Sintonía Gobierno-sindicatos

Con gran entusiasmo y abuso de superlativos, el ministro de Fomento anunció ayer el acuerdo con los sindicatos sobre los servicios mínimos que deben regir el día de la huelga general, el próximo miércoles día 29. «Es un acuerdo histórico», proclamó José Blanco para subrayar que nunca antes se había logrado; igual satisfación mostraron los dirigentes sindicales, hasta el punto de que lo han puesto como ejemplo a seguir en futuras huelgas. Sin embargo, detrás de tanto parabién se percibe una estrategia política, diseñada por negociadores ideológicamente afines, para utilizar el acuerdo como arma arrojadiza contra los gobiernos autonómicos del PP. Así se ha comprobado claramente en Madrid, donde los sindicatos no han demostrado interés en consensuar nada. Muy al contrario, su actitud ha sido de confrontación y beligerancia, nada que ver con el tono conciliador empleado con el ministro de Fomento. Tensiones parecidas se han registrado en otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla y León; en Valencia, el consenso ha sido precedido por descalificaciones de grueso calibre. Por el contrario, en Andalucía y Cataluña los sindicatos han sido una balsa de aceite. No parece que estos alineamientos y desencuentros carezcan de intención política. La prueba es que los servicios mínimos pactados por los sindicatos con Blanco son prácticamente los mismos que fijó Álvarez Cascos, ministro de Fomento de Aznar, para la huelga de 2002. ¿Por qué en aquel entonces los dirigentes sindicales recurrieron ante el Tribunal Supremo los servicios mínimos fijados por Cascos y ahora los presentan como un hito histórico? Sería de ingenuos esperar que el actual sindicalismo español, lastrado por los prejuicios ideológicos, tratara de igual modo a un Gobierno de izquierdas que a otro de derechas. Por encima de su actual distanciamiento, la sintonía política de CC OO y UGT con el PSOE está a salvo y es la que ha permitido al ministro de Fomento presentarse ante la opinión pública como el campeón de los pactos, cuando en realidad el verdadero pacto es muy otro: no hacerse daño entre ellos y desviar toda la agresividad política hacia el PP y sus gobiernos regionales, empezando por el más significativo: el de Esperanza Aguirre. Por lo demás, la cuestión central de los servicios mínimos no es tanto el porcentaje que se ha fijado para cada uno de ellos, pues siempre serán discutibles, cuanto su estricto cumplimiento. De nada sirve, por ejemplo, que se establezcan en un 20% los transportes de cercanías, si luego los piquetes los boicotean en las horas punta y siembran el caos para impedir que los viajeros lleguen a su puesto de trabajo. En este punto, el Gobierno debe actuar con el mismo celo y entusiasmo exhibido con los sindicatos para garantizar el derecho al trabajo de cuantos, en uso de su libertad, decidan no secundar la huelga y llevar a cabo su jornada laboral con normalidad. Tanto derecho tienen los sindicatos a parar como los trabajadores a trabajar. Si el Gobierno no pusiera los medios necesarios para hacer cumplir los servicios mínimos y para proteger a los obreros de piquetes y coacciones significaría que el «acuerdo histórico» del que se ufana Blanco incluye cláusulas secretas nada democráticas.

La Razón - Editorial

Falsear las cuentas para seguir arruinándonos

Dado que por prejuicios ideológicos no se quiere recortar el gasto, se opta por anunciar que los ingresos serán mucho mayores de lo que bajo cualquier prisma puede pensarse que van a serlo.

La ley de los Presupuestos Generales del Estado nació como una manera de limitar el poder y la discrecionalidad política. Se trata de un documento que establece las líneas maestras del gasto público a las que tiene que someterse el Ejecutivo durante un determinado ejercicio.

En España desde hace años, pero especialmente en esta última legislatura, los Presupuestos se han convertido en una representación teatral más de nuestros políticos. Son un trámite parlamentario que una vez superado da manos libres al Gobierno para que haga y deshaga a su placer. En ningún momento se espera que se cumplan, pues ya desde el comienzo se diseñan para ser incumplidos.

Previsiones macroeconómicas absurdas tras previsiones macroeconómicas absurdas, llevamos cuatro años en los que el Gobierno ha inflado de manera descabellada sus pronósticos de ingresos fiscales y sobre esa base de irrealidad ha aprobado cuantiosos despilfarros que no podíamos permitirnos bajo ningún criterio.

De aquellos lodos de falsedad hemos acumulado unos polvos cercanos a 200.000 millones de euros en nuevo endeudamiento. Dado que por prejuicios ideológicos no se quería recortar el gasto, se optó por anunciar que los ingresos iban a ser mucho mayores de lo que bajo cualquier prisma podía pensarse que iban a serlo.

El resultado de estas reiteradas mentiras ya lo estamos empezando a sufrir: si este año hemos padecido incrementos en los impuestos especiales, en la tributación del ahorro y en el IVA, para 2011 ya nos han anunciado recortes en algunas de las deducciones más importantes para las clases medias –como la de la vivienda– y aumentos en los tipos marginales del IRPF que afectan con especial intensidad a los trabajadores cualificados y, por tanto, a nuestro capital humano. Y, probablemente, esto sea sólo el principio, porque las estimaciones más optimistas –las del Gobierno– consideran que cerraremos 2011 con un déficit presupuestario de 60.000 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a toda la recaudación anual por IRPF. Así pues, parece que las nuevas subidas de impuestos, más allá de las ya anunciadas, son inevitables bajo este Ejecutivo manirroto.

Pero lo peor de todo es que seguimos repitiendo ese ejercicio de autoengaño que tan caro nos ha sido: inflar ingresos para no tener que recortar despilfarros. El Gobierno asume que en 2011 creceremos un 1,3%, más del doble que la siguiente previsión más optimista de todos analistas. Siendo así, los ingresos serán de nuevo mucho menores de lo presupuestado y el déficit, en consecuencia, muy superior a esos 60.000 millones.

Las mentiras de Zapatero y Salgado de hoy son nuestros impuestos de mañana. El momento para pararles los pies debería ser ahora y no más adelante cuando el daño ya esté hecho (es decir, cuando la deuda pública ya esté emitida). Pero el PSOE ya se ha encargado de comprar el necesario apoyo del PNV para sacar adelante estos falseados Presupuestos.

Libertad Digital - Editorial

El espíritu de Cádiz

Cádiz fue modelo para muchos países iberoamericanos y es una referencia en el constitucionalismo europeo de carácter liberal.

LA Constitución de Cádiz, llamada popularmente «La Pepa», cumplirá dos siglos el 19 de marzo de 2012. Su Majestad el Rey inauguró ayer en la localidad de San Fernando, primera sede de la Cortes en aquellas jornadas históricas, los actos conmemorativos de un periodo apasionante que sentó las bases de una nueva era. España como realidad histórica y sociológica es, por supuesto, muy anterior a cualquier texto constitucional. Sin embargo, en Cádiz se proclamó por primera vez la soberanía nacional y se estableció la monarquía constitucional como forma de gobierno de una nación de ciudadanos. España entraba así en la modernidad política al mismo tiempo que otros grandes países europeos. Después, al igual que otras muchas naciones, hemos vivido múltiples avatares, con alternancia de periodos constitucionales y autoritarios. En todo caso, la monarquía ha sido fuente de estabilidad y garantía de libertades, así como factor de equilibrio político que culmina con la Constitución de 1978. En este sentido, han sido desafortunadas las palabras de José Bono, con una interpretación «sui géneris» sobre los periodos democráticos (a su juicio, sólo dieciséis años desde 1812 a 1978), que no corresponde al titular de un alto cargo institucional.

El Rey dijo ayer en Cádiz que aquellos diputados de ambos hemisferios «forjaron los primeros pilares de nuestro Estado de Derecho», siempre en «un clima de trabajo, consenso y solidaridad». Hay que insistir en la necesidad de que la sociedad asuma su propia historia, con luces y con sombras, a partir de un orgullo legítimo por la aportación de los españoles a la libertad política. En efecto, Cádiz fue modelo para muchos países iberoamericanos y es una referencia en el constitucionalismo europeo de carácter liberal. Aunque algunos afirman lo contrario, ya sea por sectarismo o por ignorancia, la historia constitucional española ofrece aportaciones relevantes al avance de las libertades y al reconocimiento de los derechos. En Cádiz se proclaman la soberanía de la nación, la igualdad de todos los ciudadanos, la unificación de códigos y la existencia de unas Cortes representativas. Hay también una hermosa retórica idealista cuando se exige a los españoles que sean «justos y benéficos» o cuando se afirma que las leyes deberán ser «sabias y justas». Todo ello merece una conmemoración política y académica del más alto nivel.

ABC - Editorial

¿Bueno para España? Por José María Carrascal

El acuerdo alcanzado salva a ambos. Zapatero agotará la legislatura y el PNV vuelve a adquirir protagonismo.

