena parte de lo que el parlamentario lee en la tribuna de oradores es materia conocida por el resto de la cámara. Envidio el sistema y reglamento del Parlamento británico, en el que los papeles son meros apuntes y no discursos. Como sucedía en el Parlamento español. A la tribuna se ascendía con el solo apoyo de la palabra.

De cualquier manera, no se puede considerar el trabajo de un parlamentario un cotidiano esfuerzo agotador. «Los diputados no hacían nada de nada, pero lo hacían muy bien», dijo alguien que no era Churchill. Cuando tengo que recurrir a una cita ingeniosa siempre se la atribuyo al gran político inglés, que me debe muchos aciertos dialécticos. En España, el más recurrente es Gracián. Nadie pone en duda a Gracián, y todo se le perdona. «Son tontos todos los que lo parecen y más de la mitad de los que no lo parecen». Esta sentencia, atribuida a Gracián, levantaría ampollas fundamentalistas de ser asignada a otro talento. Churchill fulminó a la pesada de Lady Asthor en sus enfrentamientos parlamentarios, pero nadie se atreve con él después de muerto. Sigue ganando todas las batallas dialécticas. Leo ahora los discursos parlamentarios de Silvela, de Madrigal, de Cánovas, de Castelar, y más modernos, de Gil Robles o Indalecio Prieto, y constato la decadencia de nuestro ingenio parlamentario. Porque Azaña era aburrido, y Calvo Sotelo excesivamente grandilocuente. «Para decir que ha subido el precio de los limones y las patatas, no se ponga tan trascendente, señoría», le dijo Cánovas a Sagasta. «Usted siempre con su gracejo andaluz», le respondió Sagasta. «Pues saque usted su gracia de Logroño, a ver qué tal», remachó el malagueño.

En el Parlamento actual no tiene cabida el sentido del humor, entre otras razones porque la improvisación está casi prohibida. Cuando en 1982 fue elegido presidente del Congreso Gregorio Peces Barba, la tristeza invadió el recinto y todavía no se ha recuperado, y eso que Landelino Lavilla no era la alegría de la huerta. Pero era un Congreso de los Diputados más vivo e ilusionado que el de ahora. Y estaba la «Taberna del Cojo», el bar motejado así en memoria del conde de Romanones, y lo primero que hizo Peces Barba fue clausurarla en detrimento del parlamentarismo paralelo, porque allí se hablaba mejor que en el hemiciclo. Lo decía el inolvidable Antonio de Senillosa. «En el atril, en lugar de agua habría que poner whisky».
En fin, que no nos queda otro remedio que desear a los parlamentarios que descansen de su descanso. Y que sean felices.

La Razón - Opinión

Recortes. Así que las renovables creaban empleo.... Por Juan Ramón Rallo

El Gobierno no invertía nuestro dinero forzosamente en una industria puntera, sino en una que no estaba en absoluto madura y que sólo podían medrar desmantelando la industria española y vampirizando a nuestras familias.

No creo que sea necesario recordar que una de las mayores tonterías económicas que hemos escuchado en los últimos años ha sido que convenía destinar el dinero de los contribuyentes a las energías renovables... porque generaban empleo. Uno podría buscarse los más variopintos argumentos para justificar la inversión forzosa en este sector no rentable –desde la necesidad de reducir nuestra dependencia del petróleo a la obsesión medioambientalista de disponer de fuentes de energías limpias distintas de la nuclear–, pero no, desde luego, la generación de empleo. No, a menos, claro, que uno quisiera saltarse a la torera todas las leyes económicas habidas y por haber.

Porque destruir valor económico –y eso es lo que sucede cuando los gastos superan a los ingresos– nunca genera empleo. Al contrario, reduce la producción de bienes y por tanto los salarios que pueden percibirse –y si esos salarios son inflexibles a la baja, como acaece en España, genera paro–.

Ya hace casi dos años que Gabriel Calzada, Raquel Merino y un servidor publicamos un estudio en el que calculábamos que, como media, la inversión en energías renovables había destruido en España alrededor de 2,2 puestos de trabajo por cada empleo que se buscaba crear con ellas. El informe tuvo tanta repercusión –no era para menos, pues desvelaba uno de los muchos timos por los que en este país unos pocos se lucran mucho a costa de los contribuyentes– que hubo más gente interesada en atacarlo que en entenderlo.

Así, uno tuvo que asistir a un chorreo de críticas contra irreconocibles muñecos de paja que, según decían, aparecían en nuestro informe. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los críticos ni siquiera fue consciente de que nuestro estudio no comparaba la dotación media de capital en las energías renovables con la dotación media de capital en la economía; ingenuos o maliciosos, trataban de vender al público la mercancía averiada de que estábamos afirmando que las renovables destruían empleo... porque eran más intensivas en capital que el resto de industrias del país.

Más bien, lo que sí hacíamos era comparar el capital medio por trabajador que el Estado tenía que abonar a las renovables para volverlas rentables con la dotación media de capital en el resto de la economía. Vamos, que comparábamos el agujero de rentabilidad del negocio (sic) de las renovables con el uso productivo que se le hubiese podido dar en el sector privado al capital con el que se lo tapaba. Resultado: 2,2 empleos destruidos por cada uno que se pretendía crear... y eso hasta 2008. Si hoy rehiciéramos el cálculo, tras el diluvio de subvenciones de los últimos dos años, a buen seguro sería mucho mayor.

Podría aburrirles con más pseudocríticas carentes de fundamento. Los interesados tienen la opción de acudir al informe que tuvo que encargar la Administración Obama –interesada en extender el timo renovable español a EEUU– para compendiar y dar carácter oficial a todo el cúmulo de errores que ya nos habíamos encargado de refutar con anterioridad en varios artículos.

Pero bueno, y al final, ¿tanta discusión para qué? Pues para nada, al menos en España; en Estados Unidos, pese a las trolas de Obama, sí les fue útil para convencerse de que no era inteligente que nos comparaban el muerto a precio de oro. "Antipatriotas", nos gritó la izquierda; lástima que tanto fanático no se diera cuenta de que el mensaje para nuestro país era otro: imposible de enmendar el pasado, al menos no enmierden el futuro, esto es, supriman las primas a las renovables, al menos a las de nueva instalación. Pero no, ni una palabra sobre el suicidio que suponía seguir cebando un déficit eléctrico que ya estaba a punto de reventar. Los deseos de la izquierda por engañar a los yanquis eran mayores que su honradez para dejar de hacer trampas en su particular solitario. Así nos ha ido.

Al cabo, aquí siempre ha valido más un asentado prejuicio ideológico que un buen razonamiento económico, de modo que, dos años después, al Gobierno socialista y proverde no le ha quedado más remedio que aterrizar forzosamente a la realidad. La vía que ha decretado el Gobierno para sufragar el enorme déficit tarifario destinado a rentabilizar las renovables ha sido directamente no pagarlo y decirles a las eléctricas: con sus molinillos y placas solares se lo coman. El default, cruel precedente para cualquiera que siga confiando en las promesas de este Gobierno.

Claro que si las renovables son tan productivas, eficientes, vanguardistas, sostenibles, enriquecedoras y chupimegaguays, habrá que esperar que a partir de ahora se sostengan sobre sus propios pies y que si mueren sólo sea de éxito, ¿no? Pues no. Lo que ha sucedido en esta canonjía ha sido mucho más simple: su prosperidad era nuestra decadencia. El Gobierno no invertía nuestro dinero forzosamente en una industria puntera –en cuyo caso ya lo habrían hecho las empresas privadas por sí mismas–, sino en una que no estaba en absoluto madura y que sólo podían medrar desmantelando la industria española y vampirizando a nuestras familias mediante un expansivo coste de la electricidad o mediante nuevos y sangrantes impuestos futuros. Lo dicho, todo un chollo para el país. Menos mal que aquí nadie nos hizo ni caso. Dónde estaríamos si no.

