La absolución de «la Historia». Por Gabriel Albiac

La Historia con la que sueñan Rubalcaba y Zapatero se llama ETA. Y ETA marca los tiempos.

UNO se lo imagina con la gracia indolente de un chiquillo. Sinónimo de la perfecta estupidez. Nada con lo que pueda ya sorprender a un espectador adulto. ¿Lo somos? Uno se lo imagina con esa, más que sonrisa, cicatriz de la pétrea inepcia dibujada en la cara. «¿Sabéis? Ya hay dos personas que saben lo de si sigo o no en la Presidencia: mi mujer y otro del partido que no voy a contaros». Uno se lo imagina. Hasta seguro que hubo algún devoto para reírle la gracia. Uno se lo imagina. Sólo aquí. En cualquier país europeo con tradición sencillamente ciudadana, algo así hubiera sido constatado como un insulto. A quienes pagan su sueldo. Que no son ni su santa ni su colegui de cofradía. Que son todos y cada uno de los contribuyentes. Ante los cuales —no ante santa ni colegui— responde. Por deber moral tanto como legal. Ante el Parlamento o ante los medios públicos. Es lo mínimo que a un político se le exige saber en una democracia constitucional: que su vida privada a nadie le compete, y que su responsabilidad pública en nada compete a su familia.

No diré que, en ese rigor de separar lo público y lo privado, espere de nuestros políticos el admirable espíritu espartano con el que el general De Gaulle impuso en el Elíseo la instalación de contadores separados para sus gastos familiares de teléfono y electricidad. Aquí, esas cosas darían a risa. Pero en esas minucias está la democracia. Como la está en el tabicamiento de las cuestiones de Estado al cual la esposa del general se remitía cuando alguien le preguntaba por la actividad presidencial de su marido: «él está casado con Francia. Eso a mí no me concierne». Si alguien no está dispuesto a asumir tal coste, que se dedique a otra cosa. Pero un presidente no puede evacuar consultas de Estado con su señora. Ni con un amiguete. Está haciendo algo peor que una violación de ley. Está burlándose de quienes le pagan sueldo, imagen, grandeza. Con esfuerzos, para muchos, terribles.

Zapatero ha conducido a su partido a una catástrofe ya irremediable. No seré yo el que lamente eso. Bastante tengo con lamentar que nos haya sumido en la ruina a todos y que todos estemos calculando cómo sobreviviremos el día en que Europa se harte de pagar la incompetencia de los socialistas españoles. No ha habido una cosa tan insensata, ni de lejos, en los ya demasiados años que tengo de vida. ¿Qué preocupa al inquilino de La Moncloa ante semejante tragedia colectiva, porque es de una tragedia de lo que estamos hablando, no le tengamos miedo a las palabras? ¿Arreglar mínimamente lo arreglable, aunque sea poco, antes de ser despedido a patadas del poder como un fatídico accidente extremo? Ni por asomo. Convencido él —y convencido su vicario Rubalcaba— de que la destrucción política de ambos es ya inevitable, ambos recurren a un truco viejo como el mundo. El del tirano caribeño que, ante el vagar sombrío de sus cadáveres, invoca el infinito: «¡La Historia me absolverá!». Lo cual, seguro, fue el último pensamiento de Adolf Hitler. O de Stalin. La Historia (con inmensa H mayúscula) nos absuelve siempre. Porque, para cuando llega ya estamos muertos.

ABC - Opinión

Ley Sinde. La "Ceja" se suicida. Por José Antonio Martínez-Abarca

La Ceja, en su leninismo residual, cree que los internautas son una especie de colectivo intoxicado y alienado por la Reacción, que por motivos políticos quiere acabar con la sociedad de progreso y sus correspondientes intelectuales multimillonarios.

Los del "lobby de la ceja", como lo llama este periódico, son tan estúpidos, tan sectarios, tan clausurados y por supuesto tan suicidamente peseteros que por pretender "poner en valor" su obra se van a quedar sin obra. Tengo para mí que las webs de descargas lo que hacen no es robar al creador, sino darlo a conocer. Crearle un mercado que de otra manera no lo tendría. Las webs de descargas le hacen un favor al creador, precisamente al considerarlo y exponerlo al gran público como creador. Si tu obra la conocen cien millones de personas de gratis, puede que diez mil compren lo tuyo luego. Si le cierras lo tuyo a esos cien millones de personas y quieres dirigirte exclusivamente a esos diez mil que pasan por caja, comprobarás que ya no serán diez mil sino, si acaso, diez. Porque los de la Ceja no estaban viviendo del prestigio de sus eximios nombres que sólo ser pronunciados dejan a la masa turulata y dispuesta a cualquier sacrificio por ellos,
sino precisamente de que, aunque todavía no lo sepan, han tenido que renunciar a sus derechos de autor para poder mantenerse en el mercado global como autores.

Si no fuese por las redes de gratis total luego nadie le pagaría a los ramoncines o los bosés por hacer bolos o por salir detrás de una pancarta, porque a ver cuántos pasarían previamente por caja, a veintitantos euros el cedé o el deuvedé, para conocer el legado que dejan a la civilización Occidental. Si creen que el mercado va a volver a ser lo que era cuando no existía internet y, de paso, cuando la gente tenía dinero para gastar en lo suyo, van arreglados. Si alguien ha decretado, con acierto a mi ver, el fin del periodismo tal como se venía entendiendo y la escasez terminal que abruma al sector, no dejemos muy lejos lo que ocurrirá con el "lobby de la ceja" en cuanto no haya otra forma de acceder a lo suyo que rescatar comportamientos pretecnológicos, como pagar un perral por lo que en la mayoría de ocasiones no lo vale en absoluto. La curiosidad de la gente, que es limitada, se mata a golpe de billetera.

La Ceja, en su leninismo residual, cree que los internautas son una especie de colectivo intoxicado y alienado por la Reacción, que por motivos políticos quiere acabar con la sociedad de progreso y sus correspondientes intelectuales multimillonarios, alentando a las masas de "frikis" y "otakus" internáuticos (el nuevo campesinado ignorante según estos revolucionarios), para bajarse sus obras maestras sin pagar. Piensan que, una vez eliminada la intoxicación obligando a las masas ignorantes a que, si quieren seguir la imprescindible evolución artística de nuestros creadores, les sufraguen su quinta o sexta residencia de diseño, todo volverá a su cauce y en la sede de la SGAE se podrá bucear en el dólar como en la piscina del Tío Gilito. Pobres, no se quieren enterar de que su tiempo como exclusivos vendedores de cultura fina pasó, que no se puede detener lo imparable, que sólo se han podido mantener gracias a que se los podía conseguir gratis y que la achuchada contemporaneidad sabrá sobrevivir sin sus imprescindibles ideas. Cuando se den cuenta de su inmenso error y quieran volver a dar lo suyo gratis, a lo mejor ni siquiera así lo colocan.

Libertad Digital - Opinión

La tribu irredenta. Por M. Martín Ferrand

Hemos institucionalizado de tal manera la dualidad nacional que no sabemos vivir sin ella.

ES de temer que esta España nuestra, tan áspera y ceñuda, no tenga remedio. Vamos arrastrándonos por la Historia sin aprender un ápice de nuestra propia y dolorosa experiencia y, siempre con la casa sin barrer, nos ofuscamos con lo accesorio en grave desprecio por lo fundamental. El resultado es una Nación, en la que muchos no quieren que siga siendo solo una, y en la que el sectarismo constituye el eje de simetría del comportamiento colectivo. En ese sentido resulta aconsejable la lectura del último libro de Joaquín Leguina —El duelo y la revancha— que, con el subtítulo de «los itinerarios del franquismo sobrevenido», constituye un lúcido y jugoso ensayo en el que sustento el pesimismo que sirve de penacho a esta columna. Hemos institucionalizado de tal manera la dualidad nacional que no sabemos vivir sin ella y, unos rojos y otros azules —o viceversa—, vamos zurrandonos la badana. Hasta para divertirnos, en la mitad oriental de la Península la fiesta más frecuente es la de Moros y Cristianos y cursa con la liturgia del combate a trabucazo limpio, en el ejercicio de una memoria histórica no decretada por nadie pero aceptada por todos. Cualquier cosa menos convivir en paz.

Ahora, en los difíciles días que vivimos y mientras se materializa el inquietante y creciente antagonismo entre parados y ciudadanos con empleo, algo que puede llegar al paroxismo de los funcionarios-propietarios de su puesto de trabajo, vamos tirando con el enfrentamiento estéril entre un PSOE acéfalo o, peor, con una cabeza artificial y hueca, un cabezón de cartón piedra como las de los festejos populares, y un PP que se nos muere de prudente a la espera de que la fruta del poder madure y les venga, sin riesgo, a las manos. Asistimos a una nueva tensión dual, la de la cultura cristiana, inseparable de la naturaleza y la tradición —no hablo de fe ni religión— españolas, y las exigencias igualitarias de las prácticas musulmanas. Es decir, un modo de ser contra una creencia intolerante.

El caso del niño musulmán de la Línea de la Concepción, tan sutil como para desmoronarse ante la explicación geográfica del jamón de Trevélez, marca un nuevo tiempo. No por el niño y su familia, que siempre hubo tiquismiquis entre nosotros, sino por la fina sensibilidad de la policía y el fiscal que aceptaron, aunque momentaneamente, la hipótesis del jamón serrano como vehículo para la violencia. Aunque Leguina esté todavía en edad de merecer, podría encabezar un «consejo de ancianos» que trate de meter en cintura, a golpes de lectura y empellones de pensamiento, a esta vieja tribu irredenta. Quizás, también, irredimible.

