Y Mayor Oreja vuelve a tener razón

Si esto que tanto Basagoiti como Cospedal o Mayor Oreja tienen por seguro termina siendo cierto, estaríamos ante un punto de no retorno en el pacto vasco y en la colaboración antiterrorista entre las dos principales fuerzas políticas.

El pacto PSOE-PP en el País Vasco pende de un hilo sólo un año después de haberse firmado. Un pacto que en su momento fue histórico por necesario, que ha servido para normalizar la vida política vasca después de 30 años de hegemonía nacionalista pero que, a pesar de todo ello, desde Ferraz ven endeble. Eso en lo que toca a los socialistas, principales beneficiarios de un acuerdo que abrió la puerta de la investidura a Patxi López y que ha permitido a su partido gobernar tranquilamente durante más de doce meses.

En la bancada popular las aguas también bajas revueltas. Los de Basagoiti no se creen que el PSOE haya renunciado del todo a reiniciar las negociaciones con la ETA.

Lo que hace dos meses era una simple sospecha es hoy, a decir de los populares, un hecho corroborado por informes policiales en su poder que certifican contactos reales entre el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, y miembros de la banda. Si esto que tanto Basagoiti como Cospedal o Mayor Oreja tienen por seguro termina siendo cierto (y todo indica que así es), estaríamos efectivamente ante un punto de no retorno en el pacto vasco y en la colaboración antiterrorista entre las dos principales fuerzas políticas españolas.

Significaría que Zapatero ha engañado dos veces seguidas a Rajoy y que no se da por vencido en su empeño de negociar por la ETA, poniendo para ello de rodillas al Estado de derecho y a la dignidad de la Nación. En tierra de nadie quedaría la negativa del Gobierno a volver sobre la senda negociadora y, sobre todo, los 12 inocentes que la banda ha asesinado desde la ruptura unilateral de la tregua-trampa en la Navidad de 2006. En este tema se despacha mucho más de lo que, en su acartonada pose pacifista, Zapatero o Eguiguren se figuran.

No nos cansaremos de repetir que con el terror ni se puede ni se debe negociar. Es, en primera instancia, una perversión legal ya que el Estado no está al mismo nivel que una recua de asesinos. Es, por lo tanto, inmoral e ilegítimo que el Gobierno se embarque en una operación de este tipo. Además, ni siquiera tiene una utilidad de orden práctico ya que todos los intentos de "diálogo" con la ETA han terminado del mismo modo, refortaleciendo a la banda y humillando a la democracia.

Si el objetivo es acabar con el terrorismo, no existe otra vía que la aplicación estricta de la ley, empezando por los ayuntamientos donde se refugia parte del entramado etarra, pasando por la derogación de la autorización parlamentaria para negociar con ETA y terminando con la suspensión de todos los improcedentes beneficios penitenciarios a los etarras. No hay otro camino, y tanto el Gobierno como el PSOE deberían saberlo ya tras el sonrojante escarmiento de la última mesa de negociación que, a bombo y platillo, Zapatero abrió contra todo pronóstico poco después de llegar al poder.

Libertad Digital - Editorial

Las esperanzas de la presidencia

LAS cumbres multilaterales deberían haber sido el colofón triunfante del semestre de presidencia española de la UE, pero no están pasando de ser el reflejo del desengaño de una política exterior en la que el presidente del Gobierno había depositado muchas de sus expectativas.

Es cierto que las ausencias no pueden deslucir la presencia de otros dirigentes iberoamericanos, dispuestos a trabajar constructivamente para que sus ciudadanos se beneficien de unas mejores relaciones con la Unión Europea: líderes como el chileno Sebastián Piñera, la recién elegida presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, o el mexicano Calderón, entre otros, representan una forma de hacer política que lucha por consolidar la democracia, y en este sentido son un ejemplo para los países de la región. Pero nada de eso puede hacer olvidar el hecho de que, en realidad, la agenda de la presidencia española está vacía y que no es realista esperar grandes avances de la reunión.

El principal error del Gobierno consiste en no haber defendido con firmeza en la comunidad iberoamericana los principios de la democracia liberal que desde hace unos años están siendo abiertamente atacados por los partidarios de lo que Hugo Chávez ha bautizado como «socialismo del siglo XXI», y que no es más que una versión trasnochada e igualmente estéril del modelo que fracasó en las dictaduras de Europa del Este. Los países americanos que podrían aprovecharse ahora de una relación fructífera con Europa están profundamente divididos, sin que España haya hecho uso de su influencia para reforzar a quienes han apostado por un modelo de sociedad libre y justa. Los acuerdos interregionales se han congelado -a excepción del centroamericano- a expensas de esa división promovida desde Caracas.

Esa política ha sido también estéril para España, como se ha podido comprobar en esta cumbre. Hugo Chávez -defendiendo sus propios intereses- promovió un boicot contra el presidente de Honduras, amenazando con ausentarse de la cumbre, y, después de lograr que España pidiera a Porfirio Lobo que no asistiera, el venezolano ha respondido con el desplante de enviar a un viceministro en su lugar. Pero en el campo en el que esta política está resultando más dañina es en la obstinación por contentar a la dictadura castrista, al insistir en el cambio de la posición común de la UE hacia Cuba. El abandono de los demócratas cubanos es una actitud inmoral que España lamentará en el futuro.

ABC - Editorial

¿Credibilidad? Cero patatero. Por José María Carrascal

QUIEN se asombre del vuelco dado por Zapatero en su política económica demuestra conocerlo muy mal o tener muy mala memoria.

No es la primera vez que el presidente del gobierno cambia en horas veinticuatro un aspecto de su política. Recuerden lo de ETA. De negociar con ella «la paz en el País Vasco» pasó a perseguirla hasta debajo de las piedras. Recuerden lo del estatuto catalán. De prometer apoyar el que le enviasen los catalanes pasó a olvidarse de ello. No es que este hombre no tenga palabra. Es que no tiene principios. ¿Cómo van a confiar en él no ya sus rivales, sino sus socios? ¿Cómo va a creérsele lo que dice hoy si mañana puede decir lo contrario? Es verdad que España siempre ha cumplido sus compromisos, con la república, con la dictadura, en buenos y malos tiempos. Pero el gran déficit de la España actual no es el de la balanza de pagos. Es el de la credibilidad de su Gobierno. Y sin credibilidad, no se va a ninguna parte.

La falta de crédito se transmite a un equipo desnortado por las guiñadas de un jefe que sólo piensa en sí mismo. Es patético contemplar el desconcierto de sus colaboradores, intentando no ya explicar, sino comprender lo que están haciendo y actuando contra sus convicciones, sin que ninguno ni ninguna tenga la altura moral de marcharse.

Pero más patético aún es contemplar a sus escuadras intelectuales intentando defenderle. Como no encuentran argumentos, lo único que se les ocurre es lo de siempre: atacar al PP. «Ahora que el presidente ha hecho los recortes que pedía -claman-, en vez de apoyarle, lo critican». Otra mentira. Rajoy no pedía los recortes que Zapatero ha dispuesto. Pedía recortar los gastos de un Gobierno elefantiásico, de unas subvenciones descomunales a partidos, sindicatos, patronal, ONGs, asesores, cursos, concursos, cursillos y otros dispendios que se llevan miles de millones de euros, aparte de pedir racionalizar la Administración en sus tres niveles. ¿Saben ustedes cuántos asistentes se llevó la vicepresidenta primera a la Conferencia sobre Haiti en la ONU, donde fuimos los terceros en ayuda prometida? Cuarenta y tres. Teniendo allí una delegación permanente. ¿Cuánto nos han costado las conferencias interministeriales a todo tren en distintas ciudades españolas, con motivo de nuestra presidencia rotativa europea? Nadie lo sabe porque no han terminado. Mientras, en Nueva York, rara es la semana sin un acto español u otro, carentes de todo eco, pero ideales para que los invitados hagan turismo y vayan de compras.

Es ahí donde hay que recortar. Es ahí donde hay que dar ejemplo. Pero poner como ejemplo de seriedad a José Luís Rodríguez Zapatero es como poner a Drácula al frente de un banco de sangre,

ABC - Opinión

La Noria. Por José García Domínguez

¿Acaso procede prueba mayor de que un gobernante muy principal del Reino en nada desentona alojado en la guarida de Coto Matamoros y el novio de Falete?.

Cayó el comunismo una noche en Berlín, es cierto, pero queda su genuina heredera, la televisión, al modo de las difuntas democracias populares, igualando a todos por abajo. Sin excepción. Esa televisión que el sábado avanzó sobre la última trinchera aún ajena a su dominio, la finísima raya divisoria que todavía escindía a las dos basuras: la del (burdo) espectáculo político, cuyo paradigma moral encarna La Noria; y la de la política rebajada a espectáculo (burdo), con ese inopinado híbrido entre Pajares y Esteso, J. Blanco, encumbrado a primer actor cómico de la nueva era sincrética.