Libertad Digital - Opinión

Decreto de Navidad. Por José Antonio Navas

Industria no sabe qué hacer para solventar la insuficiencia crónica de los ingresos del sistema eléctrico.

El Ministerio de Industria no sabe qué hacer para solventar la insuficiencia crónica de los ingresos del sistema eléctrico y busca recónditos acomodos para evitar que el recibo de la luz se convierta en una espada de Damocles sobre la cabeza del Gobierno. Ahora, y para suavizar la necesaria subida de precios a partir de Año Nuevo, el ministro Sebastián se ha sacado de la manga un real decreto que echa por tierra gran parte de los acuerdos establecidos en 2009 con el sector. El listón del déficit de tarifa previsto para el próximo ejercicio se eleva en 1.000 millones con la supuesta pretensión de poder bajar los costes de acceso que son uno de los dos grandes vectores, junto al precio de la energía, que conforman la factura eléctrica. El Gobierno recorta además las primas fotovoltaicas por la vía de la limitación de horarios con el fin de ahorrarse 800 millones extra en subvenciones, al tiempo que hace pagar a las eléctricas otros 500 millones por planes de ahorro y eficiencia y por peajes de transporte eléctrico. El decreto de Nochebuena debería servir también para rebajar el «regalito» de esa subida del 10% anunciada en el recibo de la luz. A simple vista sería una buena noticia pero en todo caso el decreto de Noche Buena no es más que otra trampa en el solitario energético que maneja Sebastián.

ABC - Opinión

Cataluña. Bipartito. Por Emilio Campmany

CiU hará lo que el PSC quiera que haga, normalmente sostener al presidente y, eventualmente, ayudar a hacerle caer si a los del PSC les interesa, cosa que podría ocurrir cuando creyeran poder colocar a uno de los suyos, Carme Chacón, por ejemplo.

Qué poco ha durado el sueño de Alicia Sánchez-Camacho. Nada más llegar el momento de la investidura, su fantasía de verse necesaria para que Mas gobierne le ha sido explotada por el PSC de un soplido seco como si fuera una pompa de jabón. ¿De verdad se había creído aquella milonga que nos vendieron algunos medios de que las elecciones catalanas habían significado un giro a la derecha? Pamplinas. En Cataluña, como en el País Vasco, los electores no están divididos por una línea que separa a los de izquierdas de los de derechas. La línea que allí importa es la que divide a los nacionalistas de los constitucionalistas o, mejor dicho, a los independentistas de los unionistas. No niego que haya electores que votan al PSC creyendo que votan a la rama catalana de un partido español, ni que haya votantes que se deciden por CiU creyendo que no hacen otra cosa que elegir a una coalición de conservadores y democristianos, pero se equivocan.

Los primeros votan a un partido independentista, más o menos socialista, pero independentista, que se mantiene integrado en el PSOE porque supone que eso le permite influir en la política del "Estado español". Los segundos lo hacen por un partido más sinceramente independentista, que prefiere no estar integrado en la derecha española porque cree que esa independencia le permitirá ser más eficaz a la hora de lograr la de Cataluña entera.

Obviamente, CiU y PSC han llegado a alguna clase de acuerdo para que los 28 socialistas se abstengan y pueda ser investido don Artur. Luego veremos cuál. Pero el caso es que entre los dos partidos no puede haber tanta distancia ideológica cuando a uno le es tan fácil abstenerse en la investidura del candidato del otro. Y es que ambos son independentistas. Quizá la diferencia estribe en las diferentes tácticas y tiempos que crean deben emplearse para lograr su objetivo, pero los dos quieren una Cataluña separada de España.

Ahora, como dije, algo han pactado. Naturalmente, no ha sido el PSOE quien ha firmado, sino el PSC. Y los intereses de éste no tienen por qué coincidir con los aquél o, mejor dicho, con los de sus dirigentes actuales.

Pero, ¿qué ha ofrecido CiU a cambio de la investidura? Pueden ser muchas cosas, desde un prosaico compromiso de no mirar debajo de las alfombras de las consejerías que han sido gobernadas por los socialistas hasta limitar el impacto de los recortes presupuestarios que inevitablemente tendrá que hacer la Generalidad. Sin embargo, no sé por qué me da en la nariz que lo tratado ha sido la actitud de CiU en Madrid respecto a Zapatero. Así que CiU hará lo que el PSC quiera que haga, normalmente sostener al presidente y, eventualmente, ayudar a hacerle caer si a los del PSC les interesa, cosa que podría ocurrir cuando creyeran poder colocar a uno de los suyos, Carme Chacón, por ejemplo, al frente del Gobierno y del partido.

En el PSOE están a navajazos y la facción del PSC ya cuenta con un aliado externo que le ayude en la guerra que puede desatarse en el seno del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso si surge la necesidad o la oportunidad de hacerlo. Y Mas estará encantado de ayudar a colocar a una independentista, por muy socialista que sea, al frente del Gobierno de España. ¡Qué bonito es Badalona!

Libertad Digital - Opinión

Más allá de navidades. Por Hermann Tertsch

Hará falta mucho sosiego para reparar los daños causados a España por ideologías tóxicas. Más allá de navidades.

ESTA noche es Nochebuena y mañana Navidad. Muy felices fiestas a todos. Y en especial a esos muchos millones de españoles para los que las navidades no son una fiesta más ni cualquiera, sino una fecha muy señalada e importante para su forma de entender la vida y su fe. Y también las tradiciones, esa forma de comunión entre generaciones próximas y lejanas entre sí, tan combatida por aquellos que nos quieren inventar un mundo chato en el que imponernos sus propias limitaciones. Por mucho que se insista en muchas instancias en todo tipo de fórmulas para arrebatar a estas fiestas su identidad cristiana, en todo el mundo occidental son aun mayoría quienes encuentran en estos días momentos para celebrarla, invocarla y honrarla en su sentido más profundo. Que en España hayan avanzado mucho en influencia y predicamento quienes quieren convertir estas fiestas en una carnavalada más no debería impedirnos ver que son muchas las sociedades mucho más desarrolladas que la nuestra que guardan estas fiestas con mucho mayor respeto y liturgia, ese código de ceremonias que tienen a diferenciar los actos de importancia y trascendencia de los que no lo son. La destrucción general de las formas de la conducta en la sociedad española supone un empobrecimiento en el que España es triste vanguardia. Celebrada con más o menos solemnidad, para los niños estos días suponen por definición alegría e ilusión. Para los adultos siempre conlleva evocación, introspección, reflexión y recuerdo. Y por supuesto estas fechas de fin de año nos llevan a todos de alguna forma, queramos o no, a hacer balance. Cobran fuerza la nostalgia y por supuesto las ausencias, las pasajeras y las irremisibles. Y están más presentes que nunca las expectativas y las inquietudes ante el porvenir. Este año son muchos los españoles que harán un triste balance del año pasado. Y que tendrán muchos más y mayores temores ante el futuro que en años pasados. A muchos se les ha caído finalmente la venda de los ojos. Ya ven atónitos las dimensiones del daño que se ha infligido a este país en los últimos años. El invierno siempre humilla al hombre y le recuerda su fragilidad. Pero este invierno será especialmente duro. Y si todos estamos preocupados por nuestra suerte individual, no deberíamos estarlo menos por la colectiva. Estamos asistiendo a un alarmante proceso de deterioro de nuestra convivencia, paralelo a nuestro declive económico y a la pauperización de ciertas capas de nuestra sociedad. Dos botones de muestra tan sólo. El miércoles unos sindicalistas en Murcia agredieron a miembros del Partido Popular, entre ellos a un senador. Por unas medidas de ahorro exigidas por el Gobierno socialista de Madrid. Los agresores surgieron de una manifestación ilegal en la que participaba la candidata socialista a la presidencia de la Comunidad autónoma. Ayer, nacionalistas (CiU) y socialistas catalanes (PSC) confirmaron su intención de ignorar al Tribunal Supremo y despreciar la sentencia que exige la libertad de estudiar en español en Cataluña. Abierto desacato al Tribunal por parte de los partidos que gobiernan en Cataluña y en España. La crisis en la que estamos trasciende en mucho a la descomposición económica. La calamidad se extiende a todos los terrenos de nuestra convivencia. Existe un peligro real de que los girones en que puedan convertir insolvencia y pobreza nuestro maltratado tejido social, nos aboquen a conflictos de convivencia desconocidos para las generaciones vivas. Y que los aprovechen aquellos que ya han mostrado su vocación cainita con sus llamamientos a abrir viejas heridas y, cabalgando sobre la mentira histórica, dinamitar nuestro gran pacto de la transición y la reconciliación nacional. Hará falta mucho sosiego y buena voluntad para reparar los inmensos daños causados a España por ideologías tóxicas, insensatez, aventurerismo e ineptitud. Más allá de navidades.