ABC - Opinión

El hijo predilecto. Por Alfonso Ussía

En 1977, con la Ley de Amnistía, los ilusos creímos que los rencores y las heridas de la Guerra Civil iniciaban un proceso de cicatrización. Aquel apretón de manos de Fraga y Sánchez-Montero en el Congreso; aquella inolvidable intervención parlamentaria del dirigente socialista José Prat; todas eran buenas noticias de reencuentro y tolerancia. Carrillo, que fue el mayor defensor de esa Ley de Amnistía –y era lógica su defensa y su prisa–, se convirtió en un personaje clave de la transición política. Como Fraga, como tantos otros con el Rey a la cabeza. En los últimos años, Carrillo ha vuelto a las andadas y se ha convertido, de nuevo, en el portavoz siniestro de la herida putrefacta. La cabra tira al monte, y cada uno es como ha sido, sin vuelta de hoja.

Pero una cosa es el perdón y la amnistía y otra muy diferente el homenaje. No me extraña en absoluto que el socialismo asturiano, y en concreto, el municipal de Gijón, distinga a Carrillo con el nombramiento de Hijo Predilecto de aquella ciudad. El socialismo y Carrillo llevaron en un tiempo vidas paralelas y complementarias. Para una parte de la Izquierda española, asesinar a la gente de derechas masivamente carece de importancia. Lo que me produce estupor es que piensen lo mismo los concejales del Partido Popular. Sólo dos ediles abandonaron el salón de plenos avergonzados por el espectáculo. Pablo González y Dorinda García, curiosamente partidarios de Francisco Álvarez Cascos. La portavoz y presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, felicitó efusivamente a Santiago Carrillo, porque es muy buena, muy moderna y muy suya. O así lo presupongo, porque no la conozco, y a decir verdad, tampoco lo deseo. Doña Pilar pertenece al grupo que va a perder las elecciones en Asturias con la aprobación del Partido Popular.

Escribí, y lo repito, que bienvenido el perdón y la amnistía, pero el homenaje a Carrillo se me antoja soez. La Historia, cuando es mala, se olvida, pero no se premia con el paso del tiempo. Con toda modestia, yo le recomendaría a Pilar Fernández Pardo que, aprovechando una de sus visitas a Madrid, alquile un taxi y visite Paracuellos del Jarama. Se encontrará con un cementerio, un camposanto bien cuidado, y siempre florido. A unos metros bajo tierra están las fosas comunes que guardan los restos de cinco mil españoles asesinados por el Frente Popular. Esa realidad puede perdonarse, pero no se premia. Se han escrito decenas de miles de páginas de los fusilamientos masivos, del genocidio de Paracuellos. Y es curioso que tanto los historiadores de la derecha como de la izquierda coinciden en responsabilizar de aquella matanza –niños incluidos por ser hijos de militares– a quien la señora Fernández Pardo homenajea y felicita. Ningún familiar de los cinco mil asesinados ha intentado vengarse de Carrillo, pero de ahí a sentirse satisfechos con su homenaje, media un largo trecho marcado por el dolor y la tristeza. Lo ha dicho, con desparpajo, la alcaldesa socialista de Gijón, Paz Fernández Felgueroso. «A Carrillo se le reconoce su calidad personal y el ejemplo de una larga vida en la que ha mantenido con coherencia sus ideas y la búsqueda de un país mejor, más libre y más justo para todos». Me figuro que la alcaldesa de Gijón habrá querido decir que más justo para todos menos para cinco mil personas, todas ellas asesinadas en las frías madrugadas del otoño de 1936, con el beneplácito del Hijo Predilecto de Gijón. Enhorabuena a las Fernández. A la Pardo y a la Felgueroso.

La Razón - Opinión

Una retirada anunciada. Por José María Carrascal

Tenemos ante nosotros quince meses malos para España y peores para el PSOE.

NO sé qué opinarán ustedes del anuncio del presidente de que ya ha decidido si se presenta o no a la reelección, con sólo su mujer y un compañero de partido conocedores del secreto. Para mí, la cosa está clara, bueno, todo lo claras que pueden estar con José Luis Rodríguez Zapatero: no se presentará. Y no por lo que dicen las encuestas, a las que sólo hace caso cuando le favorecen, ni por las presiones de los barones socialistas, a los que hace aún menos caso. La razón de que no se presente se le escapó a él mismo: porque «el próximo año será malo», dijo. Era su última esperanza. Que la recuperación llegase en 2011. La había anunciado un montón de veces. Pero no va a llegar. Puede incluso que 2011 sea peor que 2010. Así que ha decidido no presentarse, y hasta imagino como lo anunciará: «para dedicar todo mi tiempo y esfuerzos a superar la crisis». O sea, que se sacrifica por nosotros y tenemos que agradecérselo. Con ello espera matar dos pájaros de un tiro: desviar hacia su posible o posibles sucesores todos los palos que iban a caer sobre él y buscarse la salida lo más digna posible dadas las circunstancias. Ahora bien, si ocurriese un milagro —una luz al fondo del túnel económico, la rendición de ETA—, no descarten verle de nuevo en la palestra, exhibiendo esos méritos. Pero esas posibilidades son tan remotas que incluso un optimista antropológico como él parece haberlas descartado.

Lyndon Johnson hizo algo parecido en 1968, cuando anunció que no se presentaría a la reelección para dedicarse a acabar la guerra en Vietnam, dejando como sucesor al vicepresidente Humphrey. No consiguió ni lo uno ni lo otro. Humphrey fue derrotado y Nixon acabó la guerra. Aunque hay enormes diferencias entre Estados Unidos y España, en este caso no crea que las haya. Quien sea el sucesor de Zapatero tendrá que cargar con su herencia, a la que se añade una crisis que en España toma aspectos dramáticos. Si elige a alguien de su equipo, se le acusará de haber contribuido al desastre. Si elige a alguien fuera de él, lo primero que tendrá que hacer es renegar de la herencia recibida. Aparte de la dificultad de encontrar a alguien dispuesto a ello, aunque hay políticos que se apuntan hasta a un bombardeo. Y si lo deja decidir al partido, la lucha dentro de él por la sucesión lo dejará herido de muerte, como ocurrió tras la era González.

Tenemos ante nosotros quince meses malos para España y peores para el PSOE. Si Zapatero cree que podrá aliviarlo anunciando su retirada a plazo, se equivoca. En realidad, está reconociendo su impotencia y su poder se irá desvaneciendo. La única forma de hacer un favor al país y al partido hubiese sido haber anunciado su retirada al darse cuenta de sus errores, pero la desperdició, posiblemente al no considerarlos errores. Incluso hoy.

ABC - Opinión

Vacas flacas. Las ventajas de ser un tertuliano progre. Por Pablo Molina

Cuando hay dinero se forran con las administraciones socialistas y cuando escasea se enriquecen aún más gracias a las controladas por el PP..

Corren tiempos duros para todas las profesiones, pero muy especialmente para aquellas que tienen su fuente principal de ingresos en los presupuestos de los organismos públicos, como los mayoristas de medicamentos, los restaurantes de lujo o el tertuliano medio especializado en televisiones públicas.

Hay una especie de justicia poética en el hecho de que sean el partido y el político que llevan seis años jaleando de forma profesional quienes estén a punto de llevar a la ruina a esta fiel infantería mediática a consecuencia de la catástrofe financiera en que han sumido a todo el país. A partir del año próximo, los tertulianos progresistas deberían verse obligados a diversificar sus actividades y encontrar alguna empresa privada rentable que quiera hacerse con sus servicios, que es exactamente lo que hacen de forma habitual todos los opinadores que no abrevan en los caudalosos arroyos financiero-mediáticos gestionados por el PSOE.

Sin embargo no ocurrirá nada parecido, porque para eso están las empresas mediáticas controladas por el Partido Popular en las comunidades autónomas en que gobiernan, siempre dispuestas a acoger al tertuliano de izquierdas con tanto cariño como desprecio dedican al liberal que han tolerado en sus programas cuando había vacas gordas y se podía fingir cierta pluralidad opinadora.

Los bolos regionales que los equipos habituales de tertulianos han venido protagonizando semanalmente van a cambiar de frecuencia y de composición, al menos en lo que corresponde a las televisiones controladas por el PP. No es que antes tuvieran el detalle habitual de contar con intelectuales que defendieran los valores y principios de sus votantes, más allá de una cuota residual, preferentemente indígena, a modo de concesión a cierto exotismo ideológico, pero una vez que el dinero se acaba, es evidente que los últimos miles de euros van a ser entregados a sus adversarios mediáticos más radicales, a ver si aplacan su ira progresista durante los meses que quedan hasta las elecciones.

Los tertulianos progres tienen la elevada misión de hacer entender al populacho que las brutales agresiones al bolsillo de los más débiles que va a perpetrar el PSOE son única y exclusivamente por su bien, y en esa distinguida tara siempre van a encontrar el rendido apoyo de las radios y televisiones controladas por los populares, cuya sagacidad para la batalla mediática ha sido, es y será siempre proverbial.