Como se decía cuando entonces, todo un genuino marco incomparable, ése de los estudios de Telecinco, siempre tan propicios a las reyertas de muleros y su rica prosa tabernaria, suprema tarima del gruñido, catedral primada del rebuzno, espejo de ganapanes, zahúrda de boceras. La Noria, ¿acaso procede prueba mayor de que un gobernante muy principal del Reino en nada desentona alojado en la guarida de Coto Matamoros y el novio de Falete? Diríase que ese ubicuo tono provinciano que aquí mantiene el debate político, tan tosco, tan pobre, tan básico, tan increíblemente ajeno a cuanto acontece más allá de nuestras fronteras, tan refractario al pensamiento, tan apegado al inmediatismo baladí y la charlatanería huera, ha dado con su genuino lugar en el mundo: el aula magna de Jordi González

Persistan los unos, pues, dando vueltas y más vueltas a la noria del pobre tío Manolo y su hipoteca variable. Y continúen los otros aferrados a su ventriloquia cantinflista, la que les lleva a repudiar el recorte por injusto e insuficiente a un tiempo; esto es, a considerarlo insuficientemente injusto, o injustamente insuficiente, que tanto monta; o sea, en buena lógica formal, a rechazarlo sólo por antojársele a Rajoy todavía muy escasos los sacrificios humanos que exige. Sigan, unos y otros, todos, abonados a ese sentimentalismo tan teatral, tan pornográfico, tan peronista. Manténganse sólo atentos a los ingeniosos juegos de manos retóricos y la preceptiva sal gorda electoralista. Permanezcan con los ojos bien cerrados a la realidad. E ignoren, sobre todo, que lo ya inevitable, un crudísimo plan de estabilización, comenzará a ofrecer algún fruto mucho tiempo después de concluida esta legislatura. Así, gane quien gane, perderemos todos. Seguro.

Libertad Digital - Opinión

El salvador de Europa. Por Ignacio Camacho

NO hace aún ni cinco meses. Tras un fragor de fuegos artificiales que celebraban la Presidencia de turno de la UE, el presidente Zapatero se sumó a la demostración pirotécnica con una exhibición de cohetería retórica en la que afirmó que España iba a mostrarle a Europa... ¡ el camino para salir de la crisis! Con la petulancia henchida por un ataque de ego, en los primeros compases el Gobierno marcó con bizarra soltura la agenda de la recuperación continental: avance de la igualdad de género e impulso de la economía sostenible. Zapaterismo en estado líquido, es decir, puro; había llegado el mesías socialdemócrata para sacar a la Unión de sus afligidas tribulaciones.

Poco después, el estratega redentor fue invitado a sentarse en el foro de Davos junto al primer ministro griego, sobre el que ya pesaba el fantasma de la suspensión de pagos, y su colega letón, líder del país líder en desempleo. Obama se excusó de asistir a la «conjunción planetaria» de Madrid y Francia y Alemania sugirieron una unión monetaria de dos velocidades en la que se atribuía a España una plaza en el vagón de segunda clase. Pero el visionario campeón del déficit no movió una ceja, ni siquiera cuando la Bolsa se desplomó mientras rezaba en Washington junto a la flor y nata del integrismo evangélico. Estaba gozando de las mieles del liderazgo mundial y no tenía tiempo para minucias de especuladores.

Cuando Grecia se desmoronó, la Presidencia de turno era ya una vaga humareda desleída en la identificación y búsqueda de la próxima nación en apuros. Le tocó a Portugal sufrir el señalamiento y apretarse el cinturón por las bravas. Luego fue España la apuntada con severas admoniciones de insolvencia en medio de un bombardeo bursátil. Autoengañado en su ilusorio voluntarismo, ajeno a una realidad que desconoce por falta de formación, Zapatero trató incluso de eludir la reunión del Eurogrupo hace dos fines de semana, donde se encontró una tormenta de reproches y amenazas que un día después el Ecofin descargó sobre la rubia cabeza de Elena Salgado. En los dos días siguientes, el teléfono de Moncloa sonó repetidas veces; Merkel y Sarkozy iban a salvar a su presunto salvador, pero tronaban exigiendo garantías para su rescate. Apremiado por ellos, Obama llamó al sobrado presidente de turno para despertarlo del sueño de grandeza. En esas 48 horas amargas tuvo que digerir un ultimátum categórico: o improvisaba un plan B, un ajuste según su célebre procedimiento «como sea», o lo dejaban caer en el temido default: la quiebra.

El miércoles pasado, los seis años de displicente y alegre zapaterato quedaron escombrados en veinte minutos de patética autodemolición política. Dentro de mes y medio termina el semestre presidencial europeo, jactanciosa ensoñación disuelta, como manriqueña verdura de las eras, en un protectorado tutelar; no habrá muchos cohetes que tirar para despedir la etapa de este humillante, estrepitoso fracaso.

ABC - Opinión

El riesgo de caer en la trampa populista del PSOE

Los populares deberían seguir las pautas que Rajoy marcó en su réplica a Zapatero el miércoles y no precipitarse por la tentadora senda de la demagogia donde el PSOE tiene la batalla ganada: plan de ajuste sí, pero recorte a los apesebrados primero.

Una cosa es que Bruselas le imponga a Zapatero su plan de ajuste presupuestario y otra, muy distinta, que el PSOE renuncie a la propaganda. Al fin y al cabo, el objetivo último de los socialistas nunca fue gobernar en beneficio de los ciudadanos, sino del propio. Poco importa si el precio de semejante fin pasa por convertir a España en un páramo nacional y económico, los intereses del partido siempre se encontraron por encima de los de un pueblo cada vez menos soberano.

Por ello, tras unos días de inevitable desconcierto, los dirigentes del PSOE se han adaptado a su nuevo y contradictorio discurso de la manera más natural posible. Como en 1984, donde Oceanía cambiaba retrospectivamente de enemigo y aliado entre Eurasia y Estasia de manera regular, los socialistas no han mostrado complejo alguno en defender en público la opción que hasta anteayer denostaban y, al mismo tiempo, criticar al PP por pretender hacer lo mismo que ellos.

Esto es, por un lado sugieren que el PP sigue siendo el famoso dóberman que sacaron a pasear en la campaña electoral del 96 y, por otro, que en estos momentos hay que ser valiente y comportarse con el gasto como un dóberman lo haría. Así, menos de una semana después de haber anunciado la primera rebaja de sueldos de los funcionarios de nuestra historia y una congelación de las pensiones que vendrá seguida en el futuro cercano por una importante rebaja, los socialistas desfilan en masa por los programas de televisión y por los mítines de partido para cargar contra el PP por haber congelado las remuneraciones de los empleados públicos en 1997 o por no haber subido tanto las pensiones como hubiese sido posible en caso de despreocuparse por la viabilidad de la Seguridad Social.

Un discurso disparatado que, no obstante, podría terminar teniendo el buscado éxito si el PP no comienza a contraatacar la propaganda socialista con una inteligente divulgación de sus propuestas políticas y con el continuo recordatorio de las mentiras del PSOE.

El PP no debe caer en la trampa de oponerse al plan de ajuste socialista apelando a "motivos sociales". Primero, porque por mucho que lo intente nunca logrará rebasar por la izquierda al PSOE; segundo, porque nada hay menos social que el paro y mientras el ajuste no se complete, éste lejos de reducirse seguirá aumentando; y, por último, porque es improbable que un eventual Ejecutivo de Rajoy pudiese hacer hoy, tras el saqueo de Zapatero, algo muy distinto a lo que se le ha impuesto desde fuera al PSOE.

Por el contrario, los populares deberían seguir las pautas que Rajoy marcó en su réplica a Zapatero el miércoles y no precipitarse por la tentadora senda de la demagogia, donde el PSOE tiene la batalla ganada: plan de ajuste sí, pero recorte a los apesebrados primero; no ya por el monto de ahorro que suponen estas partidas –aunque tampoco hay que despreciar su cuantía– sino porque resulta intolerable que los grupos que han arruinado este país sigan viviendo a su costa.

Si el PP sigue por la vía de pedirle a Zapatero que "mire a la cara a los pensionistas" y descuida la enumeración de todos los ajustes que España necesita, dejará que los populistas del PSOE se fabriquen una inmerecida imagen de estadistas sin que, al mismo tiempo, hayan perdido sus dotes de expertos demagogos. Claramente esa es la estrategia del PSOE –somos los "más sociales", pero de momento una crisis que no hemos causado nosotros nos impide serlo– y para contrarrestarla no hay que ponerse el traje de socialista, sino el de liberal con un programa político y económico serio capaz de colocar a Zapatero ante sus contradicciones, que son tan cuantiosas, flagrantes y aplastantes como para que deje de gobernar este país de inmediato.

Libertad Digital - Editorial

Incertidumbre en el PSOE

EL declive político de Rodríguez Zapatero se manifiesta de forma evidente en su fracaso al frente del Ejecutivo.

Además, como demuestra la amplia información que hoy publica ABC, esa mala gestión se empieza a prolongar en la secretaría general del PSOE, un dato especialmente significativo para un «hombre de partido» en sentido estricto. En efecto, crece el malestar interno por un liderazgo débil y errático, a pesar de los esfuerzos de José Blanco por tapar agujeros aquí y allá. Ferraz ha concebido un PSOE a imagen y semejanza del presidente, cuya caída arrastra consigo a los candidatos territoriales, que intuyen un panorama muy negativo ante las próximas elecciones. El relevo generacional se ha realizado a base de maniobras que sitúan a los aparatos regionales bajo el control de camarillas encabezadas por líderes desconocidos y con una fuerte contestación en sus propias filas. Mientras el PSC va a lo suyo, la única baza positiva del zapaterismo es Patxi López, cuyo Gobierno se asienta sobre un pacto constitucional y no sobre una mayoría partidista. Incluso los barones de mayor relieve, como José María Barreda, corren serio peligro de verse desplazados en comunidades que el PSOE controla desde tiempo inmemorial. Lo mismo ocurre en Andalucía, a pesar de que José Antonio Griñán procura dejar atrás una larga etapa marcada por la figura de Manuel Chaves, hoy en horas bajas.