ABC - Opinión

Artur Mas. El fin del discreto encanto. Por Cristina Losada

Cuando Mas predica la secesión para un futuro sin fecha, no está de broma ni sólo aumenta la presión del chantaje de toda la vida. Por de pronto, anuncia abiertamente el desacato y la insubordinación.

El postpujolismo ya está aquí. Y llega con la bendición urbi et orbi de los socialistas. Artur Mas ha sido investido gracias a la abstención del PSC y el Gobierno, a través del superministro Rubalcaba, le ha ofrecido enseguida toda su "leal" cooperación. Es norma que a CiU nunca le falten pretendientes en la perversa Madrid. Lo excepcional radica en que los propósitos de los convergentes se sitúan ahora, de modo explícito, fuera de la ley. No hay trampa ni cartón. Mas asume el Gobierno autonómico con dos objetivos que entrañan un desafío al Estado de derecho: incumplir la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto y sus derivadas, como las que acaba de publicar el Supremo contra la inmersión lingüística; y lograr un concierto fiscal que ni la ley de financiación autonómica ni la Carta Magna permiten. ¿Es eso lo que celebra Rubalcaba? ¿Colaborará lealmente el Gobierno de España en tal programa de bandolerismo político?

El salto cualitativo que ha dado el partido único catalanista, empujado por un Maquiavelo tan hábil como el leonés, se cifra en que incluso su facción "moderada" ha perdido cuanto le quedara de contención o, por lo menos, disimulo. El elemento diferencial del postpujolismo, vuelta de tuerca a la que han contribuido el tripartito y Zapatero al alimón, radica en la franca exhibición de la ruptura con España. Y esa gestualidad desinhibida señala el fin de una larga temporada de bailes de salón en los que la secesión se llevaba, discreta, bajo un manto de civilizada hipocresía. En sus discursos, Mas se refiere a España como un país extranjero y proclama a Cataluña en estado de "transición nacional". Pero, ay, no se le quiere tomar en serio. "Bah, eso es palabrería para el consumo interno", se oye. "¿Independencia? ¡Qué va! Eso es alfalfa para los radicales", se dice. Y, naturalmente, en privado, los convergentes reconfortarán a los crédulos.

No hay, sin embargo, motivo alguno para confiar en el doble juego. Ni tampoco para desechar como mera añagaza los pronunciamientos públicos de los políticos. A fin de cuentas, a través de ellos se moldea la opinión y se configura la acción. Cuando Mas predica la secesión para un futuro sin fecha, no está de broma ni sólo aumenta la presión del chantaje de toda la vida. Por de pronto, anuncia abiertamente el desacato y la insubordinación. Y ello, con la "responsable" anuencia del PSC y la encantadísima cooperación del Gobierno de España. Son tal para cual.

Libertad Digital - Opinión

¿Nuevo o viejo gobierno catalán?. Por José María Carrascal

¿Va el nuevo gobierno catalán a aclarárnoslo? Me temo que no, que seguirá en la indefinición y el victimismo.

CATALUÑA empieza una nueva andadura. ¿O vuelve al pujolismo? Su nuevo president no nos lo ha aclarado. Artur Mas ha anunciado tan sólo el «inicio de una transición nacional», sin concretar, aunque lo de transición recuerda la española a la democracia, y lo de nacional, que no se olvidan del nacionalismo. Afinando el oído, suena a Plan Ibarretze con otros nombres y sin ganas de asustar. Una búsqueda del soberanismo a plazos y con vaselina. A la autodeterminación se la llama «derecho a decidir». Al «estado libre asociado», «redefinir las relaciones con España». Y al concierto económico similar al vasco que venían pidiendo, «pacto fiscal», mucho más modesto. Pero ni siquiera un Zapatero contra las cuerdas puede dárselo a cambio de sus votos en el congreso, para prolongar su agonía. Ni España ni Cataluña son ya las mismas que en los tiempos de Pujol. Sin olvidar que CiU es un equilibrio inestable de nacionalismo y conservadurismo, el uno tirándole a separarse de España, el otro advirtiéndole de que sus intereses económicos sufrirían con ello. Y si las bases piden a Mas la «construcción nacional», los empresarios le advierten que Cataluña no puede construirse sin España. Una buena noticia es que se haya rodeado de ellos.

Le ayudará a gobernar una oposición desarbolada. El PSC atraviesa los momentos más bajos de su historia. Sus dos lealtades, a Cataluña y a España, que bajo Maragall y Montilla se habían decantado hacia la primera, le ha llevado al fracaso más estrepitoso y ni siquiera ha sabido resolver el problema de su liderato, dejándolo para su congreso en otoño, lo que parecer indicar que da por perdidas las municipales de primavera. De momento, lo único que ha sabido hacer es abrazarse a CiU, como un boxeador grogui, pactando desobedecer la sentencia del Constitucional sobre el español en las escuelas. Esta noticia es mala.

En ERC, cuya irresponsabilidad y extremismo le llevaron a interpretar en el tripartito el papel de gobierno y la oposición, andan hoy a bofetadas y tardarán en organizarse como partido, si se organizan.

El PPC ha sacado sus mejores resultados gracias al guirigay de los demás, pero sigue siendo un partido minoritario, que para ser decisivo tendrá que demostrar a la mayoría que se puede ser perfectamente catalán y español al mismo tiempo, lo que no parece fácil. Pues ayudar a CiU en su política nacionalista a cambio de la ayuda de CiU a un gobierno del PP en Madrid no sería avanzar sino retroceder.

El resto de los partidos, en ambos extremos del espectro político, no van a ayudar a aclarar la escena política catalana. Y es que, antes de nada, los catalanes tienen que aclararnos y aclararse sobre lo que quieren. Porque el resto de los españoles se lo hemos dicho a través de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre su nuevo estatuto: queremos una Cataluña con una amplia autonomía, que incluso si quiere llamarse nación puede hacerlo. Pero que no pretenda tratar de tú a tú al Estado, porque ése no sería un Estado de las Autonomías, sino de las Soberanías. Una quimera. O un galimatías.