Cuando hay dinero se forran con las administraciones socialistas y cuando escasea se enriquecen aún más gracias a las controladas por el PP. Estén atentos los próximos meses a la parrilla de su televisión autonómica si viven en una comunidad gobernada por el PP. Ya verán qué cosas, ya.

Libertad Digital - Opinión

Zapatero Privé. Por Edurne Uriarte

En grave crisis, es una irresponsabilidad la conversión del asunto del liderazgo de Zapatero en algo privado.

Así titulaba Juan José Millás un lujoso despliegue de exaltación de la personalidad de Rubalcaba publicado en un dominical. Convertido Rubalcaba en personaje glamouroso de las páginas de entretenimiento del fin de semana. Y así se ve Zapatero a sí mismo, seguramente desde el inicio de su primer mandato, cuando saboreó los placeres del protagonismo de los medios de comunicación y de la sumisión de su entorno. Como una estrella mediática y no como un político dependiente de las exigencias de los ciudadanos y de las necesidades de su partido.

Por eso trata su posible sucesión, «ya lo he decidido, lo saben mi mujer y una persona del partido», como si fuera un asunto privado, quizá un proyecto profesional, un cambio de residencia o, simplemente, un viaje de navidad. Completamente ajeno, el mal del poder, al hecho de que su continuación o sucesión es un asunto nacional que concierne a todos los ciudadanos. Y que no debería depender de su voluntad sino, sobre todo, de la voluntad de esos ciudadanos.

En una situación de grave crisis nacional en la que el cuestionado y maltrecho liderazgo de Zapatero es uno de los ingredientes de esa crisis, es una irresponsabilidad, no ya una frivolidad, la conversión de su liderazgo en un asunto privado. En intimidades que comparte con su mujer, con su amigo más cercano, mientras la crisis sigue ahogando a un país atrapado en sus decisiones y en su poder.

Al igual que su propio partido, por otra parte. Pero ese es otro asunto que sí está en manos de ese partido, si así lo desea y decide. Pues la disciplina y el inmenso poder otorgado al líder son mecanismos para el funcionamiento eficaz que se pueden dejar en suspenso, cuando el líder en cuestión va camino de hundir al partido. Destruidas las expectativas electorales, erosionada la marca, mientras el responsable alimenta su particular Zapatero Privé.

ABC - Opinión

Propiedad intelectual. Sinde. Por José García Domínguez

Aquí, nunca se ha querido pagar por la música, por la creación literaria, por el pensamiento genuino, por los productos todos del espíritu, porque, en el fondo, se presume que esas fruslerías nada valen.

No pueden evitarlo. Llegada la hora de la verdad, a los nanonacionalistas, igual vascos que catalanes, les sale el español castizo que llevan dentro. De ahí su aval en las Cortes al hurto impune de los frutos del talento ajeno, el hábito celtíbero quizá más ancestral; esa variante del secular bandolerismo hispano que de un tiempo a esta parte causa furor en las serranías de internet. Y es que, aquí, nunca se ha querido pagar por la música, por la creación literaria, por el pensamiento genuino, por los productos todos del espíritu, porque, en el fondo, se presume que esas fruslerías nada valen. De siempre ha habido en el español una indocilidad profunda ante el genio individual, un desprecio por lo intelectual y los intelectuales que se remonta a muy atrás en nuestro eterno andar desacompasado con la Europa ilustrada.

A fin de cuentas, "¡Que paguen ellos!", el grito de guerra de la chavalada cibernética, no deja de suponer un sucedáneo de la más triste necedad de Unamuno, el célebre "¡Que inventen ellos!". Por algo, en pocos sitios se copia, plagia y fusila con la alegre desvergüenza que rige en este pobre erial para tales menesteres. Como en pocos le espetan "Qué bien vives" al escritor que sufre a diario con tan de componer su obra sin refocilarse en el lugar común. Pues el español está íntimamente persuadido de que el ingenio, la agudeza o la perspicacia no tiene relación alguna con el esfuerzo, el trabajo y la disciplina.

Son las musas, de suyo tan caprichosas, quienes pergeñan la gran novela, el ensayo deslumbrante o la balada conmovedora. El autor apenas es uno que tuvo la dicha de pasar por allí y tropezarse con la criatura recién nacida. "Si yo tuviera tiempo, haría una novela", propalan al alimón el cantamañanas y el perito en la barra del bar. No realizarían una operación de córnea ni tampoco dibujarían el plano de un rascacielos, pero, de consuno, cometerían una novela. Es sabido, disponiendo de algunos ratos libres, tamaña minucia resta al alcance de cualquiera. Desengáñense, en fin, los ilusos: no hay dos Españas, nunca las ha habido. Solo hay una, la que, cuando no anda ocupada devorándose a sí misma, se consuela estafándose.

Libertad Digital - Opinión

Camaleones. Por Ignacio Camacho

La patronal ha solucionado su problema de liderazgo pero mantiene el de su representatividad.

LA patronal española venía arrastrando dos graves problemas funcionales, uno de liderazgo y otro de representatividad. Con el relevo del cuestionado e insostenible Díaz Marsans ha solucionado el primero pero sigue pendiente el segundo; el jefe de los empresarios se elige por cooptación y gobierna una compleja organización —¡con 21 vicepresidencias!— de escasa eficacia en la que el verdadero poder lo tienen las entidades territoriales, de donde procedían los dos candidatos enfrentados ayer. (Algo pasa en nuestro sistema público cuando la mayoría de sus agentes colectivos, incluidos los partidos políticos, no resultan permeables a la democracia interna). El pequeño tejido industrial vive al margen de ese dudoso mecanismo de representación y el alto empresariado está acostumbrado a puentear a su estructura corporativa para relacionarse directamente con un poder sabe a quién dirigirse cuando lo necesita; González y Aznar tenían reuniones periódicas con una docena de patronos de grandes compañías, y Zapatero dejó a la CEOE fuera de su reciente cumbre con la cúpula del Ibex. Para los intereses de las empresas importantes resultan más operativos los almuerzos en Moncloa.

Alejada de la realidad de sus representados por arriba y por abajo, la patronal se ha convertido, como los sindicatos, en una enorme maquinaria orgánica a merced de las derramas clientelares que emanan de las instituciones. No puede ser una casualidad que los dos contendientes de la CEOE vengan de organizaciones acostumbradas a entenderse con los poderes autonómicos. A Herrero, el derrotado, lo ha tumbado su sintonía con el virreinato socialista andaluz, que engrasa con subvenciones y fondos públicos la anuencia de la CEA a una política incapaz de levantar el tejido productivo en la región con más paro de España. A Rosell, el triunfador, se le vio no hace mucho en una manifestación de rebeldía organizada por el establishment nacionalista contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Ambos son fieles practicantes de la doctrina que el difunto Álvarez Colunga, antecesor de Herrero, definió de forma tan tosca como sincera: «Los empresarios han de ser como camaleones que se vuelven del color del que gobierna».

Ese talante de dependencia será útil para los intereses corporativos pero dudosamente beneficiará a los cientos de miles de empresarios que viven la angustiosa realidad socioeconómica sin reconocerse en las estrategias de su cúpula directiva. Al fin y al cabo Colunga, aficionado al flamenco, conocía bien el cante que Antonio Burgos colocó en el frontispicio de su esencial ensayo «Andalucía, ¿Tercer Mundo?» y que resume la triste consecuencia de su método adaptadizo y de su observancia complaciente: «Desgraciaíto el que come / el pan de manita ajena; / siempre mirando a la cara / si la ponen mala o güena».

ABC - Opinión

La «piratería» gana

El debate parlamentario de ayer sobre la mal llamada «Ley Sinde» se convirtió en un cúmulo de despropósitos, urgencias y negociaciones desesperadas que retratan la improvisación del Gobierno y, en especial, de la ministra de Cultura, que ha sido incapaz de sacar adelante en el plazo previsto una reforma tan fundamental para los creadores y autores españoles. El PSOE no ha sabido articular un consenso alrededor de un asunto tan trascendente para la cultura española. Tampoco los demás partidos han actuado con mayor responsabilidad y la altura de miras que exige una reforma en la que están en juego derechos básicos. Quien gana, al final, es la piratería, y salvo que unos y otros, Gobierno y oposición, reconduzcan este desaguisado y pacten sin demora un acuerdo, se habrá desperdiciado una gran ocasión para poner coto a lo que es un abuso intolerable en cualquier país democrático. Encajada como disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible, esta iniciativa establecía la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual para tramitar las denuncias contra las webs que enlacen con videojuegos, música, películas y programas protegidos por los derechos de autor. Para garantizar los derechos de los afectados, la tutela judicial corría a cargo de la Audiencia Nacional, la cual debería tramitar las denuncias en un plazo de cuatro días. El planteamiento era perfectamente asumible, pero la ministra llegó ayer al Congreso sin hacer los deberes y el varapalo que sufrió la desautoriza para seguir en el cargo. No es, sin embargo, la única responsable del fiasco. La mayor responsabilidad corresponde al PSOE que, como grupo mayoritario, debería de haber sido capaz de mostrar una más decidida voluntad política y, sobre todo, sentido de Estado para resolver un grave problema que está por encima de las ideologías o los colores partidistas. Argumentan sus acérrimos enemigos que la «Ley Sinde» supone un ataque a la libertad de expresión. La acusación no se sostiene mínimamente en pie, pues no es el intercambio de opinión o de información lo que se regula, sino el tráfico de productos comerciales e intelectuales que tienen dueño y pagan sus impuestos, como los de cualquier gran almacén. Nada deberían temer los que actúan de forma respetuosa con los derechos de los demás, entre ellos el de autor. El vacío legal que ha existido hasta ahora no puede ser el clavo ardiendo al que se agarran quienes se han enriquecido a costa del talento ajeno y el esfuerzo de terceros. Quien se lucra de este modo tiene un nombre muy expresivo: pirata. Y España figura a la cabeza mundial de la piratería en internet, lo que acarrea grandes pérdidas a nuestra economía y nos convierte para los inversores y comerciantes en un país indeseable donde impera la barra libre. Baste recordar que durante el primer semestre del año el fraude superó los 5.200 millones de euros, cuatro veces más que las ventas legales. No sin razón, países como EE UU, Gran Bretaña o Francia no desaprovechan ninguna oportunidad para denunciar la pasividad española ante la piratería en internet. Urge una normativa razonable que nos homologue a Europa y asee la pésima imagen que tiene España en los mercados internacionales.