ESTABA cantado. Que PNV y Zapatero iban a entenderse era tan seguro como que el sol saldrá mañana. Para ambos era de vida o muerte. Sin los seis votos del PNV, Zapatero no podría pasar los presupuestos de 2011, y tendría que convocar elecciones. Si el PP las ganara, como mucho apunta, el PNV tendría que despedirse del poder por mucho tiempo en Euskadi. El acuerdo alcanzado salva a ambos. Zapatero podrá agotar la legislatura y el PNV vuelve a adquirir protagonismo en su tierra. Es, desde luego, el más favorecido en el canje. Los 472 millones de euros obtenidos casi duplica lo ofrecido por el Gobierno inicialmente y las transferencias de las políticas de empleo, con las bonificaciones de las cuotas empresariales según la norma del Cupo vasco y no según la usada con las demás autonomías, permite al PNV presentarse como el partido que más obtiene de Madrid, incluso cuando no gobierna su comunidad. Algo con impacto, tanto entre el ciudadano de la calle como entre el siempre importante empresariado vasco.

El gran perdedor en este trueque ha sido Patxi López y su gobierno apoyado por el PPV, que, para mayor inri, han tenido que aplaudirlo, para no ser tachados de antivascos. Pero ha tenido que ser muy triste para ellos ver cómo los rivales políticos que intentan desalojarles del poder reciben del Gobierno central lo que a ellos no les había dado. Con lo que el único éxito de la legislatura Zapatero, el inicio de una nueva era en el País Vasco fundada en la libertad, la igualdad y la justicia, peligra. ¿Acabará también? Sólo el futuro podrá decírnoslo, pero una vez más ha quedado demostrado que, para continuar en el poder, Zapatero, es capaz de vender a todo el mundo, incluido su propio partido. Pues el acuerdo que ha suscrito puede ser bueno para él, para el PNV y para los vascos, pero difícilmente lo sea para España. Y eso sin saber si rompe la caja común de la Seguridad Social, como muchos temen.

Por otra parte, ¡qué gran ocasión ha desperdiciado el PP! Sabiendo que los presupuestos iban a pasar de un modo u otro, ¿por qué no tuvo el gesto de decir al presidente: «Aquí tiene seis de nuestros votos, para que no tenga que pagar el exorbitante precio que le piden los nacionalistas vascos. Y se los ofrecemos gratis, sin pedir nada a cambio. Es más, sabiendo que esos presupuestos que ha presentado, como los anteriores, no van a servir para nada. Pero siempre será mejor que el indigno trato que está a punto de consumar. Nosotros pensamos antes en el bien de España que en el de nuestro partido, porque, a la postre, es el mismo».

Sería interesente saber la respuesta de Zapatero a esa oferta. Por desgracia, nos quedaremos sin conocerla.

ABC - Opinión

Rodríguez Zapatero se amarra al sillón y descoloca al PP. Por Antonio Casado

Si Aznar acabó con la mili obligatoria y los gobernadores civiles –dos iconos de la unidad de las tierras y los hombres de España- para tocar poder con el apoyo de los nacionalistas, ¿qué tiene de particular que haga lo mismo Zapatero para mantenerse en Moncloa por cuenta de las llamadas políticas activas de empleo? Al fin y al cabo se trata de una competencia ya transferida a otras Comunidades. Si en otras partes la Administración Autonómica ya hace en nombre del Estado la tarea de buscar salidas laborales a los parados, especialmente a los de más difícil reinserción en el mercado de trabajo, y el Estado corre con el gasto, ¿por qué iba a ser distinto en el caso del País Vasco?

No ha caído ningún icono de la unidad nacional. Nadie se ha puesto de rodillas para que los nacionalistas vascos del PNV se impliquen en la labor de rescatar a colectivos tan castigados por el desempleo como jóvenes, minusválidos, parados de larga duración o de difícil reinserción, etc., mediante la formación profesional, la intermediación o la inspección. Se han implicado y eso es lo importante.

Así lo ha visto el lehendakari, Patxi López. Muy hábil su reacción política. Lejos de sentirse ignorado por sus compañeros del Gobierno Central, aplaude el compromiso del PNV con el modelo de autogobierno diseñado en la Constitución. Es como darle la bienvenida a la vía estatutaria después de la aventura soberanista almacenada en nuestra memoria reciente con el nombre de Plan Ibarretxe.

Sin embargo, todo el mundo sabe que la verdadera lectura política del acuerdo es el pacto presupuestario que, con el PNV de costalero, garantiza la permanencia de Zapatero en el poder, al menos por un año más, lo cual ha provocado un visible ataque de contrariedad en el PP. Ayer se descolocó hablando de chantaje, deslealtad y nuevo engaño a los españoles

No tiene sentido impugnar con palabras mayores un acuerdo cuya única novedad ha sido la diferencia de valoración de la dichosa transferencia, que se ha encarecido respecto a los cálculos que previamente habían hecho conjuntamente el Gobierno central de Zapatero y el autonómico de Patxi López porque entonces se aparcó el coste de las bonificaciones empresariales en las cuotas a la Seguridad Social. Ahora se han incluido. Eso es lo nuevo: 145 millones de euros más, que el Gobierno vasco debe reponer en la caja de la Seguridad Social (caja que es y seguirá siendo única). Que se haga directamente o vía Cupo es un tema menor. Y desde luego no justifica en absoluto la acusación formulada ayer por el PP, a través de su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría.

La llamada caja única no se rompe porque el acuerdo no le afecta. Al menos en los números. Lo que por un lado deja de cotizar el empresario en forma de bonificaciones del Estado, el Estado lo repone por otro. Las autonomías también son Estado. Así que no hay merma de ingresos ni gastos nuevos derivados del acuerdo.

El Confidencial - Opinión

A dentelladas con la caja única. Por Fernando Fernández

El pacto entre Zapatero y Urkullu ha roto uno de los consensos que mantenían la unidad de España.

LA caja única de la Seguridad Social es un símbolo, un ente virtual. Las cuotas que pagan empresarios y trabajadores no llevan un sello especial, un distintivo rojo con las palabras «No Tocar». Se ingresan en una cuenta de la Seguridad Social que tiene múltiples vasos comunicantes con la cuenta general del Tesoro. De hecho, se hacen regularmente anticipos para cubrir déficits de tesorería. De esas cuotas no solo se pagan las pensiones contributivas, sino el seguro de desempleo, la formación profesional, los complementos de garantía salarial. Tanto se ha querido aislar el devenir de estos gastos de las políticas presupuestarias coyunturales que cuando un gobierno decreta bonificaciones a las cuotas para fomentar el empleo de determinados colectivos de trabajadores o de determinadas actividades económicas, se hace una transferencia desde la cuentas del Tesoro. Para garantizar la autonomía financiera de la Seguridad Social. La caja única se ha convertido en un símbolo de la unidad nacional, de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Por eso los gobiernos democráticos se habían negado a tocarla, a transferirla en todo o en parte, a pesar de que es cierto que el Estatuto de Guernica lo contempla. La inspección de Trabajo tampoco se había tocado nunca, porque en la aplicación de criterios homogéneos, en la garantía de un plan directivo nacional, se entendía por sindicatos y empresarios que radicaba la unidad del mercado de trabajo. Los agentes sociales saben que la proximidad de la Administración al administrado no es siempre garantía de un mejor servicio, sino frecuentemente, como en la inspección tributaria o en la política de suelo, una fuente de clientelismo y politización.

El acuerdo alcanzado entre Zapatero y Urkullu ha acabado con ese mito, ha roto uno de los escasos consensos que mantenían la unidad de la España democrática. Y como tal símbolo roto hay que tomarlo. Estoy seguro que habrán encontrado un texto alambicado y farragoso que sea presuntamente escrupuloso con la legalidad, como también que será impugnado y tendremos un nuevo motivo de polémica constitucional. Soy consciente de que la idea de solidaridad nacional había sido erosionada mucho antes, desde que se aceptó que las comunidades pagaran pensiones complementarias siempre que no se le llamaran pensiones, o se le puso límite cuantitativo y temporal a la solidaridad en el nuevo Estatuto de Cataluña. Sé también que en el cálculo concreto de lo que no es más que una previsión presupuestaria, el régimen de concierto juega siempre a favor de los vascos porque se ha incorporado al cupo y por lo tanto se quedarán con esos 472 millones de euros pase lo que pase. Se ha abierto la veda para que un parado vasco cobre más que uno de Asturias o de Murcia. Ha caído un símbolo y empieza la cuenta atrás. Poco tardarán catalanes, andaluces y valencianos en demandar lo mismo. A fin de cuentas también lo tienen reconocido en sus estatutos. Tendremos oportunidad de ver la coherencia del Partido Popular. España no se rompe por movimientos telúricos, ni invasiones foráneas, sino por estas pequeñas cosas. Son estas decisiones menores, administrativas, innecesarias e interesadas las que van erosionando la idea de unidad nacional. Esas decisiones que llevan a que lo menos importante de unos presupuestos sean las cifras mismas. España se rompe porque algunos partidos nacionales han dejado de creer en ella, en el español como sujeto de iguales derechos y obligaciones, y la han sustituido por un concepto discutido y discutible, sujeto de negociación partidista.

ABC - Opinión

PSOE. A garrotazos. Por Emilio Campmany

Es natural que entre ellos se tiren boñigas unos a otros como hacen con los populares porque es lo que ellos saben hacer para atacar y defenderse. Está en su naturaleza, da igual que sea con extraños que con compadres.