¿Va el nuevo gobierno catalán a aclarárnoslo? Me temo que no, que seguirá en la indefinición y el victimismo. Aunque en tiempos de Navidad hay que creer en los milagros y nada celebraría tanto como equivocarme.

ABC - Opinión

Nueva etapa en Cataluña

Artur Mas fue investido ayer nuevo presidente de la Generalitat gracias al respaldo de los 62 diputados de su grupo, pero también a la abstención de los 28 del PSC, que facilitó la designación en este segundo pleno de investidura en virtud de un acuerdo público, en el que se asegura que CiU deberá contar con su consenso en los grandes asuntos. El PP votó en contra de Artur Mas, al que reprochó que el compromiso entre convergentes y socialistas traiciona a los ciudadanos que apostaron por dejar atrás el tripartito. La alianza entre CiU y PSC plantea un escenario de colaboración que suscita incertidumbres sobre su alcance real. Que ambos grupos garanticen la gobernabilidad de Mas y Zapatero es una hipótesis real y preocupante, en cuanto que supondría el sostén de un Gobierno ineficaz y responsable de la desconfianza internacional de España.

La realidad es que Artur Mas dispone de una representación lo suficientemente holgada como para gobernar sin ataduras. El nuevo president está llamado a abrir una nueva etapa después de la equivocada y negativa experiencia del tripartito y no a experimentar con extrañas fórmulas socioconvergentes. Una muy importante mayoría de los ciudadanos depositó su confianza en el proyecto centrado y moderado defendido por Mas y Duran Lleida y castigó al PSC con la oposición. El mensaje del electorado fue meridiano: los problemas reales de una sociedad maltratada por la crisis, el paro y la inseguridad deberían centrar la gestión del nuevo Gobierno sin espacio para el radicalismo en las formas y el fondo del tripartito.

Sin embargo, los primeros pasos de la nueva administración catalana han sido poco tranquilizadores. La respuesta de Artur Mas y CiU, su acuerdo con el PSC, para desoír las recientes sentencias del Tribunal Supremo que obligan a que el castellano sea lengua vehicular en la escuela en Cataluña, no es propia de una administración seria. Los gobiernos no están para interpretar y acomodar los mandatos judiciales a su antojo, sino para acatarlos y cumplirlos. Que Artur Mas insista en que mantendrá y preservará la inmersión lingüística y el vigente modelo educativo supone situarse en una actitud de desobediencia y, de facto, fuera de la Constitución.

Y si los gobernantes se saltan las reglas del juego, la seguridad jurídica se agrieta y el Estado de Derecho patina. De la sensatez y la prudencia de Mas y Duran Lleida cabe esperar que recapaciten y cumplan las sentencias del «órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes» del Estado para no alimentar tensiones inconvenientes y, sobre todo, injusticias y agravios flagrantes. Lo relevante, como apuntó la popular Sánchez Camacho en una acertada intervención en catalán y castellano, es, además de aplicar los fallos judiciales, apostar por un «modelo educativo de excelencia y de calidad».

El futuro de Cataluña no puede pasar de nuevo por las estériles y melancólicas discusiones particularistas e identitarias, que tanto han frustrado a esa Comunidad. Los catalanes necesitan respuestas y políticas que pongan en marcha el motor gripado de un territorio con un potencial extraordinario que ya ha perdido demasiados años.

La Razón - Editorial

Mas presidente

CiU firma un pacto de investidura con el PSC, que incluye la preservación de la política lingüística.

La abstención de los 28 diputados del Partit dels Socialistes hizo posible que Artur Mas, líder de Convergència i Unió, fuera investido ayer presidente de la Generalitat, el octavo desde la recuperación de la institución con la Segunda República y el quinto de la actual democracia. Los socialistas facilitaron el mandato surgido de unas urnas que concedieron a CiU 62 diputados, seis por debajo de la mayoría absoluta. Con el pacto de investidura, solemnemente suscrito minutos antes de iniciarse la sesión en el Parlamento de Cataluña, se franqueaba el acceso de Mas a la presidencia.

Lo que en otras circunstancias o latitudes sería un pacto de legislatura -del todo necesario para afrontar la crisis-, en Cataluña no ha pasado de ser un acomodo para la investidura. Al menos eso es lo que dicen los firmantes, conscientes de que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. El acuerdo es toda una señal de los derroteros que puede tomar esta compleja legislatura que se inicia y en la que se deberán abordar medidas urgentes ante la magnitud de la crisis económica.

Surgen, no obstante, interrogantes. El discurso de Mas incidió en el "derecho a decidir", para resaltar el papel de Cataluña como realidad dinámica y penetrar en un terreno inexplorado por el nacionalismo conservador catalán: el pacto fiscal. La concreción del pujolismo, que en 23 años de gobierno evitó las aventuras de final incierto, parece haberse quebrado. El nuevo presidente y líder de CiU ha dado alas a tan inciertas propuestas. Mas sabe que el concierto económico es insoportable para España (en la proporción del cupo vasco o navarro), pero ha decidido jugar con la ambigüedad, quizás el único nexo que queda entre el nuevo nacionalismo de CiU y el viejo pujolismo. El derecho a decidir prolonga la imagen de aquel Pujol que sugería que el nacionalismo de CiU era un tren en el que cada cual decide en qué estación se apea. Ahora, la estación final parece llamarse independencia, aunque desaparezca del programa. A pesar de las distancias semánticas, tanto la vieja como la nueva CiU prefieren los acuerdos con las fuerzas políticas con implantación en toda España, y en concreto con los socialistas, con los que comparten un amplio universo: en infraestructuras, en educación, en sanidad, en seguridad o en política lingüística.

El pasado miércoles, CiU y PSC coincidieron en evaluar que las tres sentencias del Supremo sobre el modelo lingüístico en la enseñanza obligatoria en Cataluña no obligaban a cambiar el modelo vigente. Este análisis es compartido por juristas que rechazan que el Supremo pueda modificar una ley. En cualquier caso, algunas de las reflexiones del Supremo, que hacen una interpretación muy restrictiva de los ambiguos párrafos del Tribunal Constitucional en la sentencia del Estatuto, aconsejan una detenida lectura por parte del Gobierno catalán, ante la posibilidad de que los recursos vuelvan a repetirse. Las sentencias contemplan un panorama legal, el de 2006, que ya no es el actual. La política lingüística escolar históricamente ha concitado el apoyo del 90% del Parlamento catalán. Así sucedió con la Ley de Normalización Lingüística y con la de Política Lingüística.

Del programa presentado por Mas destacan las escasas concreciones y una finta a las políticas impopulares. Es difícil rehuir el copago sanitario y no reducir las prestaciones. No casa la eliminación del impuesto de sucesiones con el inevitable incremento de la presión fiscal para todos. El nuevo presidente catalán debería haber concretado mucho más el modelo energético y reconsiderar su intención de borrar de un plumazo la limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora en los accesos de Barcelona.

El País - Editorial

El timo de las renovables

Nos encontramos ante un timo. El Gobierno puso un cebo de rentabilidad fácil y muchos picaron, sabiendo que se aprovechaban de un Ejecutivo dispuesto a los más absurdos extremos con tal de colocarse una medallita verde.

Siempre se ha dicho que los mejores timos son aquellos en que se hace creer a la víctima que es ella la que se está aprovechando del timador. Así sucede con los grandes clásicos del género, de la estampita al tocomocho, hasta la elaborada trama de la película El golpe. Es por eso que el aspirante a pícaro se arriesga y pica, porque espera una ganancia mucho mayor; también es la razón por la que frecuentemente los timadores reciban mayor simpatía que otros delincuentes y sus víctimas menos apoyo. Al fin y al cabo, en cierto modo han colaborado en su ruina queriendo aprovecharse de otros.