La Razón - Editorial

Golpe mortal

El Gobierno fracasa con la 'ley Sinde', que busca defender la propiedad intelectual en la Red

La llamada ley Sinde no consiguió ayer en el Congreso, tras un acalorado debate y múltiples negociaciones, el apoyo suficiente para cerrar su tortuoso recorrido, durante el cual se han ido dañando los argumentos de quienes la apoyan tal y como está concebida. Colocarla encapsulada en una disposición adicional dentro de la Ley de Economía Sostenible pareció, de entrada, una operación de enmascaramiento. Y es difícil explicar tanta prisa y atropellamiento cuando el debate y el problema llevan abiertos mucho tiempo.

Cabe pensar que las reiteradas broncas de las autoridades norteamericanas sobre la desprotección española ante la llamada piratería, y las gestiones diplomáticas desveladas con los papeles de Wikileaks, apremiaron al Gobierno, que tiene entretenida desde hace excesivo tiempo una reforma a fondo de la Ley de Propiedad Intelectual en el contexto de la sociedad digital.

El planteamiento del Ejecutivo era claro. No perseguir al internauta que realiza la descarga o disfruta en línea del contenido protegido, como sucede en Francia, sino al sitio que lo facilita. Indudablemente, la propiedad intelectual merece protección dentro y fuera de Internet. Pero la industria quiere evitar que Internet sea una herramienta de vulneración de tales derechos y quiere que se haga exclusivamente con leyes, algo que si falta capacidad de convicción no conseguirá el objetivo que buscan. Se puede cerrar webs, pero los circuitos alternativos son muchos y difíciles de cortocircuitar solo con una ley. La industria no puede pretender poner cerrojos en Internet y mantener a la vez su modelo de negocio sin tener en cuenta los cambios que se han producido.

La ley tiene dos puntos conflictivos. Uno es la desconocida composición de la Comisión, dependiente del Ministerio de Cultura, que debe examinar las denuncias presentadas por los titulares de los derechos de autor y, en su caso, tramitar el procedimiento ante la Audiencia Nacional. El segundo es el papel reservado a la Audiencia Nacional, cuyos jueces deberán resolver en cuatro días si procede el cierre de la web acusada. El juez no debe entrar en el fondo de la cuestión, sólo contemplar si la medida afecta a derechos fundamentales. Es decir, el análisis judicial del caso se pospone a la decisión posterior de otros tribunales por la vía del recurso, cuando el sitio denunciado ya ha sido cerrado. Cualquier decisión por parte de los tribunales ordinarios que se opusiera al cierre avalado por la Audiencia Nacional conllevaría una rectificación tardía y difícil de evaluar.

No tiene defensa posible un Internet libre en el que quepan conductas delictivas. El ciberespacio no debe ser ajeno al Estado de derecho, y quienes lo vulneran no pueden tener patente de corso. Pero a la vez hay que asegurar una definición clara de los supuestos perseguibles, una graduación de las sanciones acorde con la gravedad de la infracción, y un proceso con garantías cuando lo que está en juego es el cierre definitivo de un sitio.

El País - Editorial

Un Gobierno insostenible y sinde... coro

Lo que ya ha quedado en evidencia es la insostenible soledad de este Gobierno y su empecinamiento por satisfacer sus pulsiones liberticidas tanto como a minoritarios grupos que le han apoyado electoralmente en el pasado.

A pesar de sus denodados esfuerzos por encontrar apoyos de última hora y a pesar de los cinco aplazamientos que para ello ha sufrido su votación, el Gobierno finalmente no ha podido evitar el rechazo de todos los partidos de la oposición a la llamada "ley Sinde" en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso. El más elemental sentido del decoro democrático debería llevar a la ministra de Cultura a presentar su inmediata dimisión y al Gobierno a renunciar a esa parte de la Ley de Economía Sostenible que ahora irá al Senado, en donde se debatirá en el primer pleno del año de la Cámara Alta, el próximo 18 de enero.

Si el Gobierno creía que bastaba con invocar la innovación, el respeto al medio ambiente, el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades o la cohesión social para que la Ley de Economía Sostenible se convirtiera en un instrumento concreto y eficaz para combatir la crisis económica, con la llamada "ley Sinde" ha tratado de colar en este inútil, confuso y disperso batiburrillo de presuntas buenas intenciones un peligrosísimo mecanismo de censura en internet, con la excusa de preservar los derechos de autor y la propiedad intelectual.

Ninguna valoración menos crítica merece, ciertamente, esta mal llamada "ley antidescargas", que pretendía crear una comisión dependiente del Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, encargada de establecer qué páginas web violaban la ley de propiedad intelectual. La disposición apenas decía nada sobre la composición y los detalles de tal comisión, que se dejaban a un "reglamento" que se iba a aprobar con posterioridad. La falta de seguridad jurídica y la amenaza que ello implicaba para la libertad de expresión en internet apenas se reducía con la intervención de la Audiencia Nacional, a la que se daban tan sólo cuatro días para que se pronunciara ante el cierre de unas paginas web que podía solicitar de forma cautelar dicha comisión, de cuya composición y funcionamiento –insistimos– nadie sabía nada.

Téngase en cuenta, además, que hasta ahora nada ha impedido a ningún ciudadano apelar a los tribunales si cree que determinada página web viola la ley de propiedad intelectual o cualquier otra ley de nuestro ordenamiento jurídico. La cuestión, sin embargo, es que los tribunales, para pronunciarse con conocimiento de causa y ante cuestiones que tanto pueden afectar a derechos fundamentales como la libertad de expresión, han requerido mucho tiempo más que el ridículo plazo que ahora le concedía la ley, afortunadamente, rechazada. La cuestión también es, tal y como oportunamente ha recordado el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, ante los micrófonos de esRadio, que dichos tribunales se han pronunciado, en todos los casos, a favor de la legalidad de la webs denunciadas. Si el Gobierno, a la luz de estos sobreseimientos o sentencias absolutorias, considera que los derechos de autor no están bien protegidos –cuestión, por otra parte, muy discutible–, lo que debería haber hecho es modificar la ley de propiedad intelectual, y no crear –tal y como pretendía– un comisariado político que coarte la tutela judicial efectiva que corresponde a los tribunales de justicia.

Finalmente, y con total independencia de lo que pase ahora en el Senado, lo que ya ha quedado en evidencia es la insostenible soledad de este Gobierno y su empecinamiento por satisfacer sus pulsiones liberticidas tanto como a minoritarios grupos que le han apoyado electoralmente en el pasado (por ejemplo el llamado "sindicato de la ceja"). No negamos que, tirando de chequera, el PSOE pueda obtener más adelante el apoyo de algún grupo nacionalista que ahora le ha dado la espalda. Pero ello sólo contribuirá a prolongar un poco más la agonía de un Gobierno y, sobre todo, de una ministra de Cultura vaciada ahora de toda competencia. Cada día que pasa, cada humillación adicional a las que se someten y a las que someten a todo el país, queda claro que el Ejecutivo socialista es lo realmente insostenible para nuestro país.

Libertad Digital - Opinión

La frivolidad de Zapatero

Su manera de sembrar incógnitas sobre sí mismo y la estabilidad política de su Gobierno es grotesca y demostrativa de que se siente fuera de la realidad.

EN plena crisis económica y con un futuro inmediato rodeado de incertidumbres en todos los frentes, el presidente del Gobierno ha contribuido de forma frívola a avivar el debate sobre su posible sucesión como candidato socialista a La Moncloa en 2012. Dirigiéndose a un grupo de periodistas durante la copa de Navidad, dijo Zapatero que solo su mujer y un miembro del PSOE sabían cuál era su decisión al respecto. Esta manera de sembrar incógnitas y enigmas sobre sí mismo y la estabilidad política de su Gobierno es grotesca, pero demostrativa de que Zapatero empieza a sentirse fuera de la realidad. Ningún gobernante comprometido seriamente con su función desliza estos mensajes en tiempos críticos, salvo que le satisfaga el gallinero que empieza a montarse en su partido por la lucha sucesoria. Con quince meses por delante hasta las elecciones de 2012 y con un pacto con nacionalistas que le permitirá, teóricamente, acabar la legislatura, Zapatero aparenta asumir su fin de ciclo y contempla desde la barrera los primeros movimientos de barones y dirigentes socialistas, que oscilan entre el oportunismo para ajustar cuentas pasadas y la ansiedad por el revés electoral al que los conduce el presidente del Gobierno. Si Zapatero ha interiorizado que no será candidato en 2012, debería actuar con sensatez, protegiendo la estabilidad política de su Gobierno y ejerciendo su autoridad como secretario general del PSOE para evitar carreras anticipadas por la candidatura socialista.