Hay que ver el espectáculo que está dando el PSOE. Ya ocurrió algo parecido en aquella única ocasión en la que los socialistas eligieron a su secretario general a través de unas primarias. Como ganó Borrell en contra de la voluntad del aparato, le sacaron todos los muertos del armario y los exhibieron en las páginas de El País (dónde si no). Con esta sutil maniobra lograron que se encaramara a la secretaría general el que la cúpula quería, Joaquín Almunia, responsable de la única mayoría absoluta que la derecha ha logrado obtener desde que llegó la democracia.

Después de aquello, ya no se atrevieron a hacer lo mismo y a Zapatero lo eligieron en un Congreso donde las bases carecieron de voz y voto. Ahora, con ocasión de las elecciones municipales y autonómicas, la necesidad de apear a Tomás Gómez de sus trece les ha obligado a limpiar de telarañas a las primarias. Y el hedor ha vuelto a liberarse.

Esta forma democrática de elegir candidatos debería ser premiada por el electorado, pero en España los electores suelen castigar a quien tolera que las disidencias afloren a la superficie y les gusta premiar a quien acierta a impedir que los trapos sucios salgan del vestuario sin lavar. Yo creía que esta era una prueba más de la escasa madurez democrática del pueblo español, pero, quia, me he convencido de que no, de que lo que castigan los electores son los espectáculos que suelen darse cuando se permite a los disidentes disentir.

Y es que en el PSOE están tan acostumbrados a las artimañas y las tretas, de las que con tanta profusión se socorren cuando se enfrentan al PP, que si les toca debatir internamente son incapaces de contenerse. Es natural que entre ellos se tiren boñigas unos a otros como hacen con los populares porque es lo que ellos saben hacer para atacar y defenderse. Está en su naturaleza, da igual que sea con extraños que con compadres.

Vean si no dos ejemplos tan sólo de las noticias de este miércoles. A Antoni Asunción le anulan 320 avales de los 3.246 que presentó de manera que no alcanza los 3.201 necesarios para presentarse a las elecciones primarias en la Comunidad Valenciana. En Madrid, la Comisión de Garantías Electorales ha anulado a Trinidad Jiménez 706 de los 6.402 avales presentados. Una de dos, o los candidatos son unos marrulleros que se hacen avalar por militantes inexistentes o las comisiones de garantías deberían pasar a llamarse "de Tropelías". Y no es descartable que ambas circunstancias se den a la vez. Sólo una cosa tienen en común todos, que son socialistas, una cualidad que debiera de bastar para explicar lo que ocurre.

A la vista de todo ello, podría decirse que en el PP tienen el buen gusto de no darse a las primarias y permitir que sea el jefe quien decida. Claro, que eso será cuando diga lo que quiere, que en Valencia y en Asturias todavía lo están esperando. Trata Rajoy como siempre de que el tiempo le ahorre tener que decidir y que de una manera o de otra todo le venga hecho. Desde luego, siempre es preferible que los militantes elijan, pero si es para pelearse a bastonazos, quizá valga más que lo haga el de arriba. Aunque claro, a base de negarse a hacerlo, van a terminar volando los cuchillos en Génova como lo hacen en Ferraz las boñigas. Como ven, todo muy edificante.

Libertad Digital - Opinión

El síndrome de Barrabás. Por M. Martín Ferrand

El presidente prefiere el gozo sindical que la prosperidad de ciento y pico mil contribuyentes.

JOSÉ Luis Rodríguez Zapatero, el presidente que se contradice a sí mismo, ha alcanzado tal maestría en las mañas de la fuga y el escapismo que ya supera al Gran Houdini y convierte en espectáculo cada una de sus apariciones públicas. Ahora se dispone a abrir una vestecha —que es como le llaman en León a los tragaluces— para que puedan salir por el tejado del Presupuesto los malos humores que acumulan los sindicatos y, solo por halagarles y en alarde de progresismo de salón, les subirá la tarifa del IRPF a los contribuyentes con rentas superiores a los 120.000 euros. El truco, diseñado por la primorosa Elena Salgado, supondrá un incremento en la recaudación por este capítulo, uno más del amplio muestrario fiscal, de poco más de 120 millones de euros. Mucho precio para provocar la alegría de un sindicalismo caducado y poca chicha para equilibrar un Presupuesto recortado por los acontecimientos y afectado por un déficit insensato que compromete nuestra situación en el seno de la Unión Europea.

Zapatero es víctima de lo que muchos conocen como síndrome de Barrabás en recuerdo de la peripecia que, según el Evangelio de San Marcos, llevó al pueblo judío, ante la propuesta de Poncio Pilatos, a elegir la libertad de un delincuente, Barrabás, a la de Jesús. El presidente prefiere el gozo sindical, el de los mismos que le castigarán el próximo 29-S, que la prosperidad de ciento y pico mil contribuyentes de los que, por su capacidad económica, se ejercitan en el consumo y animan la industria y el comercio. Tendría que hacérselo mirar, en lo que afecta a su proyección política, por un economista solvente y, en lo que se refiere a sus deberes de militancia, por un psicoterapeuta argentino.

Cada cual es muy dueño de elegir lo que se le antoje. En eso reside la libertad. Pero, eso de elegir es algo que, por falta de perspectiva histórica en las costumbres, los españoles hacemos de manera pintoresca. Según un estudio de Sigma Dos para Telecinco (3.200 entrevistas) si Belén Esteban se presentara a las elecciones sacaría un 7,9 por ciento de los votos, más que IU, y se convertiría en la tercera fuerza política del Estado. En el supuesto que ante la insólita pregunta, no se haya desbordado la capacidad de pitorreo de los encuestados, también luce ahí la sombra de Barrabás. Suele decirse, en exceso de fervor democrático, que el pueblo nunca se equivoca, pero no es de ese modo. En democracia los errores del pueblo, si son mayoritarios, hacen la Ley. De ahí el triunfo de Zapatero y Esteban. Por eso la democracia no es buena en sí misma, sino mejor que cualquiera de sus opciones alternativas.

ABC - Opinión

Mangalofo. Por Alfonso Ussía

El genio de Luis Sánchez Polack se inventó un idioma, el mangalofo, que hablaba con fluidez con sus amigos camareros de su bar valenciano, sito en el callejón de Mosén Femades. Cuando conversaban en mangalofo ante clientes no habituales, las expresiones de éstos merecían no un poema, sino todo un poemario. Porque entre Tip y sus amigos se entendían a la perfección y los no iniciados en los secretos del mangalofo no cogían una. Al cabo del tiempo, y siempre desde la melancolía que procura la ausencia de Tip, he llegado a la conclusión de que Zapatero es la única persona capaz de inventar otro idioma. No un idioma cimentado en el ingenio y la transgresión, sino en una solemne necedad. Zapatero habla el español, y no se sabe lo que dice. Mueve los brazos, arquea las cejas, solicita con la mirada el asentimiento de sus pelotas, y no hay cristiano que le entienda. Quizá por ello se ha sacado de la manga la gamberrada esa de la Alianza de Civilizaciones. Si no hay cristiano que lo entienda, siempre habrá algún islamista dispuesto a hacer un esfuerzo entre una lapidación y la siguiente.

El último pensamiento de Zapatero, emitido por su propia voz, no tiene desperdicio: «Da lo mismo subir o bajar impuestos, y lo mismo es progresista una cosa que la contraria». Todavía, tres horas después de haberlo leído, no he conseguido reponerme. Estoy de acuerdo con el segundo tramo de la oración: «Es lo mismo de progresista una cosa que la contraria». Nadie sabe en qué consiste el progresismo de los socialistas, y por ello el pensamiento encaja perfectamente en la oquedad del mensaje. Ser progresista es lo mismo, intelectual e ideológicamente, que ser un ornitorrinco. Pero la idea sustancial de la frase no puede dejarse pasar por alto. «Da lo mismo subir o bajar impuestos». Eso no. El cinismo no puede ser tan cutre, porque deja de serlo para convertirse en una chulería de barra de bar en León.

Todo para justificar el aumento del IRPF a las rentas superiores a 120.000 euros. En España se castiga al que trabaja y triunfa. Moderadamente, porque los triunfadores que cobran 120.000 euros al año, en otras sociedades son apenas triunfadorcitos. Subir los impuestos equivale a reconocer una mala administración del dinero público. Subir los impuestos equivale a reconocer una grave incompetencia gubernativa y administrativa. Subir los impuestos para mantener el derroche del dinero de todos es consecuencia del desbarajuste y la improvisación. Bajar los impuestos equivale a demostrar una buena administración, o lo que es igual, la honestidad en el uso de las arcas del Estado. Anima a los contribuyentes y se crean puestos de trabajo. No da lo mismo ser honrado que largo de mano. Subir y bajar son acciones adversas y contrarias. No da lo mismo subir al quinto piso que bajar al sótano, que es donde nos hallamos. No es igual ser el atracado que el atracador. Zapatero, que está perdido, habla un mangalofo sin gracia, sin talento y sin nada. Un mangalofo como él mismo, que eso sí que da lo mismo.

La Razón - Opinión

Especuladores. El viaje imposible de ZP. Por Cristina Losada

Los suyos han empezado a desertar y más pronto que tarde se pondrán a buscar al nuevo mesías de la izquierda auténtica. Y de los adversarios que él convirtió en enemigos, de aquellos contra los que ha gobernado, nada quiere y nada puede esperar.