Las energías renovables de moda, la solar fotovoltaica y la eólica, no son rentables a su nivel actual de desarrollo tecnológico. Para que a los inversores les resulte rentable, el Gobierno tiene que poner de su parte. Es decir, de la nuestra. De modo que empresas y particulares, respaldados por los bancos, se lanzaron a cubrir nuestra geografía de molinos de viento y placas de silicio, seguros de que el Gobierno, socialista para más señas, cumpliría sus propias leyes y pagaría las primas a las que se había comprometido.

Pero ha llegado la crisis y los de Zapatero deben recortar gastos. Así que el ministro Sebastián ha ejecutado el segundo tijeretazo en un mes a las primas que se pagan a las renovables. Y además de otros costes que impone a las compañías eléctricas les obliga a pagar programas como el de las bombillitas del ministro, uno de los más inútiles dispendios que ha llevado a cabo el Gobierno socialista, que ya es decir.

Jamás debería haberse pagado un duro por generar energía del modo que más le placía al Gobierno. Han de ser los ciudadanos quienes, en un mercado libre, decidan si quieren pagar más a cambio de energías que consideren más limpias. Pero una vez que se ha hecho, recortar esas promesas puestas negro sobre blanco en una ley es injusto y no sería extraño que los tribunales lo echaran abajo. Además, las nuevas instalaciones renovables seguirán recibiendo primas. ¿No hubiera sido más lógico empezar por eliminar todo tipo de ayudas a quienes quieran subirse al carro antes de recortar las que ya se habían comprometido?

Nos encontramos, sin duda, ante un timo. El Gobierno puso un cebo de rentabilidad fácil y muchos picaron, sabiendo que se aprovechaban de un Ejecutivo dispuesto a los más absurdos extremos con tal de colocarse una medallita verde, y creyendo que el Estado cumpliría sus promesas. Ahora Zapatero y los suyos ya tienen lo que querían: una cantidad de potencia instalada a todas luces excesiva, y han decidido no pagarla. Pero el problema es que quienes más han perdido no han sido quienes han invertido en energías renovables, sino los ciudadanos que les hemos pagado las ayudas y seguiremos haciéndolo durante años, aunque sea en menor medida. Los contribuyentes somos los verdaderos timados. Para variar.

Libertad Digital - Editorial

Arrebato postrero de sinceridad

Tan sorpresivo gesto de lucidez es propio de las despedidas, que en política se expresan a veces con discursos insólitamente veraces y honrados.

EL último mensaje de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la crisis ha sido el que debió lanzar como primero de todos hace dos años. El presidente del Gobierno dijo en el Congreso el pasado miércoles que quedan por delante «cinco años para corregir los desequilibrios estructurales de esta economía». La historia de la crisis económica de España tiene ahora una nueva versión oficial, que la prolonga a dos legislaturas, la que aún debe finalizar Rodríguez Zapatero y la que comience, como tarde, en 2012. Con esta prospectiva, que es muy razonable y coherente con la situación, Rodríguez Zapatero desarma buena parte del discurso que había sostenido contra la realidad de la crisis en estos dos últimos años. Si en sus palabras hay propósito de enmienda, bienvenidas sean, más aún si acepta la mano que le tendió Mariano Rajoy para abordar esas reformas estructurales con el más amplio consenso. A lo mejor Zapatero está al tanto de los buenos réditos que le suponen a Barack Obama sus acuerdos con la mayoría republicana de la Cámara de Representantes. El tono navideño del cruce de mensajes entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición debería ser solo una apariencia, porque España no tiene el ánimo para gestos impostados de cordialidad. Hacen falta acuerdos políticos duraderos entre los dos partidos capaces de gobernar España. Cualquier otra opción es salirse de esta senda segura y, lamentablemente, esto es lo que ha hecho el Gobierno con su pacto de legislatura con PNV y Coalición Canaria. Para Zapatero siempre ha sido fácil recibir con buenas palabras las ofertas de consenso de Rajoy porque las descartaba de antemano. Por eso suena bien, y nada más, que recogiera el guante lanzado por Rajoy, aunque la experiencia obliga a no esperar una reconversión milagrosa del presidente del Gobierno para el diálogo con el PP.

Las cosas han cambiado mucho en estos últimos meses. Especialmente desde el mes de mayo, cuando el Gobierno de España, no España, fue intervenido por Bruselas para aplicar ese ajuste drástico que días antes Rodríguez Zapatero negó a Rajoy. Desde entonces hasta hoy, Zapatero ha recorrido un camino tortuoso que explicaría que este arrebato de sinceridad que tuvo en el Congreso es una tímida rendición ante la evidencia que tantas veces había negado. Se ha acabado 2010 y muchos temores expuestos hace doce meses se han hecho realidad. Otros no, al menos con la gravedad con que fueron expuestos. Pero lo cierto es que no hay recuperación de la actividad económica ni del empleo, y la reducción del déficit, único dato positivo, tiene una causa estrictamente tributaria y de recortes de gasto. Ni crecemos, ni frenamos el paro ni ganamos competitividad.

Si el análisis de la situación económica es pesimista, las aportaciones de Zapatero a la situación política rematan el fin de año. Y si hace unos días jugaba al despiste sobre su futuro, sembrando la confusión y el desasosiego entre sus filas, sus palabras en el Congreso de los Diputados sobre el lustro de reformas —es decir, crisis y sacrificio— sonaban a legado, a anticipo de herencia para quien lo suceda en la presidencia del Gobierno. Tan sorpresivo gesto de lucidez en quien se ha caracterizado por gobernar con el método de la distorsión es propio de las despedidas, que en política se expresan a veces con discursos insólitamente veraces y honrados. Al que venga detrás de mí, ha pensado Zapatero, le espera un lustro de dificultades. Y es muy cierto.

Zapatero se está yendo poco a poco de la realidad de este país, aunque cierre el año con una de las pocas verdades —quizá la única— que ha dicho sobre la crisis económica. El ambiente de orfandad que empieza a rodear al Gobierno es cada día más visible, y se mide mejor en la inquietud creciente de los barones territoriales. Zapatero no tiene que pasar por las urnas, pero ellos sí, y la lección catalana está bien aprendida, salvo por los propios socialistas catalanes, que, al apoyar a Artur Mas a cambio de una política lingüística ultranacionalista, han demostrado no saber por qué sufrieron la mayor derrota de su historia en los comicios autonómicos. Zapatero tiene motivos para plantearse los próximos meses como el epílogo de su paso por el Gobierno, pero tiene responsabilidades que no le permiten instalarse entre la melancolía y la despedida.

ABC - Edotorial

Comunicado trampa. Por Edurne Uriarte

La expectativa de un comunicado del final de ETA se ha instalado en contra de toda evidencia de la banda terrorista.

Se ha llegado en las últimas semanas a la proeza de fabricar un comunicado trampa antes siquiera de tener otra tregua trampa. Y me refiero a la expectativa de un comunicado de final de ETA que se ha instalado en los círculos supuestamente informados en contra de toda la evidencia proveniente de la banda terrorista. Evidencia que es la de siempre, la de la presión para la negociación, últimamente llamada «proceso» en el lenguaje etarra y que es la que dominará el comunicado que salga en las próximas horas o en los próximos días.