El problema es que este proceder de Zapatero, dando rienda suelta a especulaciones, revela su desafección, casi una falta de respeto, por la situación del país. Además, empuja a su partido a un debate en estos momentos estéril, porque es evidente que Zapatero no está en condiciones de designar a dedo a su sucesor. Sus dos derrotas más recientes, la interna en la Federación Socialista Madrileña y la externa en Cataluña, lo han despojado de peso suficiente para hacer una transición personalizada. La sucesión se prevé así conflictiva y en el marco de un Congreso extraordinario, opción verosímil, especialmente si se confirma la debacle socialista en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, una derrota que, por otro lado, se apuntará en el debe de quienes ya aparezcan ante la opinión pública como sucesores de Zapatero, lo sean o no de verdad. Y la derrota desgasta, como se ve en las encuestas más recientes, que reflejan la desaparición del «efecto Rubalcaba», deglutido por la crisis económica, el varapalo catalán y la falta de proyecto político en la acción del Gobierno.

ABC - Editorial

Crisis. ¿Qué nos ocultan sobre las cajas de ahorros?. Por Emilio J. González

Aquí alguien tendría que empezar a dar explicaciones y alguien a pedirlas. Por desgracia, como todos los partidos controlan cajas de ahorros, se impone la ley del silencio mientras los responsables de este desastre se van de rositas.

Estos días hay bastantes nervios en el Ministerio de Economía y en el Banco de España a causa de las cajas de ahorros. Prueba de ello es, por ejemplo, la decisión de ampliar el FROB, el fondo de rescate de entidades financieras, más allá de su vencimiento el próximo 31 de diciembre, o la agobiante insistencia del supervisor bancario de que las cajas culminen sus procesos de fusión antes de Nochebuena. ¿Por qué tantas prisas? ¿Por qué seguir manteniendo el instrumento de salvación financiera de las cajas si, por lo que parecía, ya nadie lo necesitaba? "Algo huele a podrido en Dinamarca", como diría Hamlet, solo que en España.

Ahora a todo el mundo le entran las prisas para que culminen las fusiones de cajas de ahorros que ya estaban en marcha. Es más, el Banco de España está urgiendo a las entidades embarcadas en este tipo de proyectos, en especial a todas aquellas –la mayoría– embarcadas en las llamadas fusiones frías, a que adelanten en varios años –o sea, a que lo hagan ya–, la puesta en común de sus resultados, que es lo que debe servir para que las pérdidas de unas sean absorbidas por los beneficios de otras. En consecuencia, algo ha cambiado en el escenario para que haya que adelantar, y tanto, lo que estaba planificado para un periodo de tiempo más largo. En parte, la causa reside en los anuncios que empiezan a hacer las agencias de calificación acerca de una nueva rebaja del ‘rating’ de España. Y es que por mucho que Zapatero se empeñe en ampliar la edad de jubilación, la cuestión de las pensiones es el problema presupuestario de mañana, no el de hoy, el cual sigue sin atajarse. Si esa degradación de la nota de nuestra deuda pública se produce, las cajas, como los bancos y las empresas, pagarán las consecuencias porque su financiación será más cara y tendrán más dificultades para obtener recursos en los mercados. Al final, el desgobierno de nuestra economía va a terminar por hundir a todos.

No obstante, lo de la rebaja del rating no es suficiente para explicar los nervios que, de repente, les han entrado a unos y a otros en relación con las cajas de ahorros y sus fusiones. Aunque haya empezado a manifestarse en las últimas semanas, lo de la nueva rebaja del ‘rating’ a España es algo que ya viene de lejos, porque las agencias de calificación dejaron la puerta abierta en este sentido y porque en la política española contra la crisis, ajuste presupuestario incluido, no ha cambiado nada sustancial. Así es que esto es algo que no debe de coger por sorpresa a nadie, lo cual lleva a pensar que hay algo más detrás en todo este feo asunto de las cajas.

Lo que se empieza a comentar es que los agujeros que muchas de ellas tienen dentro son mucho más importantes de lo que, en principio, se había estimado y ahora empiezan a salir a la luz, justo en vísperas de que las cajas de ahorros tengan que refinanciar una cantidad muy importante de la deuda que han emitido en los últimos años. Y la pregunta es cómo ha podido pasar esto. Porque se supone que tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía están encima de ellas para evitar su crisis y, por tanto, hace tiempo que deberían de haber sabido cuál es su verdadera situación. Sin embargo, parece que les ha cogido por sorpresa, lo cual resulta bastante inexplicable excepto si los dirigentes de las entidades en dificultades no han dicho toda la verdad acerca de las mismas y ahora ya no les queda más remedio que comenzar a aflorar toda la podredumbre que han atesorado en los últimos años.

Dadas las circunstancias, aquí alguien tendría que empezar a dar explicaciones y alguien a pedirlas. Por desgracia, como todos los partidos controlan cajas de ahorros, se impone la ley del silencio mientras los responsables de este desastre se van de rositas. No debería de ser así porque si las cosas están peor de lo que se ha dicho, el crédito a empresas y familias se va a restringir todavía más y, con ello, cualquier atisbo de recuperación económica se va a cortar en seco. El Gobierno decía recientemente que la situación de España no tiene nada que ver con la de Irlanda. Ahora hay que empezar a dudarlo.

Libertad Digital - Opinión

¿Será posible acabar con el régimen socialista andaluz?. Por Federico Quevedo

Desde hace meses, distintos sondeos de opinión vienen apuntando un importante cambio de tendencia en la elección de los ciudadanos andaluces de cara a los próximos comicios autonómicos, a celebrar, en principio, en marzo de 2012. Ayer, sin embargo, fue la encuesta del IESA, algo así como el CIS andaluz -es decir, un instituto oficial- el que ofreció unos datos muy reveladores, según los cuales si hoy hubiera elecciones anticipadas en Andalucía el PP las ganaría con una distancia sobre el PSOE de más de 9 puntos, y se quedaría muy cerca de la mayoría absoluta. Es verdad que se trata de un sondeo, y hay que darle el valor que tiene: el de marcar una tendencia que luego puede verse reflejada en las urnas, o no. Pero también lo es que el estudio ofrece algunos aspectos interesantes más allá del mero hecho de adelantar un posible escenario post electoral. Aspectos como el de que más de un 70% de los andaluces quieren que se produzca un cambio de Gobierno, y que son más los andaluces que quieren que gane el PP que los que quieren que gane el PSOE. Pero aún más significativo es el hecho de que más de siete de cada diez andaluces consideran muy negativa la situación de su comunidad, porcentaje que se eleva a más del 80% cuando se les pregunta de manera específica por la situación económica. Así, no es extraño que siete de cada diez andaluces desapruebe la gestión de Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno.

Esos son los datos, fríos, objetivos e incuestionables. Ahora cabe hacer la oportuna reflexión, en la que ustedes podrán estar o no de acuerdo, pero creo que es un hecho bastante evidente que, en primer lugar, el sondeo coincide con la percepción global de que en las próximas citas electorales se puede producir un tsunami de cambio a favor del Partido Popular. Un cambio que lleve al Partido Socialista a perder el poder en feudos tan tradicionales y arraigados como son Andalucía o el municipio de Barcelona. ¿Por qué? Es evidente que la situación general de España le está pasando una factura muy importante al PSOE, y ese es el temor que ahora mismo invade a los principales barones socialistas los cuales, tras lo ocurrido en Cataluña, están poniendo sus barbas a remojar. Ahora bien, ¿se trata solo de un castigo por la situación económica? Yo creo que no, y esto sí que es una opinión subjetiva, pero tengo la impresión de que, además de la influencia que tiene en la opinión del ciudadano la negativa situación económica, también influye un hartazgo considerable de los modos y maneras de gobernar del partido socialista y, en definitiva, los ciudadanos quieren abrir algunas ventanas para que entre un poco de aire fresco en sus vidas. Y en el caso de Andalucía esto es especialmente sintomático, porque allí el PSOE ha gobernado como si fuera su particular cortijo, con una prepotencia y un abuso de poder muy notables, con un sectarismo que roza la intransigencia, y con un mecanismo de compra de votos -el PER- que en cualquier democracia que se precie no pasaría la prueba del algodón del Estado de Derecho.

«Todo apunta a que, como ya ocurriera una vez de la mano de Soledad Becerril, la derecha pueda volver al poder en el Ayuntamiento de Sevilla, lo que supondría un duro golpe para los socialistas, dado que la capital andaluza es uno de sus ‘feudos sagrados’.»