Cuando Josep Pla visitó Nueva York se quedó maravillado ante los rascacielos, las luces y el bullicio de las calles y enseguida se interesó por la cuestión esencial. Preguntó: ¿Y quién paga todo esto? Hace unos días, en aquella ciudad, Zapatero se reunió con los que "pagan todo esto". Y con "esto" no me refiero a los fastos neoyorquinos, sino a los fastos zapaterinos. Quienes han financiado los dispendios del Gobierno, fuesen cheques-bebé, rentas de emancipación o subvenciones a socios y amigos son, junto al sufrido contribuyente, los señores que la prensa denomina "tiburones de Wall Street". Sin la aportación de esos caballeros que el socialismo tachaba de especuladores codiciosos y ahora trata como a honrados inversores, la gran fiesta non stop de ZP se hubiera quedado en un modesto guateque.

El buen juicio de Pla tiene, sin embargo, poco arraigo en nuestra izquierda, instalada en la noción de que todo sale gratis. La economía de mercado le resulta un arcano indescifrable y, en cualquier caso, es anatema, aunque no por eso renuncie a sus beneficios. Nadie quiere mudarse a Corea del Norte, pongamos. El intento de Zapatero por convencer a Soros y demás chupasangres de que su mini ajuste va en serio, se percibe ahí como una intolerable humillación de la democracia ante los mercados, que en su cosmovisión figuran como conceptos antitéticos. Medios afectos al presidente le reprochan su transformación, certifican el fin del ZP de sus amores y auguran su próxima derrota. A un paso están de denunciar que se ha hecho ¡de derechas!

Bien empleado le está. Zapatero izó el estandarte ideológico como primordial reclamo, radicalizó las diferencias y polarizó a la sociedad. Ganó por dos ocasiones con tal estrategia y la esperanza en una huida permanente de la realidad. Y ésta se ha tomado su revancha. Cuando forzado por la magnitud de la debacle ha debido adaptar parte de su política a lo real, se encuentra sin compañeros de viaje. Los suyos han empezado a desertar y más pronto que tarde se pondrán a buscar al nuevo mesías de la izquierda auténtica. Y de los adversarios que él convirtió en enemigos, de aquellos contra los que ha gobernado, nada quiere y nada puede esperar. Así, el Zapatero de antes hace imposible la travesía que pretende el actual. Le toca pagar.

Libertad Digital - Opinión

El diablo y las encuestas. Por Ignacio Camacho

El mago de las encuestas, que son la droga de los políticos, ha permitido que en Madrid le cargue una el diablo.

LAS encuestas son la droga de los políticos, que viven colgados de la demoscopia. Gastan cantidades insondables en estudios de opinión pública sin aceptar que a veces la gente simplemente miente en ellos o se perfila del modo que considera más socialmente correcto; algunos dirigentes incluso se confunden a sí mismos al mandar incluir en los sondeos preguntas con respuesta inducida, lo que equivale a hacer trampas en un solitario. La política contemporánea ha renunciado al liderazgo de las ideas para dejarse guiar por las técnicas de mercado; en vez de persuadir a los votantes, la dirigencia les pregunta qué quieren y con las respuestas conforma programas según demanda que luego trata de presentar como ideológicos. A veces rompen el espejo como la madrastra de Blancanieves, que es lo que acaba de hacer la vicepresidenta De la Vega con la directora del CIS. Nada nuevo: la Historia está llena de mensajeros liquidados por portar malas noticias y los romanos decapitaban a los augures pesimistas. Pero tampoco siempre ocurre así; de hecho en España hay sociólogos que se han hecho millonarios a base de equivocarse en los pronósticos.

Al pueblo le divierte que las encuestas patinen: es como si engañara a través de ellas a los que se pasan la vida engañándolo con la gobernanza. Hay fallos pintorescos. Javier Arenas convenció a Aznar de que Adolfo Suárez Illana era el candidato ideal para derrotar a Bono en La Mancha con varios sondeos que certificaban su victoria. Se llevó un revolcón histórico porque los consultados creían que les estaban preguntando por su padre, el audaz arquitecto de la Transición ahora perdido en la trágica bruma del Alzheimer. Chirac adelantó unas legislativas confiado en el vaticinio del éxito y acabó con el socialista Jospin encaramado en sus presidenciales faltriqueras. La demoscopia es una ciencia, pero no exacta; si lo fuese no sería necesario celebrar elecciones. Lo que sí resulta es una ciencia muy cara.

A Zapatero le va a salir carísimo el sondeo que Blanco encargó para promover a Trinidad Jiménez como rival madrileña de Esperanza Aguirre. Preguntaron a muchos ciudadanos pero se les olvidó pedir opinión a la militancia del partido; creían que el tal Tomás Gómez era pan comido y que se derretiría con una llamada de Moncloa, y le prepararon un pucherazo demoscópico. Pero Gómez se ha rebelado subiéndose a las barbas de la hegemonía interna y va a ser el primer político que derrote al presidente; si gana, como parece –a Trini le ayudan poco algunos padrinos aficionados a los tejemanejes--, saldrá proyectado de las primarias y se convertirá en un adversario temible para Aguirre… y acaso para el propio Zapatero, que ya piensa en disimular el error vendiéndolo como una alambicada maniobra estratégica. El mago de las encuestas ha dejado que le cargue una el diablo.

ABC - Opinión

Sintonía Gobierno-sindicatos

Con gran entusiasmo y abuso de superlativos, el ministro de Fomento anunció ayer el acuerdo con los sindicatos sobre los servicios mínimos que deben regir el día de la huelga general, el próximo miércoles día 29. «Es un acuerdo histórico», proclamó José Blanco para subrayar que nunca antes se había logrado; igual satisfación mostraron los dirigentes sindicales, hasta el punto de que lo han puesto como ejemplo a seguir en futuras huelgas. Sin embargo, detrás de tanto parabién se percibe una estrategia política, diseñada por negociadores ideológicamente afines, para utilizar el acuerdo como arma arrojadiza contra los gobiernos autonómicos del PP. Así se ha comprobado claramente en Madrid, donde los sindicatos no han demostrado interés en consensuar nada. Muy al contrario, su actitud ha sido de confrontación y beligerancia, nada que ver con el tono conciliador empleado con el ministro de Fomento. Tensiones parecidas se han registrado en otras comunidades gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla y León; en Valencia, el consenso ha sido precedido por descalificaciones de grueso calibre. Por el contrario, en Andalucía y Cataluña los sindicatos han sido una balsa de aceite. No parece que estos alineamientos y desencuentros carezcan de intención política. La prueba es que los servicios mínimos pactados por los sindicatos con Blanco son prácticamente los mismos que fijó Álvarez Cascos, ministro de Fomento de Aznar, para la huelga de 2002. ¿Por qué en aquel entonces los dirigentes sindicales recurrieron ante el Tribunal Supremo los servicios mínimos fijados por Cascos y ahora los presentan como un hito histórico? Sería de ingenuos esperar que el actual sindicalismo español, lastrado por los prejuicios ideológicos, tratara de igual modo a un Gobierno de izquierdas que a otro de derechas. Por encima de su actual distanciamiento, la sintonía política de CC OO y UGT con el PSOE está a salvo y es la que ha permitido al ministro de Fomento presentarse ante la opinión pública como el campeón de los pactos, cuando en realidad el verdadero pacto es muy otro: no hacerse daño entre ellos y desviar toda la agresividad política hacia el PP y sus gobiernos regionales, empezando por el más significativo: el de Esperanza Aguirre. Por lo demás, la cuestión central de los servicios mínimos no es tanto el porcentaje que se ha fijado para cada uno de ellos, pues siempre serán discutibles, cuanto su estricto cumplimiento. De nada sirve, por ejemplo, que se establezcan en un 20% los transportes de cercanías, si luego los piquetes los boicotean en las horas punta y siembran el caos para impedir que los viajeros lleguen a su puesto de trabajo. En este punto, el Gobierno debe actuar con el mismo celo y entusiasmo exhibido con los sindicatos para garantizar el derecho al trabajo de cuantos, en uso de su libertad, decidan no secundar la huelga y llevar a cabo su jornada laboral con normalidad. Tanto derecho tienen los sindicatos a parar como los trabajadores a trabajar. Si el Gobierno no pusiera los medios necesarios para hacer cumplir los servicios mínimos y para proteger a los obreros de piquetes y coacciones significaría que el «acuerdo histórico» del que se ufana Blanco incluye cláusulas secretas nada democráticas.

La Razón - Editorial

Blanco, el piquetero número uno

Si ayer fue un duro patrón, hoy es el primero y más eficaz de los piqueteros, pues este acuerdo obligará a muchos trabajadores a convertirse en huelguistas involuntarios. Y en ambos casos porque le convenía al PSOE.

Los ciudadanos se enfrentan el próximo miércoles 29 de septiembre a un duro dilema. Casi todos tenemos en mente un buen número de nombres como responsables de la dura crisis en la que estamos inmersos; una lista que encabeza José Luis Rodríguez Zapatero y en la que destacan en un lugar prominente los sindicatos de clase, CCOO y UGT, que llevan literalmente comiendo de su mano durante toda la legislatura. Ante la convocatoria de huelga, parece que haya que elegir entre Satanás y Belcebú: si se hace, se está con los sindicatos; si no, con Zapatero.