Negociación desde la creciente debilidad, pero negociación. Exigencia que ETA no va a abandonar, no solo por el eterno colchón del que le provee el nacionalismo para arrepentirse y ser perdonado cuando le parezca oportuno, sino por los signos de debilidad que le llegan desde el Gobierno y desde diversos círculos sociales. Con la invitación del pase usted de asesino a demócrata que seremos generosos con los detalles de la transición y que ETA convierte en una transición a su medida. Que incluye reivindicación de sus crímenes, vista gorda para los criminales, continuación de los mismos objetivos desde las instituciones y el mantenimiento de la estructura básica del terror para la vigilancia del proceso.

Que de todo eso, diáfano en todos los mensajes de la banda, salga la expectativa de un comunicado de final de ETA, se explica por las esperanzas alimentadas por el Gobierno en los últimos meses. Explícitamente, a través de Egiguren o de las noticias desde las cárceles, Otegi, especialmente, y sinuosamente, a través de mensajes en círculos más restringidos. Sumido en la debilidad y el descrédito como está, el Gobierno necesita imperiosamente el comunicado del final de ETA que le permita salvar al menos una página de esta legislatura. Y aunque no exista, lo imagina, lo sueña, y, cuando se descuida, hasta lo verbaliza.

ABC - Opinión

El agravio de las pensiones. Por Martín Ferrand

Por primera vez los ciudadanos se irritan por una cuestión de principios. ¿Estaremos reaccionando?

SUPONGO que no hay un solo español sensato, sean cuales fueren su posición política y su situación laboral, que no asuma, al menos en la intimidad —como José María Aznar hablaba en catalán—, la urgente necesidad de abordar una reforma profunda del actual sistema de pensiones. Aún así el asunto se presenta como especialmente conflictivo y cabe pensar que inauguraremos el 2011 con algaradas defensoras del insostenible sistema en vigor. Es así porque la Historia acredita que el español utiliza un sistema lógico para el análisis y el raciocinio y otro muy diferente, antagónico, para establecer los cauces de su conducta. Es algo que puede parecer diabólico a un espectador sobrevenido, pero forma parte de la sorda demanda de justicia distributiva y repulsa de los agravios comparativos que anidan en el corazoncito de los ciudadanos comunes.

Consciente de ese estado anímico, el Gobierno del que sigue siendo titular José Luis Rodríguez Zapatero, más lánguido cada día, trata de aplazar el tiempo de las reformas, lo que es temerario, y de producirlas de poco en poco, como los fascículos con los que nos vendieron las enciclopedias o, mejor, tal que los folletines que ilustraban a la mesocracia española antes de que la basura televisiva con patente italiana tratase de secarnos el cerebro con sus abyectos programas en los que la insidia alterna con el mal gusto y el despropósito con la impostura.

Posiblemente el escenario para el debate sobre las pensiones —de paro, jubilación o cualquier otra naturaleza— deberá ser el Pacto de Toledo; pero la degradación que establece la talla mínima de los representantes de los partidos en esa comisión parlamentaria —¡Isabel López i Chamosa es la portavoz del PSOE!— invita a otros marcos y consideraciones. Tampoco importa mucho. La clave de la solución del problema reside en una previa rebaja de la privilegiada situación de los senadores, diputados y altos cargos de la Administración en todo lo que afecta a sus derechos pasivos. Sin ella como pórtico de una reforma sustancial, con sus correspondientes drásticas rebajas, no hay nada que hacer. Ya se advierte la temible ira del español sentado en todo cuanto afecta al caso. El ejercicio de desfachatez de nuestros representantes, que se han apresurado a mejorar su situación en perjuicio y agravio de la nuestra, no es de recibo y puede llegar, con o sin protagonismo sindical, a una movilización colectiva de imprevisibles consecuencias. Por primera vez en mucho tiempo los ciudadanos se irritan por una cuestión de principios previa a la inevitable reducción de derechos adquiridos. ¿Estaremos reaccionando?

ABC - Opinión

Vuelven los almorávides

Nuestra legislación, normas administrativas y hábitos sociales ni pueden ni deben amilanarse ante abusos y majaderías. O dicho de otro modo: ¿por qué se admitió a trámite una denuncia tan surrealista?

La señora mamá del niño contestón y moro de La Línea de la Concepción se llama Jadiya Mrabet y no es que pretendamos encontrar una premonición en el nombre de esta mujer, pero Jadiya fue la primera esposa de Mahoma (y tía) y Mrabet es la forma vulgar marroquí de murabit (almorávide, en español), es decir, los que pelean por el islam en las fronteras, bien fortificados en un ribat. Mas dejemos las filologías y las casualidades por simbólicas que sean y recordemos que las invasiones africanas de los siglos XI y XII (almorávides, almohades) amén de derribar a los corruptos y divididos régulos de las taifas andalusíes, trajeron oleadas de barbarie e integrismo –digamos, para entendernos– y estuvieron cerca de dar al traste con la Reconquista, lo cual hoy en día no podríamos ni lamentar, porque ni nos percataríamos de lo que habíamos perdido al no tenerlo jamás.

En nuestros días, las invasiones se llevan a cabo con métodos más sofisticados y menos espectaculares, aunque tampoco falten ni se excluyan a medio plazo los procedimientos tradicionales de ocupación y degollina, según las latitudes y las circunstancias. En nuestro caso, la inserción, aparentemente pacífica, de poblaciones extrañas (no sólo musulmanes) viene promovida y avalada por intereses económicos locales que no ven más allá de la ganancia inmediata, sin importarles una higa el conflicto que a largo plazo dejan a los países receptores. Fue el caso de la inicua trata de esclavos hacia América en otros tiempos y es también el de Europa –con formas suavizadas, desde luego– que llega a rizar el rizo de la pudibundez eufemística en el término alemán Gasterarbeiter (trabajador invitado). Pero, ojo, que aquí tenemos a Rodríguez y Caldera para bendecir y promover una inmigración de cualquier manera, que hace malvivir a los inmigrantes, de momento (aunque estén a años luz en bienestar respecto a sus países) y crea gravísimos choques para un futuro que ya tenemos aquí.

Hace tiempo que venimos anunciando, advirtiendo y –por desgracia– enumerando ya los incidentes en la relación cotidiana que, de modo inevitable, se iban a producir en cuanto creciera la población inmigrante islámica; como ya decíamos, no por alarde de profetas y estrelleros –esto lo ve cualquiera con alguna información y dotes normales de discernimiento– sino por evitar a nuestro país las tensiones que ya sufren otras naciones europeas. Seguramente, fueron muy suculentos los negocios (acá y allá) que trincaron políticos y empresarios catalanes importando cuatrocientos mil marroquíes, auspiciados por la Generalidad que, de paso, eludía admitir hispanoamericanos, su pánico. Pero eso, sin escapatoria, tiene un precio que se paga en deterioro de la convivencia y la estabilidad, como perfectamente saben los antropólogos sin regalías en lo políticamente correcto, por ejemplo Marvin Harris: toda comunidad –no sólo los musulmanes– endogámica y cerrada sobre sí misma tiende a constituir ghettos, aislándose de la población mayoritaria. Así, a la automarginación sigue la marginación, en un viciosísimo círculo salpimentado con incidentes de mayor o menor gravedad, incluidos lances tan ridículos como "La increíble y triste historia del jamón de La Línea de la Concepción".

Y no abundaré en los comentarios, casi todos acertados y que suscribo, de lectores de Libertad Digital o de otros analistas, en torno al nene, la mamá y los denostados perniles, pero algo hemos de ver con claridad: nuestra legislación, normas administrativas y hábitos sociales ni pueden ni deben amilanarse ante abusos y majaderías. O dicho de otro modo: ¿por qué se admitió a trámite una denuncia tan surrealista?