Los ‘no críticos’ con el régimen socialista andaluz se agarran a que casi ninguna de las denuncias que se han hecho sobre la corrupción en aquella comunidad ha fructificado. Y es cierto. Pero también lo es que eso ha sido posible gracias a un entramado perfectamente dirigido y diseñado para evitar que las denuncias prosperen, y que hasta el poder judicial forma parte del sistema. Es incomprensible, por ejemplo, que la justicia haya archivado las denuncias sobre el trato de favor a la empresa de la que era empleada la hija de Manuel Chaves. Ejemplos de una justicia entregada al poder político tenemos para dar y tomar, y ayer mismo el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, y la secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal, denunciaron ante el CGPJ a la juez que quiso llevar a prisión a Soria con un asunto que resultó ser todo un montaje de principio a fin, del que la magistrada formó parte esencial. El hecho, por tanto, de que la corrupción socialista en Andalucía no aflore no significa, en absoluto, que no exista: la gente de allí lo sabe, lo vive como algo cotidiano, pero ha llegado un momento en el que incluso hasta quienes lo toleraban ahora lo rechazan. ¿Por qué? En eso si tiene que ver, y mucho, la crisis económica, porque hace que el trapicheo, el despilfarro y la corrupción brillen con luz propia como agravio comparativo para quienes se han quedado sin su puesto de trabajo y no tienen qué llevarse a la boca para comer.

Al factor rechazo hay que sumar una oposición que, por fin, ha encontrado su camino en el complejo cruce de vías andaluz. El PP ha pasado por todo y por toda clase de manos en Andalucía, pero nunca conseguía librarse de las etiquetas de partido de señoritos y de ‘fachas’ que les había colgado la izquierda con mucho éxito… Hasta que Javier Arenas se ha puesto manos a la obra y, junto a Antonio Sanz, han hecho un trabajo memorable por llevar el mensaje del PP a cada rincón de Andalucía, y se ha notado. Vaya si se ha notado. Arenas ha conseguido conjurar el factor rechazo que hasta impedía a su partido romper su techo electoral, al menos en las encuestas, y ya veremos en las próximas municipales si también lo ha conseguido en las urnas, pero todo apunta a que sí y a que, como ya ocurriera una vez de la mano de Soledad Becerril, la derecha pueda volver al poder en el Ayuntamiento de Sevilla, lo que supondría un duro golpe para las aspiraciones socialistas dado que la capital andaluza es uno de sus ‘feudos sagrados’.

Es difícil saber si lo que anuncian las encuestas se va a cumplir. Puede ser que mucha gente ‘castigue’ a los socialistas en las encuestas pero luego no lo hagan en el momento de depositar el voto y ocurra lo mismo que ocurrió en 1996 -a eso aspira el PSOE-, y puede ser también que haya todavía más gente que no diga en las encuestas lo que de verdad piensa hacer en el momento de ir a votar, y pase lo mismo que en el año 2000 -eso espera el PP- e incluso se vaya más allá. Lo que si es cierto, y eso no es una opinión sino la constatación de la realidad, es que el PSOE está acumulando unos niveles de rechazo desconocidos hasta ahora en estos treinta años de democracia, y no es fácil hacer una lectura de lo que finalmente puede suponer eso en un resultado electoral. Hoy, por de pronto, anuncia una debacle.

El Confidencial - Opinión

Propaganda. La reforma socialdemócrata de las pensiones. Por Guillermo Dupuy

No diré yo que la transición a un sistema de capitalización esté exenta de obstáculos; pero para "amarga", la medicina que nos van a hacer tragar a trabajadores y pensionistas en pro de la salud del liberticida e ineficiente sistema que padecemos.

Algunos podrán ridiculizar al secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, por defender como "medida socialdemócrata" la propuesta de retrasar la edad de jubilación y la de reducir el importe medio de las pensiones mediante una ampliación del periodo de contribución para el cálculo de las mismas. También algunos podrán criticar al PSOE, en general, por telefonear a sus tertulianos afines para que "vendan" la necesidad de acometer dichas reformas y para que hagan "pedagogía" a favor de ellas.

Sin embargo, nada debería tener de extraño que, en una democracia –sistema que se basa consustancialmente en la opinión pública–, los políticos socialdemócratas salgan en defensa de un modelo esencialmente socialdemócrata, como es el sistema colectivista y estatalizado de reparto que nos ocupa, ni tampoco que traten de que los ciudadanos asuman como necesarios los enormes perjuicios a los que, ciertamente, nos obliga su sostenibilidad. Y es que, por mucho que el introductor de este ineficiente y liberticida sistema de previsión para la vejez fuera Bismarck –en España fue Franco–, en tiempos en que la esperanza de vida apenas superaba los 65 años de edad, este sistema se adecua a esos modelos de planificación centralizada característicos de los "socialistas de todos los partidos", que diría Hayek.

Lo que no tiene, desde luego, sentido alguno es que formaciones supuestamente liberales, como el PP, se muestren partidarias de un sistema de pensiones que nada tiene de liberal, y cuya única forma de evitar la quiebra total es la introducir progresivas quiebras parciales, que se disfrazan como reformas, pero que no son otra cosa que paulatinos perjuicios en contra de los supuestos beneficiarios del sistema. Y eso, en el mejor de los casos, porque no faltan en el PP quienes, al igual que los sindicatos, se instalan en el más irresponsable de los inmovilismos.

La auténtica disyuntiva, sin embargo, no debería consistir entre no hacer nada o hacer reformas que no tienen más objetivo que hacer sostenible una estafa en perjuicio de los ciudadanos. La auténtica alternativa debería ser transitar a un sistema de capitalización individual, en el que los ciudadanos tuvieran soberanía sobre su retiro del mercado laboral y sobre esa parte de su renta que les confisca la Seguridad Social; un sistema en el que ellos pudieran tener la libertad de elegir como y donde se invierte sus ahorros. El objetivo, pues, no debería ser la sostenibilidad del sistema público de pensiones sino la posibilidad de huir de él.

Sin embargo, ni la derecha política ni incluso la mediática se atreven a abogar por un cambio auténticamente sostenible y beneficioso para los pensionistas como sería el sistema de capitalización privado. Son muy pocos los medios de comunicación que, como libertad digital, hacen auténtica pedagogía y se atreven a denunciar "las mentiras de la reforma de las pensiones".

Movidos por el prejuicio de la "medicina amarga", la mayoría de los medios de comunicación creen que su sentido de la responsabilidad pasa por defender unas perjudiciales reformas dentro del sistema que nos abocan, en el mejor de los casos, a un retraso forzoso de la jubilación a los 70 años y cobrando un 30 por ciento menos. No diré yo que la transición a un sistema de capitalización esté exenta de obstáculos; pero para "amarga", la medicina que nos van a hacer tragar a los trabajadores y pensionistas en pro de la salud del liberticida e ineficiente sistema de reparto que padecemos.

Libertad Digital - Opinión

La servidumbre de la delación. Por Hermann Tertsch

Aquellos que confiaronque con Zapatero llegaba el fin de la alternancia han quemado mucha nave.

EN todas las dictaduras son un elemento fundamental, tan imprescindible como el dictador o el aparato de represión del mismo. También lo son para todas las ideologías enemigas de la libertad y que valoran a la persona por su cercanía o lealtad a la causa. Los necesitan para identificar a los individuos que no están dispuestos a someterse, a los abiertamente rebeldes y a quienes dudan. Pero son aún más necesarios para difundir el miedo. Para generar ese clima generalizado de miedo que impide a las personas expresar su opinión libremente. Son los delatores, los que a cambio de mayor o menor prebenda denuncian ante el poder a quienes son o pudieran serle desleales. El chivato, el delator, el eterno, «denunziant» bajo los nazis y los comunistas pero también de aparatos supuestamente democráticos que tachan de enemigo al discrepante y tienen por ello clara vocación totalitaria. Ahora que la crisis general, la incapacidad e ineptitud propias, su desenmascaramiento en el exterior y el fracaso de su soberbia e impostura convierten al Partido Socialista en una maqueta del paisaje general en que han convertido España, es decir, en una escombrera, el aparato ya no atina a disimular. Y recurre sin pudor a sus instrumentos más felones. Y por supuesto ahí está la figura del chivato. Los tienen activos en todas las profesiones. Véase en la Policía, donde las camarillas políticas del Ministro para Todo imponen el silencio y el miedo en lo que se antoja una «omertá al Faisán» general. O entre los jueces o los diplomáticos. O en esas universidades donde sistemáticamente mandan los peores en una implacable selección negativa que se impuso primero en el PSOE y ahora parece ser ley en la administración del Estado. Chivatos y obedientes arriba, los independientes o meramente críticos al sótano. No existe ya otro criterio en esa tropa de sectarios acosados por la realidad y sus propias mentiras.

Pero incluso entre los profesionales de la delación y la mentira por encargo hay categorías. En el mundo periodístico se ven cosas muy graciosas si nos instalamos, como parece tocar, en el humor negro. Los más hiperactivos propagadores del argumentario del Gran Timonel —respuestas y posiciones que reciben diariamente los fieles contertulios para que sepan que contestar lealmente— están confundidos. Aquellos que confiaron que con Zapatero llegaba el fin de la alternancia —Pacto el Tinell general y definitivo— y que el Partido Popular no volvería al poder, han quemado mucha nave. Tendrán dificultades para volver a ser implacables críticos contra la oposición. Y denunciantes de colegas, incansables fustigadores del periodismo crítico con sus amos. Muchos han logrado estar siempre con el que manda, ser adulador de González, después de Mayor Oreja y ahora mamporrero del zapaterismo. Algunos lo conseguirán. Hay quien pide ahora a Rubalcaba que imponga su contrato a empresas que no lo quieren. Como antes lograron anular su despido gracias a la Moncloa. Otros creen que han sido lo suficientemente melifluos como para caer en gracia al nuevo Gobierno. Hay quien lleva haciéndolo desde Franco. Pero también están ahí los delatores vocacionales. Los de la barricada. Alguno tiene insólita guarida en un periódico otrora serio. Allí ha instalado una sección igual que la que firma en el diario proetarra Gara una «Maite Soroa». Ésta se dedica desde hace años a señalar los objetivos periodísticos a etarras y simpatizantes. Éste tiene clientela más amplia y señala a los periodistas críticos a los que todo progresista debe odiar e insultar. Si a alguno le pasara algo, lo suyo es como lo de su hermano Wyoming, todo humor y desenfado.