Pese a las apariencias, éste es un falso dilema que está dejando claro el comportamiento tanto de unos como de otros. Los sindicatos se juegan mucho y tienen que hacer un difícil equilibrio. No quieren dañar al Gobierno que tanto ha hecho por ellos, pero deben hacer algo si no quieren caer aún más en el descrédito. Pusieron la excusa de que el Gobierno tomaba medidas sociales para no hacer nada frente a la sangría del empleo, así que cuando Bruselas obligó a Zapatero a aparentar que tomaba medidas no les quedó otra que hacer el paripé. De modo que van a la huelga –eso sí, meses después de que Zapatero anunciara sus reformas de chichinabo–, se movilizan, pero criticando lo mínimo posible al Gobierno. Lo demuestran, más allá de toda duda razonable, los ya famosos vídeos de UGT y Chiquilicuatre.

Por su parte, al PSOE no le interesa perder a un aliado que tan fiel se ha mostrado a su billetera y su ideología trasnochada, al que necesita tanto en el Gobierno como en la oposición para desplegar su demagogia izquierdista. Mientras pueda venderse la huelga como una protesta contra la crisis, como están haciendo los sindicatos, bien está. Al fin y al cabo, como demostró Aznar en 2002, las huelgas no se ganan o se pierden sólo en las cifras de participación, sino sobre todo en lo que hacen sus actores principales después de la misma. De ahí las alabanzas de Pajín a los liberados, el "respeto profundo" de Zapatero a la movilización y, en último término, los ridículamente bajos servicios mínimos pactados por Blanco.

La razón por la que nunca habían podido pactarse servicios mínimos en anteriores huelgas generales es porque los sindicatos siempre consideran su derecho a la huelga mucho más importante que el derecho del resto de los ciudadanos a contar con unos servicios públicos esenciales. Especialmente en el transporte porque, como se demostró en Madrid este verano, para paralizar una gran ciudad basta con impedir que circulen trenes y autobuses. Y si no se puede llegar al trabajo, no se trabaja. De ahí que los gobiernos, que es contra quienes se habían organizado las huelgas generales hasta ahora, hayan querido siempre que se mantuvieran unos mínimos suficientes para que la huelga tuviera una oportunidad para fracasar.

En este caso, los mínimos pactados por Blanco son ridículamente bajos. En una huelga que la mayor parte de la ciudadanía no parece dispuesta a seguir no es razonable que circule menos de un tercio de los trenes. El mismo ministro que se mostró firme frente a los controladores, y al que alabamos por ello en su momento, ha optado por mostrarse pusilánime esta vez. Lo cierto es que en ninguna de las dos ocasiones sus decisiones se han basado en la responsabilidad, sino en un mero cálculo político. Si ayer fue un duro patrón, hoy es el primero y más eficaz de los piqueteros, pues este acuerdo obligará a muchos trabajadores a convertirse en huelguistas involuntarios. Y en ambos casos porque le convenía al PSOE. Pese a las apariencias, sigue siendo tan mal ministro como buen apparatchik.

Libertad Digital - Opinión

El precio del poder

Otra vez la obsesión por mantenerse en el Gobierno ha llevado a Rodríguez Zapatero a cuartear principios hasta ahora «sagrados».

A falta de conocer la letra pequeña del pacto entre el PNV y el Gobierno, parece evidente que Rodríguez Zapatero ha traspasado peligrosamente una de las líneas rojas celosamente preservadas por todos y cada uno de los gobiernos anteriores: la del sistema de la Seguridad Social, entendido como instrumento de solidaridad entre españoles. No solo ha asestado un duro golpe a la unidad de mercado, sino agrietado el principio de igualdad. Cierto es, como decía ayer ufanamente el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, que de la Seguridad Social no saldrá un solo euro. Pero el problema está en que lo que antes se recaudaba desde el País Vasco por la vía de las cotizaciones destinadas al fomento de planes activos de empleo, y que iba a la Tesorería de la Seguridad Social, ya no entrará en la caja única del sistema. Otorgar al País Vasco las políticas de empleo —formación, orientación y colocación de desempleados— no es el problema, sino la transferencia de las bonificaciones a la contratación laboral en detrimento de otras Comunidades. El Gobierno no tendrá razón política ni técnica para no ceder la misma potestad a las autonomías que la reclaman, ni autoridad moral para reprochar al PP las impugnaciones que ha anunciado. Otra vez, la obsesión por el poder ha llevado a Zapatero a cuartear principios hasta ahora «sagrados». Aunque Patxi López haya felicitado al presidente del PNV «por comprometerse con España», el lendakari sabe que el acuerdo alcanzado por los nacionalistas y Rodríguez Zapatero es un agujero en los cimientos de su Gobierno. Zapatero ha dado al PNV dos argumentos poderosos contra sus compañeros del PSE. Uno es puramente electoral, porque los nacionalistas podrán exhibir ante los electores vascos en los comicios municipales una transferencia nueva de gran repercusión social. El segundo es político y de mayor calado, porque a Urkullu nadie le podrá negar que ha conseguido de Zapatero lo que este negó a Patxi López; y traducido al lenguaje populista del nacionalismo, significa que el PNV, aun en la oposición, negocia mejor con Madrid que los socialistas, aunque estén en el poder autonómico. Sin embargo, el precio del pacto con el PNV no se conoce en su integridad. La primera fase es un paquete de políticas activas de empleo y, además, la competencia para modificar las bonificaciones a la contratación. La segunda se verá a partir de las municipales y forales de 2011.

ABC - Editorial

Leninismo«bienpagao». Por Hermann Tertsch

Ahora es cuando los españoles van a ver lo que se ha criado en la ciénaga sindical.

VAYAN haciéndose a la idea de que sean los que fueren los servicios mínimos pactados, los sindicatos verticales desmandados van a portarse como la hija de papá rico a la que se le niega por primera vez el capricho. Es decir, arañará a la doncella, insultará al chófer, romperá los muebles y aterrorizará a todo el que se le acerque. Y que papá, que es el Gobierno, va a tener serias dificultades para impedir que la niñata aterrorice a los hermanos y niños del barrio. Los sindicatos llevan días amenazando a toda la ciudadanía con una tranquilidad y un desparpajo dignos de mejor causa. Esa especie de gracejo mafioso —«por supuesto que queremos parar Madrid»— que les sale ahora a Cándido Méndez y a Ignacio Fernández Toxo no es sino un intento malogrado de darle un toque castizo a lo que es un masivo intento de intimidación a la sociedad española en general y a los trabajadores en particular. Esta operación de todo un aparato de funcionarios más o menos paniaguados y privilegiados para atemorizar a los ciudadanos de cara al 29 de septiembre está ya rozando mucho la línea de lo tolerable por un Gobierno cuyo deber es defender la libertad de todos. Cuando anuncian que su objetivo es parar Madrid y todas las ciudades españolas con sus piquetes, dejan claro que no esperan que la capital y todas las demás ciudades queden paralizadas por voluntad propia. Sino obligadas por la santísima voluntad de sus peculiares burós políticos, sus cuadros de liberados sovietizados y sus bandas de matones que llaman piquetes informativos.

Durante tanto tiempo han estado los líderes sindicales jugando a ser ministros que ahora no soportan que los hayan echado de esa enorme casita de muñecas (perdón) y muñecos que es el Consejo de Ministros de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Le habían cogido gusto a la moqueta. Y nos habían acostumbrado ya al atónito paisanaje español a ver a un personaje como Cándido Méndez explicándonos en una conferencia de prensa los detalles de la política económica del Gobierno. O haciendo disquisiciones sesudas sobre las reformas de las finanzas internacionales. Como aquí estamos curados de espanto, nos consolábamos con la certeza de que no sabrían menos que el presidente estos dos personajes que un día se hacen los abuelotes sabelotodo y otros, comisarios políticos de la checa de Riscal. Ahora es cuando los españoles van a ver lo que se ha criado en la ciénaga sindical. Poco tienen que ver con aquel sindicalismo de Nicolás Redondo Urbina y Marcelino Camacho, de líderes que conocieron la cárcel pero apenas hablaban de ellas. Que estaban empeñados en el diálogo social y en paliar la conflictividad en épocas de duras reestructuraciones industriales. Estos no. Ya han desplegado todo su matonismo leninista para amenazar a los españoles con más problemas de los que tenemos, si no nos plegamos a su voluntad. Amenazan con secuestrarnos y presumen de tener bandas dispuestas a ello. ¿No va a hacer nada el Ministerio del Interior? ¿Y la Fiscalía?

ABC - Opinión

Democracia según ZP: tongo y pucherazo en las primarias. Por Federico Quevedo

Si, me voy a meter una vez más, y no será la última, con Rodríguez, así que si a alguien le molesta que se vaya a leer otra cosa, porque yo ya estoy harto de que se cuestione mi derecho a escribir de lo que me de la real gana. Dicho esto, y confiando –con pocas esperanza, es verdad- en que los apóstoles del Pensamiento Único me dejen hoy en paz, vamos a lo que vamos, que no es moco de pavo. El Partido Socialista, ese del que es secretario general Rodríguez Zapatero, espero que por poco tiempo ya, siempre ha tenido muy a gala lo de haber democratizado el proceso de elección de sus candidatos electorales a través de las primarias en las que son los militantes los que eligen a los cabezas de lista.