Libertad Digital - Opinión

Vuelven los almorávides. Por Serafín Fanjul

El barco de los piratas. Por Alex de la Iglesia

«Se necesita cambiar de modelo de mercado. La Red ha cambiado el mundo. Estoy hablando de una auténtica reconversión industrial»

ME llamo Alex de la Iglesia y hago películas. Eso me define. Es mi trabajo. Mis películas no son buenas ni malas, son películas. Además, presido una asociación, sin ánimo de lucro, que busca la promoción y el desarrollo de la cinematografía. No pertenezco a ningún partido ni a ninguna religión. Soy Nihilista Optimista, y me temo que esa tendencia no tiene adscripción política. Intento ser sensato, aunque no lo parezca, sobre todo si han visto mis películas. ¿Qué busco? Intento establecer acuerdos para mejorar las cosas. No cobro por ello. «Este tío es idiota»: es lo primero que tendrán ustedes en la cabeza, y lo comprendo, incluso lo comparto. Desde luego, hablo demasiado.

Otra cosa que me define es que trabajo con el ordenador. Como todos, vivo en internet, soy internauta. Tuiteo, tengo facebook, correo electrónico, y una conexión ADSL que se desconecta a menudo, y que pago religiosamente.

Todo esto lo comento para situarnos. Estos días me he encontrado envuelto en una discusión acerca de la piratería en internet. Parecía que había dos posturas, la de los creadores y la de los internautas. El asunto resultaba peliagudo, porque yo soy creador e internauta. Reflexioné (en la medida escasa de mis posibilidades), sobre el tema, y me encontré con una «falacia», como decía mi profesor de lógica medieval en la Universidad: el problema no está en el enfrentamiento de los intereses de unos y otros, está en los personajes que encauzan los intereses de ambos.

Al parecer hay una gente que cuelga en internet nuestro trabajo, y no lo hace de manera legal. Se llaman piratas. Bien. La gente se encuentra ese material y lo consume. ¿Es eso delito? No. Es lógico. Si es gratis, ¿qué quieren? Si la tienda está abierta, y huelo los pasteles, soy el primero en entrar. ¿Debemos perseguir al que lo hace? No, nadie lo ha pretendido, como, por el contrario, ocurre en otros países. El usuario no tiene la culpa: su ordenador funciona, sin más.
¿La cultura debe ser un bien de acceso universal no retribuido? ¿Somos partidarios del «todo gratis»? Creo que no, y ahora más que nunca. En el caso del cine, opino que nuestro deber es trabajar por su rentabilidad e independencia, y afianzar su aspecto industrial. La piratería no es precisamente una ayuda.

Desde mi punto de vista, esta situación de vulnerabilidad pone en peligro todo el sector audiovisual, que mueve el 4,2 por ciento del producto interior bruto y da empleo a 700.000 personas, con un mercado potencial de 500 millones de consumidores. Me parece razonable, necesario y urgente buscar una solución, y no pasa por culpabilizar al consumidor buscando un enfrentamiento ficticio entre creadores e internautas, sino al que se beneficia de un sistema jurídico ineficaz.

Precisamente, ¿no hay ya una ley que contempla estos casos? Todos sabemos que robar es delito. El problema es que la ley que existe para regular el asunto es predigital, por no decir prehistórica. No es preciso ser un ingeniero de telecomunicaciones para comprobarlo, solo hay que entretenerse cinco minutos en Google y una parte considerable del mercado cultural se encuentra a tu disposición. Libros, discos, películas. ¿Qué hacer?

En nuestro caso, la vida comercial de una película se desarrolla en las primeras semanas de exhibición en salas. La única manera de salvar su vida en los cines es actuar rápido, y siempre con autorización judicial. Para eso se precisa que el perjudicado demande esa actuación, y una vez comprobado que la demanda es legítima, y que existe intención de lucro, enviarla al juez, que decidiría, en menos de cuatro días, según el artículo 20 de la Constitución, si esa medida debe ser ejecutada o no.

Sin la decisión del juez no se prohibiría nada. ¿La propuesta es descabellada? Parece que sí. ¿O no? Posiblemente no se haya explicado con claridad, o no se haya defendido con la suficiente vehemencia. O quizá haya personas que consideren que este procedimiento coarta las libertades, están en su derecho. La conclusión es que no se ha hecho nada. Vivo en un país en el que la excelencia coincide, la mayor parte de las veces, con la no-acción. El virtuoso es el que no actúa, y por tanto, nunca se equivoca.
Lo alarmante es que esta situación puede resultar letal para todos, porque, de alguna manera, el permitir que ocurra algo ilegal termina legitimándolo. Sin ánimo de ofender a los responsables políticos, pienso que permitir acciones ilegales no es una actitud propia de un Estado de Derecho. Busquemos un acuerdo, una manera de satisfacer a todas las partes implicadas. Encontremos nexos de unión.

En este conflicto tenemos a los creadores, a los internautas y, en medio, el mar de ADSL. En ese mar gobiernan los piratas. Las descargas ilegales suponen una parte significativa del flujo de información en la Red, que manejan y cobran las grandes compañias telefónicas, orgullosas de no ver ponerse el sol en su imperio. Si yo vendo algo en mi tienda que no me pertenece, ¿no debería, al menos, intentar evitarlo? Estoy absolutamente convencido de que así lo han hecho, os lo aseguro, pero desgraciadamente, con la misma eficacia que cuando llamo desesperado para que me arreglen mi banda ancha, o cuando intento que me cambien el móvil. Sé que es difícil, y la tarea se me antoja inabarcable, titánica. Sin embargo, hay algo que me resulta tremendamente sencillo de entender: cuando yo no hago nada por mejorar algo es porque me encuentro cómodo. Me encantaría comprobar que esta situación es incómoda para alguien más que para los perjudicados, y que los implicados hacen lo posible por remediarlo.

Somos el segundo país con más piratería del mundo. Quizá sería bueno cambiar esta situación, o al menos intentarlo. Todos queremos que internet sea libre, pero esa libertad no puede construirse sobre algo deshonesto.
Para esto se necesita llegar a acuerdos. He estrenado una película en la que la ira y la intransigencia imposibilitan el amor. Podría resumirse así. En este país nos definimos no por lo que somos, sino por lo que no somos. Es más real estar en contra que a favor.

Busquemos la solución cediendo cada parte, y construyendo entre todos una nueva manera de ver y disfrutar el cine. Se necesita cambiar de modelo de mercado. La Red ha transformado radicalmente la manera de entender el mundo. Estoy hablando de una auténtica reconversión industrial. Necesitamos reaccionar rápido, y no hay tiempo para dar marcha atrás. Intentemos ver lo positivo en las propuestas y corregir los errores. Me da lástima la gente que se planta delante de una obra, apoyada en la valla amarilla, y critica la manera en que se ponen los ladrillos. No somos así. No quiero creer que seamos así.