ABC - Opinión

Cataluña. El derecho a decidir. Por José García Domínguez

Si posee tal derecho precisamente por tratarse ya de una nación antes de que nadie haya decidido nada, ¿qué valor tendría el resultado de un referéndum al respecto?

"¿A qué demócrata le da miedo el derecho a decidir?", acaba de preguntarse Artur Mas justo antes de anunciar que, de grado o a la fuerza, todos los púberes catalanes irán derechitos a la inmersión preceptiva tal como acontecía con el difunto tripartito. A ese propósito, el del libre albedrío nacional, alguna otra vez se ha insistido aquí en lo errado de creer que el catalanismo canónico pretenda la independencia de Cataluña. Muy al contrario, lo que en verdad postula no es la independencia sino el independentismo, que, en el fondo, viene a ser la condición necesaria y suficiente con tal de que la efectiva secesión real no se llegue a consumar nunca.

A fin de cuentas, una Cataluña separada de España supondría, de entrada, la ruina económica cierta para sus filantrópicos promotores. Eventual quebranto metafísico del que la recua de Garibaldis de salón que rodea a Mas resulta ser perfectamente consciente. Pues, aunque en ocasiones semeje cosa distinta, la condición de probo nacionalista ni mucho menos lleva asociada la tara de la idiocia. Así las cosas, al catalanismo ortodoxo solo le resta continuar recitando ad aeternum la dichosa copla del derecho a decidir. De ahí, por cierto, la rutinaria solemnidad con que Mas se ha aprestado a seguir dándole vueltas a la noria de la "transición nacional" durante el discurso de investidura.

Tediosa tautología, ésa del derecho presunto a decidir, que, una vez desnuda de la quincalla retórica al uso, remite a un bucle semántico. A saber, el puro absurdo de que a Cataluña le asiste la prerrogativa de verse soberana porque es una nación. Y es que si posee tal derecho precisamente por tratarse ya de una nación antes de que nadie haya decidido nada, ¿qué valor tendría el resultado de un referéndum al respecto? ¿O acaso el etéreo espectro que responde por Cataluña dejaría de constituir una nación solo porque los vulgares mortales llamados a consulta optasen por mantenerla unida al resto de España, tal como hicieron al ratificar la Constitución de 1978? En fin, collonadas bizantinas al margen, sépase que a día de hoy el titular único del derecho a decidir no es otro que el Partido Popular, en cuyas manos reside la coronación del hereu. Poncio Pilatos, entonces, tiene la palabra.

Libertad Digital - Opinión

El terremoto andaluz. Por Ignacio Camacho

Con los resultados de Cataluña y las perspectivas de Andalucía, Rajoy tiene franco el camino de La Moncloa.

CUANDO Aznar ganó por mayoría absoluta, en el año 2000, el PP no logró superar al PSOE en Andalucía. Ahora que le saca nueve puntos en una encuesta semioficial y que en Cataluña es la tercera fuerza política, Rajoy sólo puede perder las elecciones si se enreda en una conspiración contra sí mismo. La sideral distancia de los actuales sondeos se acabará estrechando a medida que se aproximen las urnas, pero los socialistas van a llegar tarde a la remontada incluso aunque cambien de candidato. El vuelco que pronostica la demoscopia ya no es una tendencia sino un estado de opinión consolidado y constante.

Para el socialismo andaluz, el peligro no viene tanto de la intención de voto, siempre sujeta a la cocina de la proyección de resultados, como de un dato demoledor que cuestiona la larga hegemonía de su principal feudo autonómico: el setenta por ciento de los ciudadanos desea un cambio de gobierno al cabo de treinta años monocolores. Ésa es la fotografía del hartazgo, el retrato de un régimen cuarteado que se desmorona por la sensación de fracaso del zapaterismo y el cansancio de largos años de inmovilismo histórico. La maniobra de sustituir a Chaves por Griñán no funciona porque ha coincidido con el desmoronamiento de la imagen de Zapatero y ha dejado a la izquierda sin referente. La única posibilidad del presidente de la Junta pasa por evitar in extremis la mayoría absoluta de un Javier Arenas que en menos de dos años ha transformado diez puntos en contra en nueve a favor. Es decir: pasa por echarse en brazos de Izquierda Unida para compartir un poder que siempre ha considerado patrimonio propio. Eso sí, al lado del presidente de la nación, Griñán es todavía el rey del mambo: sólolo suspende un 40 por ciento de los andaluces, por el 68 largo que desaprueba al jefe del Gobierno.

Acaso Arenas, a cuyo trabajo paciente y tenaz habrá que hacerle una justicia que le escatiman incluso algunos correligionarios que jamás se han enfrentado a un régimen tan sólido, acabe naufragando otra vez en la orilla de un éxito insuficiente, pero sus resultados son zancos para que Rajoy alcance La Moncloa. La clave estará en las tripas de las próximas elecciones locales, en el número de votos que incremente el PP en los municipios de la Andalucía profunda, el último granero socialista. Ahí es donde se está desmoronando una socialdemocracia que ya no tiene respuestas clientelares porque se ha acabado el dinero para repartir recursos. Esa geografía rural del Sur y el cinturón laboral e inmigrante de Barcelona son los ejes por los que se está partiendo el Partido Socialista, abierto como una falla ante un terremoto. Si continúa perdiendo respaldo en ellos nada podrá evitar no ya la derrota, sino el descalabro. Y de momento son una sangría.

ABC - Opinión

Pensiones y mercados

La OCDE ha irrumpido con fuerza en el debate español sobre las pensiones que enfrenta al Gobierno con el resto de las fuerzas políticas y con los sindicatos. El diagnóstico del organismo internacional no difiere del de otras instituciones económicas, desde el FMI hasta el Banco de España, y se puede resumir en esta aseveración: el sistema público de pensiones quebrará inexorablemente si no se alarga la edad de jubilación al menos hasta los 67 años y no se amplía el periodo de cotización para calcular la percepción. En resumen, o se bajan las cuantías y se estira la vida laboral, o en quince años el sistema se colapsa. Así lo cree también el Gobierno de Zapatero, que ha reiterado su voluntad de empezar la reforma el 28 de enero, haya o no acuerdo del Pacto de Toledo. Por el contrario, los sindicatos y la izquierda se oponen frontalmente, hasta el punto de que amenazan con convocar otra huelga general. Como tampoco los partidos de centroderecha parecen dispuestos a avalar íntegramente la reforma, cabe preguntarse si se trata de un empecinamiento del Gobierno y si es tan urgente abordar un cambio que produce honda preocupación social. Es evidente que si los mercados y las instituciones internacionales no le hubieran presionado de manera implacable, el socialdemócrata Zapatero no se habría embarcado en un recorte social tan opuesto a la tradición socialista. Pero eso no quita, sino todo lo contrario, para que se le reconozca su sentido de la responsabilidad y su compromiso con los pensionistas del futuro. A ningún gobernante, sea del color que sea, se le ocurriría meter la tijera en el avispero de las jubilaciones si no fuera de todo punto imprescindible. Y nos tememos que en España lo sea, además de urgente. Cuando todos los analistas y centros de investigación coinciden en que el aumento de la esperanza de vida, sumado a una incorporación cada vez más tardía de los jóvenes al mercado de trabajo, condena a muerte el actual sistema de pensiones, lo responsable es adelantarse a la debacle y corregir el rumbo. Los partidos de centroderecha, empezando por el PP, están de acuerdo en el diagnóstico, pero discrepan de que sea necesario retrasar dos años la jubilación, pues bastaría con que se cumpliera estrictamente la edad de los 65 años, no menos. La propuesta es razonable, pero no es incompatible con la del Gobierno y parece más una excusa para no apoyar a Zapatero, por más que en el fondo compartan su reforma. Tampoco tienen razón los sindicatos cuando vinculan el alargamiento de la vida laboral a más paro juvenil, tesis que resulta poco verosímil cuando hoy el 43% de los jóvenes ya está desempleado. Si alguna censura merece el Gobierno es que se ha visto abocado a esta reforma por su propia debilidad y su nula fiabilidad. Si hubiera hecho antes las reformas profundas necesarias, como la del mercado de trabajo, la fiscal y la del gasto público, hoy no estaría España en el ojo del huracán y sus gobernantes asediados para que den más garantías de futuro a los mercados. Un Gobierno fuerte y con credibilidad habría gestionado sus propios tiempos, en vez de ir a rebufo de quienes desde el extranjero le dictan lo que tiene que hacer.

La Razón - Editorial

Reforma gradual

La propuesta del Gobierno sobre pensiones es más prudente que el cambio planteado por la OCDE.