En sí misma la idea es buena y positiva, y se debería plantear su implantación. Nuestra democracia adolece precisamente de serlo en ese punto en la medida en que tanto las listas son cerradas como lo es la elección de sus integrantes: al menos por uno de esos dos caminos debería de oxigenarse el proceso democrático de elección de nuestros representantes en el Parlamento, bien abriendo las listas, bien abriendo el proceso de elección de los candidatos a través de primarias.

La realidad, frente a lo que el socialismo patrio nos presenta como un éxito democrático, es sin embargo bien distinta. Ayer se cerraron los plazos para presentar candidaturas avaladas que puedan competir en primarias. En Madrid, tanto Tomás Gómez como Trinidad Jiménez han obtenido avales suficientes. Nadie ponía en duda que iba a ser así, pero de entrada el proceso nace con enormes obstáculos para los aspirantes en la medida que se exige un número tan elevado de avales para poder competir que en algunas ocasiones resulta muy difícil conseguirlo, sobre todo si el aspirante no controla el aparato del partido, como le ha ocurrido a Antonio Asunción en Valencia.

Porque, seamos serios, ¿quién va a ser el guapo que avale a un candidato contra el aparato del partido, ante el riesgo de ser objeto de represalias? No hay que olvidar, primera muestra de la poca fe en la democracia interna que demuestra este proceso, que los avales son público y con nombre y apellidos. En el caso de Madrid, dado que a Gómez le respaldaba el aparato regional, y a Trini el nacional, era fácil que ambos consiguieran suficientes avales puesta que los firmantes siempre obtendrán un respaldo en caso de ser objeto de represalias de la otra parte.

Pero no ha sido así en el caso de Asunción, donde se ha puesto en evidencia hasta donde pueden llegar las malas artes y el estalinismo que practica el socialismo zapateril. Para ese viaje, no hacen falta esas alforjas, y el PSOE podría ahorrarse la farsa y la parafernalia de las primarias. Lo que ha ocurrido en Valencia, donde a Asunción se le han robado, literalmente, 200 avales para evitar su candidatura contra Jorge Alarte, a su vez candidato de la Dirección Nacional mandada por Leire Pajín, es un pucherazo en toda regla y la demostración palpable de que la fe en la democracia que tiene el partido de Rodríguez raya en lo obsceno.

Ni Alarte ni Pajín podían permitir que Asunción retara en unas primarias al primero, porque si bien es verdad que a la hora de conseguir avales se ha quedado muy justo, es más que seguro que en una votación secreta e impersonal como la que hubiera tenido lugar el 3 de octubre, el ex ministro hubiera barrido al actual secretario regional de los socialistas valencianos, el hombre que va a permitir, con el apoyo de Pajín, que el alcalde tránsfuga de Benidorm vuelva a las listas del PSOE, haciendo bueno el dicho de que el PSOE es un partido que “no tiene principios, solo tiene fines”.

Al pucherazo de Valencia hay que añadir la sospecha de ‘tongo’ en Madrid donde, inexplicablemente, Trinidad Jiménez ha conseguido en poco más de 24 horas 2000 avales que casi empatan con los presentados por Tomás Gómez. Lo cierto es que Rodríguez no se puede permitir el lujo de que su candidata pierda las primarias del próximo 3 de octubre, y Tomás Gómez ya debería saber a estas alturas que Ferraz va a hacer lo que sea, incluso saltarse a la torera las reglas del juego, para que eso no ocurra.

La sospecha de que, aunque sea con un ‘tongo’ como una casa, Trinidad Jiménez va a abrirse paso como candidata a la Comunidad de Madrid es cada vez mayor, y lo digo yo que hace menos de un mes daba por hecha su derrota. Pero Rodríguez se juega demasiado en ese envite, tanto como para actuar como una verdadera mafia que impida la victoria de Gómez. Dicen quienes de esto saben que cuando le propuso a Jiménez ser la candidata, Rodríguez le dijo: “Tu gana las primarias, que yo me ocupo de que ganes las elecciones en mayo”. ¿Cómo lo va a hacer? Pues ya lo saben: ahí está el Gürtel y otras amenazas de ese tipo, como el hecho de que a partir de ahora el Comisario JAG se haga responsable de las investigaciones que afecten a personalidades relevantes, que ya sabemos de que partido van a ser. Esto es Estado Policial, les guste o no.

El Confidencial - Opinión

Soplar y sorber. Por M. Martín Ferrand

Todo es consecuencia de que el líder planetario no aprendió en su más tierna infancia que «soplar y sorber no puede ser».

ELENA Salgado, más sutil en el vestir que en el decir, anunció ayer en el Congreso que el Presupuesto de 2011 introducirá «un pequeño ajuste para las rentas más altas». Un Gobierno que tiene acreditada su incapacidad para reducir el gasto público en algo más que en el sueldo de los funcionarios no puede hacer otra cosa que subir los impuestos y de eso es de lo que nos previene la vicepresidenta. Además, en alarde del insensato optimismo que inspira José Luis Rodríguez Zapatero a sus ministros, barruntó Salgado que los ricos pagarán gustosos más impuestos. Ignoro en qué fuentes bebe la ministra para llegar a esa conclusión; pero aquí, quienes pagamos, lo hacemos porque no nos queda más remedio. No está prevista, como debiera, una objeción de conciencia fiscal que nos permita a los contribuyentes establecer el depósito judicial de nuestros impuestos para evitar que sean aplicados a gastos que escapan de las competencias naturales del Estado y de sus Administraciones y, resignadamente, costeamos servicios que nos repugna financiar.

También Victorio Valle, director general de Funcas y economista solvente y acreditado, cree que es necesario subir impuestos para contener el déficit; pero, matiza, subirlos solo a los ricos no resolverá el problema de los ingresos y son, solo, «ganas de molestar». También, según el sabio que anida en la Fundación de las Cajas de Ahorros, es una «imbecilidad» la tasa bancaria que Zapatero anunció en Nueva York. Todo es consecuencia de que el líder planetario, el hombre que defiende a los parias de la tierra por la noche y a la mañana siguiente se desayuna con los tiburones de Wall Street, no aprendió en su más tierna infancia que «soplar y sorber no puede ser». O lo uno o lo otro. Mientras la Administración mantenga una doble red de televisiones públicas que nos cuestan un Congo, permita la existencia de millares de liberados sindicales que rebajan la cuota de productividad nacional, financie espectáculos que ni tan siquiera demandan los ciudadanos y, por no alargarnos y al margen de la retribución de funcionarios, esté en condiciones de reducir cerca de un veinte por ciento del Presupuesto sin que se enteren más que sus directos beneficiarios será improcedente subir los impuestos. A los ricos o a los pobres. La mitad de los contribuyentes declaran ingresos anuales de 15.000 euros o menos y solo el 4 por ciento declaran por arriba de los 60.000 euros. Es una vaca que tiene muy poco que ordeñar porque con más de 600.000 euros de ingresos solo hay un 0,1 por ciento que ya aportan más del 4 por ciento del total de la recaudación. Ahora toca soplar, no sorber.

ABC - Opinión

Galicia. El vivero del nacionalismo. Por Cristina Losada

Las escuelas son, desde hace años, el vivero del nacionalismo. Allí intenta moldear las mentes, cultivar a sus alevines y forjar a sus camisas pardas, las fuerzas de choque que intimidan y agreden a los disidentes.

Uno manda a sus hijos al colegio con el fin de que obtengan conocimientos y lo que obtienen es la bandera del BNG y de cuanto grupúsculo mora en la caverna nacionalista. Con ese estandarte, los niños se pasearán por una manifestación o por un correlingua en el curso del cual se representará una obra de teatro que trata de "renegados" a los gallegos castellanohablantes. Los progenitores aún estarán de suerte si sus criaturas no acaban de público en un recital destinado a reclamar la libertad de unos individuos presos por colocar una bomba. De ese tenor son las actividades extraescolares que se llevan a cabo en centro públicos gallegos bajo la comandancia de los Equipos de Normalización Lingüística. Así se observa, sin trampa ni cartón, en la documentación reunida por Galicia Bilingüe.

Las pruebas son incontestables. Los profesores que imparten la invasiva Formación del Espíritu Nacional no ocultan lo que hacen, sino que lo exhiben, carentes de pudor alguno, en las páginas web de los centros. Cuesta llamarlos profesores. Son indignos de tal nombre y de tal cargo unos funcionarios públicos que utilizan su ascendiente sobre unos menores de edad para inducirlos a comulgar con su ideología y acarrearlos a actos de signo político. No sé a qué espera el gobierno autonómico para abrir una investigación propia y expedientar a tan descarados adoctrinadores. Mejor no saberlo. Dos de los Equipos más significados en la innoble pedagogía del odio recibieron sendos premios de la Consejería de Educación hace poco. Se trata de galardones a la innovación. Incitar al lanzamiento de cócteles molotov, publicitar a grupos filoterroristas o pedir el voto para el BNG son, desde luego, innovaciones, pero de las que pervierten el espíritu y la letra de la enseñanza.