En muchas federaciones socialistas imperan el desconcierto y la falta de cohesión. En Madrid, Tomás Gómez desafía a Ferraz y nadie importante quiere ser candidato a la Comunidad o el Ayuntamiento porque las posibilidades de éxito son muy reducidas. Lo peor de todo es que los aspirantes socialistas son políticos de segundo nivel, poco conocidos y mal valorados en su propio ámbito, como ocurre -entre otros- con Jorge Alarte en la Comunidad Valenciana. La sucesión de Marcelino Iglesias y de Vicente Álvarez Areces no garantiza, ni mucho menos, que el PSOE continúe gobernando en Aragón y en Asturias. El caos en Baleares es bien conocido. Pocos ciudadanos podrían recordar el nombre de los líderes socialistas en otras muchas comunidades, incluidas Canarias (tras la fallida «operación López Aguilar») o Galicia (después de la jubilación forzosa de Pérez Touriño). Así las cosas, el fracaso de Rodríguez Zapatero trae como consecuencia un partido -ya no un Gobierno- lastrado por la incertidumbre, una inquieta desazón que comienza a olfatearse, por las disputas internas y por la ausencia, a día de hoy, de un mensaje ilusionante que transmitir a los electores.

ABC - Editorial

Moción de confianza. Por Ignacio Camacho

NO ha sido una rectificación; ha sido una enmienda a la totalidad.

Por la dureza del ajuste y, sobre todo, por la contradicción radical que supone con la política y el discurso que el Gobierno ha mantenido con terquedad durante los dos últimos años, el tijeretazo de Zapatero supone una moción de censura contra sí mismo. Y no la ha presentado por convicción, ni por arrepentimiento, ni por la necesidad de adaptarse a las circunstancias, sino por el imperativo categórico de unos socios europeos decididos a cerrar el grifo de financiación de su dispendio proteccionista. Es decir, conminado y a la fuerza. De tal modo que no estamos ante un volantazo propio de la incoherencia del líquido estilo presidencial, sino ante la confesión ineludible de un terminal fracaso político.

Ese fracaso inhabilita al presidente para aplicar una política en la que no cree, cuya filosofía y términos ha impugnado con contumacia tan frívola como irresponsable. Un gobernante no puede presentarse en el Parlamento con un programa radicalmente distinto al que ha venido defendiendo sin que ese cambio determinante tenga consecuencias inmediatas. Al admitir que su política anticrisis se ha estrellado en el más estrepitoso descalabro, Zapatero ha perdido la legitimidad y el derecho a reclamar de los ciudadanos un sacrificio que él no consideraba necesario. Si quiere reinventarse ha de pasar por una elemental prueba de confianza a la que no se ha sometido.

Para ello sólo tiene tres salidas. La más elemental sería la de convocar elecciones y buscar en las urnas la ratificación de su nueva estrategia o dar paso a quien resulte elegido para aplicar la suya. No lo hará por la comprensible aunque poco patriótica razón de que perdería. La segunda posibilidad pasa por entregar el poder a otro miembro de su partido menos contaminado por el fracaso de la gestión para que se someta a la convalidación parlamentaria mediante una sesión de investidura. Y la tercera, presentar de inmediato una moción de confianza que le otorgue, si puede obtenerlo, el respaldo del que ha quedado desposeído al impugnar su propia política.

Lo único que no puede hacer es continuar como si nada hubiese ocurrido, circulando tan campante en dirección contraria de sí mismo. El poder democrático requiere un grado mínimo de responsabilidad sin el cual se convierte en un mero ejercicio de cinismo que invalida su fundamento ético. Zapatero está en estos momentos deslegitimado para desarrollar una política antitética de sus principios porque carece de autoridad moral para ejercer el liderazgo. El ajuste no es consecuencia de un cambio repentino del escenario económico y financiero, sino del naufragio de su doctrina de gasto, déficit y paliativos indoloros. Si ahora pretende empezar de cero no tiene más camino que revalidar su propia refundación en las urnas o en el Parlamento. Hasta que no lo haga será un político suspendido en el alambre de la nada.

ABC - Opinión

¿Garzón a La Haya?. Por José María Carrascal

TRAS haberse abierto proceso a Garzón y considerar el Tribunal Supremo idónea la actuación del juez instructor, al CGPJ no le quedaba otro remedio que suspenderle de funciones, si no quería ser él quien infringiese la ley.

Otra cosa es que le autorice a ocupar el puesto de «consultor externo» que le ofrece la fiscalía de la Corte Penal de la Haya. Debe de resultar tentador no ya para sus colegas, sino para buena parte de los españoles, despachar lo más lejos posible a un juez que crea más problemas que resuelve, a tenor de sus actuaciones. Pero son precisamente sus actuaciones las que aconsejan no precipitarse, para no meternos en mayores líos de los que estamos. De ahí lo oportuno de los cinco informes pedidos por la Comisión encargada del asunto, antes de pronunciarse. El primero, al fiscal de La Haya, preguntándole si sigue interesado en tener como colaborador a alguien suspendido -lo que supondría menos exigencias de la Justicia internacional que la española- y, sobre todo, si el cargo conlleva algún tipo de inmunidad, ya que entonces sería un indulto encubierto.

Respecto a los demás informes, puede adelantarse que ni el Ministerio de Exteriores ni el de la Fiscalía General del Estado contendrán objeciones. Pero tanto la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que juzgará a Garzón, como la secretaría del CGPJ, pueden pensar de otra forma, al existir informes de sus expertos que se oponen por razones legales a conceder dicho permiso.

Añadimos otro de sentido común: con tres causas abiertas, Garzón tendrá que estar durante los próximos meses en España más que en Bruselas, dedicando a su defensa la mayor parte de sus esfuerzos.

Quedando además el rabo por desollar. No me refiero a la inmunidad que el juez suspendido puede alcanzar, sino a las atribuciones que en la Corte Internacional pueda obtener. ¿Cuáles serán? ¿Las de un fiscal ordinario o extraordinario? ¿Y si un buen día decide que la ley de amnistía que nos dimos los españoles en 1977 no se ajusta a los criterios de los crímenes contra la humanidad? ¿Y si encausa al Tribunal Supremo español por haberle impedido investigar tales crímenes? Espero no estar dando ideas a alguien tan hiperactivo como Garzón y advierto que se trata de escenarios meramente hipotéticos. Pero el caso ya es de por si bastante complicado como para complicarlo aún más. Si Garzón quiere continuar su actividad en la Haya, lo mejor para él, para la Justicia española y para la propia Corte Internacional es que se vaya con el expediento limpio. Es decir, tras haber demostrado esa inocencia que él y sus seguidores proclaman. Cualquier otra cosa tendría aroma de maniobra estratégica, de huida de la quema, de cierre en falso de un envenenado contencioso.

A no ser, naturalmente, que Baltasar Garzón y sus seguidores no crean en la Justicia española.

ABC - Opinión

El gran transformista. Por M. Martín Ferrand

ZAPATERO no es de Cabra ni de Antequera; pero quiere ir a ver al Papa, como los peregrinitos de Federico García Lorca.

Los pregones radicales de laicismo, tan excesivos como sus contrarios, no niegan el principio de que todos los caminos conducen a Roma. El cardenal Antonio Cañizares y el embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, trabajan para hacer posible, el mes que viene, la visita de José Luis Rodríguez Zapatero a Benedicto XVI, en el Vaticano, y así será si Dios quiere. Aquí y ahora no cabe extrañarse con nada. España, que siempre fue rarita, ha alcanzado la cima de sus mutaciones y, tras asistir a una guerra sorda, profunda e inútil entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, podemos contemplar ahora un giro copernicano en la actitud del líder que se dice socialista y recorta las pensiones de los viejecitos.

Antes, en el circo y el varieté, los transformistas constituían una notable atracción. Recuerdo, bajo una carpa de Ángel Cristo, un artista polaco que era capaz de cambiar de aspecto -vestuario, peluca y maquillaje- al ritmo con que contaban los asombrados espectadores: más de cien veces en tres minutos.

Eso no es nada para Zapatero. El de León, al tiempo que se traga los sables de sus mentiras precedentes nos cuenta sus nuevas verdades con la velocidad del rayo. Así, en un zas, puede saltar de ignorar una crisis a negarla, de negarla a minimizarla y de minimizarla a decir haberla superado para, como colofón y tras escuchar las inquietas voces de sus colegas internacionales, dictar medidas de recorte presupuestario que, como la crisis, había desmentido previamente.

Ahora quiere visitar al Papa. Por algo será. Si atendemos a las constantes de su vida pública en el último sexenio, tendrá que ver con la propaganda. ¿Cuántos votos puede inducir una fotografía junto a Su Santidad? Va camino Zapatero, si sus conmilitones no le frenan y la oposición no le contiene -que no lo hará -, de superar a Gregor Samsa y evolucionar de presidente a escarabajo gigante, algo más difícil que hacerlo desde el oficio de mercader de tejidos y novedades.

Atrás quedan el matrimonio gay, la reforma de la ley del aborto, la píldora del día después y otras parecidas cuestiones. Está por delante, en la carpeta gubernamental de asuntos pendientes, la reforma de la ley de libertad religiosa, pero ahora lo urgente es ver al Papa.