La reforma del sistema español de pensiones vivió ayer un cruce intenso de propuestas. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó un informe completo sobre España en el que plantea una reforma radical. Propone que la edad de jubilación vaya dilatándose en función de la esperanza de vida de la población, lo cual equivale a situarla progresivamente más allá de los 67 años, y ampliar el plazo de cotización necesario para obtener la pensión completa. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, explicaba la reforma más gradual que pretende el Gobierno: ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años y aumentar paulatinamente el plazo de cómputo de la pensión desde los 15 últimos años hasta los 20 años primero y después hasta los 25. Los sindicatos, a su vez, amenazaron con una segunda huelga general porque el retraso de la jubilación "marca la frontera entre el acuerdo y el desacuerdo".

Las posiciones en el debate necesitan una interpretación. La OCDE dibuja en el informe un futuro bastante probable en el que todos los servicios públicos (desde el agua hasta la sanidad) se pagan o aumentan de precio. En el caso de las pensiones, defiende la posición de un actuario de seguros; no otra cosa es aproximar lo percibido a lo cotizado. Así debe ser en los manuales, pero la gestión política tiene sus propias reglas. No es prudente pasar desde el sistema actual a otro que fije la edad de jubilación en función de la esperanza de vida sin correr el riesgo de una protesta social. Si de lo que se trata es de afianzar el sistema público, lo más sensato es corregir el sistema de cálculo de las cotizaciones en función de ese déficit e ir revisando periódicamente el balance del sistema en función del empleo, las cotizaciones y la población.

Poco hay que oponer a la OCDE en su reclamación de una reforma laboral que favorezca la creación de empleo cuando haya recuperación. Pero recomienda al Gobierno que suba impuestos para ayudar a corregir el déficit (señala con el dedo el IVA y los impuestos especiales) y pide que se reduzcan el impuesto sobre sociedades y las cotizaciones sociales para favorecer la creación de empleo. Las subidas fiscales son la última carta de un Gobierno cuando han fallado todas las demás. Si según la propia OCDE, en 2010 y 2011 se cumplirán los objetivos de déficit, se entiende que el Gobierno prefiera esperar a que la subida de impuestos sea necesaria. La OCDE se sorprendería si supiera que el tipo efectivo que pagan las empresas por Sociedades en pocas ocasiones supera el 15%.

La obligación y la oportunidad política de los sindicatos es negociar; es decir, asegurar a sus afiliados que las reformas se hacen por razones válidas y cuidar de que se ejecuten de forma justa. Pero se han empeñado en una táctica de confrontación. No es eso lo que quieren sus afiliados; más les gustaría que sus representantes fuesen parte activa de la negociación. Resulta chocante que UGT y CC OO sugieran una segunda huelga general después de los magros resultados de la primera.

El País - Editorial

Pensiones, la agonía de un sistema insostenible

Será doloroso y tendrá un solo culpable: los políticos de izquierda, derecha y centro que, mientras mentían sobre la naturaleza de este sistema de pensiones asocial y enormemente dañino para el bien común, lo han mantenido a base de propaganda.

Las vías de agua abiertas en el casco de nuestro sistema de pensiones son ya tantas que los políticos –principales interesados en que el barco no naufrague– no alcanzan a taponarlas todas. El modelo de reparto, implantado en España durante la dictadura de Franco hace más de cuatro décadas, ha llegado a su previsible conclusión. Por de pronto los españoles podemos ir descontando que, gracias a este sistema injusto, insolidario e ineficiente, tendremos que trabajar muchos más años y cobrar después una cantidad bastante menor.

Y no, no es una consecuencia de la crisis económica tal y como los políticos nos están intentado hacer ver, sino la lógica consecuencia de un modelo que, dejando su injusticia intrínseca al margen, sólo puede funcionar en un escenario de parámetros muy delimitados. Como en todo esquema de Ponzi, nombre técnico de los sistemas piramidales, para que los de arriba puedan obtener rentas, el número de los de abajo tiene que crecer eternamente. Un modelo semejante no puede funcionar a perpetuidad, ni aquí ni en ningún otro sitio.

El descenso en la tasa de natalidad que empezó a registrarse en España a partir de la segunda mitad de la década de los setenta hacía prever que, más tarde o más temprano, el maná que alimentaba el sistema de pensiones se agotaría. Así ocurrió veinte años después, a mediados de los noventa, cuando por vez primera se atisbó la crisis final del sistema. Entonces se produjo una ola inmigratoria de dimensiones desconocidas. Cinco millones de cotizantes, casi todos muy jóvenes, han entrado en España a lo largo de los últimos diez años. Esta imprevista prórroga generó la ilusión de que, a pesar de todo, el sistema podría mantenerse sine die.

Pero no, el flujo migratorio se ha detenido, no así el creciente envejecimiento de la población. Cada año la nómina de la Seguridad Social es mayor y el número de cotizantes menor. La natalidad, por su parte, no ha aumentado, sino todo lo contrario. España tiene una de las tasas de hijos por mujer más bajas de todo el mundo. En un futuro próximo las pensiones serán tan gravosas que los cotizantes dedicarán una parte considerable de su renta a mantener pensionistas con la esperanza puesta en que, llegado el momento, otros trabajen para mantenerlos a ellos.

Es un circulo vicioso insostenible. En lugar de ahorrar para nuestra vejez, nos obligan a dilapidar en ese mismo momento la riqueza recién creada convirtiéndonos en esclavos de un sistema que nos empobrece hoy, nos impide capitalizar las rentas de nuestro trabajo y, para colmo, nos hace dependientes del Estado y de los caprichos de los políticos durante la última etapa de nuestra vida. Entretanto ellos, los políticos, viven separados del sistema con el que nos hacen comulgar al resto. Muy ilustrativo sin duda.

Ante tal estado de cosas, a los artífices del sistema y principales beneficiarios del mismo, sólo les queda estirar tanto como puedan la ficción de una jubilación segura y bien remunerada. En esas están en estos momentos. El hecho es que, aún con eso, llegará un momento en que, rendidos ante la realidad, nos veremos obligados a efectuar la transición del actual sistema de reparto a uno de capitalización, camino que ya han transitado –a la fuerza– otros países como Alemania, donde el tránsito se produjo parcialmente hace diez años pilotado por el Gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder.

Quedarán entonces varios millones de españoles atrapados por edad en la trampa del reparto mientras otros, más jóvenes y afortunados, podrán ser dueños de su retiro desde los inicios de su carrera profesional. Será doloroso y tendrá un solo culpable: los políticos de izquierda, derecha y centro que, mientras mentían incesantemente sobre la naturaleza de este sistema de pensiones asocial y enormemente dañino para el bien común, lo han mantenido a base de propaganda. Esta misma reforma podría haberse hecho hace una década, cuando la entrada de cinco millones de nuevos trabajadores hubiese amortiguado y hecho más llevadera la transición, pero no, los que gobernaban entonces se empeñaron en mantener con vida y acrecentar un modelo del que ya sabían que tenía fecha de caducidad.

Libertad Digital - Editorial

Seis años de fracaso

Zapatero ofreció expectativas de seguridad a las mujeres amenazadas, sin más instrumento que una ley bienintencionada, pretenciosa e ineficaz.

LA imparable cascada de homicidios y asesinatos de mujeres va a convertir 2010 en un año negro por la violencia de género, que contabiliza más de setenta casos. Más allá de las campañas gestuales y simbólicas del extinto Ministerio de Igualdad, es necesario afrontar el fracaso de la política del Gobierno en esta materia, fracaso que no implica, en modo alguno, la responsabilidad del Ejecutivo por estas muertes, porque ningún Gobierno es responsable de tales delitos. Es el fracaso de un discurso político que, enarbolado como vanguardia de la agenda social del nuevo socialismo de Zapatero, ofreció expectativas de seguridad y protección a las mujeres amenazadas, sin más instrumento que una ley bienintencionada y pretenciosa, pero poco eficaz. No basta con colocar en el BOE una ley pluscuamperfecta para atajar conflictos de raíz mucho más compleja que la mera ausencia de una respuesta legal, que, además, se apoya en una discriminación punitiva por razón de sexo, salvada in extremis por el Constitucional, pero con amplio escepticismo entre muchos de los jueces que la aplican.

Al final, en España hay tantas o más mujeres muertas que cuando no había ley integral, y las denuncias de maltrato aumentan constantemente, lo que el Gobierno valora como un éxito, cuando lo que demuestra es que no ha podido aplicar políticas de prevención. Porque no hay que engañarse: cuando un juez interviene, suele ser tarde. Además, tampoco ha habido una dotación de medios y personas en grado suficiente para hacer efectivas las ambiciosas previsiones de la ley. Los avances que se han conseguido están en el haber del encomiable esfuerzo de jueces, fiscales y policías, que han suplido las carencias materiales con una dedicación ejemplar. Pero la acción judicial y policial no puede llegar a las raíces del problema, que no se limitan sólo al machismo que se presume a toda agresión contra la mujer. No siempre hay un problema de desigualdad en el origen de esta violencia. Faltan formación en valores y respeto, consideración a la dignidad humana y estabilidad de las relaciones de pareja. Por supuesto, alguien debería responder políticamente por estos años de propaganda incesante, que sólo ha puesto el acento en medidas penales y en ideología de género. Una responsabilidad que debe estar a la altura de las promesas socialistas a las mujeres maltratadas y amenazadas.

ABC - Editorial