Las escuelas son, desde hace años, el vivero del nacionalismo. Allí intenta moldear las mentes, cultivar a sus alevines y forjar a sus camisas pardas, las fuerzas de choque que intimidan y agreden a los disidentes. La desfachatez, la absoluta normalidad con la que se desarrolla el proceso de adoctrinamiento, indica que sus autores se sienten impunes. Y con razón. Sólo los gobiernos del PP podían rechistarles y siempre tuvieron a bien renunciar. Gracias a la proverbial agudeza política de la derecha, la enseñanza gallega es territorio en poder de los fanáticos.

Libertad Digital - Opinión

Servicios mínimos

Para garantizar el éxito de una huelga general se necesitan tres cosas: piquetes, piquetes y piquetes.

PARA colapsar un país en una huelga general se necesita sobre todo bloquear los transportes, y luego cerrar las escuelas y los comercios. Es decir, resultan imprescindibles tres cosas: piquetes, piquetes y piquetes. No necesariamente violentos —la violencia sería la puntilla del desprestigio sindical—pero sí coactivos y con suficiente visibilidad intimidatoria. Inmovilizando los metros, las redes de cercanías y los autobuses e inyectando silicona en las cerraduras de bancos, colegios y tiendas se consigue el efecto de un cierre completo a primera hora —quizás amplificado con el fundido en negro de Telemadrid y alguna otra tele pública— que permita proclamar desde bien temprano el triunfo de la convocatoria. Lo que ocurra después, la lenta recuperación de una relativa normalidad a lo largo de la jornada, carece de importancia ante la impresión inicial de los informativos, que es la que prevalecerá entre la guerra de cifras y porcentajes propia de esta clase de negocios. Es el impacto primerizo y mañanero en los grandes núcleos metropolitanos lo que garantiza el éxito de un paro de grandes dimensiones.

Las huelgas no son una demostración de convicción argumental sino un ejercicio de fuerza. Lo que los convocantes pretenden mostrar es su musculatura organizativa para detener la vida de un país, y en ese desafío se juegan su razón de ser incluso en una cita tan poco motivada como la del día 29, llena de titubeos, mala conciencia y medias tintas que ponen de relieve la falta de fe de sus promotores y sus dudas ideológicas y estratégicas. Es una huelga de boca pequeña, en la que las centrales no desean la derrota completa del Gobierno amigo y hasta hace unos meses aliado, y éste tampoco está por la labor de propiciar un fracaso sindical absoluto que deje descosida a su principal red de apoyo social. Pero los sindicatos se juegan mucho más que nadie; su predicamento está tan desgastado que una desmovilización patente acabaría con cualquier posibilidad de influencia a medio plazo sobre la vida laboral y política española.

En una circunstancia así, los servicios mínimos son papel mojado porque no ofrecen ninguna seguridad. Si el Gobierno cumple su responsabilidad de hacerlos respetar, sobre todo en los transportes, el paro no alcanzará el 40 por 100 de la población trabajadora, que en su mayoría no parece dispuesta a secundar una iniciativa que no entiende. Si por el contrario el poder consiente el bloqueo de las comunicaciones y hace la vista gorda ante los piquetes permitirá salvar la cara a sus hermanos separados con un día de relativa hegemonía en la calle. Es la hipótesis más probable, un quid pro quotácito, un pacto implícito de no agresión mutua: ni demasiada rigidez por una parte ni excesiva pasión rebelde en la otra. El miércoles será, de todos modos, un día histórico para las relaciones laborales: el único del año en que los liberados trabajen.

ABC - Opinión

Servicios mínimos. Por Ignacio Camacho

IRPF. El impuesto de los ricos. Por José García Domínguez

Los en verdad ricos, al modo de la nobleza y el alto clero de entonces, tornan a estar exentos de contribuir merced a la muy graciosa bula de las Sicav; las manos muertas, rentistas y afines, apenas corren con el preceptivo diezmo, y gracias.

Al fin, parece que el Gobierno se ha decidido a recuperar un clásico de la demagogia populista de cualquier tiempo y lugar: la gabela punitiva contra los ricachones. Mera pirotecnia tributaria, huelga decir. Puro fuego de artificio fiscal sin capacidad recaudatoria efectiva. Apenas simple carnaza retórica al exclusivo servicio del resentimiento social. Aunque por ello mismo, un recurso siempre eficaz en tiempos de zozobra. Al punto de que ni siquiera Franco, el espejo donde ahora se mira Zapatero, sería capaz de huir a sus dulces encantos propagandísticos.

Y es que, una vez desnudo de la charlatanería solidaria de rigor, no otra cosa ha de ser ese nuevo recargo, el que va a gravar a "los más pudientes", en cursi eufemismo tan marca de la casa. Un sucedáneo socialdemócrata, pues, del difunto impuesto de lujo. Recuérdese, aquel peaje a la revolución pendiente que estaban llamados a costear con unas pesetillas cuantos quisieran mercar un yate o un Mercedes en la España del desarrollismo. Al igual que su epígono zapateril, un gesto hacia la galería completamente inane a efectos hacendísticos. Algo muy coherente, por lo demás, con la nueva doctrina impositiva del PSOE, ahora inspirada en una lectura insólita de San Pablo. Al cabo, si el de Tarso sentenció: "El que no trabaje, que no coma", Zapatero, más sensible a los reclamos de la clase ociosa, ordenaría en 2007: "El que viva de rentas, que no pague el IRPF".

De ahí la dualidad moral que rige en el impuesto; a saber, el trabajo, esa maldición divina, se castiga con una escala progresiva susceptible de reptar hasta el 43 por cierto. Sin embargo, las rentas del capital, ingresos limpios de mácula metafísica, resultan premiadas con un tipo del veintiuno. Toda una lección de progresismo en versión Dolce & Gabbana. Curioso viaje de vuelta al Antiguo Régimen con parada y fonda en el despotismo iletrado de Fernando VII. Los en verdad ricos, al modo de la nobleza y el alto clero de entonces, tornan a estar exentos de contribuir merced a la muy graciosa bula de las Sicav; las manos muertas, rentistas y afines, apenas corren con el preceptivo diezmo, y gracias; el tercer estado, en fin, carga con el peso todo del erario. Otra vez. Curioso viaje, sí, a ninguna parte. Y encima con recochineo peronista.

Libertad Digital - Opinión

El cuidador de ETA

Usabiaga fue puesto en libertad cuando volvían a oírse las patrañas de que había que ayudar a los «moderados» del mundo batasuno a hacerse con el control de la izquierda abertzale.

EN abril pasado, Garzón puso en libertad al dirigente proetarra Rafael Díaz-Usabiaga porque tenía que cuidar de su madre, en supuesta situación de dependencia. En el auto, Garzón advertía de que se consideraría reincidencia delictiva «cualquier participación o actuación relacionada con el complejo terrorista liderado por ETA». De poco sirvió que todas las evidencias apuntaran a un auténtico fraude procesal y un engaño a la Justicia. Usabiaga fue puesto en libertad cuando volvían a oírse las patrañas de que había que ayudar a los «moderados» del mundo batasuno a hacerse con el control de la izquierda abertzale. ABC trae a portada la prueba de que Usabiaga, cuide o no de su madre, sí ha retomado sus andanzas filoterroristas. En la foto, del día 4 de este mes, aparece en un acto de «Adierazi EH», títere proetarra al que la Audiencia Nacional prohibió una manifestación. Ya está tardando la vuelta de Usabiaga a prisión.

ABC - Editorial

Impuesto electoralista

Al fin parece que el Gobierno tiene decididos los retoques fiscales en los próximos Presupuestos Generales del Estado, después de meses de elucubraciones, amagos y rectificaciones. El Gobierno planea crear un nuevo tramo de IRPF de entre el 45% y el 47% para las rentas superiores a los 120.000 euros, es decir, al menos un par de puntos porcentuales más que el actual tipo marginal máximo del 43%. Rodríguez Zapatero había repetido en varias ocasiones que los españoles con más ingresos deberían hacer un esfuerzo mayor para contribuir a salir de la crisis. La realidad es que la subida del IRPF planteada afectará a unos 170.000 contribuyentes, el 1,14% del total de declarantes, según las estimaciones más recientes de los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda . En términos de recaudación, la aplicación de un tipo marginal del 45% supondría un montante adicional de 435 millones de euros. Si el nuevo tipo fuera del 47%, la cifra sería de 990 millones. La utilidad, por tanto, de la subida no se puede calibrar en función de su contribución al equilibrio de las cuentas públicas ni del alivio del ajuste fiscal impuesto por las autoridades comunitarias. A diferencia de lo que predica el Gobierno, no hay un argumento sólido para sostener que esta vuelta de tuerca a las rentas más altas tenga un motivo económico. Es, por supuesto, político. Con una huelga general a la vuelta de la esquina y una sangría de apoyos en sus bases tradicionales por los recortes del Estado de bienestar más importantes de la democracia, el Ejecutivo quiere recuperar terreno por la izquierda con este movimiento táctico que, sin embargo, envía un mensaje nocivo a los mercados y a la sociedad. Las subidas de impuestos disuaden a los inversores, retienen el consumo y traban la actividad económica. No son útiles en momentos de crisis ni desde luego simpáticas, por mucho que la vicepresidenta Elena Salgado esté convencida de que las personas con mayor capacidad están encantadas de realizar un esfuerzo para contribuir a la reducción del déficit, como comentó ayer en el Congreso para recriminar al PP que no se sumara con igual entusiasmo a la subida de impuestos. Pero bromas de ministra aparte, lo cierto es que la política económica del Gobierno socialista sigue arrastrando sus pecados originales, por mucho que se hayan emprendido a regañadientes y bajo la presión de nuestros socios comunitarios y de Estados Unidos unas reformas que son insuficientes. El problema no es que tal o cual medida sea o no progresista, sino que responda con eficacia a un escenario crítico y que dé resultados. No es el caso de la concatenación de parches de este Gobierno, sumido en la improvisación y en la resistencia a asumir la realidad tal y como es. Con el debate de los impuestos, se ha vuelto a generar desconfianza. El PSOE ya los subió y no poco –IVA e impuestos especiales, entre otros– con el resultado conocido, y ahora exprimirá más a unos miles de ciudadanos para que su imagen mejore entre las bases. Se equivocó antes y lo hace ahora. Una economía que arrastra cuatro millones y medio de parados necesita incentivos y estímulos, no lastres ni castigos.