ABC - Opinión

Evitar el ostracismo

El compromiso europeísta exige que la oposición apoye el drástico recorte de los gastos públicos

El Gobierno ha quedado en una situación política muy precaria tras el anuncio del severo plan de ajuste hecho público esta semana. Pero la precariedad no es consecuencia del nuevo rumbo al que apuntan las medidas, sino de la recalcitrante obstinación con la que el presidente Zapatero mantuvo el anterior. Su idea de que la mayor crisis financiera tras el crac de 1929 se podía sortear con eslóganes y gesticulación propagandística hizo perder un tiempo precioso para que el país encarase en mejores condiciones una gravísima coyuntura económica; también no pocos recursos dilapidados en iniciativas que, como los diversos regalos fiscales, pretendían disfrazar como políticas sociales avanzadas simples argucias populistas, concebidas de manera irresponsable en campaña electoral.

Acuciado por el entorno europeo e internacional, el Gobierno ha tenido que poner fin abruptamente a una estrategia que, en el fondo, sólo consistía en interpretar como ocasión para las escaramuzas políticas internas una tormenta financiera internacional de la que no podía desentenderse. Ahora que se ha visto obligado a despertar de una ensoñación en la que cada día estaba más solo, es la oposición la que parece dispuesta a tomar el relevo en esta visión miope de lo que se juega el país, intentando sacar tajada electoral de un Gobierno forzado a hacer cuanto negaba hasta la víspera. La pueril propuesta de recortes del gasto, anunciada ayer por Mariano Rajoy al término de una reunión con los presidentes autonómicos del PP, demuestra fehacientemente que el partido que aspira a gobernar España carece de cualquier perspectiva realista de política económica.

El desafío inmediato al que se enfrenta la oposición, y en el que se juega su credibilidad como alternativa, es apoyar sin reservas los drásticos recortes anunciados por el Gobierno, no aprovechar la ocasión para traducir la crisis económica en una crisis política que lleve, además, a una sustitución del presidente, un Gobierno de unidad o un adelanto electoral. Cualquiera de estas alternativas no evitaría que el recorte del gasto público siguiera adelante. Lo que exige el carácter excepcional de la coyuntura son medidas igualmente excepcionales como las que se han anunciado, no trasladar la excepcionalidad al Ejecutivo.

La responsabilidad contraída por el Gobierno y su presidente en la gestión de la crisis no puede hacer que se pierda de vista su dimensión internacional. La reducción del gasto público en las tres únicas partidas en las que se puede realizar -salarios de los funcionarios, costes sociales e inversiones- es una decisión exigida por la coyuntura interna, pero sobre todo por el papel internacional que España desempeña como país miembro del euro. Ni por los efectos que tendría sobre nuestra prosperidad, ni por los que acarrearía para la economía internacional, pueden el Gobierno y las restantes fuerzas políticas faltar a sus deberes. Creer que es sólo el electorado quien está pendiente de las decisiones que adopten unos y otros sería un error garrafal; además del electorado, son los Gobiernos y los ciudadanos de países que comparten con España una moneda única y un sistema económico fuertemente interrelacionado quienes nos observan.

El compromiso europeísta ofreció a España la oportunidad de vivir los mejores años de su historia; lo que ahora demanda ese compromiso es responsabilidad; ya no cabe la alternativa castiza del ensimismamiento. Es ensimismamiento confrontar una crisis en la que los factores exteriores e internos se han potenciado recíprocamente, desde la convicción de que las decisiones económicas que se adopten en España forman parte de las escaramuzas electorales. Hasta ahora, esa convicción sólo ha acarreado el desprestigio de la clase política. En lo inmediato, puede provocar el del país, devolviéndonos al ostracismo que tantos males nos causó en el pasado.

El País - Editorial

El lastre de Camps

Si la Justicia le exime en su día de las responsabilidades que ahora se le atribuyen, nada impedirá al PP rehabilitar a Camps con todos los honores. Mientras tanto, su presencia en la cúpula del PP es un lastre que ningún partido debería permitirse.

Por mucho que en la sede nacional del Partido Popular insistan en que Francisco Camps no está imputado por la Justicia, lo cierto es que la decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa incoada en su día por cohecho pone al presidente valenciano en esa situación, más allá de disquisiciones jurídicas de orden anecdótico.

En efecto, antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia acordara el sobreimiento del caso que ahora revoca el Supremo, el magistrado José Flors no sólo había realizado todas las diligencias que entendió necesarias, sino que ordenó la continuación de los trámites ordinarios para abrir juicio con jurado al presidente popular. El destino inmediato de Camps, por tanto, no es otro que el banquillo de los acusados, aunque en el PP prefieran agarrarse a matices de orden procesal para no reconocer esa evidencia.

No entramos en valoraciones sobre la culpabilidad o no del presidente valenciano. La Justicia será la que dirá en su día lo que proceda en este caso. Ahora bien, lo que resulta evidente es que un personaje público acusado formalmente de haber cometido un delito de cohecho no es el mejor reclamo de presentación de un partido que aspira a llegar a La Moncloa.

Ni siquiera la circunstancia de la escasa cuantía del presunto delito, unos simples trajes, puede hacernos olvidar que la principal obligación de un cargo público es actuar con extrema pulcritud en todo lo que se relacione con el ejercicio del poder. Es cierto, asimismo, que hay dirigentes socialistas cuyo enriquecimiento obsceno suele pasar desapercibido para unos fiscales que, en cambio, se muestran implacables cuando los implicados son del PP. Mas ni siquiera la constatación de esta hemiplejía judicial debe privarnos de mostrar nuestra repugnancia ante la presencia en las listas electorales de políticos implicados en este tipo de tramas corruptas, sean del partido que sean. La limpieza del sistema democrático exige que los encargados de representar a los ciudadanos presenten un expediente impoluto en esta materia, y eso es algo que Francisco Camps no puede exhibir en su situación actual.

El colmo es que el propio Camps pretenda escenificar un acto de apoyo multitudinario con la presencia del presidente nacional de su partido, justo unos días antes del Debate sobre el Estado de la Nación, acontecimiento parlamentario que puede llegar a ser decisivo en esta aciaga legislatura y del que pueden depender, en gran medida, las posibilidades de que el PP gane las elecciones de 2012.

Camps no está legitimado en estos momentos para representar a su partido de cara a las elecciones autonómicas del año próximo. Si la Justicia le exime en su día de las responsabilidades que ahora se le atribuyen, nada impedirá a su partido rehabilitarlo con todos los honores. Mientras tanto, su presencia en la cúpula del PP es un lastre que ningún partido debería permitirse. Mucho menos uno que aspire a gobernar no sólo en Valencia sino también en toda España.

Libertad Digital - Opinión

Las urnas como solución

LOS políticos suelen esquivar el valor de las encuestas relativizando sus resultados por diversos factores coyunturales y siempre confiando en que el paso del tiempo enderezará por sí solo los datos adversos.

Sin embargo, hay cambios de ciclo político que no necesitan encuestas ni sondeos para acreditarse, porque se revelan con síntomas mucho más precisos y concluyentes que un estudio demoscópico. En estos casos no funciona el empecinamiento contra la realidad. Al contrario, afila aún más los perfiles del fin de ciclo. Zapatero está viviendo esta situación con todo su dramatismo, porque la realidad que quería negar primero y disfrazar después se le ha impuesto implacablemente, sin atenuación de ninguna clase. El hecho mismo de que su Gobierno no haya sido capaz de llevar al pasado Consejo de Ministros las medidas anunciadas dos días antes revela, por un lado, la temeraria improvisación con la que se gestó el giro absoluto en política económica, y por otro, la ausencia de equipos técnicos bien dirigidos para hacer los esfuerzos suplementarios que requiere la situación actual. Los mercados no han visto motivos para esperanzarse con el ajuste antisocial de Zapatero. Los ciudadanos han sido sorprendidos en su buena fe por el mismo Gobierno que sistemáticamente rechazaba recortar pensiones, ayudas y salarios. España está bajo la tutoría de Bruselas y el control a distancia de Washington, y nuestro crédito político ante socios y aliados es nulo.

Todo esto es un valor entendido en el balance negro del Gobierno socialista, pero no basta con reiterarlo. Debe tener consecuencias políticas inmediatas. El proyecto de Zapatero para España ha fracasado. Ha hecho y está haciendo mucho daño, pero ha fracasado. En el PSOE lo saben y, por eso, no sería extraño que empezase a engrasar los mecanismos tradicionales que este partido utiliza cuando hay que sacrificar al líder para salvar al resto. En este momento, Zapatero figura al frente de un Gobierno en el que no ejerce de presidente. No tiene margen para hacerlo. Es él a quien corresponde, en absoluto a Rajoy, tomar la decisión de oír a los únicos que aún no han hablado en esta crisis. Hasta ahora han intervenido los sindicatos, la patronal y los partidos; gurús de la economía y premios Nobel; burócratas de Bruselas y líderes de ambas orillas del Atlántico; hasta Chávez ha aportado su necedad. Todos han sido oídos, menos los únicos que, teniendo la última palabra para legitimar los gobiernos de España, están siendo los convidados de piedra. El llamamiento de los españoles a las urnas es la única decisión digna que el presidente puede tomar.