ABC - Opinión

No sólo espíritu navideño

El último cara a cara parlamentario del año entre Zapatero y Rajoy sorprendió por su tono y sus mensajes. Imbuidos de un «espíritu navideño», se aparcaron diferencias y se mostró la voluntad de alcanzar posiciones comunes en materia económica para defender juntos «los intereses de España» ante la Unión Europea, y conseguir así un mejor «marco financiero plurianual». El líder de la oposición tendió la mano al presidente del Gobierno en una intervención constructiva y razonable que eludió en todo momento la crítica severa, a pesar de contar con sobrados motivos para ello. La voluntad de acuerdo de Mariano Rajoy ha sido una constante en su trayectoria como jefe de filas del PP, aunque el líder socialista haya entendido habitualmente el compromiso y la transacción con el adversario como la imposición de sus tesis y el veto a las populares. El talante exhibido ayer en el debate monográfico sobre el Consejo Europeo celebrado la pasada semana debe ser bienvenido, porque hemos defendido con insistencia la necesidad del entendimiento entre los dos principales partidos en políticas de Estado, algo que, desgraciadamente, ha sido una excepción hasta la fecha por la resistencia y las maniobras del Gobierno. Resulta, sin embargo, poco probable que el «espíritu navideño» de este Pleno perdure; parece más bien transitorio y limitado en principio a las estrategias comunitarias, con ser éstas de gran trascendencia. El horizonte a corto y medio plazo para el país demanda otro tipo de respuestas y actitudes a las mantenidas hasta ahora, especialmente por el Gobierno y el PSOE. El propio Zapatero anunció ayer en el Congreso que España necesitará cinco años para corregir los desequilibrios estructurales de su economía y que ese lustro será decisivo para la prosperidad de los españoles. Se nos anuncia una larga etapa de sangre, sudor y lágrimas, algo que, por otra parte, había sido reconocido y anunciado ya por las principales instituciones nacionales e internacionales. Este intenso baño de realidad, en el que el presidente está inmerso desde que Europa tomó cartas en la política económica española, resulta en sí mismo un avance, pero será necesario articular compromisos mucho más ambiciosos que, de momento, no se atisban. Con el horizonte electoral todavía lejano, y un Gobierno sobrepasado y errabundo, al principal partido de la oposición le corresponde dar los pasos al frente que sean necesarios para sumar esfuerzos y favorecer grandes acuerdos que parecen imprescindibles para recuperar cierta confianza internacional en España y sostener los sacrificios que parecen ineludibles. El PP, desde la oposición por el momento, debe asumir su responsabilidad en un nuevo liderazgo político, que no puede pasar por un Gobierno desprestigiado y sin capacidad ni solvencia para asumir en solitario la colosal tarea que se nos viene encima. Gobierne quien gobierne, toca arrimar el hombro conscientes de que se afronta un desafío nacional y que la alternativa a no emprender esa especie de catarsis política, económica y social será un colapso de impredecibles consecuencias. Que cada cual, por tanto, asuma su deber.

La Razón - Editorial

Zapatero, sí o no

El presidente del Gobierno no puede jugar a las adivinanzas en el decisivo reto de su relevo.

Convertir en adivinanza un eventual relevo a la cabeza de una de las principales fuerzas políticas del país, o del Gobierno, constituye una incomprensible ligereza. Mucho más cuando quien lo hace es el inquilino de La Moncloa y secretario general del partido que encarna la opción mayoritaria en la izquierda española. Tras la última remodelación del Gabinete, Zapatero se ha empleado en propagar unos rumores que, por otra parte, aseguraba querer desmentir. Porque los rumores inevitablemente se propagan cuando un jefe del Ejecutivo acosado por la crisis económica y castigado por las encuestas responde con ambigüedad, más frívola que calculada, a las preguntas sobre su continuidad, según ha venido haciendo hasta ahora Zapatero.

Como presidente y como secretario general de los socialistas, Zapatero está en su derecho de dejar paso a otros líderes de su partido si lo cree conveniente. Pero no de llevar a cabo su decisión como si fuera parte de un juego privado, no de una decisión trascendental que afecta a las instituciones, a la credibilidad del país ante las incertidumbres de la crisis y, también, a los millones de ciudadanos que le dieron su voto. Su particular forma de Gobierno durante los años de bonanza no puede dejar paso a un desprecio de formas elementales en un sistema parlamentario cuando el clima se le ha vuelto adverso. Ni su entorno familiar ni su secreto confidente en el partido socialista están ni más ni menos preparados que la opinión pública para conocer su decisión de continuar o retirarse. Los ciudadanos no son niños a los que hay que entretener con señuelos y trampantojos, sino titulares de una soberanía política cuya representación han depositado en él.

Si Zapatero ha decidido retirarse, hace tiempo que debería haber trazado la estrategia de un relevo que no sería sencillo. La impresión que transmite pretendiendo rodear de gratuito misterio sus palabras es que no dispone aún de esa estrategia. A efectos de la lucha contra la crisis económica, y de las propias expectativas electorales del partido socialista, la apertura de un proceso de primarias en las que Zapatero conservara la secretaría general, pero renunciara a ser cabeza de cartel en las próximas elecciones, resultaría una operación suicida. Tampoco minimizaría los previsibles costes políticos el hecho de que cediera la jefatura del Ejecutivo a otro líder que debería someterse a una incierta investidura parlamentaria. Y la celebración de un congreso extraordinario detraería una atención imprescindible a la tarea de Gobierno.

El callejón sin salida en el que podría estar adentrándose Zapatero se haría manifiesto si, como vaticinan las encuestas, el partido socialista sufriera un importante revés en las próximas elecciones municipales y autonómicas. En ese supuesto, lo que estaría en juego no sería la continuidad de Zapatero o de su Gobierno, o de ambos a la vez, sino el futuro de la opción política que encarna el partido socialista en España. La gravedad de la encrucijada no permite jugar a las adivinanzas.

El País - Editorial

El final que merece ETA

El fin de ETA ha de ser victorioso para la democracia. Sería un sarcasmo sangriento que los genocidas de ETA tuvieran un final tranquilo.

UNA vez más, ETA ha conseguido crear expectación en torno a un comunicado que se daría a conocer de forma inmediata y con el que anunciaría un alto el fuego permanente y verificable. A renglón seguido habrá que preguntarse de qué servirá que ETA anuncie su enésima tregua, cuando es conocido su criterio de que las treguas están al servicio de su estrategia terrorista y de que, por esto mismo, las utiliza para confundir a los demócratas, recuperar fuerzas en etapas de recesión terrorista y hacer hueco a sus sicarios de Batasuna para participar en las siguientes elecciones. De hecho, los terroristas han vuelto a robar en Francia materiales para falsificar documentos y se sospecha que han podido hacerse también con un vehículo. Es una repetición de la farsa de 2005-2007, durante la cual ETA lanzó el señuelo de la tregua y aprovechó para recomponer sus maltrechas filas.

Y aunque fuera cierto que ETA se encuentra en estado terminal, ahora más que nunca hay que tener aprendida la lección de que bajo ningún concepto ETA puede administrar su extinción para procurarse los beneficios que no ha obtenido mientras ha estado asesinando, de que su desaparición ha de ser el resultado de una derrota en toda regla, policial y judicial, y de que su paso a la historia debe estar escrito como el de una pura y simple organización criminal. Por eso, también el final de ETA debe conllevar el de su deslegitimación histórica y social, no con el recuerdo de «activistas» de buena fe que confundieron el romanticismo con la violencia. Simples asesinos, y nada más. Y esta es la responsabilidad del Gobierno vasco presidido por Patxi López, quien sólo va a tener una oportunidad para echar el candado a un tiempo de oprobio nacionalista. Es la oportunidad que debe aprovechar con el apoyo del PP.

El fin de ETA ha de ser victorioso para las víctimas y para la democracia, sin cambiar de estrategia para lograr un magro anticipo de unas semanas o unos meses. Y si la lógica de la ética, del Estado de Derecho, de la justicia, obliga a esperar más, siempre será mejor que dar a los terroristas la última baza, o permitirles el consuelo de decir que acabaron cuando quisieron. Embarcada nuestra Justicia en perseguir los genocidios cometidos en los cuatro puntos cardinales del planeta, sería un sarcasmo sangriento que los genocidas de ETA tuvieran un final tranquilo.

ABC - Editorial