La Razón - Editorial

Tránsfugas al poder

El aval de los socialistas al alcalde expulsado de Benidorm estimula esta práctica fraudulenta

Los socialistas de Valencia parecen dispuestos a consumar la ruptura del Pacto Antitransfuguismo que el PSOE firmó hace cuatro años con el resto de las fuerzas políticas del arco parlamentario. El alcalde tránsfuga de Benidorm, Agustín Navarro, ha sido propuesto por los socialistas como candidato a la alcaldía, ahora con la etiqueta de independiente. Le ha dado su aval Jorge Alarte, líder del partido en Valencia, el mismo que hace un año defendió enérgicamente el Pacto Antitransfuguismo y promovió la expulsión de Navarro y los concejales que le auparon a la alcaldía benidormense (entre ellos la madre de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín).

Este movimiento es de una enorme gravedad. Todos los partidos políticos han sido víctimas alguna vez del transfuguismo. De ahí el acuerdo alcanzado entre ellos en 1998, que se convirtió en un más solemne Pacto Antitransfuguismo en 2006. Pacto no menos solemnemente ignorado luego, destacando en ello el PP, tanto por el número de casos como por el surtido de coartadas empleadas para justificarlo. Precedentes que en ningún caso podrían justificar la actitud de los socialistas en Benidorm con el amparo de más altas instancias.

Ante las críticas por su cambio de actitud, Jorge Alarte ha reclamado la destitución de los alcaldes populares de otros municipios de la provincia que, como Navarro, alcanzaron el puesto con votos tránsfugas. Pero condicionar la decencia propia a la de los demás vacía de sentido el discurso de los socialistas valencianos de que el transfuguismo, además de ser un fraude a los electores, esconde corrupción urbanística. Si los 12 concejales que auparon a la alcaldía a Navarro hace un año merecieron la expulsión por vulnerar el Pacto Antitransfuguismo, ¿no la merecen ahora los que avalan retrospectivamente aquella decisión?

Pero el caso de Benidorm está cargado de simbolismo y su onda expansiva sobrepasa los límites de la Comunidad Valenciana. En este enclave turístico de 70.000 habitantes, especulación urbanística y transfuguismo tienen una larga tradición. A comienzos de los años noventa, el futuro dirigente popular Eduardo Zaplana inició su carrera alcanzando la alcaldía de la localidad gracias a un voto tránsfuga.

El episodio de hace un año ya salpicó a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín. Sus enemigos la acusaron entonces de haber salvado la cara con unas expulsiones cuyo alcance real se vería cuando llegaran las elecciones. La sospecha de que los 12 serían readmitidos en las listas no se ha verificado, pero el indulto implícito concedido a quien los encabezaba al designarle como candidato indica que aquella indignación era provisional. Si el PSOE imita lo que considera inaceptable en el PP, ambos partidos no solo renuncian a lo que pactaron sino que dejan el camino abierto para que los tránsfugas escalen con impunidad el camino que lleva al poder.

El País - Editorial

Venderse al PNV para endeudar a los españoles

Este apaño con el PNV servirá, para más inri, para sacar adelante unos presupuestos que, con toda probabilidad, nos llevarán a un mayor déficit y endeudamiento.

Lejos de buscar apoyos a los Presupuestos Generales del Estado para 2011 mediante propuestas que las demás fuerzas políticas puedan considerar adecuadas para la recuperación económica, el Gobierno de Zapatero ha optado por tirar de chequera cuando ni siquiera ha presentado un esbozo de sus cuentas para el año que viene. Así, el PSOE ya ha cerrado un acuerdo con el PNV por el que, según ha explicado el propio presidente de esta formación separatista, se transferirán 472 millones de euros al País Vasco destinados supuestamente a la gestión de las políticas activas de empleo en las que se incluye bonificaciones a las empresas en sus cuotas a la seguridad social.

Al margen de que la cantidad acordada permitirá al País Vasco, con una de las tasas de paro más bajas de España, contar con un capital muy superior al del resto de autonomías que tienen transferidas las políticas activas de empleo (todas salvo Ceuta y Melilla), este apaño con el PNV servirá, para más inri, para sacar adelante unos presupuestos que, con toda probabilidad, nos llevarán a un mayor déficit y endeudamiento. Y esto es así porque Zapatero ya ha demostrado que no va a recortar más el gasto de la administración central, municipal, ni muy especialmente el de la desbocada administración autonómica. En lugar de ello, el Gobierno pretende equilibrar estérilmente las cuentas con nuevas subidas de impuestos. De hecho, la ministra de Economía acaba de plantear una demagógica y contraproducente subida del IRPF para las rentas superiores a los 120.000 euros que tendrá insignificantes efectos recaudatorios, dado el escaso número de contribuyentes que alcanzan esos niveles. Así, esta demagógica medida fiscal no será más que la antesala de una generalizada subida de impuestos, tal y como ya han advertido las Cajas de Ahorro y tal y como ya ha empezado Zapatero a justificar debido a las "circunstancias".

Y es que cuando un gobierno manirroto no está dispuesto a reducir más los gastos de las distintas administraciones ni tampoco a acometer ninguna reforma estructural, empezando por una auténtica reforma laboral que estimule la creación de empleo, la única salida que tiene para tratar de convencer a propios y extraños de que va a equilibrar sus cuentas es anunciando nuevas subidas de impuestos. Una medida que, además, dado su efecto negativo sobre el crecimiento económico, no minorará el déficit.

Y en estas estamos, con un Gobierno que sigue de la mano de los nacionalistas haciendo transferencias en competencias que debería conservar la administración central para sacar adelante unos presupuestos que abocarán a los españoles a una mayor presión fiscal sin evitarles un mayor endeudamiento. Lo que sea por seguir en el poder.

Libertad Digital - Editorial

El per de la memoria histórica

Indemnizar a las mujeres que demuestren haber sido vejadas por el franquismo reinstala al Gobierno socialista andaluz en los métodos más rancios del caciquismo decimonónico.

LA decisión de la Junta de Andalucía de indemnizar con 1.800 euros a las mujeres que demuestren haber sido vejadas por el franquismo entre 1936 y 1950 trasciende cualquier límite establecido hasta ahora en el debate sobre la memoria histórica y reinstala al Gobierno socialista andaluz en los métodos más rancios del caciquismo decimonónico. A pocos meses de las elecciones municipales y con las encuestas anunciando un vuelco electoral histórico en Andalucía, el Ejecutivo de José Antonio Griñán se lanza por la pendiente de la demagogia y da otro paso más en la manipulación del dolor de las víctimas republicanas de la Guerra Civil. Es, en efecto, una manipulación por el momento político elegido y por el planteamiento puramente económico de la reparación. Además, consciente del destiempo con que se toma esta medida, la Junta prevé que las humillaciones —corte de pelo al cero, exposiciones públicas, ingesta de ricino...— puedan ser probadas, seis o siete décadas después, mediante declaraciones juradas de la víctima, lo que garantiza conflictos legales e incluso fraudes, pese a la existencia de una comisión que se encargará de valorar las peticiones de indemnización.

La Junta ha actuado en este asunto de manera arbitraria, sin apoyarse en una demanda social concreta que lo justifique, ni falta que le hacía ante la motivación oportunista de la medida. Hay ya suficientes normas sobre la reparación de las víctimas como para amparar en ellas esta medida. El problema no es su coste económico ni las controversias legales que puede suscitar, sino la visión que encierra sobre la sociedad andaluza y su relación con el poder político, una relación sustentada por el subsidio, la subvención y, en general, el gasto público que haga falta para alimentar las redes de dependencia clientelar que tanto han hecho por mantener la hegemonía socialista, ahora en peligro ante el avance del Partido Popular. Es lamentable que la respuesta del Ejecutivo socialista de Griñán ante este desafío histórico que le plantean los andaluces con un probable cambio de gobierno —que tendría en las municipales su primer capítulo— consista en reincidir en métodos que explican el estado político de Andalucía. No es un plan de incentivación del empleo, ni de excelencia educativa ni de lucha contra el fraude en el PER. Lo que se le ocurre a la Junta de Andalucía es poner precio al sufrimiento, como antes se ponía precio al hambre.

ABC - Editorial