ABC - Editorial

Francia pide a los tribunales de Cataluña que no remitan las sentencias en catalán

A través del Consejo General del Poder Judicial la Justicia gala recuerda que únicamente acepta comunicaciones judiciales, al margen de en francés, en inglés, italiano, alemán y español

El Ministerio de Justicia de Francia y el Consejo General del Poder Judicial español (CGPJ) han instado a los jueces de Cataluña a que no remitan escritos en catalán a tribunales del país vecino por vulnerar el reglamento de usos lingüísticos. Francia ha elevado la queja al CGPJ, que a su vez ha remitido una carta a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Maria Eugenia Alegret, en la que le recuerda que Francia únicamente acepta comunicaciones judiciales, al margen de en francés, en inglés, italiano, alemán y español, y que "no aceptará ninguna otra lengua".
La carta, a la que ha tenido acceso Europa Press y que viene firmada por el Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ, explica el caso de un Juzgado de Cassà de la Selva (Girona), que devolvió a un juzgado de Francia una comisión rogatoria redactada en catalán. El CGPJ asegura que existe "malestar" por parte del colectivo de los Huissier de Justice franceses por el uso "habitual" del catalán en los formularios y escritos remitidos por los juzgados catalanes a Francia.

La carta recuerda que los estados europeos tienen potestad para dictar en qué lenguas extranjeras distinta a la suya les deben ser remitidos los escritos judiciales, por lo que insta al TSJC a que se cumpla la normativa.

El número de sentencias redactadas en catalán por los juzgados de Catalunya descendió sensiblemente en 2009 respecto al año anterior. Se dictaron un 18,9% de sentencias en catalán respecto al castellano, mientras que en 2008 fueron un 19,4%, según se desprende de la memoria anual del TSJC. El punto máximo de utilización de esta lengua se produjo en 2004, con un 20,6%, y, desde entonces ha ido disminuyendo sensiblemente. La utilización del catalán en las sentencias es "minoritario" y siempre ha tenido un porcentaje "muy bajo".

En cuanto a los recursos que llegan al TSJC, la tendencia es muy parecida. En 2009 se presentaron 16 recursos de casación en catalán -frente a 135 en castellano- y un recurso de queja -frente a 29 en castellano-. Sin embargo, en el ámbito civil -Catalunya tiene un Código Civil propio-, el TSJC dictó 37 sentencias en catalán por 18 en castellano. Para fomentar el uso del catalán, la Conselleria de Justicia proporcionó, a finales de 2005, a todos los juzgados los "instrumentos técnicos necesarios para que puedan trabajar en catalán" y se entregó a todos los órganos judiciales la legislación en esta lengua, que está disponible en Internet. La conselleria está fomentando el aprendizaje del catalán entre los jueces, magistrados, fiscales y secretarios a través de una oferta de cursos -38 presenciales durante 2009-, donde se reciben clases individuales y colectivas.

Un total de 344 jueces, secretarios y fiscales -1.235 si se tiene en cuenta a los funcionaros de Justicia- realizaron estos cursos, tanto los presenciales como los de autoaprendizaje. Además, el servicio de traducción de documentos -coordinado por una comisión creada en 2007- atendió en 2009 unas 2.200 solicitudes de traducción y unas 1.300 de correcciones.

La Vanguardia

Presunto inocente. Por Ignacio Camacho

EL Estado de Derecho ha suspendido de funciones al juez Garzón hasta que la justicia decida si ha aplicado de forma torticera las leyes a cuyo servicio se debe.

Ésta es la única realidad objetiva del monumental alboroto político y mediático que ayer llegó a encabezar el trending topic de ciertas redes sociales de Internet. Alboroto legítimo: las interpretaciones sentimentales -incluso las ideológicas, porque la ideología surge a menudo de los sentimientos y forma parte de ellos- no tienen por qué atenerse a la lógica jurídica. Pero la lógica judicial sí ha de abstraerse de la influencia emotiva: por no hacerlo está procesado el magistrado más famoso de España, al que el sistema ha tratado con la más escrupulosa de las garantías. Garzón ha tenido oportunidad de acogerse a todos los recursos que le permite el derecho procesal, y continúa amparado por la presunción de inocencia. No ha sido declarado culpable; simplemente suspendido de su ejercicio jurisdiccional hasta que su caso se sustancie en un juicio justo.

Todo ese complejo mecanismo jurídico desaparece en la esfera política y social soslayado por la pasión subjetiva. Ahí se impone la potencia esquemática de la propaganda, tanto más eficaz cuanto más simple resulte su formulación retórica. Lo que importa es que el efecto argumental solidifique los prejuicios con una explicación lineal, somera y sin matices. Ésta, por ejemplo: Garzón ha sido sancionado por tratar de investigar los crímenes del franquismo en un país cuyas estructuras permanecen dominadas por los herederos de la dictadura. Una interpretación más falsa que sesgada, más embustera que parcial, pero dotada de la retorcida efectividad que Lenin, Goebbels y otros estrategas de la demagogia atribuían a la repetición de la mentira, capaz de moldear una realidad ficticia con enorme poder de divulgación creativa. Una maquinaria implacable para crear estados artificiales de conciencia colectiva.

Contra esa eficacia aplastante, contra ese arrollador dispositivo de energía simbólica, la justicia no tiene más antídoto que el ejercicio de su independencia soberana, blindada a la influencia de la opinión pública desde la que Garzón, habilísimo manipulador de resortes emocionales y de efectismos publicitarios, ha trazado parte de su estrategia defensiva. No encontrará el aparato judicial un ápice de comprensión en el agitado bando que cuestiona sus decisiones como fruto de una conspiración pervertida. En el plano del debate político y la agitación mediática no tiene una sola baza persuasiva. Sólo dispone de la convicción en las bases de su propia legitimidad como poder democrático, que son las que fundamentan su ejercicio. Derecho contra propaganda, verdad jurídica contra falsificación política. Estado de leyes contra estado de opiniones; un interesante pulso que mide la firmeza de los principios de la democracia frente a su espejo de reacciones públicas.

ABC - Opinión

Aprovecha tu oportunidad. Por Maite Nolla

Los dirigentes de ERC ya han dicho que el resto de España se ha fundido la solidaridad catalana y que tantos años de déficit fiscal justifican que los recortes los paguen otros.

Desde que España ha entrado en concurso de acreedores y Europa y Estados Unidos nos han colocado algo parecido a una administración concursal, los políticos han encontrado una oportunidad, un filón, para venderse como los más austeros y los que más arriman el hombro. En eso son admirables, porque, como buenos supervivientes, muchos de ellos pueden incluso acabar sacando partido de la situación. Eso sí, a veces con un exceso de entusiasmo en los anuncios. En concreto me refiero a la divertida anécdota –divertida, por decir algo– que recoge el periodista Daniel Tercero en su blog, publicada por La Voz de Barcelona, y que afecta a la señora Sánchez-Camacho: mientras ella anunciaba en rueda de prensa la petición de que se reduzcan las consejerías del Gobierno de la Generalitat –agrupándolas al modo que pidió Rajoy el pasado miércoles con los ministerios–, un diputado popular pedía en el Parlament la creación de una consejería de Turismo.

La cuestión es que los anuncios de gran austeridad, siempre a toro pasado por cierto, van acompañados de campañas de publicidad periodística, a veces en términos de estricta obediencia, a veces queriendo agradar de forma incomprensible. Por ejemplo, volviendo al tema de la semana pasada sobre las flechas hacia arriba y hacia abajo, otro periódico de tirada nacional premia al alcalde Lérida por rebajarse el sueldo y el de sus cargos, a lo que yo objeto dos cosas: primera, si realmente la medida era necesaria y posible, ¿por qué no se tomó antes? Y, segunda, que es mentira, porque el primer edil leridano sigue utilizando su bonito coche oficial para acudir a sus actividades más privadas, incluidos los oficios religiosos. De verdad, ¿pero de quién fue idea esto de las flechas? Y, lo más importante, ¿quién las pone?

De todas formas, la publicidad más grotesca fue la de TVE, que a la hora de hablar de las comunidades autónomas diferenció entre las comunidades socialistas, las populares y las demás. Por supuesto, según TVE las comunidades socialistas, con Montilla a la cabeza, iban a ser las primeras en arrimarse el cinturón y apretarse el hombro, o algo así. También lo iban a hacer "otras comunidades" como la Canaria –aunque gobierne el PP en coalición– o la cántabra del hortera Revilla. Mientras, las comunidades del PP iban a aceptar las medidas con matices. Y para ello, en TVE ilustraron la información con un vídeo de Feijóo diciendo que los gallegos no tenían por qué pagar el despilfarro de Zapatero, cosa que nos devuelve al viejo debate de la unidad del PP y de si es austracista o simplemente Galeuscat.

Como les decía, los políticos van a competir en austeridad, excepto los nacionalistas catalanes, que van a competir en eso, en nacionalismo, porque también ven en esto una oportunidad. Los dirigentes de ERC, que tanto celebraron la única medida económica de Zapatero que fue la aprobación del sistema de financiación autonómico, ya han dicho que el resto de España se ha fundido la solidaridad catalana y que tantos años de déficit fiscal justifican que los recortes los paguen otros. Perdón por la autocita, pero cuando decíamos que el sistema de financiación autonómico era injusto e insolidario, es porque sus principales beneficiarios, con Puigcercós a la cabeza, quieren que sea injusto e insolidario.

Libertad Digtal - Opinión

Justicia a Garzón quitado. Por Tomás Cuesta

EL desplome del ínclito Baltasar Garzón en el pozo sin fondo de sus propias trampas no es la última victoria del franquismo aunque los corifeos de la causa (tantas veces perdida por motivos espurios o por incompetencia temeraria) sostengan lo contrario a tumba abierta y a fantasmón quitado. Si alguien sale ganando es el Estado de Derecho que se ha respetado lo bastante como para impedir que alguien hiciera de su toga un sayo. Que no se ha dejado acoquinar por quienes acostumbran a trampear con leyes y a legalizar las trampas. Que ha diferenciado entre la justicia y la venganza. En resumen, que ha aplicado el código como mandan los cánones.

En este país, tan dado a los refranes, se considera de mal gusto dar leñazos a los restos del árbol fulminado. De ahí que un par de compañeros de fatigas mediáticas y unos cuantos funcionarios esquilmados le dedicaran ayer algún aplauso al abandonar la plaza. Emotiva escena, sin duda, amén de progresista y solidaria. Los magistrados Pedraz y Andreu están más que dispuestos a tomar el relevo y a que no decaiga aunque es harto improbable que tengan interés en remover las sepulturas tal y como anda el patio. No se trata sólo de los múltiples argumentos jurídicos, históricos, políticos y morales que hacían del empeño de su colega una tarea ridícula, sino de la natural y vocacional tendencia de los jueces a dedicarse a aquello que les compete por jurisdicción y dimensión espacio temporal, perspectiva que Garzón había perdido de vista probablemente desde que pensó que se podía saltar de la Audiencia a la política y viceversa sin pasar una mínima cuarentena, un periodo de desintoxicación. Pero, por mucho que Pedraz, Andreu y la compaña se empeñen en respetar lo que su ilustre ex compañero ha dejado a su paso, tendrán que hacer leña, qué remedio, del colmo viejo y hendido por el rayo.

En cualquier caso, hombre refranero, hombre majadero y a estos magistrados se les avecina una sobrecarga de trabajo que tiene a medio país en vilo: faisanes, pretorianos, correas, batasunos, traficantes y otros mochuelos; es decir, una fauna de lo más variado espera al reparto del lunes para saber en qué manos queda lo suyo. De seguro que la suspensión del superjuez es para ellos una buena noticia, aunque siempre cabía la posibilidad de que un despiste de personaje tan ocupado les pusiera de patitas en la rue por incomparecencia del juez ante el calendario, esa enojosa cuestión de los plazos, que en los tribunales, no se crean, es cuestión de años, así de ocupado iba don Baltasar, dando charlas por medio mundo, desfaciendo entuertos y dando lecciones morales allá donde requerían sus servicios.

Habrá quien piense que un gran vacío se abre a los pies de la justicia en España tras la expulsión del único juez que salía en los papeles. Sin embargo, fuentes bien informadas aseguran que el desastre judicial español no es cosa de una sola persona. Al contrario, cientos de jueces anónimos, probos funcionarios, esforzados juristas, alérgicos a la fama, comprensivos, compasivos, rigurosos, atentos a los plazos, duros o humanitarios, rígidos o flexibles, según convenga, estrictos, humildes, pacientes y silenciosos siguen al pie del cañón, sin que las aventuras de Garzón les descompongan y ni siquiera les distraigan. Que saben que cuanto más anónimo más relevante es su trabajo. Y que no han olvidado que la legalidad se fundamenta en el rigor jurídico y no en los titulares. O sea, que hay que dictar sentencias y no pregonar cruzadas.

ABC - Opinión

Y Franco se fue de rositas. Por Pablo Molina

No subestimemos la capacidad justiciera de la izquierda cuando la encabezan personajes de la talla de Almudena Grandes o Pilar Bardem. Total, no sería la primera vez que la izquierda exhuma cadáveres para aplicarles la justicia "del pueblo".

La oleada de cariño desatada en torno a un funcionario suspendido por la autoridad judicial a causa de sus supuestos desmanes jurídicos, es uno de esos detalles que nos permite conocer el punto exacto de cocción de la progresía española, en estos momentos cercano a la ebullición.

De nada sirve explicar que las decisiones del Consejo General del Poder Judicial o de los instructores de las causas abiertas contra Garzón en el Tribunal Supremo no tienen absolutamente nada que ver con su intención de juzgar los crímenes del franquismo. Se trata simplemente de que existen sospechas de que ha violado las normas procesales con contumacia instruyendo causas para las que no era competente, y cerrando otras ante las que se tendría que haber abstenido por sus relaciones con los acusados.

Pues bien, como el progresismo es refractario al pensamiento complejo, el expediente político de apoyo a Garzón se ha resuelto con la proclamación de un mantra asequible para todos los niveles, según el cual Garzón es una nueva víctima del franquismo.

No exactamente del franquismo como tal, puesto que ya pasó a la historia, pero sí de sus herederos que básicamente son la Falange, los implicados en el caso Gürtel con el Bigotes de sargento chusquero, los que no llevamos permanentemente un ejemplar de Público bajo el brazo y, finalmente, todos y cada uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que de forma unánime ha empurado a D. Baltasar, órgano por cierto del que jamás hubiéramos sospechado que estaba tan infiltrado por fascistas y torturadores.

Las movilizaciones, algaradas y concentraciones anunciadas para defender a un funcionario presuntamente prevaricador tienen como elemento aglutinador el mensaje de que estamos ante un combate singular entre Garzón y Franco, en el que éste último finalmente se ha ido "de rositas". La expresión recuerda a aquellas otras puestas en circulación tras los atentados del 11 de marzo de 2004, convocadas a golpe de mensajes de teléfono móvil, instando a la gloriosa infantería del progresismo a evitar que Aznar se fuera de la misma guisa que ahora lo ha hecho Franco.

Con Aznar consiguieron su objetivo. Con Franco lo tienen más difícil porque, ay, decidió morirse minutos antes de que la resistencia antifranquista, que ya lo tenía todo a punto, le expulsara del poder. No obstante, no subestimemos la capacidad justiciera de la izquierda cuando la encabezan personajes de la talla de Almudena Grandes o Pilar Bardem. Total, no sería la primera vez que la izquierda exhuma cadáveres para aplicarles la justicia "del pueblo".

Libertad Digital - Opinión

El alguacil alguacilado. Por M. Martín Ferrand

HAY en Jaén un guitarrista excelente, Pepe Justicia, que le afanó el apodo a Baltasar Garzón.

Lo de «Baltasar Justicia» hubiera quedado bien en las crónicas ditirámbicas que ha promovido el juez a quien acaba de suspender en sus funciones el Consejo General del Poder Judicial. Su ego elefantiásico, sin fronteras, hubiera engordado con tal bautismo y el personaje, entre el drama y la farsa, encaramado sobre sus propios hombros, habría parecido un gigante de la equidad. Garzón es un personaje único. No será fácil encontrar en todo el Continente alguien como él. Alguien capaz de, en unos pocos meses, recorrer los tres poderes del Estado como hizo, en pleno felipismo, al saltar de la Audiencia Nacional, en la que se encaraba con el GAL, a guardaespaldas electoral de Felipe González y, ya integrante del Legislativo, descontento con su promoción al Ejecutivo, en Interior, volver al Judicial. De aquellos polvos vienen los lodos actuales, los que han servido para moldear una figurilla confusa que, con la pretensión de juez justiciero, fue perejil en más salsas de las debidas y gran histrión en el ruedo de los acontecimientos nacionales.

La suspensión de Garzón se sustenta en sus presuntas prevaricaciones y ya nos dirá el Tribunal Supremo, cuando corresponda, de su culpabilidad o inocencia; pero, en el terreno de los valores morales y en el marco de la actualidad, con prevaricación o sin ella, lo que resulta repugnante en la figura del juez suspenso es su desparpajo para, con desprecio al dolor de las víctimas del franquismo, elevar en unos cuantos palmos el megalómano pedestal de su insaciable vanidad. Escuchar las conversaciones de un letrado con su defendido -algo grave-, cobrar o no cobrar de terceros para sufragar su turismo académico -algo feo- y medir con distintas varas los excesos de las dos Españas de la Guerra Civil -algo tremendo- es, en lo moral, menos grave que su desprecio a las familias de una de esas mitades y el uso de las de la otra mitad.

Garzón se queda compuesto y sin ir a La Haya. Su gran capacidad maniobrera trataba de organizar una brillante fuga de sí mismo, pero la diligencia de un juez de la vieja escuela, de los discretos -progresista para mayor inri-, Luciano Varela, ha disparado los mecanismos de defensa que tiene el Estado y las instituciones, tan resquebrajadas, han quedado a salvo. La Justicia es ciega; pero no manca, ni boba.

ABC - Opinión

Cambio de rumbo. Por José María Marco

Lo que ha anunciado Rodríguez Zapatero se parece bastante a lo que habría hecho el PP. Recurrir a lo "social" para discutir el ajuste es hacerle publicidad al PSOE. ¿De verdad piensa el PP que alguna vez va a ser más social que los socialistas?

El mismo día en el que Rodríguez Zapatero anunció su plan de austeridad hubo manifestación delante de Ferraz. Ocurrió por la tarde, era muy poca gente, y alternaban los insultos a Zapatero con los gritos y los cánticos a la mayor gloria del Atlético de Madrid. La escena anticipó la respuesta de los sindicatos de clase, tan templada y circunspecta que han convocado al funcionariado al paro... en semana de puente. Está claro que no quieren molestar mucho.

El plan de Rodríguez Zapatero, que tal vez venga seguido de más medidas de austeridad, ha sido acogido como el final del zapaterismo en lo ideológico, por así decirlo, y como el preludio del fin político de su promotor, que habría cavado su propia tumba y se habría alienado definitivamente los sectores sociales de izquierda que hasta aquí habían sido su más firmes apoyos. La esperanza tal vez sea verosímil en lo ideológico, aunque caben muchos reparos. En lo político, en cambio, es probable que con su maniobra Rodríguez Zapatero haya ganado las próximas elecciones.

Sin duda que es un gesto improvisado de arriba abajo y forzado desde fuera. Aun así, eso mismo tiene valor, porque le proporciona a Rodríguez Zapatero la coartada exterior que siempre ha sido necesaria para poner en marcha las reformas internas. Los españoles, tan antojadizos y mudables en tantas cosas, son extremadamente conservadora en otras. Ningún gobernante en democracia se ha atrevido nunca a iniciar reformas económicas de algún calado sin contar con un motivo exterior. Ahora Rodríguez Zapatero lo ha encontrado. Además, gana prestigio fuera, aunque sea de boquilla. Acaba de nacer el estadista. De hecho, su presidencia de la Unión, fracasada en todo, acaba de inaugurar, aunque sea a pesar suyo, el nuevo espacio económico europeo.

Lo fundamental, en cualquier caso, es que Rodríguez Zapatero ha empezado a hacer lo que tenía que hacer si no quería suicidarse. Y a pesar de la impresionante improvisación, no lo ha hecho a ciegas. Siempre podrá presumir de haber subido las pensiones como ningún otro gobernante español en tiempos recientes, y también de haberles subido el sueldo a los funcionarios, en el último presupuesto, por encima de la subida del nivel de vida. El ajuste, por tanto, es menos doloroso de lo que se está diciendo y además no afectará a muchos pensionistas. También el "cheque bebé", ahora retirado, fue una iniciativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero...

Los recortes en inversiones y en transferencias a las comunidades no tienen, por su parte, ninguna trascendencia social inmediata. Y además, no parece que se vayan a tocar las subvenciones a los sindicatos ni a los ideólogos y compañeros de la ceja. Los socialistas saben lo que valen los amigos y la política cultural, es decir la propaganda. Nunca la han descuidado, nunca se la han dejado al adversario y nadie, en ese terreno, les va a poner dificultades. Al contrario. ¿Huelga general? Paro sectorial, y en vísperas de puente.

El PP, ante todo esto, queda en posición deslucida. Ni las comunidades ni los ayuntamientos que gobierna son particularmente austeros, al contrario. Tampoco ha habido una estrategia clara de contención desde Génova, o al menos no ha traslucido. El partido sigue enfrascado en lo que más parece gustarle, que es la cocina interna, los tejemanejes, los rifirrafes entre baronías y los casos como Gürtel. Y además, como no se esfuerza por tener unas ideas propias, se ha quedado sin argumentos. Lo que ha anunciado Rodríguez Zapatero se parece bastante a lo que habría hecho el PP. Recurrir a lo "social" para discutir el ajuste es hacerle publicidad al PSOE. ¿De verdad piensa el PP que alguna vez va a ser más social que los socialistas?

En fin, ahora sí que Rodríguez Zapatero puede resistir dos años, y con el viento a favor.

Libertad Digital - Opinión

Despilfarro en el Senado

MIENTRAS el Gobierno impone grandes sacrificios económicos a los ciudadanos, el Senado parece estar empeñado en malgastar el dinero de todos con iniciativas que, no por ser legítimas, dejan de ser sorprendentes y hasta irritantes.

La Cámara alta pretende maquillar su escaso peso político a través de una farsa lingüística que a buen seguro indignará a los millones de funcionarios y jubilados que se verán afectados por el «tijeretazo» de Rodríguez Zapatero. En efecto, el próximo 24 de mayo está previsto que el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, acuda a la Cámara alta y se dirija a los senadores en catalán. Su intervención será objeto de traducción simultánea al vascuence, catalán, gallego y valenciano con un coste de 6.500 euros para el presupuesto de la Cámara. Pero en tiempos de emergencia económica, este despilfarro es mucho más que una simple anécdota. Javier Rojo, presidente del Senado, es el responsable último de un disparate que tiene su origen en el afán electoralista del PSOE.

Para colmo de males, la reciente moción aprobada por socialistas y nacionalistas permitirá consolidar el esperpento de que los senadores que representan al pueblo español tengan que utilizar auriculares para seguir los discursos pronunciados en lenguas de uso territorial. Javier Rojo pretende justificar lo injustificable apelando a una supuesta «normalidad» en el uso de las lenguas cooficiales en su ámbito respectivo, una falacia que intenta ocultar la triste realidad de que el PSOE prefiere ofender al sentido común a cambio de hacer guiños al nacionalismo.

José Montilla es un político nacido en la provincia de Córdoba que se explica mucho mejor en castellano que en catalán. Su insistencia en defender el Estatuto le lleva desde hace tiempo a ejercer una presión inaceptable sobre el TC y a plantear ahora un debate artificial en la Cámara Alta. De este modo, predominan los objetivos partidistas de un PSC en apuros sobre el sentido institucional y el respeto a la lógica. Sin embargo, está claro que todo vale con tal de arañar algún voto, aunque se trate de una maniobra tan burda que produce una fuerte incomodidad a muchos dirigentes socialistas.

ABC - Editorial

Garzón llegó a su destino

EL Consejo General del Poder Judicial, lejos de fracturarse por el «caso Garzón», se pronunció ayer por unanimidad a favor de suspender en sus funciones al juez de la Audiencia Nacional.

La unidad de criterio del presidente y los vocales del CGPJ fue producto de la estricta aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ordena suspender a todo juez o magistrado en cuanto sea imputado o procesado. Y Garzón está imputado y a un paso del banquillo por un delito de prevaricación. Sus defensores mediáticos y políticos no entienden que se ha llegado a este resultado por los principios de legalidad e igualdad. Garzón, que tantas veces hizo un uso extravagante de la ley, no está por encima de esa misma ley y ni uno solo de sus méritos, por loables que sean -y muchos lo son- le eximen de responder por sus actos.

Es lamentable la manipulación que se está produciendo en torno al sumario de la «memoria histórica» y al proceso instruido por el magistrado Luciano Varela. Pero la verdad ha dejado de importar al coro de seguidores que rodea a Garzón. Lo relevante es convertirlo en la última coartada de una izquierda huérfana de ideología y referencias. Quienes creen que Garzón investigó el franquismo, y que por esto mismo ha sido imputado, viven en el más absoluto de los engaños. Es Garzón el único juez español que ha dado carpetazo a un proceso contra crímenes del franquismo, porque fue Garzón el que declaró extinguidas las responsabilidades penales de sus dirigentes por causa de su fallecimiento. Con este precedente no hay tribunal extranjero o internacional que legalmente pueda abrir una causa contra el franquismo. Garzón ha creado el precedente judicial que lo impide.

Los agónicos intentos de evitar la suspensión han sido inútiles, pero de todos ellos el más osado es la oferta que recibió Garzón de su amigo Luis Moreno Ocampo para incorporarse como «asesor» de la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Al final, la treta no impidió la suspensión. De todos modos, la Comisión Permanente del CGPJ decidió dejar en el aire durante varios días más su aval para permitir a Garzón acceder a ese cargo. Si finalmente el CGPJ accede, será una indignidad para España porque no es de recibo que un juez suspendido, acusado e imputado se integre en una Corte internacional, aunque sea como asesor de otra estrella del firmamento judicial, como es Moreno Ocampo. Hay en España excelentes jueces y fiscales especializados en cooperación jurídica internacional y mucho más idóneos para trabajar en la CPI o en cualquier organismo similar.

ABC - Editorial

Adiós a Garzón

Garzón se ha situado en las antípodas de lo que debe ser un juez, y por tanto será un alivio que no vuelva a ejercer como tal.

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido, de forma unánime, cumplir la ley y suspender temporalmente a Garzón de su juzgado. No podía ser de otro modo, pues una vez rechazadas las maniobras dilatorias del abogado del ex número 2 en la lista del PSOE por Madrid su suspensión era automática, según marca la ley. Los miembros del CGPJ podían haber optado por apartarlo antes, pero han preferido no hacerlo hasta que no hubiera más opción. No les librará de las iras de la izquierda, cada día más sectaria, iletrada y emocional.

En Libertad Digital hemos mantenido durante años, mucho antes de que se abriera ninguna de las tres causas que tiene actualmente en el Supremo, que Garzón era indigno de vestir toga. Antes de que abriéramos nuestras puertas, el juez estrella ya había dado muestras de su concepción de la Justicia y su desmedido ego, cuando tras acusar al Gobierno socialista de terrorismo de estado no tuvo problemas en presentarse en las listas del PSOE. Sólo cuando le negaron un ministerio abandonó el parlamento y volvió a su juzgado para intentar procesar a quienes poco antes consideró dignos compañeros de partido. Pese a sus meritorios esfuerzos en su lucha contra ETA, volvió a dejarse llevar por su afán de protagonismo con su empeño de encarcelar a dictadores extranjeros de extrema derecha, mientras rechazaba las demandas interpuestas contra dictadores de extrema izquierda.

Fue por aquel entonces cuando rechazó una querella contra Carrillo, en justa aplicación de la Ley de Amnistía. Siendo el ex responsable de las checas madrileñas de extrema izquierda, no consideró que hubiera razón jurídica para encausarlo. Cerca del final de la segunda legislatura de Aznar comenzó a significarse escribiendo, como juez, contra el apoyo de España a la guerra de Irak. Una vez llegado al poder Zapatero, fue el principal valedor del proceso de rendición ante el terrorismo, manchando su toga, no ya en el polvo, sino en el barro del camino; su actuación en el caso Faisán, siendo la más escandalosa, no fue la única.

Pero a lo largo de estos años, su fama y el corporativismo le permitieron salir de rositas en más de una investigación. Ha tenido que ocurrir algo tan claro como su doble vara de medir en su causa general contra el franquismo, en que no sólo se desdijo de todos sus argumentos jurídicos para no encausar a Carrillo, sino que tuvo que subvertir el proceso penal para continuar con la causa pese a que las personas que quería encausar estaban muy notoriamente muertas.

Careciendo de argumentos jurídicos para defender al juez estrella, la izquierda se ha dedicado a lo único que sabe hacer: agitar emociones. Garzón estaba siendo perseguido nada más y nada menos que por atreverse a investigar el franquismo. Pero lo único que sucedía es que se le encausaba porque, siendo juez, nada más y nada menos que juez, había violado la ley. Aquellos que se sumaron al linchamiento de Gómez de Liaño –que tuvo que irse a Europa para lograr que se hiciera justicia–, acusaron al Supremo y en concreto al juez Luciano Varela, de izquierdas, de ser nada menos que franquistas. Esa es nuestra izquierda: la más cavernícola de los países de nuestro entorno.

Aunque resulte arriesgada cualquier predicción relacionada con Garzón, parece improbable que regrese a la Audiencia Nacional. Raro sería que con tres causas abiertas por prevaricación ninguna acabara en condena, lo que conlleva una pena de diez a veinte años de inhabilitación. Teniendo Garzón cincuenta y cuatro años de edad, sólo un indulto le impediría jubilarse fuera de la judicatura. Si así sucedieran, no seremos nosotros quien lo echemos de menos. En Libertad Digital creemos que los jueces deben cumplir y hacer cumplir la ley, tal y como está escrita y aprobada en un parlamento democrático, sin inventarla a cada paso ni violarla por una causa que consideren superior. Garzón se ha situado en las antípodas de lo que debe ser un juez, y por tanto será un alivio que no vuelva a ejercer como tal.

Libertad Digital - Editorial

Emergencia máxima. Por Alvaro Delgado-Gal

A lo largo de los últimos treinta días, se han producido dos hechos cuya proyección en el futuro inmediato no podemos ponderar aún. Ambos son gravísimos, y aunque inconexos, podrían entrar en sintonía de aquí a no mucho.

Voy por orden. A mediados de abril sindicatos, actores, un secretario de Estado, miembros del PSOE e IU, y algunos puntos fuertes del progresismo de carril, se reunieron en la Facultad de Medicina de la Complutense para desautorizar al Tribunal Supremo y exigir justicia democrática. Entendámonos bien, una justicia más alta, más urgente, que la emanada de los procedimientos y la aplicación de la ley por los jueces. Un ex fiscal vociferante llamó a los magistrados de la Sala Segunda torturadores y fascistas. Zapatero pidió, al día siguiente, respeto para el Tribunal. No obstante, se hace invencible la sospecha de que el Gobierno toleró en el mejor de los casos, y alentó en el peor, el infeliz aquelarre. Súmense dos y dos: no es verosímil que el rector ofreciera hospitalidad a los asistentes sin tantear antes el terreno; concurrieron los mismos que han apoyado al Gobierno cada vez que éste ha decidido mover la calle; no se explica qué pintaba allí el señor Zarrías, secretario de Estado y figura de mucho peso en el PSOE; y resultó revelador que casi todos los ministros, mientras callaba el de Justicia, mostrasen su comprensión hacia el acto tremendo.

¿Qué provocó el remolino? En esencia, la admisión por la Sala Segunda de una querella contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Conviene diferenciar tres extremos: el contenido de la investigación, la circunstancia de que el querellante sea Falange Española y la oportunidad de la admisión desde un punto de vista técnico. Sobre lo último existen serias dudas, formuladas en su momento por el Ministerio Fiscal. A lo que parece, no está claro que la figura conocida como «Acción Popular» contemple como querellante a un partido político, para más señas, a un partido que no es víctima en el caso que se está investigando. El hecho de que ese partido fuera Falange añadió leña al fuego. Pero no nos engañemos. Los entusiastas de la Complutense no pusieron el grito en el cielo armados de la Constitución y sus posibles acepciones. El asunto discurrió por otros cauces, por llamarlos de alguna manera. Recuperando la consigna jacobina del complot de los aristócratas, se postuló una vasta conspiración judicial de signo fascista, siendo así que lo único que consta, hasta la fecha, es una discutible decisión del juez instructor, animado por un celo que algunos estiman más proporcionado a las otras dos querellas que pesan sobre Garzón. Se inhabilitó el Estado de Derecho, y se desencadenó una ofensiva cuyo remate ha sido la impugnación de la Transición y de la Monarquía. Conclusiones, las últimas, brutales, aunque coherentes dentro de su simplicidad. Reconstruida la historia de nuestra democracia en clave paranoica, todo encaja. La Transición se verificó por una claudicación de la izquierda, cautiva o intimidada por un Ejército de profesión franquista; las instituciones surgidas de esa claudicación no son, en consecuencia, legítimas; no lo es la Monarquía; y a fin de cuentas, no lo es el PP, cuya ilegalización fue urgida, días más tarde, en una manifestación en Madrid.

No creo en absoluto que el Gobierno deseara llegar a donde han llegado sus palmeros más bozales. Su propósito era juntar fuerzas, recitar conjuros, resucitar la unidad ensayada cuando lo del chapapote, lo de Irak y todo eso. Ahora bien, tampoco creo que advierta, con la lucidez deseable, qué peligroso es lo que ha ocurrido. Zapatero ha corroborado su propensión a salirse del perímetro en que se encierran las reglas de juego. No es la primera vez que lo hace, pero nunca se había forzado el motor tanto como ahora. El segundo hecho nos remite al miércoles 12 de mayo. Apelando a las tormentas financieras, y sin mayores explicaciones, el presidente anunció un plan de austeridad que contradice sus diagnósticos económicos de los dos últimos años y anula sus compromisos políticos más solemnes. La causa de esta volte-face es perfectamente conocida. El remolino griego amenazaba con tragarse también a España, España es demasiado grande, y los que mandan más que nuestro presidente le han leído la cartilla y le han impuesto, que no sugerido, un recorte inmediato -y no será el único- del gasto público. El Gobierno, sin tiempo para hilar más fino, ha metido el bisturí en las partidas que controla de modo directo: Obras Públicas, pensiones y salarios de los funcionarios. ¿Cómo ha reaccionado la opinión?

Con algunas excepciones, como la de este diario, de modo decepcionante. Para ser más precisos: con unas maneras, y unos argumentos, que revelan una asombrosa, y temo que genuina, ignorancia de lo que es una democracia. Seamos claros: el problema fundamental no está en que las medidas sean necesarias, que lo son, hasta el punto de que no sólo son necesarias, sino insuficientes.

El problema no está tampoco en atinar con la combinación parlamentaria que permita aprobar el recorte en el Congreso. Ni está en las oportunidades que la terrible emergencia abre a la oposición, o a tal o cual partido minoritario y agazapado. El problema está en que el sentido democrático más elemental exige que Zapatero deje las riendas a otro, preferiblemente de su mismo partido. En democracia existe lo que los ingleses denominan accountability, responsabilidad personal frente a los ciudadanos. La responsabilidad exige coherencia moral, y la coherencia moral no se preserva con maniobras en el Parlamento, sea cual fuere el buen éxito de éstas. Es un valor más básico. Quien se desmiente aparatosamente, o gira y enseña una cara que nadie reconoce, carece de títulos para liderar lo contrario de lo que representaba ante sus electores o el conjunto de la nación.

Hemos dado pruebas, en el espacio de treinta días, de una inmadurez colectiva que corta el resuello. Los partidos, en su conjunto, tienen el deber de ponerse a la altura de los acontecimientos. El pueblo también, por supuesto. Pero el demos tiende a inhibirse en las etapas de bonanza, o a estallar en erupciones erráticas en los momentos de emergencia. Si la oferta política no se corrige, habremos dado un paso serio hacia la desnaturalización irreversible de la democracia. El peor de los escenarios, espero que no confirmado por el desarrollo de las cosas que están por venir, sería aquel en que abril se superpusiera a mayo. ¿A qué me refiero? A la posibilidad de que los mismos que han alentado la discordia a impulsos de un oportunismo miope y rutinario intenten salvar la cara frente a su parroquia menos ilustrada atizando causas radicales en el terreno de los símbolos. La necesidad en que el PSOE se encuentra de contar con el PP opera en contra de esa contingencia terrorífica. Pero no sabemos aún de qué lado caerá la moneda, o si el propio PP sabrá distinguir entre lo verdaderamente importante y los cortocircuitos que atajan el camino hacia el poder. Todos dependen de todos, o, si se quiere, todos dependemos de todos. Aunque no todos somos iguales. Debiera estar claro a quién corresponde dar el primer paso.

ABC - Opinión